El puntofijismo paraguayo y los represores de Stroessner

Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y otros políticos venezolanos, reunidos en la quinta de Caldera en Caracas de nombre Punto Fijo, firmaron antes de las elecciones venezolanas de 1958 en las que sería electo Betancourt, un pacto para repartirse los dividendos del poder político en Venezuela. El objetivo proclamado del pacto era conseguir la sostenibilidad de la recién instaurada democracia, mediante la participación equitativa de todos los partidos en el gabinete ejecutivo del partido triunfador.

El derrocamiento del dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez no concluyó inmediatamente en un régimen civil democrático y en la salida de las Fuerzas Armadas de la política.

Adicionalmente no todas las tendencias que derribaron a Pérez Jiménez querían instaurar un régimen democrático y seguían prefiriendo un gobierno de las Fuerzas Armadas al que calificaban como "desorden" democrático del trienio 1945-1948. Durante el año 1958 se llevaron a cabo varios intentos de Golpes de Estado contra la Junta de Gobierno.

Esta coyuntura dio la excusa perfecta a políticos corruptos que alegaron para sus contubernios peligros concretos de una regresión militar que hacían perentoria la formación de un Frente civil para encauzar el camino a la normalización democrática. Un escenario parecido se dio en Paraguay cuando el presidente electo por vía de un fraude en las primarias del Partido Colorado, Juan Carlos Wasmosy, y el titular del principal partido opositor, Domingo Laíno (que tenía una larga historia ocultada de colaboración con el dictador Stroessner), firmaron un pacto de gobernabilidad en la década de 1990.

Esto derivó en la interpretación de la praxis política hoy en boga en Paraguay, de que la democracia es una simple repartija de posiciones en la burocracia estatal entre caudillos de las diferentes fuerzas políticas, lo cual facilita al partido oficialista –con 61 años en el poder- sostener su andamiaje mercantilista comprando los opositores que necesarios fueren. Si un opositor deserta de su función de colaboracionista, siempre hay otro dispuesto a ocupar su lugar.

Esta semana el presidente del Senado paraguayo, dirigente del partido que apoya al obispo Fernando Lugo, se atrevió a levantar su voz de protesta solo porque perdieron sus empleos 74 de sus lacayos en la burocracia de la Justicia Electoral, órgano dirigido por un reconocido operativo de la policía política del Tiranosaurio Stroessner.

Otro de los principales partidarios del obispo Fernando Lugo, autoreferenciado como luchador contra la dictadura pero más conocido por ebrio consuetudinario, el dirigente luguista Nils Candia, se apersonó a dar el apoyo moral de su partido al mismo represor de la dictadura contra la que supuestamente luchó, el ministro del supremo tribunal electoral Juan Manuel Morales en su mismo despacho, cuando estaba de por medio el cobro del dinero de un subsidio electoral a su partido.

Bajo ningún punto de vista son casos aislados estos espaldarazos de los partidarios del obispo Fernando Lugo a represores que prestaron servicios a la dictadura, considerando que un documental del partido luguista Tekojoja presentó en la semana pasada al ex policía Alcibades González Delvalle como un gran referente de la lucha social en Paraguay, a pesar de ser bien conocida su impecable y meteórica trayectoria en filas de la policía del dictador Stroessner, donde actuó con honores y fue ascendido por méritos propios varias veces en una época en la que los cuadros represivos no promovían a cualquiera.

La bancada mercenaria que lidera otro seguidor del obispo, el diputado Blas Llano, a su vez, es responsable del aumento en alrededor de 30 millones de dólares en presupuestos de ese mismo organismo que este año se repartirán las clientelistas burocracias partidarias de la oposición con sus cómplices del partido gobernante.

También podemos citar como cómplices a los partidarios del obispo agazapados en los medios de comunicación, que presentaban al Tribunal Electoral (previo cobro de publicidad oficial) como un impoluto templo de paz celestial hasta que desavenencias en su seno derivaron en un gran escándalo político en Paraguay. No es de extrañar que se pacten inicuos contubernios entre la prensa y el oficialismo en Paraguay, donde los medios de comunicación que lideran el mercado como ABC color siempre mantuvieron una coherente línea editorial de apoyo a Videla, Pinochet, Stroessner, Oviedo y hoy al obispo Fernando Lugo.

Más recientemente se supo que un líder opositor que se presenta como guevarista, pero se le conoce como financiado por George W. Bush, Camilo Soares, recibe permanentes llamadas telefónicas secretas del represor que dirige el proceso democrático paraguayo para realizar en la penumbra misteriosos pactos telefónicos. No es extraño este contubernio entre un partido que multiplica varias veces el número de afiliados en votos dentro de un medio donde invariablemente sucede lo opuesto, especialmente considerando la facilidad con la que se manipulan resultados para favorecer a los amigos y más aún, si estos gozan del favor de la Inter American Foundation manejada por Bush, la National Endowment for Democracy, USAID y el Plan Umbral cuyos dólares distribuye alegremente el embajador James Cason, como el caso de Soares.

Duele decirlo pero hay que decirlo; este es el desolador panorama que nos presentan quienes aparecen como alternativa de cambio en esta comarca, muy atinadamente definida por un filósofo contemporáneo como "País de Maravillas".