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"Sancionados periodistas colaboradores de la dictadura militar" 

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A la Redacción de PiensaChile llegó un e-mail titulado:
“Sancionados periodistas colaboradores de la dictadura militar”
En el cuerpo mismo del e-mail trae el siguiente encabezado:
Los periodistas que colaboraron con la dictadura militar para ocultar los atroces crimenes en junio de 1975 fueron:
Fernando Díaz Palma, director Las últimas Noticias, de la cadena El Mercurio.
Alberto Guerrero Espinoza, Director del diario La Tercera de la Hora.
Beatriz Undurraga Gómez,  El Mercurio.
Mercedes Garrido Garrido, La Segunda, también de la cadena El Mercurio.
René Silva Espejo y Mario Carneyro, directores de El Mercurio y La Segunda (fallecidos)
Mónica González, Directora del diario Siete.
Juan Pablo Cárdenas Squella, premio nacional de periodismo 2005

Y luego continúa con el artículo de Ernesto Carmona.

Al leer ese listado de “colaboradores de la dictadura” quedamos helados, pensamos que se había descubierto antecedentes únicos, desconocidos hasta ahora, que permitían poner en esa lista, mezclados con agentes de la DINA y servidores incondicionales de la dictadura, a los periodistas Mónica González y Juan Pablo Cárdenas. Afortunadamente se trata de un error mayúsculo y que habrá que reparar. No queremos pensar que se trató de un acto conciente de desprestigio de esos periodistas cuya trayectoria es bien conocida por todos los que estuvimos en la lucha por el retorno de la democracia a Chile.

Al leer el artículo, sólo encontramos sus nombres en el siguiente párrafo:
René Silva Espejo y Mario Carneyro, directores de El Mercurio y La Segunda durante la publicación de las noticias falsas, fueron declarados “no imputables” por haber fallecido. Mónica González, directora del diario Siete, y Juan Pablo Cárdenas Squella, premio nacional de periodismo 2005 y consejero regional del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), fueron “amonestados” por violar el artículo 13 del Reglamento de Instrucción de Sumarios para los Tribunales de ética y Disciplina del Colegio, cuyo texto establece “que ningún periodista colegiado podrá negarse a prestar declaración en un sumario o a concurrir a las audiencias a que sea citado con ese objeto, salvo que medie causa legítima de excusa”.

Al leer ese párrafo nos llama la atención varias cosas. ¿Por qué aparecen Mónica González y Juan Pablo Arellano mezclados con dos personajes siniestros como Silva Espejo y Carneyro? El texto no justifica que no estén ni siquiera separados por un “punto aparte”. Luego uno se pregunta ¿en que sumario se negaron a declarar? ¿cuándo? ¿en 1975? o ¿ahora, en el 2006? El artículo es poco claro y, como veremos despues, con graves deficiencias de redacción en este punto. No es posible mezclar las cosas como aquí se hicieron provocando un daño enorme.
Debido a que a nuestra Redacción llegan los resúmenes de noticia de Argenpress, buscamos el artículo de Carmona allí, pues conocemos la rigurosidad con que esa agencia trabaja. Si bien se trata del mismo artículo, tiene algunas pequeñas GRANDES diferencias en el formato. Una de ellas es que el artículo distribuido directamente por Argenpress trae el link al documento emitido por el Tribunal de Etica del Colegio de Periodistas, es decir, entrega los fundamentos al lector para que se informe de lo que está leyendo. Desde ese documento tomamos los párrafos en los cuales se entregan los antecedentes exactos que justifican una sanción a Mónica González y Juan Pablo Arellano. Pero en ningún momento se les declara "colaboradores de la dictadura".
Una cosa es sancionar a alguien, a un afiliado, por no asistir a un citación del Colegio de Periodistas, por las razones que sean, y otra, muy distinta, es sancionarlo por "colaboración con la dictadura".
Ponemos a Uds. el link para ver ese documento completo (38 páginas) y para que puedan ver que el artículo de Carmona sufre e una muy poco feliz redacción y el encabezado que lo acompaña en el e-mail que anda circulando es, por decirlo de un modo “blando”, falso y atentatorio contra la dignidad de estos dos periodistas.

Publicamos esta nota, por la obligación que sentimos de cuidar la exactitud de nuestras afirmaciones, para evitar el daño innecesario a otras personas y para llamar, una vez más, a hacer todo lo que esté de nuestra parte por evitar la perdida de credibilidad en los medios de comunicación. La credibilidad es nuestro único capital frente a un mundo que es cada vez más fuertemente manipulado. Que nuestros lectores sepan que nos preocupamos de informarles lo que corresponde y no lo que salga o, peor aún, lo que quisiéramos que fuera.

Incluímos aquí un extracto del documento del Tribunal de ética del Colegio de Periodistas de Chile que menciona a Mónica Gonzalez y Juan Pablo Cárdenas.
DECLARACIóN DE IMPUTADOS Y TESTIGOS (Versión completa en apéndice I)
Se procedió a interrogar, en calidad de testigos, a un grupo de periodistas que al criterio del fiscal podían entregar antecedentes sobre el marco de realidad en que operaban ellos profesionalmente, recordándoles que el artículo 13 del mencionado Reglamento de Instrucción de sumarios del TRED y del TRINED, establece que “ningún periodista colegiado podrá negarse a prestar declaración en un sumario o a concurrir a la audiencia a que sea citado con ese objeto, salvo que medie causa legítima de excusa, lo que será calificado por el respectivo consejo”.

Los citados en calidad de imputados fueron: Alberto Guerrero Espinosa, director de el diario La Tercera; Fernando Díaz Palma, director de Las Ultimas Noticias; Mercedes Garrido Garrido, periodista editora – según la denuncia – de La Segunda, y Beatriz Undurraga Gómez, periodista de El Mercurio

Los convocados como testigos fueron: Camilo Taufic, Eliana Cea, Emilio Bakit, Gilberto Wilson, Héctor Muñoz, Juan Pablo Cárdenas, Manfredo Mayol, Marcelo Contreras, Patricio Amigo, Raúl Rojas, Héctor Olave, Mónica González y Federico Willoughby.

 Además y para mejor resolver, se les formuló un cuestionario escrito a los colegas Juan Rojo de la Rosa, Enrique Fernández, Eduardo Gallardo, al Agregado de Prensa en la Embajada de Chile en Argentina, Eugenio Ahumada, al Agregado de Prensa de la Embajada de Chile en Brasil, Zenén Conejeros, al corresponsal del TIME en Chile en 1975, el periodista norteamericano John Dinges, y al investigador, también norteamericano, Peter Kornbluh. También por escrito se contacto con el Embajador de Chile en Buenos Aires, Luís Maira.

En este sentido, se realizaron conversaciones con otros periodistas en busca de antecedentes, destacándose, entre otras, la colaboración recibida del colega Jorge Escalante e Ignacio Gonzáles.

De todos los convocados, tres de ellos no concurrieron a la cita con el fiscal no
obstante habérseles convocado en dos oportunidades. La imputada Beatriz Undurraga y los testigos Juan Pablo Cárdenas y Mónica González. A todos ellos se les convocó por escrito en dos oportunidades y se les ratificó la cita telefónicamente por parte de la secretaria administrativa del Consejo Regional del Colegio de Periodista. Tampoco se recibió respuesta al cuestionario enviado al Agregado de Prensa en Brasil, Zenén Conejeros.

A los colegas Patricio Amigo y Héctor Muñoz no se les pudo hacer llegar la convocatoria por desconocerse su actual dirección postal.
……
PARTE RESOLUTIVA

9.- Los periodistas Juan Pablo Cárdenas y Mónica González no concurrieron a la convocatoria que le fuera formulada por el fiscal, a pesar de dos citaciones por escrito y las reiteraciones telefónicas que les fueron hechas por la Secretaria Administrativa del Consejo Metropolitano. Ambos periodistas faltaron al artículo 13 del Reglamento Instrucción de Sumarios por los Tribunales de ética y Disciplina que establece que “ningún periodista colegiado podrá negarse a prestar declaración en un sumario o a concurrir a la audiencia a que sea citado con ese objeto, salvo que medie causa legítima de excusa, lo que será calificado por el respectivo consejo”.
Por lo anterior se le sanciona con una amonestación a cada uno.

Se procedió a interrogar, en calidad de testigos, a un grupo de periodistas que al criterio del fiscal podían entregar antecedentes sobre el marco de realidad en que operaban ellos profesionalmente, recordándoles que el artículo 13 del mencionado Reglamento de Instrucción de sumarios del TRED y del TRINED, establece que “

Si desea leer el texto completo del  fallo del Tribunal  de ética haga clic aqui

¿Porque motivo se puso los nombres de Gónzalez y Arellano en la misma lista que trae los nombre de personajes que todos sabemos que si cooperaron y sirvieron a la dictadura e incluso sirvieron en forma directa en sus organismos represivos? Es incomprensible. Habrá que esperar explicaciones.

Para ver el texto del e-mail recibido, le rogamos que haga clic en         continuación >>

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Los periodistas que colaboraron con la dictadura militar para ocultar los atroces crimenes en junio de 1975 fueron:

Fernando Díaz Palma
, director Las últimas Noticias, de la cadena El Mercurio.
Alberto Guerrero Espinoza, Director del diario La Tercera de la Hora.
Beatriz Undurraga Gómez,  El Mercurio.
Mercedes Garrido Garrido, La Segunda, también de la cadena El Mercurio.
René Silva Espejo y Mario Carneyro, directores de El Mercurio y La Segunda (fallecidos)
Mónica González, Directora del diario Siete.
Juan Pablo Cárdenas Squella, premio nacional de periodismo 2005
El montaje periodístico también se conoce como el “Caso de Los 119”
Colegio de Periodistas de Chile sancionó a sus pares involucrados en la Operación Colombo

Por Ernesto Carmona* (especial para Argenpress)

Los familiares de los 119 detenidos desaparecidos de la llamada Operación Colombo expresaron satisfacción por un fallo del Tribunal de ética del Colegio de Periodistas que sancionó a los profesionales involucrados en el montaje que en 1975 intentó disfrazar la suerte de 119 víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. El abogado Hiram Villagra y Roberto D’Orival, dirigente máximo de la “Corporación Colectivo de Familiares y Amigos de Los 119”, encabezaron una conferencia de prensa que anunció las futuras acciones legales que emprenderán a partir del fallo ético.

Los familiares de las víctimas hablaron con la prensa teniendo a sus espaldas una impresionante pared tapizada con fotografías de cada uno de Los 119, entre quienes figuran los periodistas Mario Eduardo Calderón Tapia, de 31 años en 1975, y Luis Eduardo Durán Rivas, de 29. D’Orival dijo que el Colegio de Periodistas saldó una deuda con las víctimas, sus familiares, sus propios pares y la sociedad chilena, a la vez que valoró el trabajo del tribunal ético.

La rueda de prensa se orientó hacia los corresponsales extranjeros ante el escaso interés de los medios chilenos por abordar la sanción ética como noticia, dijo D’Orival. El Colegio acordó diversas sanciones contra los responsables del montaje noticioso que en junio de 1975 presentó en la prensa la desaparición de 119 ciudadanos como si se hubieran “exterminado como ratas” entre ellos mismos.

Para el tribunal deontológico de los periodistas, “los responsables del manejo de la información no cumplieron con su obligación profesional y su compromiso con la sociedad de trabajar con la verdad, con lo cual fallaron en su deber ético esencial”.

Fernando Díaz Palma
, quien a la fecha dirigía el diario Las últimas Noticias, de la cadena El Mercurio, fue sancionado con “censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodistas durante seis meses” por violar el Código de ética. La misma sanción recayó en Alberto Guerrero Espinoza, quien se desempeñó a esa fecha como director del diario La Tercera de la Hora.

Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio, recibió “censura pública” y suspensión por tres meses, en tanto Mercedes Garrido Garrido, del vespertino La Segunda, también de El Mercurio”, fue absuelta por falta de pruebas.

René Silva Espejo y Mario Carneyro, directores de El Mercurio y La Segunda durante la publicación de las noticias falsas, fueron declarados “no imputables” por haber fallecido. Mónica González, directora del diario Siete, y Juan Pablo Cárdenas Squella, premio nacional de periodismo 2005 y consejero regional del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), fueron “amonestados” por violar el artículo 13 del Reglamento de Instrucción de Sumarios para los Tribunales de ética y Disciplina del Colegio, cuyo texto establece “que ningún periodista colegiado podrá negarse a prestar declaración en un sumario o a concurrir a las audiencias a que sea citado con ese objeto, salvo que medie causa legítima de excusa”.

Los periodistas afectados concurrieron a declarar, en un reconocimiento explícito de la autoridad del Colegio para juzgar sus conductas éticas. La mayoría justificó su actuación profesional por exigencias de las empresas y posibles represalias económicas gubernamentales a través del gasto publicitario del régimen militar. Otros reconocieron falta de rigor profesional.
Ninguno de los afectados apeló al fallo del tribunal ético de primera instancia, dando por aceptada la sanción de sus pares, ejecutoriada la semana pasada. El instructor del sumario fue el periodista Alfredo Taborga Molina, autor de un expediente de 300 páginas, cuyo contenido de declaraciones y testimonios constituye una valiosa radiografía del periodismo chileno de la época. La sanción fue aprobada por la unanimidad de los miembros del Tribunal Regional de ética y Disciplina del Consejo Regional Metropolitano (Santiago) del Colegio, Doris Jiménez Villarroel, Enrique Contreras González, Víctor Abudaye Soto y Ricardo Urzúa Munita.

La tuición de los colegios profesionales
sobre la conducta ética de sus asociados fue restablecida por una reforma de la Constitución Política introducida en 2005, aunque todavía falta legislar los tribunales especiales que deberán ventilar acusaciones deontológicas contra profesionales no asociados a esas organizaciones. La afiliación a los colegios no es obligatoria para ninguna profesión desde las reformas “legales” introducidas por la dictadura militar.

Futuras acciones judiciales
El fallo dejó “constancia de la perniciosa actuación del entonces funcionario civil del gobierno militar Alvaro Puga en la manipulación, amedrentamiento, censura y persecución de periodistas y medios”. Según el tribunal, por tratarse de un “individuo que no es periodista y por lo tanto no miembro del Colegio de Periodistas de Chile”, el abogado Puga “no es sujeto de este sumario”, aunque ejercía el periodismo “de opinión” y firmaba artículos de prensa bajo el seudónimo “Alexis”.

El abogado Hiram Villagra anunció que la información ofrecida por el tribunal ético de los periodistas permitirá iniciar acciones legales contra los responsables de una suerte de división de guerra psicológica de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), llamada después Central Nacional de Información (CNI). Los futuros encausados serán el mismo

Alvaro Puga y Anthal Lipthay, un apatrida de origen húngaro vinculado a la CIA que llegó a Chile como “especialista psicológico” al servicio de la dictadura, derivó en operador financiero del dictador Augusto Pinochet y se convirtió en millonario. Este personaje contrajo matrimonio en 1983 con la baronesa Ildiko de Orgovanyi-Hanstein en el castillo de Schwarzenegg, cerca de Graz, Austria, actualmente reside en Miami y se le atribuye la condición de “amigo íntimo” de Lucía Pinochet Hiriart, hija sesentona del ex dictador, quien lo visita con frecuencia en EEUU según fotografías de las páginas sociales de La Tercera.
Otro personaje que está en la mira judicial de los familiares de las víctimas de la Operación Colombo es el coronel de aviación retirado Mario Jahn Barrera, quien se desempeñó como sub director de la DINA y, desde que pasó a retiro a mediados de los años 80, dirige el Museo Aeronáutico y del Espacio, dependiente de la Dirección de Aeronáutica Civil. Jahn Bararera usó el seudónimo de Luis Gutiérrez para viajar por el mundo como "embajador itinerante" de la Fuerza Aérea y participar en acciones de inteligencia como la Operación Cóndor. Nunca ha sido conducido ante un tribunal.
Otro sujeto que los familiares de las víctimas no pierden la esperanza de sentar en el banquillo es Gerardo Roa Araneda, agente de la DINA que siendo funcionario de la Línea Aérea Nacional (LAN) obtuvo el financiamiento para sacar tres ediciones del periódico brasilero Novo O Dia, de Curitiba, donde publicó artículos firmados con su verdadero nombre. Esta publicación, más la revista LEA que apareció una sola vez en Buenos Aires, dieron el punto de partida al montaje de la Operación Colombo que fue extensamente amplificada por la prensa chilena encabezada por El Mercurio, La Tercera, Las últimas Noticias, La Segunda, La Mañana de Talca, entre otros medios impresos, más la radio y televisión de la época.
*) Periodista y escritor chileno, consejero nacional del Colegio de Periodistas
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