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Una fuerte crítica al accionar del Gobierno en materia del resguardo a los Derechos Humanos en el marco del estallido social formuló en su preinforme la misión canadiense de observación que visitó el país entre el 18 y el 26 de enero.

“Después de 3 meses desde el inicio del estallido social y a pesar de las recomendaciones de las misiones internacionales y de las organizaciones sociales nacionales, las violaciones a los Derechos Humanos y la represión continúan en un contexto de intimidación de la población y de criminalización de la protesta social”, señala el texto de la delegación, aludiendo a las conclusiones de los informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

La misión está conformada por delegados de diversas especializaciones y campos de intervención –diputados de los parlamentos de Quebec y de Canadá, representantes sindicales y de la sociedad civil e investigadores–, que realizó 65 horas de entrevistas en Santiago, Antofagasta y Valparaíso, con 99 personas de 51 organizaciones.

«Prácticas heredadas de la dictadura»

En un crudo diagnóstico, el preinforme señala que “los datos recabados en las entrevistas, acusan que se trata de una represión sistemática y masiva. El nivel de sistematicidad es difícil de evaluar de manera precisa, pero los datos y testimonios recopilados indican la presencia de prácticas represivas recurrentes y similares de un lugar a otro, que manifiestan un patrón común. Más allá de los casos más visibilizados, la sistematicidad se revela igualmente en la multiplicación de violaciones a Derechos Humanos de menor connotación, que van instalando gradualmente una lógica antidemocrática. Por otra parte, se constata un fenómeno de retraumatización, al revivirse prácticas heredadas de la dictadura”.

La delegación pone en tela de juicio la respuesta que ha dado la administración de Piñera, recordando que “los informes de organismos internacionales ya han denunciado de manera contundente estas violaciones y han formulado una serie de recomendaciones. ¿Qué más necesita el Gobierno para implementarlas?”.

En este contexto, se pregunta “¿de qué manera las nuevas leyes antisaqueo, antibarricadas y anticapuchas y de protección de infraestructuras críticas van a contribuir a mejorar la situación de los DDHH en Chile? Y por otra parte, ¿cómo se responde a las demandas sociales que ha expresado de manera contundente la ciudadanía y que han generado el estallido social?”. En tal sentido, añade que “desde nuestra perspectiva, la prioridad parece ser de criminalizar la protesta social, como forma de desmovilizar a la población, en vez de realmente enfrentar la brecha social y los grandes problemas estructurales que han revelado los eventos de los últimos meses”.

De ahí que se interpele directamente al Gobierno, señalando que “frente a esta situación extremadamente crítica, se plantea la interrogante sobre la voluntad, el liderazgo y el actuar concreto del Gobierno para frenar y poner término a las violaciones a Derechos Humanos”.

La misión constata que, pese a que las cifras del último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos revelan que las violaciones a los DDHH, observadas por este organismo, han bajado comparativamente respecto a las que se produjeron durante el estado de emergencia, “se advierte que estas violaciones continúan de forma constante y sistemática, concentrándose en espacios y sectores sociales específicos del país”.

Entre estos abusos, mencionan heridas por perdigones y bombas lacrimógenas; violencias y vejámenes sexuales (desnudamientos, sentadillas, tocaciones, etc.); detenciones sin registro, a veces efectuadas por policías de civil; golpizas de detenidos en furgones de Carabineros y en comisarías; utilización masiva de gases lacrimógenos “como un castigo colectivo y una forma de intimidación”; agresiones al personal voluntario de salud, a observadores de Derechos Humanos y periodistas y profesionales de medios de comunicación;  y ausencia o negligencia en la aplicación de los protocolos de Carabineros.

A esto se suma –señala el documento– “un procedimiento judicial parcial y que muestra negligencia, debilitando la acción efectiva del respeto de los derechos fundamentales, en particular la utilización de la prisión preventiva, en algunos casos por largos periodos, para sancionar personas contra las cuales no hay necesariamente las pruebas requeridas y la neutralización del recurso de amparo por no registrarse las detenciones de manera rápida y sistemática por parte de Carabineros”.

«Disfuncionamiento de la institucionalidad»

El preinforme señaló en que el régimen político chileno “sigue bloqueado en una profunda crisis de legitimidad” y declara que frente a este escenario “no somos optimistas”.

“Los datos y testimonios que hemos recopilado apuntan a un disfuncionamiento de la institucionalidad chilena que alimenta una impunidad sistemática y la desconfianza de la población. De las entrevistas se puede constatar que se mencionan repetidamente los términos de ‘crímenes de lesa humanidad’ y de ‘terrorismo de Estado’ para calificar la situación”, subraya.

Asimismo, la misión canadiense hace una dura evaluación de la posición que ha tomado el Gobierno de Justin Trudeau en esta materia, señalando que ha mantenido un “silencio desconcertante e inaceptable”, esto “a diferencia del gobierno de Quebec, que ha manifestado su solidaridad con el pueblo de Chile y ha tomado una posición clara a favor de la defensa de los DDHH”.

En las próximas semanas, la misión tendrá listo un  informe más detallado que “ponga en perspectiva y profundice estas problemáticas y proponga una serie de recomendaciones”, el cual será entregado a los gobiernos de Chile, Canadá y Quebec, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a grupos y organismos que defienden y promueven los DDHH en Chile y en Canadá.

*Fuente: El Mostrador