El problema no son solo los “sueltos” –en caso de que lo sean, hipótesis difícil de creer de acuerdo a la organización y planificación de los hechos– sino también el mensaje que baja desde los lugares institucionales: el propio Bolsonaro, enterado de los ataques, los relativizó en redes sociales con la frase “se victimizan”. Lo dice quien votó la destitución de Rousseff homenajeando al torturador de la ex presidenta, en un gravísimo desprecio a la democracia de su país. Más grave aún es la frase de quien fuera derrotado por Lula en elecciones limpias y democráticas, Gerardo Alckmin (PSDB), quien sentenció “el PT recoge lo que sembró”. Para los incrédulos: Alckmin no es un hombre retirado de la política; es nada menos que el gobernador del estado de San Pablo. Sus palabras son un puñal a una democracia seriamente dañada por el propio PSDB, que por apostar al golpe parlamentario de Temer, se sigue derrumbando en las encuestas.
¿Qué busca la ultraderecha brasileña con los tiros a la caravana del ex presidente? Amedrentar a las organizaciones y movimientos sociales de cara a la probable detención del ex dirigente metalúrgico. El objetivo de fondo es meter miedo ante una sentencia a todas luces injusta, en un proceso tan viciado como el que derivó en la salida de Rousseff de Planalto. ¿Qué buscan Alckmin y el PSDB con sus desafortunadas declaraciones? Naturalizar la violencia política contra los líderes populares, luego de que los medios de comunicación masivos de Brasil –principalmente Globo, Folha y Estado de Sao Paulo– inocularan odio durante años contra Lula, Dilma y todo lo que sea alternativo al statu quo que, durante siglos, gobernó ese país.
Brasil corre el serio riesgo de entrar en una etapa de mexicanización de su política, con asesinatos a sueldo a dirigentes políticos, ataques a líderes populares e intentos de legitimación de esa violencia, complicidad mediante, desde diversos sectores del poder. Es el triste devenir de un golpe parlamentario que, desde 2016, mantiene al país en un verdadero estado de excepción, donde la condena e inhabilitación a Lula son la segunda fase. Mientras tanto, Unasur y Celac –amesetados tras el arribo de la derecha a varios países del Cono Sur– no actúan y la OEA –siempre servil a intereses externos a nuestra región– sigue hablando solamente de Venezuela. América latina no puede mirar para otro lado: se trata de defender lo poco que queda de democracia en ese país, el más grande e influyente de la región –en términos políticos y económicos– antes de que sea muy tarde, para ellos y todos nosotros.
-El autor, Juan Manuel Karg, es Politólogo UBA. Analista Internacional.
*Fuente: Página 12