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02 Mar 2026

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FF.AA chilenas presionan al gobierno de Bachelet a no firmar TPI

por Eduardo Andrade Bone (Chile)

20 años atrás 8 min lectura

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Con el argumento de que el gobierno terrorista y genocida de la Casa Blanca, ha restringido la ayuda militar a países, entre ellos 11 latinoamericanos, que ya ratificaron el Tribunal Penal Internacional el almirante Rodolfo Codina, señala que la aprobación del TPI es un tema "sensible" para la Armada.

Indudablemente que para un miembro de la Armada Nacional, tiene que ser un tema sensible, puesto que esa rama de la defensa nacional, aún ha sido incapaz de reconocer los crímenes y las violaciones a los derechos humanos, bajo el régimen militar en el cual participaron activamente. Los que nos indica por otra lado, que la mentalidad neofascista forjada bajo el alero de la doctrina de la Seguridad Nacional, aún campea a sus anchas en gran parte de las Fuerzas Armadas chilenas.

Pero no solo eso, sino que es el reflejo perverso de la dependencia de las políticas criminales y genocidas que llevan a cabo los Estados Unidos en países como Afganistán y Irak, además de las sucesivas agresiones a los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Pero cabe destacar además que la restringida democracia chilena, no solo no ha firmado el TPI, sino que además no ha ratificado importante tratados que están relacionados con la protección de los derechos civiles y humanos. Además mantiene una Ley de Amnistía del tiempo de la dictadura, que busca de una u otra manera la aplicación indirecta de la impunidad en Chile. No firmar el TPI significa avalar los crímenes de lesa humanidad que cometen los EE.UU. en diversos lugares del planeta.

Ahora uno de los patrocinadores de las leyes de punto final en Chile, el canciller Alejandro Foxley reiteró en estos días que el gobierno no impulsará la ratificación del TPI mientras el debate en EE.UU. no "se decante", la posibilidad de que Washington limite la cooperación militar si Chile adhiere a dicha corte no ha pasado inadvertida en las Fuerzas Armadas, de allí las presiones dirigidas al gobierno, a través de diversos medios.

Como una materia "sensible" definió el comandante en jefe de la Armada almirante Codina, las eventuales restricciones a la ayuda militar que aplicaría el Imperio en caso de ser ratificado en Chile la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI), como ya ocurre con otros países de la región, como Brasil y Bolivia.

Consultado si su institución sería una de las más afectadas por estas medidas draconianas, el jefe naval evitó pronunciarse y aseguró que el tema se maneja a nivel político. "Ese es un tema que indudablemente es importante y sensible, pero que está manejado a nivel de las relaciones exteriores", expresó a los medios de comunicación locales.

Actualmente existe en EE.UU. una ley que impide la cooperación militar y el intercambio de información de seguridad con estados adheridos al TPI. La norma denominada ASPA (American Servicemembers Protection Act) busca impedir las acciones de la Corte Internacional sobre efectivos norteamericanos que hayan participado en crímenes de lesa humanidad y la violación de los derechos humanos. Esta ley faculta al Presidente estadounidense a usar "todos los medios" necesarios para liberar a efectivos de su país arrestados por orden de ese tribunal, a que éstos sean juzgados.

A eso se suman los férreos controles que ejerce EE.UU. para supervisar el traspaso de tecnología, asociada a armamentos de fabricación norteamericana, a otros países. Incluso Washington puede impedir que ciertos sistemas norteamericanos de segunda mano sean transferidos a terceros, como ha ocurrido recientemente con Venezuela.

Las conclusiones del gobierno estiman que de ratificarse el TPI las eventuales restricciones podrían afectar aspectos de "capacitación" y transferencia tecnológica en Defensa. En ese sentido, en el Ejecutivo dicen que esos dos puntos están ligados a la compra de todo sistema o armamento.

En ese plano, ciertas voces del oficialismo pro EE.UU., temen que las recientes fragatas adquiridas por la Armada, algunas de las cuales están en pleno proceso de equipamiento, podrían verse perjudicadas, pues gran parte de sus sistemas y armamentos proceden de EE.UU.

Un efecto similar podría tener en futuros sistemas que desee incorporar la Fuerza Aérea, que también trabaja con tecnología norteamericana. Sin embargo, en la Fach puntualizan que el proyecto F-16 no se vería afectado, pues corresponde a un material ya autorizado por Washington y a compromisos anteriores a la vigencia del Aspa.

La ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, sin ningún tipo de pudor se manifestó confiada en que "se va a poder buscar una fórmula para que a nosotros no nos afecte" y explicó que en países que han ratificado el TPI, como Brasil, las restricciones de ayuda militar norteamericana no tuvieron "mayor efecto".
Una de las alternativas que baraja el gobierno de Michelle Bachelet es que EE.UU. le conceda Chile la calidad de "aliado" de la OTAN, que indirectamente reconoce la inmunidad penal ante los crímenes y genocidio de las tropas norteamericanas.

Otra alternativa es que la Casa Blanca suspenda la restricción y justifique ante el Congreso la medida, por una cuestión de interés nacional. La tercera posibilidad -la más resistida en Chile- es que se firme un acuerdo bilateral con Washington en el que se le reconoce inmunidad penal a los efectivos norteamericanos ante el TPI.

A la espera de las órdenes de la Casa Blanca en este tema, el Ejecutivo decidió frenar la tramitación de la reforma constitucional que le concede autoridad al tribunal internacional.

Una de las apuestas de la Cancillería es que el propio Congreso en Washington decida levantar algunos puntos del acta de protección de criminales de guerra norteamericanos. De hecho, las FF.AA. estadounidenses han pedido oficialmente reanudar la ayuda militar, a fin de recomponer lazos con los 11 países latinoamericanos que han sufrido las restricciones, algo que apoyan varios congresistas y también funcionarios de la Casa Blanca, lo que refleja el fracaso de las políticas coercitivas en la región.

Al respecto, el canciller Alejandro Foxley dijo que "nosotros vamos a esperar en un plazo prudente que se decante esa discusión" y agregó que, luego de eso, la idea es reactivar la discusión del TPI. "El gobierno de la Presidenta Bachelet está absolutamente comprometido con que Chile sea parte integral del Tratado de Roma (que creó el TPI)",afirmó y que los Estados Unidos no quiere respetar.

A Chile su dependencia cada vez más excesiva de las política de todo tipo de los EE.UU., le esta costando un aislamiento cada vez mayor dentro de la región, con graves consecuencias para su seguridad interna y los procesos de integración que se viven en Latinoamérica. La visita realizada hace algunas semanas atrás a la Argentina, y que buscaban la creación de una alianza estratégica allende los andes, se constituyo en un absoluto fracaso. Ahora recientemente la presidenta Bachelet lo intentó con el presidente del Brasil, consiguiendo solamente palabras de buena voluntad.

Recordemos además, que Chile está embarcado en una carrera armamentistas sin precedentes en su historia reciente, que tiende a desestabilizar la seguridad del cono sur. Ni en la época de la dictadura, el país había invertido tanto en armamento como estos últimos seis años. Es más, fuentes procedentes de sub oficiales del Ejército, indican que toda la instrucción militar que se lleva a cabo al interior de los cuarteles, está marcada con una propaganda patriotera y belicista anti boliviana, peruana y argentina.

La orden que tiene Bachelet y su gobierno, de par
te de los Estados Unidos, es tratar de crear un polo paralelo que le permita aislar a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil y Bolivia, del resto de los países de la región y así cambiar la correlación de fuerzas, que hasta ahora sigue perjudicando las políticas neofascistas de los EE.UU.

La otra orden que tienen la mandataria chilena, es hacer todos los esfuerzos pertinentes para transformarse en una figura de trascendencia internacional y que pueda ejercer cierta influenza en los países de la región, de manera de alejarlos de los acuerdos y acercamientos que han establecido los gobiernos de Cuba, Venezuela, Uruguay, Argentina, Brasil y Bolivia, en materia de cooperación energética, agropecuaria, educación, salud, etc. Cuestión que se desprende de la última visita de Condoleezza Rice ha Chile, y que fue muy poco difundida por los medios locales.

Así lo ha demostrado Bachelet, en su reciente visita  por algunas horas al Uruguay cuando pretendió descalificar el Mercosur. En su visita a Brasil hablo de la necesidad de promover más la denominada Comunidad Sudamericana de Naciones, encontrando muy poco eco en el gobierno de Lula.

Pero a cambio de la cooperación militar y económica de los Estados Unidos, además el Imperio le ha exigido al gobierno de la Concertación, la necesidad de que las tropas chilenas de intervención en Haití, permanezcan aún en el país hasta que se clarifique la situación interna, y del rumbo que vaya a tomar además el gobierno de René Preval, pues la Casa Blanca no ve con buenos ojos el acercamiento de Preval a Cuba y Venezuela.

Producto de la dependencia política, económica y militar de la Casa Blanca, las Fuerzas Armadas de Chile, aún no han abandonado del todo las políticas de la muerte que se adoctrinan en las escuelas de criminales y torturadores existente en los Estados Unidos, y que obedecen a los lineamientos de Santa Fe y la Doctrina de la Seguridad Nacional, que podría reestablecer un nuevo ciclo de dictaduras militares, cuando las políticas neofascistas de la Casa Blanca así lo ameriten, de allí las presiones ejercidas con respecto a la firma o no, del TPI.

Finalmente cabe destacar, que la presidenta Bachelet, prepara un viaje para el mes de junio, con el objeto de darle cuenta de sus primeros meses de gestión a la Casa Blanca, y así recibir nuevas instrucciones para seguir impulsando su política paralela a los procesos de integración que han comenzado otros países de la región.

19.04.06
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