Dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco enfrenta juicio oral en Concepción
por Lucía Sepúlveda Ruiz (Chile)
17 años atrás 12 min lectura
"El arma está inscrita desde hace años, y le pedí que la sacara de la casa por los niños, que estaban de vacaciones; para que se la guardara un amigo. Ese día Héctor iba a visitar a nuestros hijos Lautaro y Neyen, que estaban en la casa de mi mamá en Concepción. Los teléfonos estaban pinchados… Ellos también tenían seguimiento, y las señoras que los cuidaban mientras yo trabajaba, fueron amedrentadas y sobornadas.
Una de ellas fue detenida por 7 horas en la comisaría de Cañete. Le preguntaban si los niños sabían donde estaba su padre, por lo que yo temía que algun dia los detuvieran. Lautaro cumplirá 13 anos el 30 de Agosto, en medio de este juicio; Ernesto tiene 11 años, también tenemos a Neyen de nueve y Pelentaru de apenas tres años. Además, cuando Victoria –que sólo es hija mía- cursaba tercero medio en un colegio de Concepción fue interceptada a la salida por desconocidos que le pidieron que se subiera a un auto. Ella se negó y varios compañeros se dieron cuenta de que algo le pasaba y se acercaron a ella".
Llaitul (39 años), trasladado a la capital penquista desde Angol con gran despliegue policial, cumplió ya casi seis de los diez meses de prisión preventiva dictaminados por la jueza de garantía de Nueva Imperial, Karina Rubio, quien lo formalizó por supuesta participación en el atentado incendiario a máquinas de Forestal Mininco ocurrido en Cholchol en diciembre de 2006. En este juicio la defensa está a cargo del abogado penquista Adolfo Montiel. Sobre esta imputación, afirma Pamela Pezoa:
Luego de su detención Héctor Llaitul permaneció ilegalmente aislado en la enfermería de la cárcel de Temuco. Su demanda de traslado a la cárcel de Angol para poder ser visitado y acceder a un trato digno y un juicio justo, sólo fue concedida luego de una prolongada huelga de hambre, después de la cual el vocero se unió en mayo en ese recinto, a otros 4 presos políticos mapuche: Patricia Troncoso, Jaime Marileo, Pedro Queipul y José Huenchunao (este último ex vocero de la Coordinadora, arrestado en enero de 2007 y sentenciado a 5 años por un ataque incendiario en Ercilla). La actuación del Estado chileno en las condenas de estos detenidos por el caso Poluco-Pidenco está siendo investigada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hasta la fecha, los órganos policiales han sido efectivos en lograr la detención de dirigentes destacados de la radicalizada organización mapuche (José Llanquileo, ex vocero de la Coordinadora que ya no milita en la entidad, sindicado por la inteligencia policial como su líder máximo, también está en prisión, en Traiguén) sin embargo en tribunales frecuentemente los fiscales no logran acreditar los delitos por los cuales se les persigue. A diferencia de otras organizaciones mapuche, la Coordinadora Arauco Malleco desarrolla su trabajo en forma autónoma, al margen de la institucionalidad y se opone a cualquier negociación con el gobierno en las actuales condiciones. Tampoco mantiene alianza alguna con otras organizaciones mapuche ni con partidos de izquierda y su dirección colectiva tiene carácter clandestino. "Nuestros esfuerzos se concentran en la defensa territorial y reconstrucción de nuestro pueblo, lo que, a su vez, permitirá crear las bases para generar una propuesta mayor, en definitiva, el proceso de liberación nacional mapuche", sostienen en una entrevista a su vocero "José Llanquilef" publicada en agosto en su página web, www.nodo50.org/wef/tun
Las querellas y los recursos de amparo de los mapuche por torturas, incendios de rucas, interrogatorio a niños en la escuela Villa Chiguague de Ranquilco Bajo, detención ilegal o violencia innecesaria no prosperan en la justicia. En cambio las forestales cuentan con permanente protección policial, que en el caso del propietario del fundo Montenegro, René Urban Pagnard, colindante con la comunidad Temucuicui de la comuna de Ercilla, incluye un helicóptero, fuerzas especiales y vehículos policiales en forma permanente. Urban ha logrado que los miembros de la familia Huenchullán Cayul, sus vecinos más próximos, sean objeto de permanentes detenciones y amedrentamientos por la policía, cuando circulan por el camino público que separa ambos predios. Estos hechos han sido denunciados por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y documentados en terreno en septiembre de 2006 por una Misión de Observación de Derechos Humanos. En julio de 2006, la Corte de Apelaciones de Temuco había rechazado una denuncia de hostigamiento policial interpuesta por lo comuneros, argumentando que el informe de Carabineros sostenía que tal hostigamiento no existía, una respuesta idéntica a las dadas por tribunales en tiempos de dictadura.
El gobierno de la Presidenta Bachelet ha iniciado una ofensiva diplomática por un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el período 2008-2012, Los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela tienen similares propósitos, pero sólo hay tres cargos para la región. Sin embargo la mandataria presta oídos sordos a las advertencias de los organismos internacionales de derechos humanos y a la activa campaña por la libertad de los presos políticos mapuche desarrollada por las organizaciones de ese pueblo originario en Europa y otras regiones.
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