Las distintas varas de medir del Gobierno socialista: el Ministerio de Exteriores no se pronuncia sobre la muerte de la joven de 23 años Sabah Mint Ozmana, atropellada intencionadamente con un vehículo del ejército.
Los “ataques indiscriminados contra la población” que se dan en lugares como Sudan no merecen la atención del Ejecutivo en el Sáhara Occidental.
En lo que va de año Exteriores ha emitido 120 comunicados sobre hechos ocurridos en el mundo, ninguno sobre atropellos a los DDHH en la excolonia española.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España condena habitualmente los ataques contra la población civil en diferentes países del mundo, siempre y cuando no ocurra en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos.
En lo que va de año Exteriores se ha pronunciado en 120 ocasiones sobre hechos de actualidad internacional, entre ellos agresiones a los Derechos Humanos, intentos de golpe de Estado, atentados, la derrota del Daesh, los Altos del Golán, la franja de Gaza, los asentamientos israelíes, situación en Venezuela, Libia, Irán, Sri Lanka, Níger, Rusia, estrecho de Ormúz, Somalia, Túnez, Arabia saudí…
Sin embargo, no ha emitido comunicado alguno sobre el recrudecimiento de la represión contra la población saharaui por parte del ejército y la policía marroquí en el Sáhara Occidental, donde la joven de 23 años Sabah Mint Ozman falleció atropellada deliberadamente con un vehículo militar.
Desde el 19 de julio, cuando miles de jóvenes saharauis salieron a las calles para festejar la victoria de la selección argelina en la final de la Copa de Nación Africana celebrada en El Cairo (Egipto) y expresarse a favor de la independencia del Sáhara Occidental, invadido por Marruecos hace mas de 43 años, las fuerzas marroquíes llevan a cabo una brutal represión sobre la población saharaui en El Aaiún, Smara, Bojador y Dajla, incluidos niños, con allanamientos de domicilios, detenciones, encarcelamientos y numerosos heridos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, el departamento que todavía dirige, en funciones, Josep Borrell, significado por sus posturas pro marroquíes, lleva publicadas este año 120 declaraciones institucionales, varias de ellas sobre casos de lucha por las libertades y en defensa de los Derechos Humanos: el 21 de febrero, con motivo del quinto aniversario de las protestas del Maidán en Ucrania, España honró “la memoria de todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de sus libertades”, y el 17 de marzo condenó la represión contra manifestantes pacíficos y periodistas en Nicaragua y dijo que era imprescindible “la garantía del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales y, entre ellos, el derecho a la manifestación y protesta pacífica”.
Condena por el uso de la violencia en Sudán
Exteriores se pronunció en repetidas ocasiones sobre la situación en Sudán: el 8 de abril pidió al Gobierno sudanés, al ejército y a las fuerzas de seguridad que evitasen un uso excesivo de la fuerza, “permitiendo así que la ciudadanía pueda seguir expresándose pacíficamente, y para que cesen las detenciones de líderes políticos, periodistas y manifestantes”; el 15 de ese mes solicitó la libertad para “todos los presos políticos”, y que los responsables de violaciones de los derechos humanos sean llevados ante la Justicia; el 3 de junio condenó “el uso de la fuerza para dispersar a los manifestantes en Jartum” y cuatro días después España reiteró “su más firme condena por el uso de la violencia contra civiles”.
En relación con los DDHH, el Gobierno mostró el 11 de junio su preocupación por el incremento de la violencia en el Sahel y señaló la necesidad de “combatir estos crímenes y las violaciones de Derechos Humanos que afectan especialmente a la población civil”.
En sus comunicados Asuntos Exteriores se refirió, también, a casos particulares: “preocupación”, el 14 de marzo, por la condena contra Nasrin Sotoudeh, iraní defensora de los Derechos Humanos y particularmente de los derechos de la mujer; “seria preocupación”, el 13 de abril, por la detención en Chad de Andrés Esono Ondo, líder del partido ecuatoguineano CPDS, acusado de preparar un golpe de Estado, para el que se pidió fuese “tratado con el máximo respeto a sus derechos fundamentales y a los principios y garantías propios de un Estado de Derecho”.
El 2 de julio Exteriores informó de que había sido convocado el embajador de Venezuela en Madrid para transmitirle “la repulsa del Gobierno de España por el trágico fallecimiento del Capitán de Corbeta, Rafael Acosta, presuntamente debido a los malos tratos que le habrían sido infligidos mientras se encontraba bajo custodia de los cuerpos de seguridad venezolanos y que habrían tenido lugar desde el momento de su detención hasta su comparecencia ante los Tribunales de Justicia”.
Entre otros casos, España condenó el 3 de abril el nuevo Código Penal de Brunei, que penaliza “la homosexualidad, el adulterio, la blasfemia y la apostasía, que castiga con la pena de muerte, y prevé castigos corporales por robo o aborto”, lo que el Gobierno de Pedro Sánchez consideró contrario “a las obligaciones contraídas por ese país en materia de derechos humanos”, y el 19 de julio condenó el asesinato en Honduras de dos activistas LGTBI defensores de derechos humanos, ante lo que el Gobierno de España reiteró “ la necesidad urgente de garantizar la protección de periodistas y defensores de derechos humanos”.
Todas estas condenas, petición de garantías y protección de los Derechos Humanos se refirieron a hechos ocurridos en cualquier lugar del mundo, menos en el Sáhara Occidental, el territorio que España entregó a Marruecos a finales de 19765. Como dijo el Vicepresidente de CODAPSO, Hmad Hammad, “cuando sucedió el asesinato de la joven saharaui y los graves incidentes ningún coche de la MINURSO salió de su base para observar”, lo que “sucede “con la complicidad de Francia y España, con el silencio de su prensa y su especulación sobre los hechos, como la del corresponsal de la Agencia EFE en Rabat”.
*Fuente: Contramutis