Proceso arbitrario contra los prisioneros saharauis expone la ocupación marroquí

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16 de mayo de 2017
Conocidos como los “prisioneros de Gdeim Izik”, 25 saharauis detenidos en 2010 durante un masivo campamento de protesta pacífica en contra de la ocupación marroquí están sometidos a un proceso controvertido. En febrero de 2013, fueron condenados por una corte militar marroquí a penas severas que incluían la prisión perpetua, pero el juicio fue anulado por la Corte Suprema, que decidió por la revisión iniciada en diciembre de 2016.

En mayo de 2017, el nuevo proceso, todavía no aclarado, ya pasa por su cuarta sesión de audiencias para 24 de los detenidos, mientras que el 25º sigue penalizado con la prisión perpetua. Las “sesiones” se han aplazado a menudo, como la autodeterminación del pueblo saharaui.

La lucha de los prisioneros va mucho más allá del encarcelamiento arbitrario y de un juicio repleto de inconsistencias para reafirmar la urgencia del compromiso con la descolonización del Sahara Occidental y el fin de la ocupación marroquí. Con el juicio, dice el diplomático del Frente Polisario (la representante legítima del pueblo saharaui) en Brasil, Mohamed Zrug, Marruecos “quiere dejar claro que no aceptará ningún tipo de derecho a la manifestación, ni que se cuestione la ocupación. Llevar a los acusados, primero, a un juicio militar, y después, a un tribunal de excepción, manifiesta la ira marroquí contra los saharauis. También pone en evidencia la verdadera naturaleza del régimen marroquí y su comportamiento colonial.”

Todo ello, continúa Zrug, a pesar de los llamamientos del nuevo secretario general de la ONU António Guterres y del Consejo de Seguridad, que recientemente aprobó la extensión de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso), establecida en 1991, con una resolución que enfatiza la importancia de la reanudación del proceso diplomático estancado hace más de dos décadas. “La reanudación del juicio contra los activistas políticos saharauis justo días después de la decisión del Consejo de Seguridad es una fuerte señal de que Marruecos no va en absoluto a ningún proceso político. Prefiere los hechos consumados.”

Zrug denuncia la negligencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presente en un país donde se presenta “el simulacro de juicio contra pacifistas exhibidos de forma racista y chovinista ante la opinión marroquí, como si fueran forasteros en la plaza pública de una ciudad medieval.”

Por presión internacional – explica Isabel Lourenço, acompañando el proceso de cerca – el juicio conducido en la Corte Militar fue anulado. De ahí el “intento de mejorar la imagen, y no propiamente el modus operandi, de que resultó una ley que impide los juicios militares de civiles.” Sin embargo, una muestra de la farsa – continúa la observadora, destacando que la defensa es a menudo interrumpida – es el menosprecio “a los principios más básicos para un juicio justo, siendo el primero, sin duda, la presunción de inocencia.”

El Supremo Tribunal de Justicia marroquí, en la decisión de anular el juicio militar de 2013, afirmó que faltan evidencias de los crímenes de los que son acusados ​​los activistas saharauis, subraya Isabel, por lo que “el actual juicio carece de bases jurídicas”. Además, continúa, “estamos ante una situación indefinida, ya que no se sabe si es primera instancia o segunda instancia”, lo que pone en cuestión la posibilidad de recurso.

“En todo el juicio ha sido difícil entender lo que pasa porque el juez decidió que todo eso sería aclarado al final del proceso. Por lo tanto, estamos en un limbo, pero el juicio avanza,” Isabel denuncia, apuntando a un sistemático esfuerzo de instigación nacional en contra de los acusados.

Según Mohamed Zrug, “la maquinaria propagandística y de desinformación oficial estuvieron preparando el terreno para las penas más duras y agitando ánimos de odio y venganza en las gradas de la plaza pública. Es un mensaje al pueblo saharaui y, en la actual coyuntura, también contra las protestas legítimas de los rifeños [bereberes del noreste] en Marruecos. El que desafía al imperio del monarca feudal será ejecutado.”

Isabel Lourenço observa, por ejemplo, que los medios marroquíes se refieren a los acusados ​​como “asesinos” y “terroristas”, sin considerar la hipótesis de inocencia, y cuenta el caso de una periodista despedida de una emisora ​​por haberse referido al Sahara Occidental con este nombre, en lugar de usar la terminología dictada por el Reino marroquí, “provincias del sur”.

Observación y apoyo internacional

Parlamentarios europeos y de otras regiones, representantes diplomáticos y defensores de los derechos humanos se han esforzado por acompañar el proceso presencialmente, pero denuncian las maniobras de las autoridades marroquíes para dificultar la observación, incluyendo el aplazamiento de las audiencias, la falta de información y la persecución o tentativa de intimidación.

Todavía, dice Isabel Lourenço, “es importante que los observadores internacionales participen, pues estos son juicios políticos y hay que denunciar la situación y alertar a la comunidad internacional,” y Mohamed Zrug considera que “la observación y presión internacionales son la única forma existente hoy y de que disponen el pueblo sáhara y los prisioneros políticos para ser liberados y para que sean conocidos su drama y la injusticia.”

Isabel cuenta, por ejemplo, que el juez presidiendo el juicio afirmó abiertamente su menosprecio al derecho internacional, alegando la primacía de su propia interpretación. Por ello, contínua, “también es muy importante la presencia de representantes de las Embajadas en Marruecos, que es un socio y tiene proximidad a la Unión Europea y se ha beneficiado con millones de euros para mejorar su sistema jurídico y los derechos humanos en el país.”

“No existen pruebas ni ninguna justificación para la detención, por siete años, de estos señores, y mucho menos para las torturas a que han sido sometidos de forma sistemática” y que la observadora considera no ser conducidas con el “objetivo de obtener informaciones, pero apenas para la humillación constante.” Isabel menciona aún denuncias del malos tratos con las celdas superpobladas, la falta de higiene y la violación de los derechos más básicos.

Los observadores han emitido informes sobre sus actividades “para que la comunidad internacional pueda evaluar lo que está pasando,” dice Isabel. Además, “la solidaridad internacional es esencial para la denuncia de esta situación y para que se pueda dar apoyo a los prisioneros políticos saharauis ya los prisioneros políticos en general, que sufren una discriminación constante, torturas y todo lo que se puede imaginar”.

“En el caso de este grupo de presos la situación es realmente preocupante, la ley no parece estar siendo mínimamente respetada”, continúa. “Creemos que probablemente las penas serán tan duras como las ya establecidas [por la Corte Militar], de los 20 años a la cadena perpetua. Este es un juicio político en el que los acusados ​​son juzgados por su posición política y su actividad pacífica, no violenta, en pro de la autodeterminación del Sahara Occidental. Por eso es esencial que la comunidad internacional, los movimientos de solidaridad internacional, los sindicatos, los partidos emitan su opinión y así presionen a Marruecos a cambiar su actitud y liberar a los presos políticos saharauis.”

Solidaridad en la lucha por la descolonización

El aplazamiento de la descolonización del Sahara Occidental desde la retirada controvertida de la potencia colonial, España, en 1976, es enfatizado por los observadores, representantes saharauis y movimientos internacionales como el contexto que permite los abusos por parte de la potencia ocupante y administradora, Marruecos.

Por ello, la denuncia de la espera de los saharauis por la autodeterminación, sometidos a más de 130 años de colonización y 42 de ocupación, víctimas de la negligencia internacional y de la complicidad de poderosos aliados del reino marroquí, como la Unión Europea — en particular, Francia — beneficiaria de recursos energéticos y naturales robados del pueblo saharauis por Marruecos, y Arabia Saudita, gran financiadora del aparato represor marroquí. Sin embargo, la resistencia saharaui es reforzada.

Según Isabel Lourenço, “durante el juicio, las familias de los prisioneros, amigos y estudiantes saharauis se han desplazado por más de 1.200 kilómetros hasta Rabat para manifestarse ante el tribunal y demostrar su solidaridad a estos activistas acusados ​​y encarcelados. Es sin duda un esfuerzo enorme, ya que, además de la distancia, exige un esfuerzo económico que la mayoría no puede hacer, ya que viven bajo un apartheid social, político y económico y bajo condiciones extramente difíciles en los territorios ocupados.”

De ahí el refuerzo al llamamiento por el apoyo internacional. Mohamed Zrug afirma: “para un pueblo sometido a un régimen colonial y que optó por el camino de la resistencia pacífica como forma de alcanzar sus legítimos derechos a la autodeterminación ya la independencia, la solidaridad internacional viene a sustituir a las armas y los cañones. Debe tener la fuerza suficiente para proteger al pueblo saharaui de esos crímenes y acompañar moral y políticamente su lucha.”

*Moara Crivelente es politóloga, periodista y directora de Comunicación del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz (Cebrapaz)

*Fuente: Cebrapaz

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Processo arbitrário contra prisioneiros saráuis expõe a ocupação marroquina

16 de maio de 2017
Prisioneiros políticos saráuis estão submetidos a julgamento farsante em Rabat, capital marroquina. Há sete anos, mais de 20 saráuis atravessam um processo injusto e tendencioso, de acordo com observadores internacionais como a portuguesa Isabel Lourenço. Em conversa com o Cebrapaz, ela e o representante saráui no Brasil, Mohamed Zrug, falam do processo e do seu enquadramento na luta mais abrangente do povo saráui por autodeterminação, contra a ocupação marroquina.

Por Moara Crivelente*

Conhecidos como os “prisioneiros de Gdeim Izik”, 25 saráuis detidos em 2010 durante um massivo acampamento de protesto pacífico contra a ocupação marroquina foram submetidos a processo controverso. Em fevereiro de 2013, foram condenados por uma corte militar marroquina a penas severas que incluíam a prisão perpétua, mas o julgamento foi anulado pela Corte Suprema, que decidiu pela revisão iniciada em dezembro de 2016.

Em maio de 2017, o novo processo, não mais esclarecido, já passa por sua quarta “sessão” de audiências para 24 dos detidos, enquanto o 25º segue penalizado com a prisão perpétua. As “sessões” têm sido frequentemente adiadas, assim como a autodeterminação do povo saráui.

A luta dos prisioneiros vai muito além do encarceramento arbitrário e de um julgamento repleto de inconsistências para reafirmar a urgência do compromisso com a descolonização do Saara Ocidental e o fim da ocupação marroquina.

Com o julgamento, diz o diplomata da Frente Polisario (a representante legítima do povo saráui) no Brasil, Mohamed Zrug, o Marrocos “quer deixar claro que não aceitará qualquer tipo de direito à manifestação, nem que se questione a ocupação. Levar os acusados, primeiro, a um julgamento militar, e depois, a um tribunal de exceção, manifesta a ira marroquina contra os saráuis. Também coloca em evidência a verdadeira natureza do regime marroquino e seu comportamento colonial.”

Tudo isso, continua Zrug, a despeito dos apelos do novo secretário-geral da ONU António Guterres e do Conselho de Segurança, que recentemente aprovou a extensão da Missão das Nações Unidas para o Referendo no Saara Ocidental (Minurso), estabelecida em 1991, em uma resolução que enfatiza a importância da retomada do processo diplomático estagnado há mais de duas décadas. “A retomada do julgamento contra os ativistas políticos saráuis justo dias após a decisão do Conselho de Segurança é um forte sinal de que o Marrocos não irá, de forma alguma, a qualquer processo político. Prefere os fatos consumados.”

Zrug denuncia a negligência da Organização das Nações Unidas (ONU), presente num país onde se apresenta “o simulacro de julgamento contra pacifistas exibidos de forma racista e chauvinista ante a opinião marroquina, como se fossem forasteiros na praça pública de uma cidade medieval.”

Por pressão internacional – explica Isabel Lourenço, acompanhando o processo de perto – o julgamento conduzido na Corte Militar foi anulado. Daí a “tentativa de melhorar a imagem, e não propriamente o modus operandi, de que resultou uma lei que impede os julgamentos militares de civis.” Entretanto, uma amostra da farsa — continua a observadora, destacando que a defesa é frequentemente interrompida em sua fala — é o desrespeito “aos princípios mais básicos para um julgamento justo, sendo o primeiro, sem dúvida, a presunção de inocência.”

O Supremo Tribunal de Justiça marroquino, na decisão de anulamento do julgamento militar de 2013, afirmou haver falta de evidências dos crimes de que são acusados os ativistas saráuis, ressalta Isabel, pelo que “o atual julgamento carece de bases jurídicas”. Além disso, pontua, “estamos perante uma situação indefinida, uma vez que não se sabe se é primeira instância ou segunda instância”, o que coloca em causa a possibilidade de recurso.

Comitê de familiares dos prisioneiros de Gdeim Izik em 2013.
“Em todo o julgamento tem sido difícil entender o que se passa porque o juiz decidiu que tudo isso seria esclarecido no final do processo. Por tanto, estamos num limbo, mas o julgamento avança,” Isabel denuncia, apontando para um sistemático esforço de instigação nacional contra os acusados.

De acordo com Mohamed Zrug, “a maquinaria propagandística e de desinformação oficial estiveram preparando o terreno para as penas mais duras e agitando ânimos de ódio e vingança nas arquibancadas da praça pública. É uma mensagem ao povo saráui e, na atual conjuntura, também contra os protestos legítimos dos rifenhos [bérberes do nordeste] no Marrocos. Quem desafia o império do monarca feudal será executado.”

Isabel Lourenço observa, por exemplo, que a mídia marroquina refere-se aos acusados como “assassinos” e “terroristas”, sem considerar a hipótese de inocência, e conta o caso de uma jornalista demitida de uma emissora por ter se referido ao Saara Ocidental com este nome, ao invés de usar a terminologia ditada pelo Reino marroquino, “províncias do sul”.

Acompanhamento e apoio internacionais

Parlamentares europeus e de outras regiões, representantes diplomáticos e defensores dos direitos humanos têm se esforçado por acompanhar o processo presencialmente, mas denunciam as manobras das autoridades marroquinas para dificultar a observação, incluindo o adiamento das audiências, a falta de informações e a perseguição ou tentativa de intimidação.

Ainda assim, afirma Isabel Lourenço, é “essencial que observadores internacionais participem, pois estes são julgamentos políticos e há que se denunciar a situação e alertar a comunidade internacional,” enquanto Mohamed Zrug considera que “a observação e pressão internacionais são a única forma existente hoje e de que dispõem o povo saráui e os prisioneiros políticos para serem libertados e para que sejam conhecidos o seu drama e a injustiça.”

Isabel conta, por exemplo, que o juiz presidindo o julgamento afirmou abertamente seu menosprezo ao direito internacional, alegando a primazia da sua própria interpretação. Por isso, continua, “também é muito importante a presença de [representantes] das Embaixadas no Marrocos, que é um parceiro e tem proximidade com a União Europeia e tem sido agraciado com milhões de euros para melhorar seu sistema jurídico e os direitos humanos no país.”

“Não existem provas nem qualquer justificativa para a detenção, por sete anos, destes senhores, e muito menos para as torturas a que têm sido sujeitos de forma sistemática” e que a observadora considera não serem conduzidas com o “objetivo de conseguir informações, mas apenas para a humilhação constante.” Isabel elenca ainda denúncias do mau tratamento com as celas superlotadas, a falta de higiene e a violação dos direitos mais básicos.

Os observadores têm emitido relatórios sobre suas atividades “para que a comunidade internacional possa avaliar o que está acontecendo,” diz Isabel. Além disso, “a solidariedade internacional é essencial para a denúncia desta situação e para que se possa dar apoio aos prisioneiros políticos saráuis e aos prisioneiros políticos em geral, que sofrem uma discriminação constante, torturas e tudo o que se pode imaginar”.

“No caso deste grupo de presos a situação é deveras preocupante, a lei não parece estar sendo minimamente respeitada”, continua. “Acreditamos que provavelmente as penas serão tão duras quanto as já estabelecidas [pela Corte Militar], dos 20 anos à prisão perpétua. Este é um julgamento político em que os acusados são julgados por seu posicionamento político e sua atividade pacífica, não-violenta, em prol da autodeterminação do Saara Ocidental. Por isso, é essencial que a comunidade internacional, os movimentos de solidariedade internacional, os sindicatos, os partidos emitam sua opinião e assim pressionem o Marrocos a mudar sua atitude e libertar os presos políticos saráuis.”

Solidariedade na luta pela descolonização

A pendência da descolonização do Saara Ocidental desde a retirada controversa da potência colonial, a Espanha, em 1976, é enfatizada pelos observadores, representantes saráuis e movimentos internacionais como o contexto que permite os abusos por parte da potência ocupante e administradora, o Marrocos.

UJSARIO – Moara Crivelente 2017
Juventude da Frente Polisario em desfile pelo 41º aniversário da RASD, em 27 de fevereiro de 2017. Foto: Moara Crivelente
Por isso a denúncia da espera dos saráuis pela autodeterminação, submetidos a mais de 130 anos de colonização e 42 de ocupação, vítimas da negligência internacional e da cumplicidade de poderosos aliados do reino marroquino, como a União Europeia – em particular, a França – beneficiária de recursos energéticos e naturais roubados do povo saráui pelo Marrocos e a Arábia Saudita, grande financiadora do aparato repressivo marroquino. A resistência saráui, porém, é reforçada.

De acordo com Isabel, “durante o julgamento, as famílias dos prisioneiros, amigos e estudantes saráuis têm se deslocado por mais de 1.200 quilômetros até Rabat para se manifestar diante do tribunal e, assim, demonstrar sua solidariedade a estes ativistas acusados e encarcerados. É, sem dúvida, um esforço enorme, uma vez que, além da distância, exige um esforço econômico, coisa que a maioria não pode dispender, já que vivem num apartheid social, político e econômico e viverem sob condições extramente difíceis nos territórios ocupados.”

Daí o reforço ao apelo pelo apoio internacional. Mohamed Zrug afirma: para “um povo submetido a um regime colonial que optou pelo caminho da resistência pacífica como forma de alcançar seus legítimos direitos à autodeterminação e à independência, a solidariedade internacional vem substituir as armas e os canhões. Deve ter a força suficiente para proteger o povo saráui desses crimes e acompanhar moral e politicamente a sua luta.”

*Moara Crivelente é cientista política, jornalista e diretora de Comunicação do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz (Cebrapaz)

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