Abogado de Chile Cobre apostó a inconstitucionalidad del TPP por grueso fallo en la forma

2 de julio de 2019
Organizaciones sociales y gremiales expresaron, ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, todos sus reparos contra el Tratado Transpacífico aprobado recientemente por la Cámara Diputados. La presentación del abogado Julián Alcayaga brilló por su contundencia, al punto que los senadores, claramente alineados en favor del TPP-11, pidieron mejorar la calidad de las próximas exposiciones que realice la Cancillería. La novedad es que el abogado Julián Alcayaga mencionó un nuevo fallo de procedimiento que lo torna insalvablemente inconstitucional. 

El TPP-11 es incompatible con el sistema procesal chileno, pasa por encima de las atribuciones que la Constitución Política confiere explícitamente a nuestros tribunales, y lesiona gravemente la soberanía nacional así como nuestras perspectivas de desarrollo. Pero además es un tratado gestionado con total desprolijidad, ya que presenta vicios procedimentales básicos como el haber omitido la consulta a la Corte Suprema antes de haberlo votado favorablemente, quórum simple mediante, en la Cámara de Diputados. Y ese solo hecho lo torna insalvablemente nulo, según dijo el abogado y economista Julián Alcayaga, de la Fundación Chile Cobre, ante la comisión de Relaciones Internacionales del Senado, sesión en la que también participaron Barbara Rojas, secretaria general de Fenpruss, y Tomás Lagomarsino, presidente de la Fundación Equidad Chile.

Esos fueron los ejes sobre los que giró la sólida exposición de Alcayaga, quien realizó una verdadera disección del tratado tanto desde un punto de vista económico como jurídico, materia en la que se ha convertido en una voz autorizada luego de echar abajo en 2003 el indigno Tratado Minero Binacional con Argentina, un tratado hecho a la medida de Barrick Gold, que por entonces pretendía explotar el polémico proyecto minero Pascua Lama. El TPP-11 es algo similar, según dijo, ya que representaba “una obra de derecho público al servicio de las corporaciones privadas”. Peor aún: este tratado ha de ser como el anterior, cuyo borrador fue preparado directamente por Barrick Gold.

“El TPP es incompatible con el sistema procesal nacional, y debió ser tramitado primero con una ley orgánica constitucional. Ni siquiera pudo ser aprobada así con 77 diputados a favor. No se puede”, dijo el abogado, quien luego sentenció: “Este tratado además es inconstitucional en la forma. Lo insalvable, lo irreparable, y esto así quedará establecido cuando vaya el TC, porque se va a ir, es que se aprobó sin haber oído previamente a la Corte Suprema. Y ya no fue. Se saltó ese procedimiento«, dijo.

Asimismo, Alcayaga dijo que “no es un invento que Chile se somete a tribunales internacionales cediendo enormes espacios de soberanía”. Y para graficar este punto, el economista sostuvo que en su minuto el Tratado minero entre Chile y Argentina también quiso supeditar a nuestros tribunales a los dictámenes de una comisión administradora del tratado, lo que le permitía que los tribunales chilenos le entregaran servidumbres de paso a los yacimientos que estaban en Argentina. El Tribunal Constitucional dijo que era constitucional, pero luego dijo, en uno de sus considerandos, que los senadores estaban equivocados ya que los tribunales chilenos no tienen jurisdicción para dar esas servidumbres, por lo que ese tratado quedó inutilizado”.

“Gracias a que hicimos fracasar ese tratado nocivo con la ayuda de los senadores designados, es que no ha podido salir una sola tonelada de cobre argentino a través de Chile. Gracias a eso hemos tenido un alto precio del cobre”, agregó Alcayaga.

Premunido de fichas y apoyos gráficos que avalaban sus interpretaciones jurídicas acerca del TPP-11, Alcayaga desmintió que el tratado abra posibilidades de generar valor en nuestras exportaciones. Por el contrario: está bastante claro que, a juzgar por las disposiciones contenidas en el tratado, todas favorables a los intereses de las corporaciones trasnacionales, “tampoco se podría obligar a fundir o refinar cobre, como tampoco se podrá obligar a SQM o Albemarle a industrializar el litio en Chile fabricando baterías, por ejemplo, o cualquier otra cosa que sea distinta a vender el litio como carbonato de litio o salmuera”, ya que cualquier tipo de obligación que afecte mínimamente las expectativas de ganancia de estas empresas extractivas abre la posibilidad de ser arrastrado a un juicio que, como ya se ha dicho, obligaría al estado a pagar sendas indemnizaciones. “Y las mineras son las que más acuden a tribunales como el Ciadi en contra de países latinoamericanos. En Chile no le han hecho por aquí no pagan impuestos, pero lo pueden hacer si se les obliga a fundir o refinar cobre o industrializar el litio”.

Por cierto, Alcayaga demostró cómo las mineras trasnacionales que operan en Chile pagan impuestos hasta tres veces menores que Codelco pese a que extraen más del doble del mineral. Asimismo demostró con números cómo estos tratados de libre comercio han sumido la producción de cobre en lo más pobre de la cadena de valor. Pero estos tratados no sólo afectaron nuestra capacidad de generar valor en el principal producto de exportación chileno. “El peso de la manufactura en el PIB y la generación de empleo, desde 1990, ha bajado enormemente”, aseveró.

“Lo que se hace con este tratado es acabar con el libre mercado, pues desde que la teoría económica fue creada por Adam Smith, y seguida por otros economistas, sobre todo por Milton Friedman, el mercado tenía una mano invisible que permitía repartir los recursos, y los empresarios asumían el riesgo. ¿Quiénes determinaban el éxito de una empresa? Los consumidores Pero aquí no. Aquí los estados ofrecen una seguridad jurídica pero no a cualquier empresario, sino a las principales trasnacionales del mundo”, señaló, al tiempo que advirtió sobre la cartelización de las corporaciones en este marco de estado de bienestar para el inversionista extranjero, más en un país vulnerable a las colusiones empresariales.

La presentación de Alcayaga contrastó con la feble presentación del abogado de la Direcon Felipe Lopeandía, al punto que instaló un nuevo estándar. Incluso los senadores Ricardo Lagos Weber e Iván Moreira, ciertamente partidarios del TPP-11, exigieron exposiciones con información cuantitativa sistematizada e interpretaciones jurídicas para controvertir, punto por punto, aquello que ha sido presentado tan macizamente por los detractores del nefasto tratado. Porque así, sólo con palabras y sin material de apoyo, se hace mucho más difícil defenderlo…

*Fuente: El Soberano