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23 Abr 2024

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Estupilandia, capital de la injusticia

por Rafael Luis Gumucio Rivas (Chile)

18 años atrás 6 min lectura

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Según el sofista Calicles, la justicia pertenece a lo natural y la ley a lo convencional y, como era un profeta del neoliberalismo, exclamaba que la justicia pertenece a los que tienen el poder y la riqueza. La ley, en democracia, se pretende que defienda a los más débiles: por cierto, como hay dioses rubios para los escandinavos y negros para los africanos, hay leyes dictatoriales – dictadas por los tiranos – y leyes democráticas. La autoamnistía de 1978 es completamente espúrea e inválida, sólo la teoría de algunos  “maestros chasquilla de la Concertación le han dado algunos visos de legitimidad.

La separación de poderes, invención de un tal Montesquieu, en el siglo XVIII, sólo ha existido en la mente del profesor Lagos, quien cree que las instituciones funcionan; la verdad, es que el poder judicial siempre ha sido una parcela de disputa de los partidos políticos: en 1910, la mayoría de los jueces eran nombrados por el partido liberal democrático, pillines traidores a Balmaceda; posteriormente, fueron radicales y masones quienes dominaban las Cortes de justicia; después los DC; más tarde, los servidores de la dictadura de Daniel López Pinochet, y así, suma y sigue. ¡A otro perro con ese hueso! Es cierto que algunos jueces han mantenido la dignidad, como Horacio Hevia, resistiendo la dictadura de Ibáñez del Campo y aprobando recursos de amparo durante ese gobierno de mano dura. Otros notables y transparentes, en la actualidad, como los ministros Bañados, Canovas, Cerda, Muñoz, Cepeda y otros salvan al poder judicial de la mala evaluación que tiene la opinión pública de este poder del Estado.

Don Diego Portales se reía de la ley diciendo que era una jovencita, disponible para ser violada cuando fuera necesario. ¿Para qué servía la ley si a los obreros del salitre se les mandaba al cepo sin juicio alguno, o a los campesinos se les fusilaba en un sitio eriazo? Daniel López aplicó el mismo método y con instrumentos más modernos.

La derogación de la Ley de Amnistía constituía un punto central del programa de la Concertación, en 1988, pero Boeninger, Correa y otros santos beatos fueron encontrando fantástico el neoliberalismo de Pinochet: Daniel no era tan malo, por consiguiente, podremos dejar para más tarde la derogación de la Ley de autoamnistía. Qué importa que reclamen los abogados de derechos humanos o los familiares de detenidos desaparecidos sufran una cachetada en el rostro, lo único que cuenta es no asustar a los leones enjaulados del profeta Daniel Pinochet. San Patricio hablaba de la “justicia en la medida de lo posible” lo cual, al fin de todo, es injusticia pura.

La Comisión Verdad y Reconciliación logró destapar, ante el público, la existencia de detenidos y desaparecidos y la brutalidad de la dictadura de Daniel López, que la derecha negaba; una lágrima de don Patricio, en la televisión, y la prohibición absoluta de conocer quiénes habían causado estos actos genocidas. Posteriormente, no faltaron los intentos de varios personajes de la Concertación para tratar de prolongar la Ley de Amnistía, o limitar los juicios contra los militares: algunos, muy orondos, decían que las acciones judiciales deberían limitarse a casos trascendentes, como el de Letelier, incluso, quedaban de lado los atentados contra Bernardo Leighton y Carlos Prat; para qué hablar de personas desconocidos, como “Juan Pérez, y otros desconocidos”. Afortunadamente, el acuerdo Otero-Figueroa hizo agua.

Tobi Insulza, hoy secretario general de la OEA decía, en ese tiempo, que la tortura no era muy grave, claro que no se atrevía a sostener, como los verdugos de estas criminales práctica, que era un rasguñito aplicado a los rogelios; olvidaba nuestro ministro de entonces que camaradas del Mapu, como Ruiz Tagle y Maino, habían sido brutalmente flagelados y muertos a nanos de la DINA. Lázaro Frei, con brutal frialdad y desconsideración se negó a recibir, durante su gobierno, a los familiares de detenidos desaparecidos y, además de proteger a la familia Pinochet,  obligando al desestimiento de la querella presentada por el consejo de defensa del estado por los  llamados “pinocheques” y, posteriormente, luchando por traer a Daniel López, desde Londres.

El profesor Lagos convocó la famosa Comisión Valech, sobre Prisión Política y Tortura. De nuevo se negaron a dar a conocer los nombres de los torturadores, hasta por un ridículo plazo de cincuenta años. No sé por qué a esta gente le gusta esconder, en las sombras de impunidad, a los delincuentes que han atropellado a los derechos humanos. Algunos justifican esta actitud por miedo a los militares, pero pienso este tipo de concertacionistas podían aspirar, fácilmente, a una condecoración de la “orden del inodoro”.

Daniel López hubiera pasado “piola” en el desfalco al Estado y enriquecimiento ilícito sin el concurso del investigativo senado norteamericano; pero incluso, en este caso, con delitos configurados para él y para toda su familia, hay una verdadera posta de ministros de Corte que, por diversos motivos, van dejando el caso, pasando inmensos expedientes, de mano en mano: el ministro Muñoz, miembro de la Corte Suprema, Carlos Cerda postuló y fue rechazado, en el senado, por derecha política, y hoy es recusado por el ex Patria y Libertad, Pablo Rodríguez. No quiero pensar mal, por eso uso el lema del Escudo británico “ay del que piense mal”.

Al fin llegó al poder la mamá, la virgen del Carmen, Michelle Bachelet, quien ha prometido, en el recordatorio en la muerte de los profesionales degollados, que en su gobierno no habrá punto final ni impunidad. Llegó el momento de cumplir la palabra empeñada. Basta con establecer la “suma urgencia” al proyecto de derogación de la “Ley de Amnistía”, propuesto por los diputados Juan Bustos, Marcos Enríquez Ominami  Tucapel Jiménez, Sergio Aguiló, y otros, para poner fin a tanta injusticia e iniquidad. Ya no vale el argumento de ser minoría en el Congreso, basta la simple mayoría. Ya comienzan a reaparecer los mismos de siempre, aquellos que negaron la acusación constitucional contra Pinochet, los eternos asustadizos, que amenazan con una manifestación de desagrado militar, como si  la ley espúrea de amnistía fuera un punto de honor para las fuerzas armadas. Otros demócrata cristianos hace tiempo que le guiñan el ojo a la derecha, en el tema de derechos humanos y prefieren aparecer en la foto con los verdugos de antaño, que con aquellos que sufrieron atropellos en la lucha por la justicia.

De la derecha nada se puede esperar: si alguna vez hablaron de derechos humanos y conquistaron algunos borregos adeptos, incluso víctimas de la cruel dictadura de Pinochet, una vez derrotados en las urnas y sin ninguna posibilidad de reconquistar el poder, pueden mostrar su verdadero yo, como hijos predilectos de Daniel López

Estupidilandia es más estúpida que nunca: la incoherencia y la injusticia campean en los círculos de poder. Al fin, Calicles tenía razón en que el poder y la riqueza es el único sentido de la justicia; el pobre Sócrates se va con el rabo entre las piernas, al proponer que al mal hay que responderle con el bien.  
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