Las mentiras, los privilegios inaceptables y los desfalcos del Ejército y Carabineros de Chile a partir de la dictadura

Durante el gobierno del Presidente Allende, tuve el privilegio de presidir el Convenio CORMU- EJÉRCITO DE CHILE, establecido en 1971 a solicitud del general Carlos Prats, comandante en jefe de la institución.

Hasta entonces, el Ejército carecía de un sistema planificado para resolver sus demandas habitacionales a lo largo de todo el país. Constituimos una oficina técnica adjunta a la CORMU y alcanzamos a proyectar dos grandes conjuntos habitacionales en Santiago:

  1. a) La Villa Militar del Este, situada en la Avenida Américo Vespucio, próxima a Avenida Kennedy. CORMU entregó al Ejército un paño de 12 hectáreas con cabida para mil unidades habitacionales, en el cual alcanzamos a entregar 200 departamentos antes del golpe militar, destinados a los altos oficiales de la institución. En enero de 1973,  entregamos las llaves del  primer departamento terminado al recién ascendido general Sergio Arellano Stark, quién venía de comandar el Regimiento Maipo en Valparaíso.
  2. b) Villa Militar del Oeste, situada en el triángulo que se forma en la  intersección de Avenida Pajaritos con la Ruta 68 a Valparaíso. Allí Se proyectaron 2.000 unidades habitacionales destinadas al personal de suboficiales, clases y soldados del Ejército.

Los primeros 300 departamentos se encontraban en ejecución al momento del golpe militar. En mi poder, obra copia de un pergamino fechado 20 de febrero de 1973, similar al que enterramos en la ceremonia de la primera piedra. El documento está suscrito entre otros, por el Presidente Allende, el general Carlos Prats, como Ministro del Interior, José Tohá, Ministro de Defensa Nacional, Augusto Pinochet, comandante en jefe subrogante del Ejército, Jorge Wong, Vicepresidente Ejecutivo de CORMU y yo en mi calidad de Presidente del Convenio CORMU-Ejército de Chile.

El convenio CORMU-Ejército de Chile, operó con plena transparencia. Sus fondos fueron fiscalizados en cada uno de sus pasos por todas las instancias civiles correspondientes, incluyendo la Contraloría, tal como era la norma en la época y como siempre fue observado en la historia de Chile antes de la dictadura cívico-militar.

No recuerdo un solo caso anterior, análogo a los escandalosos casos de corrupción, que han arruinado actualmente la reputación del Ejército y también de Carabineros.

Fue la dictadura y Pinochet personalmente, con su propio ejemplo, quién introdujo este inaceptable cuadro de corrupción. Es una situación intolerable para la ciudadanía que, además, constituye un serio riesgo para la seguridad nacional.

Voy a enumerar a continuación, diferentes acciones ilegales o fraudulentas cometidas por el Ejército durante los años de la dictadura, bajo el amparo o la instigación de las más altas autoridades de gobierno.

1.- RED DE 18 BALNEARIOS POPULARES.

En diciembre de 1970, apenas un mes después de haber asumido el gobierno de Allende, la Dirección de Planificación del Equipamiento Comunitario, organismo dependiente del Ministerio de la Vivienda, convocó a una propuesta para la construcción de 18 Balnearios Populares.

Las obras concluyeron a fines de 1971, permitiendo que decenas de miles de familias de trabajadores o de organizaciones sociales, pudieran disfrutar de un veraneo, por primera vez en su vida.

Los Balnearios se levantaron en las siguientes playas:

– Chacaya. Iquique.  – Tongoy Ovalle.  -Los Vilos.  -Pichidangui.

– Peñuelas.  –Papudo. -Puchuncaví.   -Ritoque.  -Loncura.

– Quinteros.  -Rocas de Santo Domingo. -Piedras Negras. El Tabo.

-Llallauquén Las Cabras. -Playa Blanca. Lota.  -Llico. Vichuquén

– Curanipe. Chanco.

El MINVU entregó la administración de los Balnearios a la Dirección de

Turismo, (hoy SERNATUR), entidad que las dotó con un completo equipamiento interior. También participó en este programa la Consejería Nacional de Desarrollo Social, que seleccionó los equipos de monitores encargados de dirigir las actividades de niños y adultos y organizó las presentaciones de grupos artísticos y culturales programando sus giras a los diferentes Balnearios Populares.

Esta es una de las realizaciones más ignoradas del gobierno de Allende,  a causa de que la dictadura se apropió de todos los Balnearios,  inmediatamente después del golpe militar, asignándolos entre las diferentes ramas de las fuerzas armadas, como quién se reparte un botín de guerra.

Los Balnearios de Ritoque, Puchuncaví y Rocas de Santo Domingo, fueron destinados a centros de detención y tortura. Otros simplemente los enajenaron a particulares. Algunos fueron demolidos para comercializar los terrenos y otros como el de Pichidangui aún continúan como Centro de Vacaciones del Ejército.

Ninguno fue restituido a su legítimo propietario: el MINVU.

Jamás hemos escuchado una sola explicación que pudiera justificar semejante despojo.

El caso de Rocas de Santo Domingo merece atención especial, ya que el mismo día 11 de septiembre de 1973, fue destinado por Manuel Contreras para el adiestramiento del personal que formaría la DINA, en técnicas de tortura y desaparición de personas. Posteriormente, se empleó como Centro Vacacional de la DINA, más tarde de la CNI y finalmente del propio Ejército hasta el año 2.000. Desde entonces, la institución lo dejó en el abandono.

El año 2012, ex presos políticos constituyeron la Fundación por la Memoria de San Antonio e iniciaron las gestiones para declarar Monumento Nacional al Balneario en Rocas de Santo Domingo. Bastó esta acción, para que el Ejército ordenara en 2013 su demolición.

Finalmente, en noviembre de 2014, el Consejo de Monumentos Nacionales lo declaró Monumento Nacional en la categoría de Sitio Histórico.

Aclaremos que dicha declaratoria, no implica la perdida de la propiedad, por lo cual el Ejército siguió manteniendo la propiedad del inmueble.

La Fundación por la Memoria de San Antonio, desarrolló múltiples gestiones durante el mandato de Michel Bachelet, para lograr que el Ejército transfiriera la propiedad del Balneario al Ministerio de Bienes Nacionales. No hubo caso, la Subsecretaria de las Fuerzas Armadas nos manifestó reiteradamente que estaba en trámite una permuta mediante la cual las fuerzas armadas harían entrega a Bienes Nacionales, de 64 recintos incluyendo el Balneario en Rocas, apropiados ilícitamente por las fuerzas armadas, a cambio de terrenos fiscales que recibirían en compensación.

Era un acuerdo francamente vergonzoso, ya que se trata de bienes apropiados indebidamente, por los cuales las fuerzas armadas no debieran recibir indemnización alguna.

Pero ni siquiera eso ocurrió.  No se concretó durante el mandato de Michelle Bachelet. Asumió el actual gobierno y como cabía esperase, el Ejército continua en propiedad de un bien usurpado a los trabajadores de Chile, que fueron los beneficiados con el programa de Balnearios Populares.

2.- VIVIENDAS DE AVENIDA REPUBLICA.

Inmediatamente después del golpe militar, la DINA se apropió de siete inmuebles ubicados en la Avenida República, a fin de instalar los servicios de apoyo a sus acciones criminales. Curiosamente, se trata de edificios de alto valor patrimonial, algunos de los cuales cuentan con la declaratoria de inmuebles de conservación histórica en el Plano Regulador de Santiago.

Disuelta la DINA, las propiedades fueron transferidas a la CNI y más tarde a la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército), que las mantuvo en su poder hasta el año 2004, cuando se entregaron al SERVIU Metropolitano, conforme al procedimiento de permuta por terrenos de Bienes Nacionales.

Se trata de las siguientes propiedades:

a.- AVDA. REPUBLICA 590: esquina nor-oriente con calle Gay. Probable propiedad anterior de Escuela de Economía U. de Ch. En la actualidad, Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas.

b.- AVDA REPUBLICA  580: Inmueble de conservación histórica proyectado el año 1923 por los afamados arquitectos Josué Smith Solar y su hijo José Smith Miller. En la actualidad, Fundación para la Superación de la Pobreza.

c.- AVDA. REPUBLICA 550: Inmueble de conservación histórica, también proyecto de los mismos arquitectos. Esta vivienda fue proyectada por Josué Smith para alojar a su propia familia y hasta el golpe figuraba a su nombre. Después de la entrega del Ejército al SERVIU, nadie se interesó aparentemente en adquirirla, hasta que fue ocupada por el movimiento OKUPAS que permaneció allí entre 2003 y 2010 aproximadamente. En la actualidad, esta vivienda de tan alto valor patrimonial se encuentra abandonada.

d.- AVDA REPUBLICA 440: Es una hermosa vivienda que tras la entrega del Ejército, fue adquirida por la Universidad Andrés Bello, destinándola a la Vicerectoría de Investigaciones y Postgrado. Me consta que el inmueble aparecía como propiedad del Ejército hasta el 2003, ya que fue ofrecida a Nahmías Hnos, empresa constructora con la cual colaboraba nuestra oficina de arquitectura. Nosotros desaconsejamos su adquisición, por no calzar con los intereses de dicha empresa constructora.

e.- AVDA. REPUBLICA Esquina S/P con calle Toesca.  Es un gran edificio que pertenecía a la Universidad de Chile antes del golpe militar. Fue adquirido para instalar la Sede Norte de la Escuela de Economía, que fue clausurada en 1975 para destinar el inmueble al uso de la Dina. Más tarde, fue transferido a la CNI y finalmente a la DINE, hasta su entrega al SERVIU el año 2004. Posteriormente, fue adquirida por la Universidad de Los Lagos, que estableció allí su sede en Santiago, situación vigente hasta ahora.

f.- TOESCA 2246: Corresponde a la fusión de dos lotes:  a) Echaurren 507 esquina S/P de Toesca  y  b) Avda. República 508 esquina S/O con Toesca. La adquirió la sociedad Inversiones Angamos al Ejército mediante escritura de fecha 13.05.2003.  A esa fecha existía allí una construcción en un piso de altura, donde funcionó el policlínico para atender al personal de la CNI.  Yo mismo la visité antes de su demolición.  Los dos lotes se fusionaron e Inversiones Angamos (Empresa constructora Nahmías Hnos), con la cual colaboró nuestra  oficina de arquitectura, construyó en el lugar un edificio de departamentos.

g.- AVDA. REPUBLICA 475:  Es una hermosa vivienda construida en 1927 por don Amador Heiremans para alojar a su familia. Se trata de un inmueble de conservación histórica que, tras el fallecimiento de su dueño, fue adquirido por la Embajada de España, la cual funcionó allí hasta 1972, año en que pasó a   propiedad de la Universidad de Chile.  La Dina se apropió del inmueble tras el golpe militar y más tarde pasó a ser el cuartel general de la CNI, para servir hasta el año 2004 como una dependencia de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Tras su entrega al SERVIU en 2004, fue adquirida por la Fundación Salvador Allende, para su restauración y habilitación como sede de la Fundación y Museo de la Solidaridad Salvador Allende, proyecto también realizado por nosotros como arquitectos.

h.- AVDA. REPUBLICA 499: Idem anterior. Actualmente desocupada y sin mantenimiento.

Durante todos los años de la dictadura y hasta el año 2004, las dos últimas cuadras de la hermosa Avenida República fueron una auténtica Zona Militar, donde estaba prohibido estacionarse o tomar fotografías. La dictadura se adueñó de las propiedades ya mencionadas, días después del golpe militar; las destinó a funciones de los aparatos represivos del régimen hasta 1990, y después, el Ejército mantuvo la propiedad de todos estos inmuebles hasta enajenarlos en su beneficio y negociar la entrega de los restantes al SERVIU el año 2004.

3.- DESPOJO DE MIL DEPARTAMENTOS DE LA VILLA SAN LUIS DE LAS CONDES.

En 1971, la CORMU entregó a familias sin casa o residentes en campamentos de Las Condes, 1038 departamentos adjudicados conforme a todas las normas vigentes a la época.

Sin embargo, a partir de 1976, el Ejército resolvió desalojar a estas familias, pretextando que se trataba de una ocupación ilegal de viviendas destinadas al Ejército. Una vez desocupados, los departamentos fueron entregados en uso, a familias de suboficiales y del cuadro permanente de la institución y sus legítimos propietarios, enviados a viviendas antiguas propiedad del Ejército, muchas de las cuales se encontraban en muy mal estado. Las últimas 112 familias fueron desalojadas en 1978, trasladadas en camiones basureros de la Municipalidad de Las Condes y arrojadas en potreros de los suburbios de la capital, en el Cajón del Maipo o en Curacaví.

En 1991, bajo el mandato del Presidente Aylwin, este inaudito despojo fue legitimado mediante un Decreto Reservado de Bienes Nacionales que otorgó al Ejército la propiedad del terreno y todos sus inmuebles, con la condición de que fuera destinado a fines habitacionales de la institución. Si cesare esta destinación, los inmuebles debían ser devueltos a Bienes Nacionales.

Pinochet, aún comandante en jefe del Ejército, desconoció esta disposición y en Mayo de 1996, emitió una Resolución adjudicando los lotes de terreno y todos los bloques de departamentos a la Inmobiliaria Parque San Luís S.A.  El 31 de Julio de 1996, ante el titular de la 48 Notaría de Santiago, José Musalem Saffie, se firmó la compraventa respectiva por un total de 2.698.280,32 UF, equivalentes a 89 millones de dólares de la época, ingresados directamente a las arcas del Ejército, institución que desalojó a su personal para facilitarle a la Inmobiliaria la demolición de todos los edificios de departamentos, los cuales fueron sustituidos por las elegantes torres de oficina que hoy existen en ese histórico lugar.

Las familias afectadas no han cesado en sus demandas por recibir alguna indemnización y en recuperar la memoria histórica de lo sucedido en este emblemático proyecto de integración social urbana, ícono de la obra realizada durante el gobierno del Presidente Allende. En 2017, lograron que los dos últimos bloques sobrevivientes de dicho proyecto, fueran declarados Monumento Nacional por el Consejo de Monumentos Nacionales. Actualmente el Comité de Defensa de la Villa San Luis, gestiona la realización en dicho lugar de un Museo de la Ciudad.

El desalojo de las 1038 familias en Villa San Luis, es el más grave atentado de carácter urbano en toda la historia de Chile. El Ejército no ha dado jamás alguna explicación al respecto.

4.- EL CLAUSTRO

Poco después de asumir nuestro mandato como Director Ejecutivo de la CORMU, nos enteramos que estaba en demolición un edificio de claro valor patrimonial adquirido por la institución en el marco de un programa habitacional complementario de la Remodelación San Borja.

Se trataba de un claustro, situado en Avda. Portugal esquina de Santa Victoria, construido a fines del Siglo XIX por una congregación de monjas inglesas, que había permanecido en desuso por largos años. Detuvimos su demolición y acordamos realizar un estudio tendiente a verificar la factibilidad de destinar el edificio a servir como Sede de la CORMU, institución que hasta entonces estaba diseminada en diferentes lugares de la capital.

Dicho estudio determinó que se amortizaba en cinco años, el gasto imputado al mantenimiento y alquileres de la CORMU. No vacilamos en acordar la restauración del Claustro y poco después se iniciaron las faenas. Pronto salieron a la luz vestigios de su pasado esplendor. Se rasparon sucesivas capas de pintura hasta aparecer las maderas originales de puertas y ventanas, que resultaron ser de encina maciza. Las columnas de la galería del segundo piso, estaban revestidas con piezas de pino oregón, que habían resistido indemnes el curso de los años. Se repararon los sólidos artesonados de cielo, se sustituyeron las tejas de arcilla en mal estado e incorporamos rejas adquiridas en anticuarios o en demoliciones. Habilitamos baños, casino y un completo sistema de calefacción central.

Allí nos encontró el golpe militar. La CORMU continuó funcionando en dicho recinto hasta un día de invierno de 1977, ocasión en que el edificio recibió la visita de doña Lucía Hiriart de Pinochet, quién quedó prendada con el edificio, ordenando el inmediato desalojo de la CORMU, ya que, a partir de ese momento, resolvió que pasaría a servir como sede central de CEMA CHILE, institución presidida por ella misma.

Esa misma noche CORMU fue literalmente arrojada a la calle. Sobre las veredas y en plena calzada de Avenida Portugal entre las calles Marín y Santa Victoria, estaba depositado todo el mobiliario de la institución. En medio de un desorden descomunal, se apilaban escritorios, sillas, estantes, libros y revistas, centenares de archivadores y carpetas, mesas y pisos de dibujo, reglas T, planeras, útiles de todo tipo, cajones, basureros, artículos personales de los funcionarios como retratos familiares, delantales o toallas. Toda la cuadra era una gigantesca acumulación del patrimonio de una repartición pública.

CEMA-Chile permaneció en el Claustro hasta 1996, año en el cual vendió la propiedad en la suma de $ 1.248.321.000 a la Universidad Mayor, que instaló allí la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción.

“Los juicios que llevaron a los tribunales a la ex primera dama de la nación, demostraron los innumerables fraudes cometidos por CEMA-Chile, que hasta el año 2005, estuvo percibiendo -entre otros ingresos- un 20% de las ganancias de la Polla Chilena de Beneficencia, mientras una institución como la Cruz Roja percibía solo un 2%.”  ([1])

“Entre 1990 y 2005, Cema vendió casi un centenar de propiedades en distintos lugares del país por más de $ 5.633 millones. Le vendieron a la Iglesia Católica, a una Iglesia Evangélica, al Ejército, a municipalidades, a sociedades inmobiliarias, a empresarios, a personas naturales y a universidades privadas, entre otros. ([2])

5.- VILLA GRIMALDI

La antigua casona que fuera conocida como Villa Grimaldi, fue construida a principios del siglo XX y destinada a la administración del fundo de la familia de José Arrieta, que abarcaba una extensa área de la actual comuna de Peñalolén”.([3])

A medida que avanzó el desarrollo urbano, el fundo se fue loteando hasta que el año 1964, Emilio Vasallo Rojas, hermano de quien ejerciera como embajador de Chile en Italia durante el gobierno de Allende, adquirió un lote que incluía la vieja casona del fundo. La bautizó con el nombre de Villa Grimaldi por su semejanza con las mansiones italianas rodeadas de hermosos parques, jardines y esculturas. La restauró y habilitó como restaurant, alcanzando bastante éxito comercial.

“A comienzos de 1974, un grupo de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) ocupó por la fuerza el recinto, y mediante presiones y amenazas, obligaron a Vasallo a venderles la propiedad, firmando un compromiso de compraventa cuya copia se conserva en el Archivo Documental de nuestro sitio de memoria”.([4])

La DINA instaló allí el llamado Cuartel Terranova, que fue el principal centro de torturas y exterminio de la dictadura. Una vez disuelta la DINA, la propiedad quedo abandonada y desmantelada paulatinamente hasta que Pinochet decidió demoler el lugar a fin de borrar todo testimonio de lo que allí había ocurrido. Utilizó para ello al general Hugo Salas, último director de la CNI, quién apareció vendiendo la propiedad a una empresa constructora fantasma formada por parientes cercanos, quienes obtuvieron rápidamente de la Municipalidad un permiso de demolición a fin de construir un conjunto habitacional en los terrenos de la Villa.

Las Agrupaciones de Derechos Humanos, junto a ex detenidos en el lugar y familiares de las víctimas detenidas desaparecidas, hicieron todo lo posible por evitar la demolición de un sitio tan simbólico de la práctica de tortura y desapariciones de personas, pero fue demasiado tarde. La Villa fue demolida. Asumió el gobierno de Patricio Aylwin en 1990 y Alberto Etchegaray, su primer Ministro de Vivienda y Urbanismo firmó el decreto de expropiación de Villa Grimaldi.

Una vez recuperado el lugar, el gobierno y las organizaciones de DDHH acordaron convertir en un parque de la Paz, el lugar donde tantos compatriotas fueron víctimas de atroces torturas o terminaron engrosando la aciaga lista de los detenidos desaparecidos.

La historia de Villa Grimaldi es un capítulo más de los procedimientos deshonestos mediante los cuales la dictadura se apropió de un inmueble, lo utilizó como un recinto represivo clandestino y finalmente como intentó lucrar para deshacerse de él.

6.- SISTEMA DE PREVISIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN.

En 1980, José Piñera, hermano del actual mandatario de Chile introdujo una reforma radical del sistema de pensiones existente en Chile, sustituyendo el sistema vigente de reparto, por un sistema de capitalización individual. Chile fue el primer país del mundo en privatizar la seguridad social, dando vida a las AFP, únicas entidades encargadas de administrar los gigantescos fondos provenientes del impuesto del 10% sobre las remuneraciones.

Transcurridos casi 40 años de vida de este sistema, los chilenos pensionados perciben actualmente una jubilación promedio inferior a $ 300.000 mensuales, suma francamente insuficiente para cubrir las necesidades más elementales de cualquier persona en Chile.

Pero, cuando en 1980 se acordó esta trascendental reforma del sistema de pensiones, las fuerzas armadas y de orden fueron expresamente excluidas, conservando hasta hoy el sistema de pensiones que hasta entonces era extensivo a todos los chilenos y que les ha permite obtener jubilaciones millonarias.

Dos instituciones administran estos fondos:

  1. a) Caja de Previsión de la Defensa Nacional tiene como función principal el pago mensual de pensiones de retiro y montepío del personal en retiro de las Fuerzas Armadas y los distintos beneficios que de él se desprenden.
  2. b) DIPRECA: Entrega servicios de Previsión, Salud y Asistencias, al personal de Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile, Mutualidad de Carabineros.

Esta es una situación irritante para el resto de los chilenos. Si se pregona tanto las bondades de las AFP, ¿cuál es la razón por la cual no se hace extensiva a las fuerzas armadas?

Se trata de otro privilegio concebido por la dictadura y que se mantiene sin cambios, transcurridos tantos años desde el retorno de la democracia.

FINAL  

Acabamos de escuchar al comandante en jefe del Ejército que personal de sus filas, está involucrado en tráfico de armas a bandas de narcotraficantes. Lo peor es que nos enteramos de este gravísimo hecho gracias a una grabación clandestina de una conferencia que él mismo dio a 900 oficiales de la institución.

Además, a un delito tan inconcebible, debemos añadir la falta cometida por el comandante en jefe, por no comunicarlo a su autoridad superior, sino que sólo cuando se hizo público el escándalo, gracias a la mencionada grabación.

El país le confiere a las fuerzas armadas el monopolio de las armas y resulta que los fusiles destinados a preservar nuestras vidas van a parar a manos de quienes nos asesinan. Difícil imaginar algo más grave.

¿Y que pasa? Nada.  Lo está investigando la Justicia Militar. La misma que lleva dos años investigando el Milicogate, con más de treinta mil millones de pesos

estafados al fisco, mediante centenares de facturas falsas no reconocidas por Impuestos internos y sin sentencia condenatoria de nadie.

El ex tesorero del Estado Mayor del Ejército confesó lo siguiente: “Se gastaron la plata en casinos, propiedades, caballos y fiestas”, tal como dijo el coronel Clovis Montero en entrevista con este medio. Dentro de lo más llamativo se encuentra el caso del cabo Cruz, quien entre 2008 y 2014 desembolsó 2.368 millones de pesos en máquinas tragamonedas, adquirió un fina sangre, viajó a Cuba con su familia y enchuló a su pareja. “Le perdí sentido al dinero”, declaró en abril de este año”. ([5])

En los últimos años se han puesto al descubierto numerosos actos de corrupción al interior de Ejército y Carabineros de Chile: el Milicogate, el Pacogate, el desfalco con “empresas de turismo”, etc, que suman decenas de miles de millones de pesos que han ido a parar al bolsillo de altos oficiales, oficiales y mandos medios.

En el Ejército, se han documentado compras con sobreprecio, sueldos con asignaciones indebidas, anomalías en la adquisición de vehículos, licitaciones dirigidas y fraudes en la construcción de cuarteles, a lo cual debemos añadir montajes para inculpar inocentes, intercepciones clandestinas de teléfonos, etc, etc, etc.

En Carabineros, la Contraloría ha detectado irregularidades en materia de remuneraciones, pagos al personal, adquisiciones de radiopatrullas, mantención y repuestos de vehículos, reposición de retenes o cuarteles, compras de equipos computacionales, pago de remuneraciones a profesores en academias policiales, préstamos habitacionales, aspectos contables, uso de vehículos, uso y mantención de aeronaves policiales y procesos de compras de insumos, entre otros”, señaló la minuta elaborada por la Contraloría”. ([6])

Se ha impuesto una cultura de la corrupción que proviene desde los tiempos de Pinochet, maestro en este terreno. También queda claro que desde entonces emana la amplia autonomía con que gozan las fuerzas armadas y carabineros frente al poder civil

Digamos finalmente que resulta inconcebible el mantenimiento vigente de la Ley Reservada del Cobre, origen de muchas de las acciones corruptas detectadas últimamente.

Yo he militado toda mi vida en el bando de los optimistas. Siempre concluyo mis mensajes abriendo alguna ventana de esperanza. Admito mi incapacidad de sugerir fórmulas adecuadas para acabar con un cuadro moral tan degradado de instituciones que el país no puede seguir admitiendo.

Notas:

[1]   CIPER .  Los negocios de Pinochet que beneficiaron a las universidades Mayor y San Sebastián.

[2]    La Tercera. Sábado 20.10,2018: Cema Chile al cierre. Juan Pablo Figueroa y María José Ahumada.

[3] Villa Grimaldi. Parque por la Paz. Historia.

[4] Idem

[5] Ex tesorero del Estado Mayor del Ejército: “Se gastaron la plata en casinos, propiedades, caballos y fiestas”

The Clinic. Mauricio Weibel Barahona.  06 octubre, 2015

[6] Corrupción en Carabineros: las más de 40 alertas que nadie quiso escuchar. CIPER. 16.03.2017.

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