Chile: Un triunfo para la Libertad de Expresión

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado chileno por negar el acceso a la información pública, en el marco de una solicitud ante el Comité de Inversiones Extranjeras, relacionado con el inversionista del proyecto Trilium en 1998. Después de una disputa judicial de 8 años, que comenzó con los portazos en la cara de la Corte de Apelaciones y de la Suprema, se constató fehacientemente el precario estado de nuestra democracia, dada la falta de Libertad de Expresión y de derechos a la información.

Cuando la CIDH argumenta en su fallo que la obligación de los estados "implica la supresión tanto de las normas como de las prácticas de cualquier naturaleza que impliquen violaciones a las garantías de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, está diciendo que los fundamentos esenciales de un sistema democrático no existen en Chile. Los ciudadanos están indefensos frente a un poder avasallador que coopta sus aspiraciones y demandas. Tal como sucedió en el inicio de este caso, cuando los tribunales de justicia rechazaron todas nuestras peticiones de información.

El fallo de la CIDH también es lapidario en este sentido, porque afirma que los organismos encargados de administrar la justicia toman resoluciones sin fundamento, afectando seriamente el Estado de Derecho. A esto se suma que todas las instituciones formales de nuestra pseudo-democracia operan con la lógica del abuso de poder. Por eso, quienes osen interpelar sus resoluciones o actos son castigados severamente. Esta forma de coerción impide generar un espacio de pensamiento libre, donde los ciudadanos sean capaces de expresar y hacer valer sus derechos. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencia que "el Estado viola el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, consagrado en el artículo 13 de la Convención".

Si estos derechos elementales de la democracia no son respetados en Chile, no existe posibilidad alguna de consolidar un nuevo orden institucional, porque al atentar contra la libertad de expresión y el derecho a la información se daña la legitimidad del propio Estado y de sus administradores. Se fomenta la poca transparencia, la corrupción, el tráfico de influencias y se amedrenta y menoscaba la crítica, la fiscalización y la divergencia de ideas. El poder maniata la información y la transforma en un valor de los privilegiados, excluyendo a los ciudadanos de una real participación en la democracia.

Por primera vez en su historia, la CIDH trata un tema de acceso a la información pública, por eso, este fallo marca precedente tanto para Chile como para el resto del continente. Es un fallo tremendo, que se constituye en un triunfo para la sociedad civil en su conjunto, ya que hace un llamado al Estado a adecuar sus normas y procedimientos para responder a las demandas de información de los ciudadanos.

Eso sí, es un pequeño triunfo para la Libertad de Expresión, porque el acceso a la información es solo uno de sus aspectos, ya que en Chile aún permanecen ataduras de la cultura del secretismo. Se persigue y menosprecia las opiniones disidentes, existe una creciente concentración en la propiedad de los medios de comunicación y a través de la figura de “injurias y calumnias” se castiga a quienes se atreven a denunciar a los poderosos del país.

El fallo de la CIDH es solo un paso, aún resta un largo camino para sentar de una vez por todas las bases de una real, efectiva y justa democracia.
El autor es economista.