Ex agregado militar en París copiloteó la nave que lanzó Frentistas al mar

Sólo nueve meses en su destinación en Francia estuvo el coronel del Ejército ya que Investigaciones fue a tomarle declaraciones, luego de que quien piloteara el helicóptero en el »operativo’‘ lo mencionara como su acompañante al ministro Dolmestch. El oficial pidió la baja de la institución y señaló que desconocía que los bultos recogidos en Peldehue pertenecían a los cuerpos de los detenidos por la ex CNI.

En julio pasado, cuando transcurría el verano en París, pocos se percataron de que funcionarios de Investigaciones concurrieron hasta la embajada de Chile en la capital europea para interrogar al entonces agregado militar, coronel Hugo Barría Rogers, quien sólo alcanzó a permanecer en el cargo por espacio de nueve meses.

La razón de esa sorpresiva visita de la policía es que Barría habría sido el copiloto de un helicóptero del Ejército, en septiembre de 1987, y como tal fue a buscar unos "paquetes" a la zona de Peldehue para luego arrojarlos al océano, frente a la costa de San Antonio.

Ese extraño cargamento no eran armas en desuso, ni basura, como el oficial pensó, sino que se trataba de los cuerpos sin vida de cinco jóvenes frentistas -Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sánchez-, que habían sido detenidos como posibles rehenes por la disuelta CNI en cuanto desapareció el coronel Carlos Carreño, quien fue secuestrado por el grupo armado de izquierda y posteriormente apareció sano y salvo en Brasil.

Las víctimas fueron torturadas salvajamente en el Cuartel Borgoño de la CNI en Santiago y luego inyectadas con un veneno que les quitó la vida por un enfermero de la CNI apodado “El Quincy”, quien se suicidó hace cuatro años, según las investigaciones judiciales.

El "Chino" Campos
La revelación la realizó el ex piloto del Comando de Aviación del Ejército, apodado el “Chino” Campos, quien era el piloto "regalón" de Augusto Pinochet, según fuentes castrenses, al ministro que lleva la causa Hugo Dolmestch, quien ha realizado un verdadero trabajo de joyería para rearmar el endiablado puzzle de este caso.

Según fuentes del Ejército, el ex agregado militar presentó su renuncia a la institución en cuanto fue llamado a declarar por el ministro Dolmestch, quien hasta el momento no ha sometido a proceso al ex oficial.

Barría habría señalado tanto a sus superiores como al magistrado que desconocía el contenido de los bultos que transportó hace 19 años desde el campo militar de Peldehue. Añadió que pensaba que eran armas en desuso o basura y que nunca se le cruzó por la cabeza la idea de que se trataba de cuerpos sin vida. La misma versión tiene el Ejército, por lo que confidenciaron que “su petición de alejarse de la institución fue visto como un ejemplo en la doctrina militar”.

Sin embargo, aunque no hubiese presentado su renuncia en forma voluntaria, igual debería haber sido apartado de la institución ya que así ha sucedido con otros oficiales que aparecen de una forma u otra vinculados a violaciones a los derechos humanos, estén o no procesados.

Cabe señalar que el magistrado realizó una reconstitución del lanzamiento al mar de los cuerpos de los malogrados frentistas e incluso recorrió en helicóptero la misma ruta desde Peldehue hasta el litoral central, donde se ubicaron hace más de un año los rieles metálicos a los que fueron atadas las víctimas cubiertas por sacos con la finalidad de que sus cuerpos no salieran a flote.

En la causa, Dolmestch ha logrado confesiones en todas las etapas: seguimiento de los frentistas, detención, tortura y asesinato, y desaparición de restos. Barría declaró ante el magistrado el 19 de julio y reconoció haber participado en el operativo de lanzamiento de los sacos atados con rieles al mar, pero insistió en que no sabía que se trataba de cuerpos.

Los otros casos
Desde 1990 a la fecha la designación de los agregados militares en el exterior ha debido ser muy cuidadosa para no enviar a oficiales que hayan tenido algunas vinculaciones con casos de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, no ha sido un trabajo muy acucioso el efectuado por los servicios de inteligencia del gobierno, ya que las equivocaciones al momento de nombrar a estos funcionarios en el exterior han sido varias.

Hace dos años en Madrid, la izquierda protestó por la designación del coronel Roberto Ortega Prado como agregado militar, ya que este oficial había sido jefe de la Central Nacional de Informaciones en Punta Arenas, en 1988, cuando desapareció una joven militante socialista, Susana Ovando, quien posteriormente fue encontrada muerta. Roberto Antonio Ortega Prado, que según sus subalternos usaba la chapa de ‘Rodrigo’, dijo, en su oportunidad, que efectivamente estuvo a cargo de la CNI puntarenense hasta 1989 pero que el organismo no tenía capacidad operativa.

Susana Ovando Coñué tenía 23 años el 26 de julio de 1988 cuando fue detenida por agentes de la CNI en Punta Arenas y horas después apareció muerta en una playa.

El coronel Ortega confirmó al diario La Nación en su momento que fue “cuatro años jefe de la CNI en Punta Arenas hasta 1989”. Pero afirmó que “lo que dicen los funcionarios de la CNI (al menos diez que declararon en el proceso por asesinato de la joven que investiga la ministra de fuero (S) Carmen Garayes) es que yo era el jefe, pero le puedo asegurar, sin conocer la causa, que ellos no pueden decir que la CNI estuvo involucrada, porque no tuvo nada que ver”.

El 2004, también, el entonces agregado militar de Chile en Estados Unidos, general José Miguel Piuzzi, cuyo nombre figuró entre los posibles sucesores de Juan Emilio Cheyre como comandante en jefe del Ejército, tuvo que declarar ante el ministro Joaquín Billard, debido a la labor que desempeñó en el campo de presos políticos de Pisagua, tras el golpe de estado. El alto oficial, que en la última calificación fue pasado a retiro del Ejército, fue mencionado por ex presos políticos como teniente de la Compañía de Vigilantes de los prisioneros, aunque no está acusado de participar en ninguna ejecución u otro delito.

Un año antes, en Nueva York, ex presos políticos residentes en el exterior iniciaron una campaña internacional para reclamar por la destitución del coronel Pedro Pablo Bustos como agregado militar en la misión de Chile ante Naciones Unidas. El ex oficial, ya que fue pasado a retiro de la institución, se desempeñó en 1982 en la Central Nacional de Inteligencia (CNI), donde cumplió “funciones no operativas”, de acuerdo a la versión oficial entregada por el Ejército.

La declaración castrense también recordaba que “no han existido situaciones que lo vinculen o comprometan en procesos de violaciones de los derechos humanos”. Pese a ello organizaciones de derechos humanos lo vincularon con la llamada Brigada Azul del organismo represivo y aseguraron era el tercero de a bordo luego de álvaro Corbalán Castilla. En su paso por este destacamento de inteligencia, Bustos habría dirigido parte de la operación para asesinar a dos militantes del MIR en Quinta Normal.

En 1998 el representante de la Fuerza Aérea de Chile, coronel Héctor »Chiporro» Barrientos, fue reconocido por un invitado a la sede diplomática chilena en Madrid -el actual embajador en Rumania, Carlos Parker-, como uno de sus torturadores en la base aérea de Bahía Catalina y el Estadio Fiscal, en Punta Arenas.

Parker se retiró de la embajada para no protagonizar un incidente enojoso, pero el hecho tomó estado público y provocó que Barrientos no
pudiera seguir con su carrera militar y, en consecuencia, no lograra ascender a general. El ex oficial de la FACh, que había pasado en su momento por el área de comunicaciones de la entidad aérea, actualmente en retiro, se desempeña en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).