El Perú y los dilemas de la integración andina 

Algunos altos funcionarios del gobierno peruano han manifestado recientemente que se evalúa la permanencia del Perú en la Comunidad Andina (CAN). Un desatino inadmisible, no sólo por provenir de un gobierno que carece de legitimidad, sino porque se anuncia cuando el proceso de adhesión al TLC con Estados Unidos se encuentra en su fase final. Como ha ocurrido con la suscripción de estos Tratados por otros países, los temas sensibles forman parte del arma con la que se les apunta a la sien durante las últimas rondas.

La CAN dispone de algunos instrumentos jurídicos (propiedad intelectual, acceso a recursos genéticos, derechos de obtentores vegetales, etc.), útiles a los gobiernos andinos. A falta de un Trade Promotion Authorithy (TPA) como el que tienen los negociadores norteamericanos, con límites muy claros fijados por su Congreso, la normativa andina sirve de escudo a los técnicos andinos para negociar en las áreas mencionadas.

La evaluación coincide con dos hechos importantes: primero, que el Perú debe eliminar aranceles a productos como el azúcar y el petróleo antes de que finalice el año. A ello se comprometió en 1997 para poder participar de la zona de libre comercio andina, destino al que proyecta exportar este año mil millones de dólares, con alto valor agregado.

Segundo, el presidente Chávez está a cargo de la secretaría pro tempore de la CAN y utiliza el poder del petróleo para intentar imprimir una lógica distinta al esquema andino de integración. éste se inscribe en el modelo de acumulación neoliberal aplicado por sus integrantes durante los noventa, que ha facilitado la actividad exportadora con un perfil altamente concentrado por grandes empresas. La pequeña y mediana producción tiene escasa incidencia en el comercio intrasubregional e internacional. Con los TLC se busca consolidar este modelo e imprimen a la integración características que obedecen a la lógica de las transnacionales.

Los resultados de esta política económica no son alentadores: insuficiente crecimiento económico, redistribución regresiva del ingreso, altos índices de desempleo y subempleo, pobreza e informalidad. Esta realidad preocupa a los organismos internacionales que buscan impulsar programas sociales. Pero las estrictas condicionalidades de los programas de ajuste, la forma de medir las variables fiscales y la corrupción de los gobiernos –fomentada en muchos casos por empresas transnacionales– determinan que no se disponga de recursos. En cualquier caso, no se trata de hacer asistencialismo. Destacados economistas señalan que los problemas sociales requieren un capitalismo social capaz de respetar el funcionamiento libre de los mercados dentro de marcos definidos por Estados no invasores, pero sí decididamente presentes y activos, de forma que el componente social esté presente.

Los esquemas de integración pueden ser útiles a estos fines, pero requieren ser examinados. La tarea no es fácil. La CAN está integrada  por gobiernos con concepciones políticas contrapuestas. Aún así, un primer paso consistiría en otorgarle mayores atribuciones políticas a la secretaría técnica. Los esquemas de integración tienen un enorme potencial para estimular la formación de encadenamientos productivos regionales, coordinar políticas de desarrollo científico y tecnológico, mecanismos que permitan canalizar los excedentes que se producen internamente en el proceso productivo local, marcos regulatorios comunes para la captación de inversiones extranjeras productivas, así como de impuestos a las transacciones financieras especulativas.

Se trata de un proceso de integración gobernado y diseñado como política de Estado desde la región, que trascienda el limitado horizonte de los enfoques comerciales. Esa integración andina, y sudamericana, es la vía para impulsar un desarrollo económico sustentable y una inserción internacional más inclusiva.