Iniciativa Laicista para la Consolidación de la Sociedad Civil

Por el derecho a ejercer la libertad de conciencia
Para la teoría del laicismo, en la esfera de la sociedad civil, toda creencia religiosa, sin otra limitación que el respeto y la consideración por el prójimo, debe tener plena libertad para difundir su creencia, reclutar prosélitos, elevar templos y manifestar pública y privadamente su fe. La contrapartida de esta tolerancia en la sociedad civil es la absoluta prescindencia del Estado y de sus funcionarios, de consideración religiosa alguna, en la formulación y en la ejecución de la ley. De este modo, siendo prescindente, el Estado garantiza la tolerancia en la sociedad civil, la que es, en esencia, políticamente neutral.

El laicismo tiene raigambre moderna. El Estado que surgió en la Europa Occidental a la disolución del régimen feudal, y que derivó en el desarrollo de las instituciones republicanas, tuvo como característica la secularización de las instituciones hasta entonces dominadas por la Iglesia. Un proceso coadyuvante fue la Reforma religiosa que se desató a partir de las proclamas de Lutero en 1517, y que socavaron desde dentro el poder de la jerarquía eclesiástica.

No fue, sin embargo, sino tras las guerras de religión, entre católicos y protestantes, que aterrorizaron a la población francesa durante los últimos 30 años del siglo XVI (matanza de San Bartolomé incluida), cuando se convirtió en convicción ciudadana que el Estado debía ser garante de la tolerancia religiosa (Edicto de Nantes de 1598). El catolicismo, siempre fuerte en Francia, debió someterse al nuevo acuerdo político religioso. En los siglos siguientes, el Estado moderno laico y los valores republicanos habrían de tener una mejor viabilidad en las sociedades de predominio protestante antes que en las católicas, siendo probablemente la inexistencia de una clase clerical en el protestantismo lo que hizo una diferencia respecto de la mayor posibilidad de desarrollar en ellas la libertad de conciencia en los ciudadanos.

El tema nos resulta relevante, pues Chile se inscribe dentro de los países de predominio católico, lo que ha constituido un inconveniente histórico mayor para la promoción de la libertad de conciencia. La Iglesia Católica, a despecho de los acuerdos oficiales que la separan del Estado, y que no han sido para ella más que opciones tácticas circunstanciales, no se ha resignado a dejar de presionar al poder político para que éste, a través de la ley, establezca como obligatorios, para todos los ciudadanos, los preceptos que emanan de su particular credo.

Por ejemplo, en la discusión sobre la eventual despenalización del aborto, en un utópico contexto en que la Iglesia Católica respetara la diversidad y la libertad de conciencia, ella debería excluirse de la discusión pública, y limitarse tan sólo a instruir a sus fieles que, conforme a la ley divina a la que ellos adhieren, la práctica del aborto les está prohibida. Pero no es así, la Iglesia, desde que dejó de ser una secta de perseguidos y se constituyó en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, ha actuado en función del poder, el que procura ejercer ya sea directa o indirectamente, y sus posturas sobre el aborto, la píldora del día después, la eutanasia, la fecundación in vitro y la clonación, entre otras, muestran su proverbial pretensión de acudir a la coacción estatal para generalizar el cumplimiento de sus postulados morales.

El poder actual de la Iglesia en nuestro país lo obtiene por medio de una hegemonía largamente trabajada en la sociedad civil. En la práctica, la Iglesia, a través de su organizada acción empresarial, educacional y social, actúa predominantemente con el objetivo disponer de mecanismos de poder económico y de influencia cultural en la sociedad y, por consecuencia, en el Estado. De este modo, la Iglesia actúa en la sociedad civil, presionando al Estado, a través de la hegemonía cultural que ella logra, al participar decisivamente en la formación de la conciencia de los ciudadanos en todas las etapas de la vida, y con el respaldo material que le da su alianza con el poder económico conservador.

Es el acceso al poder social y político a través del dominio de la cultura, que se construye, con respaldo económico, desde la más lejana infancia en la conciencia de los niños, abortando el desarrollo de sus conciencias libres, y utilizando para ello la inoculación del miedo y de la culpa. El catecismo, que podría ser un  inobjetable instrumento de formación para conciencias libres que autónomamente decidan adherir a una religión, es utilizado para sojuzgar por el terror las débiles conciencias infantiles, con un inconfesable propósito de poder.

Las organizaciones laicas, con razón, se han orientado a defender las decisiones del Estado de la intromisión eclesiástica, con la expectativa de doblegar la voluntad clerical, y ganar consenso ciudadano para resistirla en la educación, en la salud y en la cultura, y mantener viva la llama por la libertad de conciencia y por la autonomía de decisión de los ciudadanos.

Cabe preguntarse, sin embargo, si la constatación de que el carácter  irrenunciablemente clericalista de la Iglesia Católica ha quebrado el carácter neutro que se suponía para la sociedad civil no obliga a fortalecer el laicismo en los mismos intersticios de la sociedad en que se enquista la base del poder clerical.  Quizás no basta con situarse en las fronteras del Estado para defender su carácter laico. Si las entidades de sociedad civil, esto es la empresa, el comercio, el barrio, las sociedades de beneficencia, el deporte, la escuela, la universidad y otras, son abandonadas a su libre juego, no hay futuro para la libertad de conciencia. Es como el libre mercado: cuando aparece el monopolio se acaban los beneficios del modelo.

La sociedad civil en Chile no es políticamente neutral pues se ha establecido en ella la hegemonía cultural eclesiástica, sustentada en el poder económico, y juega objetivamente a favor de la pretensión de dominio clerical sobre los poderes públicos. Quizás, entonces, el laicismo debería vérselas no sólo con la preservación directa del Estado de la influencia religiosa, sino también con disputar la hegemonía cultural de la Iglesia, actuando, por una parte, como competencia ideológica en los espacios de la sociedad civil donde ella se manifiesta, y promoviendo, por otra, políticas públicas que minen las instancias que proporcionan la base material para el hacer político del clericalismo.

– Un proyecto ILEC