Chile: Elena, la que quiso contar el dolor mapuche

El gérmen de "Newen Mapuche"
A fines de noviembre de 2002, Alex Lemún, de 17 años, moría asesinado por los carabineros chilenos en una manifestación mapuche por tierras. A partir de ese momento, la documentalista Elena Marisol Varela López (fundadora de la Productora Ojo Films, y de otros emprendimientos culturales) comienza a investigar, con el asesinato como disparador, el origen del conflicto entre el pueblo mapuche con el Estado chileno.

Este sería el gérmen que daría origen a la idea de rodar el documental "Newen Mapuche" , que aborda el conflicto por la propiedad de las tierras entre las comunidades originarias de la zona de la Octava Región de la Araucanía y las empresas forestales. La producción contó en 2005 con el apoyo de subsidios parciales estatales otorgados por el Fondo Audiovisual de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

De esta manera, la documentalista y su equipo fueron indagando, visitando comunidades mapuches, entrevistando a sus integrantes, y juntando los testimonios que serían luego la materia prima de "Newen Mapuche". Entre ellos, Varela entrevistó varias veces a un dirigente mapuche que había pasado a la clandestinidad, de la Coordinadora Arauco-Malleco; organización que ya venía adoptando una política radical en su lucha por las tierras debido a la desilusión generada por el fracaso de la Ley 19.253 , de "apoyo indígena en Chile", promulgado en 1993 por el gobierno chileno de entonces.

Lo que no sabían en ese momento Elena Varela y su equipo es que estaban siendo filmados, fotografiados, controlados y que una causa penal armada por los servicios de inteligencia chilenos comenzaba a tomar forma.

El Gran Hermano te vigila (y arma causas)
Luego del atentado a las Torres Gemelas en EE.UU el 11 de septiembre de 2001, y con la aparición de medidas "modelo" como el "Acta Patriótica", el entonces gobierno chileno decidió crear, a imagen y semejanza, la ANI, una unidad de inteligencia secreta, similar a la CÍA norteamericana, para la lucha interna contra "el terrorismo". Concepto ambiguo, claro está, que permite y permitió que cualquier lucha popular pueda ser encuadrada (según la coyuntura del momento) como terrorista, incluso la ocupación de tierras y acciones directas de protesta por parte de las organizaciones mapuches.

La legislación que ampara el proceder de este organismo y del gobierno chileno es la Ley Antiterrorista Nº 18.314, decretada el 17 de mayo de 1984 por la dictadura de Augusto Pinochet.

Y es justamente esa misma ley y aquél mismo organismo los que cayeron hace tres meses y medio sobre la documentalista Elena Varela, por lo cual estuvo con "prisión preventiva" en el Complejo Penitenciario de Rancagua, y sin el derecho de la libertad bajo fianza, mientras la investigación de su caso en la justicia chilena proseguía su curso (como hoy). La misma suerte corrieron y corren dos integrantes de su equipo de producción.

Las imputaciones que pesan sobre la documentalista son graves: asaltar a una agencia del Banco del Estado y a una sucursal del Instituto de Normalización Previsional (INP), y, lo que es peor, dos asesinatos.

"No participé en ningún crimen, soy inocente de los cargos" – señaló recientemente la documentalista – "no he asaltado bancos ni matado gente; sólo soy una mujer de izquierda con cierta capacidad intelectual para hacer documentales de memoria histórica y de derechos humanos. No tienen nada que me vincule"

"Las otras dos mujeres tampoco. Es un montaje al estilo de antes, de los tiempos de dictadura, con medidas ilícitas para la democracia y vigilancia de inteligencia para justificar una supuesta red de insurgencia", explicó, dando a entender el rol que cumplió la ANI durante todo el rodaje del documental, extrayendo lo que luego serían las poco claras "pruebas" a partir de las cuales se la vincula a ella y a dos de sus asistentes con una supuesta organización terrorista, con simpatías con el pueblo mapuche y sus reclamos.

El 8 de mayo de este año, el fiscal de Rancagua, Servando Joaquín Pérez Ojeda, acusó a Elena Varela de integrar "una organización cuyo objetivo es cometer robos con intimidación en lugar en que se encuentren grandes sumas de dineros en efectivo como Bancos, Agencias de INP o camiones de valores; dinero que es destinado al beneficio propio y a la mantención de lo que ellos llaman un trabajo político, como la colocación de bombas y la ayuda a chilenos detenidos en el extranjero como el señor Hernández Norambuena".

Según la Ley Antiterrorista chilena, las acusaciones se encuadrarían dentro de la figura de "asociación ilícita para delinquir".

Sin embargo, resulta raro todo ese currículum en alguien que trabajaba como funcionaria gubernamental, siendo encargada del sector de cultura en la región de Pucón, y que escribe, produce y dirige documentales, y que es fundadora de la Productora Ojo Films, además de haber dado origen a la Escuela de Todas las Artes y de la Orquesta Sinfónica de Niños de Panguipulli, en la región de Araucanía. ¡Y que filmó el documental con fondos asignados por dos entes de fomento documental oficiales!

Según relatos aparecidos en publicaciones alternativas, la documentalista chilena se habría empezado a enterar de las razones de su encierro cuando en los interrogatorios a la que fue sometida le mostraron como "pruebas" fotos e imágenes en las que aparece junto a personas a las que efectivamente entrevistó (como el dirigente clandestino mapuche de la Coordinadora Arauco-Malleco), pero también en fotos trucadas con el programa Photoshop, en las cuáles figura como miembro integrante de la Coordinadora, acusada de "terrorista". La táctica sería armar una causa, estigmatizar a la documentalista y, lo principal, requisar todo el material, prueba palpable de la consistencia y justicia que encarnan los reclamos mapuches por su propiedad ancestral de las tierras, de las cuales fueron despojados hace 500 años.

El material que registró Elena Varela, y que forma parte de su documental, fue apropiado por la Policía de Investigaciones, y aún sigue en sus manos. Según denunció la documentalista, "ha sido requisado todo tipo de material audiovisual, grabaciones, entrevistas, material de artes, como, banderas de épocas, lienzos, afiches y otros. Así también material escrito, guión, diarios y libros, entrevistas a ex militantes, mapuches y otros como presos y dirigentes".

Materiales requisados que según denunció la documentalista "han sido mal utilizados para desprestigiar este hermoso proyecto y mi labor como documentalista, como armas de juguetes, disfraces, banderas, lienzos, platería mapuche, megáfonos, celulares, cámaras fotográficas, fotos, escritos, guiones e investigación escrita". Se refiere, claro está, a la acusación pública a la que, en general, los medios masivos chilenos, la sometieron.

El movimiento de apoyo a Elena: de Chile a Buenos Aires
Y el apoyo a la documentalista no se hizo esperara desde varias asociaciones ligadas al mundo documental y de la comunicación.

Luis Conejeros, presidente del Colegio de Periodistas de Chile, explicó que en su país el secreto profesional o confidencialidad de las fuentes está protegido sólo en la actividad periodística, pero no en el caso del documental, ya que la ley es antigua. Por este vacío legal, el Colegio expresó su "temor de que los organismos policiales utilicen los archivos de la cinematografista para involucrar a otras personas en delitos reales o imaginarios, principalmente porque Elena Varela ha realizado numerosos documentales y entrevistas durante la vigencia de la democracia en Chile".

De la misma manera reaccionó el movimiento de "La Plataforma por la Libertad de Expresión y Creación, creado recientemente, y que se propuso (exitosamente) llevar adelante acciones "en respuesta a la violación de derechos fundamentales en Chile, en particular aquellos vinculados a la información, opinión y creación artística (…) no sólo la obligación de garantizar la libre circulación de estas expresiones, y condenar la censura; sino también el derecho que tenemos todas las personas a recibirlas y conocerlas (…) exigimos la libertad de la cineasta Elena Varela, y que se respete el derecho a la presunción de inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario. No queremos cineastas presos y a los violadores de derechos humanos en las calles."

Asimismo, señalaron el peligro de que el material requisado a la cineasta se "constituya en una prueba más contra el pueblo Mapuche y otros movimientos sociales." Y es por eso que en los últimos actos gubernamentales por el aniversario del golpe de estado al presidente Salvador Allende, protestaron con remeras con la leyenda "Libertad a Elena Varela".

Por su parte, en Buenos Aires, la asociación de Documentalistas Argentinos (DOCA) había convocado "a la comunidad cinematográfica, a los organismos de derechos humanos y al conjunto de organizaciones sociales a extender la solidaridad" con el caso de Elena Varela.

"Los realizadores latinoamericanos tenemos en nuestra historia compañeros perseguidos, encarcelados y desaparecidos." – señalaba su comunicado – "Las dictaduras militares reprimieron y censuraron la actividad audiovisual. No podemos permitir que se repitan estos métodos." Acción que acompañaron con la recolección de firmas de artistas y cineastas.

Hoy Elena está en libertad, pero con prisión domiciliaria, y quedan dos interrogantes: ¿Cuánto tiempo más la policía chilena tendrá requisado el material de Elena Varela, el material de "Newen Mapuche"?, y, mientras el proceso sigue su curso: ¿Serán finalmente ella y sus ayudantes acusadas de terroristas por filmar el testimonio vivo del reclamo ancestral y sufrimiento del pueblo mapuche?
21 Agosto 2008

* Fuente: Anred