La hipocresía y el caradurismo de Uribe Vélez. Ahora dizque preocupado por los derechos humanos

“El opositor partido Centro Democrático (CD), liderado por el expresidente colombiano y actual senador Álvaro Uribe, pidió a la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger a los colombianos deportados de Venezuela.

La colectividad señaló en un comunicado que radicó «solicitud de medidas cautelares ante la CIDH» y añadió que no hay antecedentes en la historia de las relaciones entre los dos países de una crisis humanitaria de tal magnitud.

Igualmente le pidieron que solicite la convocatoria de una sesión especial del consejo permanente de la OEA y que denuncie ante la ONU «las agresiones a los colombianos» (http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/111486/uribe-pide-a-cidh-proteccin-para-colombianos-deportados)

Aunque parezca  increíble,  una lacra como el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, estrechamente vinculado con el  paramilitarismo, el narcotráfico (hay evidencias que demuestran su relación en los años 80 y 90 con el capo Pablo Escobar Gaviria), y  otras formas de delincuencia organizada en el territorio colombiano, sale ahora en defensa de quienes han sido deportados por el Gobierno de Nicolás Maduro en el marco del actual cierre parcial de la frontera colombo-venezolana. Hipócrita y caradura, Uribe Vélez aboga por la intervención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y denuncia los malos tratos a sus paisanos.

Quien fuera la máxima autoridad política de Colombia entre los años 2002 y 2010, sólo ve la paja en el ojo ajeno. Y es que mal puede Álvaro Uribe defender los derechos humanos de los colombianos, considerando que fue responsable intelectual durante sus años de carrera política, incluso antes de ser presidente, del asesinato, desaparición, tortura y desplazamiento forzado de centenares de miles de compatriotas humildes, acciones ejecutadas por las fuerzas armadas regulares, los paramilitares, los sicarios y otras escorias al servicio directo o indirecto del Estado colombiano y de diversas mafias vinculadas con éste, en especial el narcotráfico. Uribe Vélez no fue más que el continuador de la brutal violencia ejercida por sus antecesores en la Casa de Nariño, en perjuicio de los pobres y en claro beneficio del gran capital local y foráneo, legal e ilegal.

No puede ser defensor de los derechos humanos un sujeto implicado como autor intelectual o cómplice en el asesinato premeditado de miles de inocentes, y menos aún si ha estado relacionado con paramilitares, despiadados criminales que no tienen nada que envidiar al Estado Islámico, por ejemplo. Recuérdese, en primer lugar, el caso de los falsos positivos, consistentes en el homicidio de civiles colombianos a manos del ejército, con el falso pretexto de que eran guerrilleros. La llamada Política de Seguridad Democrática emprendida por Uribe Vélez durante su mandato, entre cuyos objetivos estaba la lucha contra los irregulares, resultó una gran estrategia de cara a la necesaria represión de las masas por el Estado burgués en Colombia.

En cuanto al paramilitarismo, los vínculos de Uribe Vélez fueron evidentes por medio de su apoyo a la creación de grupos paramilitares, el nombramiento en cargos importantes de colaboradores estrechos de tales grupos, y su trato especial a cualquiera que aceptara los diálogos de paz. Por un lado, el expresidente colombiano promovió la creación en el departamento de Antioquia de decenas de grupos de seguridad  privada conocidas como CONVIVIR, con el pretexto de combatir a la guerrilla. Grupos que en realidad eran paramilitares, si bien contaron en su origen con el visto bueno del Gobierno nacional; organizaciones involucradas en numerosas violaciones de los derechos humanos, incluidas el asesinato, la tortura y el desplazamiento forzado de campesinos, supuestos colaboradores de la guerrilla. Tal era la brutalidad de las CONVIVIR, que en 1997 la Corte Constitucional limitó severamente su funcionamiento. Por otro lado Álvaro Uribe nombró, durante su ejercicio presidencial, a varios individuos que colaboraban de una u otra forma con diversas bandas paramilitares. Tal fue el caso de Jorge Noguera, director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y posterior cónsul en la ciudad italiana de Milán, y del general Mauricio Santoyo, jefe de seguridad de Uribe Vélez (2002-2006). Y por último es obvia la simpatía del expresidente por los terroristas paramilitares, pues llegó a dialogar con semejantes basuras para exculparlos, seguramente a cambio de que no lo involucraran en los múltiples delitos cometidos por ellos.

Por si fuera poco Uribe Vélez consintió la presencia del ejército estadounidense en siete bases militares, con el pretexto de combatir al narcotráfico y al terrorismo. Pero siendo el mismo expresidente un beneficiario directo de estos flagelos, es evidente que la razón o razones para permitir la injerencia imperialista eran muy diferentes (el alcance del Plan Colombia). Y las tropelías de los soldados norteamericanos contra el pueblo colombiano no tardaron en aparecer, incluidas las violaciones de decenas de niñas (las que fueron denunciadas). Como era de esperarse no hubo ni una sola queja de Uribe Vélez al respecto (al menos no lo hizo en público), posiblemente porque conocía muy bien la forma de proceder de las fuerzas armadas del país norteño en el  mundo entero, y cómo han pisoteado los derechos humanos de millones desde el siglo XIX,  irónicamente en nombre de la democracia y la libertad.

Condena Uribe Vélez las deportaciones realizadas por el Gobierno de Maduro, siendo el exmandatario colombiano un importante  responsable  del desplazamiento de decenas de miles de colombianos a Venezuela, y por tanto de numerosos problemas que este fenómeno ha generado en el país vecino. Ciudadanos obligados a huir de su terruño no sólo por la continua violencia estatal y paraestatal, sino por el alto índice de pobreza, el desempleo, el alto costo de la vida, el despojo progresivo de las tierras a medianos y pequeños productores agropecuarios, y otras situaciones socioeconómicas negativas que diariamente azotan a millones en Colombia, producto de la implementación permanente de políticas procapitalistas. No tiene Álvaro Uribe la valentía de admitir que el Estado colombiano se consolidó hace años como una entidad narcoterrorista, al servicio de una minoría capaz de reprimir brutalmente, amedrentar, perseguir  y cometer los peores crímenes para preservar el statu Quo burgués. Y menos va a admitir el “señor” aquí mencionado, que toda su vida pública ha estado aliado con intereses mafiosos, y que los únicos derechos humanos que ha defendido son los de la clase dominante, conformada en buena parte por una oligarquía en extremo reaccionaria.

Por cierto, no se debe olvidar que el actual presidente de Colombia, fue Ministro de Defensa del Gobierno de Uribe Vélez, y tan responsable como éste de muchos  asesinatos y desapariciones, así como de la  huida masiva de colombianos a Venezuela. De manera que Juan Manuel Santos es otro hipócrita y caradura que denuncia el maltrato de sus compatriotas por parte de las fuerzas armadas venezolanas.

 

 

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