La Concertación consolidó la obra de la dictadura

La dictadura de Pinochet efectuó una refundación de la sociedad chilena acorde con el pensamiento antidemocrático y neoliberal de la derecha política y de los grandes grupos económicos. En este sentido, la política sistemática de gravísimas violaciones de derechos humanos no se entiende como una reacción a desafíos serios por el control del poder –el golpe de Estado de 1973 se consolidó en horas y el régimen militar nunca enfrentó una oposición armada de significación-; sino para destruir la asertividad de sectores medios y populares que habían configurado, luego de largas luchas, un conjunto de organizaciones políticas y sociales animadas por un espíritu de creciente transformación democrática.

Como lo ha reconocido Andrés Allamand, “una revolución de esa magnitud… necesitaba tiempo. Desde el otro lado, Pinochet le aportaba al equipo económico algo quizás más valioso: el ejercicio sin restricciones del poder político necesario para materializar las transformaciones. Más de alguna vez en el frío penetrante de Chicago los laboriosos estudiantes que soñaban con cambiarle la cara a Chile deben haberse devanado los sesos con una sola pregunta: ¿Ganará alguna vez la presidencia alguien que haga suyo este proyecto? Ahora no tenían ese problema”.[1]
 
De este modo, la dictadura destruyó el poder sindical, vecinal y de los colegios profesionales y técnicos; minimizó el movimiento cooperativo y la influencia de los pequeños productores; privatizó en beneficio de los grandes grupos económicos –y a vil precio- buena parte del aparato productivo y de servicios públicos creado por el Estado hasta 1970 o estatizado por el gobierno de Allende. Además, la privatización y atomización social impuesta se complementó con una mercantilización de la educación, la salud y la previsión social; lo que se tradujo en la obtención de servicios de calidad –y onerosos- para la minoría de la población y de baja calidad para la gran mayoría. Todo lo anterior culminó con una socialización de la población –a través del sistema educativo y los medios de comunicación- de una cultura individualista y consumista. Por otro lado, la dictadura desarrolló una política económica neoliberal que concentró notablemente el poder económico y la distribución del ingreso; y una política económica internacional de inserción solitaria en los mercados mundiales (“Adiós America Latina”). Toda esta obra contó en su momento con la frontal oposición de la Alianza Democrática, coalición antecesora de la Concertación.
 
Para consolidar estos cambios en el largo plazo, la derecha –a través de Pinochet- impuso una Constitución que establecía una democracia nominal a partir de 1990. Esto lo fundamentó Jaime Guzmán ya en 1979, al señalar maquiavélicamente que “en vez de gobernar para hacer, en mayor o menor medida, lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo el que gobierne una sujeción a las exigencias propias de ésta. Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”.[2]
 
En efecto, la Constitución de 1980 fue diseñada de tal modo que, aunque perdiera Pinochet el plebiscito de 1988, fuera prácticamente imposible de ser transformada sin el concurso de la derecha que –todo indicaba- continuaría siendo minoritaria. Un artilugio central para ello fue el sistema electoral binominal (que no existe en ningún otro país del mundo), que tiene la “virtud” de neutralizar las mayorías populares en la representación parlamentaria. Otro fue establecer altos quorums para las reformas constitucionales y de las leyes orgánicas constitucionales destinadas a normar aspectos esenciales de la vida del país. Aunque la derecha cometió el “error” de no regular a través de leyes orgánicas constitucionales los ámbitos económicos, sociales y culturales, con excepción de la educación y la minería.
 
A lo anterior se agregó otro gran obstáculo –imprevisto- para una efectiva recuperación de la democracia: el giro copernicano del liderazgo de la Concertación experimentado a fines de los 80 y que lo llevó -de acuerdo al propio Edgardo Boeninger- a una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha. Peor aún, el liderazgo de la Concertación ocultó durante muchos años dicha convergencia para no alienar su base centro-izquierdista de sustentación. Así, Boeninger confesó en 1997 que aquella era una “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer”;[3] añadiendo que “la incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes”.[4]
 
Todo esto explica un comportamiento del liderazgo de la Concertación aparentemente irracional, que ha sido ocultado hasta el día de hoy y que es inédito en la historia de la humanidad: ¡El regalo de la mayoría parlamentaria simple que iba a tener el gobierno de Aylwin!, regalo efectuado a través del acuerdo de reformas constitucionales plebiscitado en 1989. En efecto, de acuerdo a los términos originales de la Constitución del 80 (Arts. 65 y 68) –y pensando que Pinochet sería ratificado como presidente en el plebiscito de 1988 y que la derecha continuaría con su histórica minoría electoral- el futuro gobierno tendría mayoría parlamentaria simple en el Congreso, solo con mayoría absoluta en una cámara y un tercio en la otra. Así, con el sistema binominal más los 9 senadores designados, Pinochet habría alcanzado mayoría en el Senado. Y el mismo sistema binominal le habría asegurado con creces un tercio en la Cámara de Diputados. Pero la derrota de Pinochet hizo que dicho prospecto le fuera favorable al inminente presidente Aylwin y la Concertación. Esta habría logrado con seguridad mayoría absoluta en la Cámara y el tercio en el Senado pese al sistema binominal y los senadores designados.[5]
 
Es decir, si la Constitución de 1980 hubiese quedado intacta, la Concertación no solo habría elegido presidente de la República, sino que además habría tenido las mayorías parlamentarias suficientes para modificar gran parte del sistema económico-social impuesto por la dictadura (además del decreto-ley de autoamnistía), debido al “error” mencionado de haberlo dejado establecido fundamentalmente a través de leyes simples.
 
Sin embargo, sucedió lo inaudito. Se efectuó en 1989 una negociación de reformas constitucionales entre la entonces opositora Concertación y Pinochet. Su resultado fue el acuerdo de un “paquete” de 54 reformas –la gran mayoría liberalizadoras, aunque ninguna eliminaba los más trascendentes dispositivos autoritarios de aquélla- que se plebiscitó en julio de ese año. Y una de ellas (¡que fue y es totalmente desconocida por la generalidad de los chilenos, en virtud del eficaz manto de silencio que se ha tendido sobre ella!) incluyó nada menos que el regalo de la futura mayoría parlamentaria de la Concertación a la derecha, al acordarse de que para tener mayoría parlamentaria simple se requeriría la mayoría absoluta en ambas cámaras.[6]
 
A la luz de lo anterior podemos entender perfectamente este regalo. Como la Concertación no estaba en “condiciones políticas de reconocer su convergencia” con la derecha; al no tener mayoría parlamentaria su liderazgo quedaba en condiciones –frente a las demandas de sus bases de cumplimiento del Programa Presidencial- de aducir plausiblemente que no los podía efectuar por no disponer de aquella mayoría. Y de esto fuimos testigos durante muchos años.
 
Intentar la explicación alternativa de un “temor irracional” del conjunto del liderazgo concertacionista que la hubiese llevado a esa cesión gratuita, no se sostiene en absoluto. Primero porque era más que evidente que Pinochet estaba incapacitado políticamente para intentar siquiera un golpe de Estado a mediados de 1989; y menos todavía justificándolo porque el liderazgo de la Concertación no se avenía a modificar su propia Constitución. Y luego porque muchos años después, tanto Lagos[7] como Bachelet[8] dispusieron de mayoría parlamentaria en ambas cámaras, y no hicieron nada por cumplir el Programa de profundas reformas comprometido en 1989.
 
En consonancia con el giro copernicano en materias económico-sociales, el liderazgo de la Concertación se limitó a buscar ciertas dosis de verdad, reparación y memoria histórica respecto de las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura; pero, desde sus inicios buscó sistemáticamente la impunidad legal, política y administrativa de los violadores de derechos humanos;[9] llegándose al extremo de no haber querido anular el decreto-ley de autoamnistía, pese a que ha sido un permanente compromiso programático de la Concertación y a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado de Chile hacerlo en septiembre de 2006; y a haber consagrado una virtual impunidad respecto de la tortura, al aprobar en 2004 disposiciones legales que le prohiben a los tribunales tener acceso a las denuncias de tortura presentadas ante la Comisión Valech. Para quienes tienen una valoración positiva de la obra de la dictadura y reconocen que ella no pudo ser efectuada en democracia, es lógico que las violaciones de derechos humanos perdieran gravedad y no se buscara sancionarlas. Así, los avances logrados por el Poder Judicial en la materia en la década del 2000 se debieron fundamentalmente a la búsqueda de su reivindicación histórica luego de la detención de Pinochet en Londres -evento éste que sucedió muy a pesar del gobierno de Frei Ruiz-Tagle- y a la constante lucha por la justicia de las organizaciones de derechos humanos.
 
Asimismo, de acuerdo con dicho giro copernicano, el liderazgo de la Concertación llevó a cabo otra política inédita e inconfesable: la virtual eliminación de todos los medios de prensa escritos afines a la Concertación que laboriosamente se echaron a andar en la década de los 80.[10] Como la “convergencia” experimentada por el liderazgo de la Concertación no se extendió –o lo hizo en mucho menor medida- a los periodistas y propietarios que habían dado una dura lucha contra la dictadura; aquel liderazgo previó con toda razón que dichos medios, a la corta o a la larga, se convertirían en opositores a sus políticas neoliberales. Por ello desarrolló una política sistemática destinada a destruirlos y cuyo resultado fue hábilmente achacado a una desaparición provocada por las leyes del mercado. Política que tuvo como elementos principales el bloqueo, efectuado por el gobierno de Aylwin, de millonarios apoyos ofrecidos a esos medios por el gobierno holandés en 1990; la compra de algunos de ellos por personeros de la Concertación para cerrarlos en breve plazo y la sistemática discriminación del avisaje estatal.[11] A ello hay que sumar la tenaz negativa de los sucesivos gobiernos de la Concertación a devolverle a Víctor Pey los bienes del diario Clarín, que le fueron confiscados por la dictadura; lo que, además de constituir una grave injusticia, se ha traducido en la práctica en la continuación del duopolio “El Mercurio-Copesa” y en un control mayor de la derecha de los medios de comunicación ¡respecto de la segunda mitad de la década de los 80![12]
 
La destrucción de aquellos medios -combinada con el conservadurismo monocolor de nuestros canales de televisión- junto con restringir gravemente los derechos a la libre expresión e información, han permitido que los líderes concertacionistas puedan ya expresar desfachatadamente sus concordancias con la obra económico, social y cultural de Pinochet, sin generar reacción alguna. Así tenemos a un Alejandro Foxley que ha expresado que “Pinochet… realizó una transformación sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo… Hay que reconocer su capacidad visionaria… de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile (y que) ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar”.[13]
 
O a un Eugenio Tironi que ha afirmado que “la sociedad de individuos, donde las personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno, líder o partido… Las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80… Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo”.[14]
 
A su vez, destacados exponentes de la derecha nacional e internacional han reconocido entusiastamente la neoliberalización de la Concertación. Así, a las “declaraciones de amor” expresadas a Lagos por el entonces presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville, a nombre de los empresarios chilenos y de la APEC;[15] hay que sumar el panegírico de César Barros que calificó a Lagos como “el mejor Presidente de derecha de todos los tiempos” de nuestro país y lo comparó con el hijo pródigo de la parábola evangélica.[16] Por otro lado, consultado Oscar Godoy si observaba un desconcierto en la derecha por “la capacidad que tuvo la Concertación de apropiarse del modelo económico” de la derecha, respondió: “Sí. Y creo que eso debería ser un motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le produce a un creyente la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertación; en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción económica liberal, a mí me satisface mucho”.[17] Y Arnold Harberger -uno de los principales artífices de la escuela de economistas de Chicago- señaló respecto de una intervención de Ricardo Lagos en un seminario en Colombia luego de dejar la presidencia, que “su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de la Universidad de Chicago. El es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras”.[18]
 
Por todo lo anterior no debiera extrañar que los gobiernos de la Concertación en estos 20 años hayan consolidado la obra de la dictadura. Así, más allá del significativo aumento del gasto público social, que redundó en una notable disminución de la indigencia y en un gran desarrollo de las obras públicas; estructuralmente nuestro país es el mismo de 1990. No solo se mantuvieron, sino que se acrecentaron las privatizaciones. Se ha preservado el conjunto de las “modernizaciones” impuestas por el régimen de Pinochet, con pequeños ajustes que han sido concordados con la derecha: El “Plan Laboral”, las AFP, las ISAPRE, la LOCE-LEGE, la ley de concesiones mineras, el sistema tributario, etc.  Y han continuado despojadas de todo poder real las organizaciones de los sectores medios y populares. Por otro lado, las políticas económicas de los gobiernos de la Concertación han continuado incrementando el poder de los grandes grupos económicos y acentuando la desigualdad en la distribución del ingreso;[19] y han provocado una sobreexplotación y precarización de la fuerza laboral. Además, han provocado una integración subordinada del país al mercado mundial a través de múltiples tratados bilaterales de libre comercio, desechando en la práctica los esfuerzos de integración regional, de articulación con los demás países exportadores de cobre y de búsqueda de un sistema económico internacional más justo; que caracterizaron los gobiernos de Frei y Allende. Y, por último, han consolidado en nuestra sociedad una mentalidad fuertemente individualista, competitiva y consumista.
 
La combinación en estos veinte años de gobiernos falsamente centroizquierdistas que siguen una política de derecha, con una atomización social, con una feroz competencia e inseguridad económica y con la falta de una efectiva canalización de las demandas ciudadanas; han llevado a la sociedad chilena a un alto grado de anomia, apatía y desconfianza en las instituciones y personas. A una carencia de proyectos y de una mística colectiva. Por tanto, no puede extrañar la proliferación de una baja autoestima y participación ciudadanas y, peor aún, de enfermedades o lacras sociales como la depresión, la deshonestidad, la violencia interpersonal, el alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia.
 
La consolidación de la obra de la dictadura ha culminado con la consagración de la Constitución del 80 efectuada por el gobierno de Lagos en 2005. Ya Aylwin había “reconocido” el carácter democrático de la Constitución del 80 cuando en agosto de 1991 señaló que “la transición ya está hecha. En Chile vivimos en democracia”;[20] en circunstancia que a esa fecha no se había eliminado ninguno de los dispositivos más autoritarios de dicha carta fundamental. Posteriormente, Lagos concordó con la derecha en la supresión de los dispositivos constitucionales que configuraban una virtual autonomía militar. Pero sin eliminar el sistema electoral binominal; los altos quorums para reformar la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales; ni ninguna de las disposiciones económicas de la Constitución que inspiran el neoliberalismo vigente. Y, a cambio de ello, el liderazgo de la Concertación asumió como propia la Constitución, rotulándola como “la Constitución de 2005” ¡y sustituyendo la firma de Pinochet por la de Lagos y todos sus ministros![21]
 
En conclusión, el modelo soñado “en el frío penetrante de Chicago” y que fue impuesto a sangre y fuego por la dictadura ha sido consolidado y legitimado pacíficamente en estos veinte años por el liderazgo de la Concertación. Paradójicamente, una consolidación y legitimación que no hubiera podido alcanzar la derecha de haber triunfado Pinochet en el 5 de octubre de 1988…
Miércoles, 17 de marzo de 2010

Artículo publicado en El Ciudadano. Reproducido en CLARIN con la autorización de su autor.
 
* Fuente: El Clarin

Notas:
[1] Andrés Allamand.- La travesía del desierto; Edit. Aguilar, Santiago, 1999; p. 156.

[2] Jaime Guzmán.- El camino político; citado por Edgardo Boeninger.- Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, Santiago, 1997; p. 274.

[3] Boeninger; p. 369. De este modo, el Programa Presidencial de la Concertación, en lugar de reflejar dicha convergencia, planteaba profundos cambios socio-económicos.

[4] Boeninger; pp. 369-70.

[5] Los senadores, de acuerdo a la Constitución del 80, eran 35; de los cuales 26 eran electos (dos por cada región del país) y 9 designados. La Concertación habría elegido con seguridad 13 (uno por región); lo que significaba más del tercio (12) del total del Senado.

[6] Requisito teóricamente democrático, pero que en el contexto de la peculiar Constitución del 80 significaba que la futura mayoría popular de la Concertación no se vería reflejada en el Congreso Nacional.

[7] Quien obtuvo mayoría parlamentaria en ambas cámaras entre agosto de 2000 y marzo de 2002, por los desafueros de los senadores Francisco Javier Errázuriz y Pinochet.

[8] Quien obtuvo mayoría en ambas cámaras desde el comienzo de su gobierno y por varios años.

[9] Ver Boeninger, p. 400; y Comisión Etica Contra la Tortura.- Rechazamos la búsqueda de impunidad; Santiago, 2006.

[10] Nos referimos, entre otros, a los diarios La Epoca y Fortín Mapocho; y a las revistas Análisis, Hoy, Apsi y Página Abierta.

[11] Método que continuó utilizándose en la década del 2000 y que provocó el cierre de nuevos medios progresistas como las revistas Rocinante y Plan B; y los medios electrónicos El Portal del Pluralismo y Granvalparaíso.

[12] Los datos respecto de estas políticas han sido denunciados –sin ser nunca desmentidos- por numerosos periodistas, entre ellos los Premios Nacionales de Periodismo Juan Pablo Cárdenas, Patricia Verdugo y Faride Zerán.

[13] Cosas; 5-5-2000.

[14] Eugenio Tironi.- La irrupción de las masas y el malestar de las elites. Chile en el cambio de siglo; Edit. Grijalbo, Santiago, 1999; pp. 36, 60 y 162.

[15] Ver La Segunda; 14-10-2005.

[16] Ver La Tercera; 11-3-2006.

[17] La Nación; 16-4-2006.

[18] El País, España; 14-3-2007.

[19] Las encuestas de la CASEN que establecen lo contrario han sido cuestionadas como producto de gigantescos fraudes estadísticos denunciados por estudios –nunca desmentidos- del economista Marcel Claude y del ingeniero Juan Pablo Moreno.

[20] El Mercurio; 8-8-1991.

[21] Entre los que destacaban los democratacristianos Ignacio Walker, Jaime Ravinet y Eduardo Dockendorff; los PPD Sergio Bitar, Francisco Vidal y Nicolás Eyzaguirre; y los socialistas Osvaldo Puccio y Jaime Estévez.