Ex CNI acechan a fiscal de Publicam

La borrascosa bruma que hace sospechar de todo cuanto enmarca al llamado caso Publicam presenta un lazo con el pasado “reciente” de nuestro país, con aquello que algunos quieren dar por superado, pero que cada cierto tiempo reaparece alertando sobre las deudas de justicia que persisten. La fiscal Nancy González, que investiga los delitos tributarios cometidos con la entrega de facturas falsas, mantiene desde hace más de un mes protección policial permanente, luego que se detectara la presencia, en las cercanías de su domicilio, de ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

La decisión para que la fiscal contara con un servicio de protección de personas importantes era estudiada con detalle desde el comienzo de la investigación, pero se definió al comprobar la presencia de los ex agentes de seguridad de la dictadura en el condominio ubicado en un tradicional sector de la comuna de Providencia, donde ella reside.

Fuentes judiciales confirmaron que se avistó en el sector, en más de una ocasión, la presencia de antiguos miembros del organismo represor. Eso bastó para decidir otorgarle protección especial las 24 horas.

Aunque no se confirmó la existencia de amenazas explícitas contra la fiscal, tampoco se descartó que no las hubiera, tema que se maneja con reserva al interior del Ministerio Público.

El pasado 8 de febrero, al finalizar la audiencia de revisión de medidas cautelares de Luis Jofré, ex funcionario del SII de San Bernardo, detenido y formalizado por estafa al fisco en esta investigación, éste se pasó de la raya.

Jofré estaba detenido desde noviembre y en la audiencia fue dejado en libertad provisional por el juez Patricio álvarez, del Séptimo Juzgado, quien, además, no accedió a formalizarlo en esa ocasión por asociación ilícita.

Al retirarse del tribunal, Jofré hizo un gesto amenazador en contra de la fiscal. Ella (quien estaba de espaldas) fue advertida del hecho por el abogado del Consejo de Defensa del Estado Ricardo González, y se dirigió al juez para advertir la situación. Pero el magistrado se excusó por no haber visto nada, ante lo cual Nancy González pidió el registro de los videos de la audiencia.

Una semana después, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la libertad de Jofré y el 12 de marzo fue formalizado por la fiscal por cohecho y asociación ilícita.

Los nexos
Desde que estalló el caso Publicam, en octubre del año pasado, hubo un aspecto que no quedó en el vacío, tanto para los investigadores como para las policías: el nexo de algunos de los imputados con el caso de la Cutufa II, y, por ende, la nuevamente oscura presencia de la CNI.

Juan Sebastián Meyerholz Godoy, sindicado como uno de los cabecillas de Publicam, tenía un pasado no desconocido: fue acusado de asociación ilícita y apropiación indebida en la investigación de la Cutufa II, donde también aparece como uno de los principales inculpados el mayor (R) de Ejército y ex agente de la CNI Patricio Castro.

Desde la Cutufa I y II existe la idea de una gran operación financiera montada por ex agentes de los organismos represivos de la dictadura, quienes, acostumbrados a un pasar holgado, vieron con temor su futuro no sólo judicial, sino especialmente económico, y habrían aprovechado sus “ventajas comparativas” para idear la fórmula que les permitiera manejar millonarias cuentas de dudosa procedencia.

El abogado de Meyerholz, Marcelo Jadue –defensor histórico de Patricio Castro, amigo de Augusto Pinochet Hiriart, de álvaro Corbalán y de Arturo Pinochet Campos, dueño de la disco César, en Reñaca, donde solían divertirse los agentes de la dictadura–, reaccionó con descalificación ante la denuncia de la ex contadora de la Cutufa II Beatriz Ugarte. En noviembre, ella afirmó que su defendido era parte de una “mafia” que “está en todas partes” y que “es amigo de Patricio Castro, y también tengo claro y me consta que abastecía de IVA para que vendiera la Paula Bocaz” (pareja de Castro e implicada en la financiera ilegal).

Ugarte, en declaración ante la fiscal Nancy González, agregó que Castro fue varias veces a las oficinas de Publicam (arrendadas por Meyerholz) a cambiar cheques a Manuel Arancibia.

Meyerholz, acusado por asociación ilícita y apropiación indebida en dicho proceso, apareció como arrendatario de dos inmuebles vinculados a Publicam el año pasado, y luego de huir a Brasil por 78 días regresó a Chile el 8 de febrero, quedó en prisión preventiva y fue formalizado como uno de los creadores del fraudulento negocio.

Para mayores “coincidencias”, otro de los detenidos por Publicam, Federico Soto Calderón, se jactaba de haber trabajado en la DINA, según afirmó su nuera, Claudia Vivanco, a LND.

Jerusalem Soto Fernández y su hermana Carolina (hijas de Federico) eran socias de Héctor Ferrada del Pozo, socio de Patricio Castro en la constitución de la empresa Montaña de Cobre S.A.

Y así… en la trama se cruzan nombres conocidos, como Luis Alberto Undurraga Finlay, ex socio de Marco Antonio Pinochet y ex gerente de una empresa de Edgardo Bathich Villarroel y Héctor Novoa, hermano del senador de la UDI. LND

Investigadora especializada
Nancy González tiene 35 años, es casada, estudió Derecho en la Universidad de Chile. Es candidata a magíster de Gestión y Planificación Tributaria en la U. de Santiago.

Antes de trabajar en el Ministerio Público se desempeñó como abogada del Departamento de Investigación de Delitos Tributarios en el SII y como abogada del Departamento de Defensa Judicial.

Actualmente, en la Fiscalía Centro Norte labora en el área especializada en delitos económicos y funcionarios.
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