Abortar los prejuicios

Al parecer finalmente se abrirá en Chile, gracias a la iniciativa de un grupo de diputados socialistas, una discusión seria y amplia sobre la impostergable cuestión de la despenalización del aborto. Nada justifica que la clase política siga escondiéndose y negándose a afrontar el tema con un mínimo de buena fe y racionalidad, dejando de lado la hipocresía que reina en este terreno. Miles de mujeres, la mayoría de ellas pobres, arriesgan la vida o mueren cada año al someterse a prácticas de interrupción del embarazo fuera de todo control sanitario. Quienes en nombre de principios religiosos o “valóricos” se oponen incluso a discutir sobre la materia se convierten, de hecho, en cómplices del sufrimiento de una buena parte de sus connacionales y de la discriminación social implícita en la ilegalidad del aborto.

Cuando en los años setenta se aprobaron las leyes que legitimaban esta práctica sanitaria en los hospitales públicos de la totalidad de los países europeos (salvo en la España franquista y nacional-católica) que aún no contaban con ellas, la decisión legislativa fue precedida por una exhaustiva discusión en la que participaron con argumentos más o menos justificables los sectores decididamente contrarios a la despenalización. Pero las condiciones estaban dadas para la formación de una mayoría ciudadana que se expresó en la calle y electoralmente en varios referéndum apoyando la decisión de legislar en esta materia, una mayoría transversal que trascendía a los grupos políticos, una mayoría laica que sostuvo victoriosamente la autonomía del estado respecto a las confesiones religiosas (incluso en Italia donde el Vaticano encabezó sin éxito la campaña del terror contra el aborto). ¿Estamos seguros de que en Chile dicha mayoría no podrá expresarse jamás?

En todos los países del mundo en los que existe una clara distinción entre las prerrogativas del estado y las de la iglesia (incluida la democracia más populosa del planeta, la India) está vigente el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad. La verdad es que este derecho es ignorado formalmente sólo en los países islámicos, por motivos obvios, y aun así se concede allí una amplia tolerancia al respecto. Al margen de las materias susceptibles de ser tratadas, de índole científico, filosófico o teológico, somos conscientes de que muchas de las cosas que se digan a favor de por lo menos plantear una discusión formal en el país sobre el aborto pueden aparecer como argumentaciones viejas y gastadas, algo sobre lo cual ya está todo dicho hasta el cansancio, porque lo increíble es que en Chile haya que recordar cosas tan elementales.

El aborto es legal en oriente y occidente, en Estados Unidos como en China, en Rusia como en India, en áfrica como en toda Europa, en América latina como en Oceanía. ¿Qué nos hace tan especiales, tan excepcionales, somos acaso la reserva espiritual del mundo, el pueblo elegido del libro sagrado? ¿Nos creemos mejores porque nos negamos a ver la realidad? ¿Es este país un enclave recóndito del mesianismo, un refugio de los males del universo, o simplemente un logos comercial del tipo “Chili is different”? En todas partes parece obvio que el aborto no es un destino deseable sino una encrucijada difícil y dolorosa, pero también que el derecho a decidir es un bastión de la autonomía individual. En todas partes menos aquí, donde una presunta mayoría política, ciega y sumida tristemente en prejuicios ancestrales, retrocede espantada ante la sola mención de la palabra.

Sin embargo, la reticencia en torno al aborto no sería comprensible sin tener en cuenta el contexto político-social en el que se da. En materia de derechos sociales nuestro país sigue marcando el paso a un nivel sumamente atrasado. El legado del populismo pinochetista sigue ocupando un espacio enorme en la legislación y en el cuerpo constitucional. La mínima conquista es interpretada como una graciosa concesión, la relación entre ciudadano y estado, entre trabajo y empresa, sigue caracterizada por una unidimensionalidad de derechos y deberes que favorece siempre al más fuerte, al que tiene el acceso más directo al poder político y económico. Y la mujer del poderoso, que se lo puede permitir, nunca se ha detenido ante la ilegalidad del aborto, si lo necesita simplemente lo practica reivindicando de facto la posibilidad que la sociedad y la constitución material le conceden. Se considera, por así decirlo, con derecho a hacerlo. Es por eso que se impide incluso discutir sobre este tema, ante el riesgo que salga a la luz toda la inmensa hipocresía de la ideología de los valores.