El ‘Caso Penta’ y la representación política de las clases y fracciones de clase dominantes

“La mujer del César no sólo ha de ser casta sino debe parecerlo”.
(Viejo adagio romano)

LAS CLASES SOCIALES Y SU REPRESENTACIÓN POLITICA

En estricta teoría, las clases sociales actúan, al interior del sistema capitalista mundial (SKM) y, particularmente, dentro del Estado, debidamente representadas por sus partidos. Para la existencia de los partidos en una formación social no existe otra razón que hacerlo en representación del interés político de las clases en cuyo nombre actúan o dicen actuar. Así, las organizaciones políticas que sostienen ser ‘de izquierda’ intentan representar el interés de los vendedores de fuerza o capacidad de trabajo (que son los sectores dominados), en tanto quienes sostienen ser ‘de derecha’ lo hacen buscando defender el interés de los compradores de esa mercancía (que son los sectores dominantes). Sin embargo, entre el discurso y la práctica de las organizaciones políticas se abren, a menudo, distancias inconmensurables que hacen diferir a uno de la otra de manera escandalosa: sectores ‘de derecha’ aparecen actuando como si fueran ’de izquierda’ y sectores ‘de izquierda’ aparecen defendiendo los intereses de ‘derecha’. Dicho de otro modo, ‘la derecha’ que debería actuar a favor del empresariado aparece a veces defendiendo el interés de las clases dominadas en tanto ‘la izquierda’ toma bajo su cuidado la administración del interés de las clases dominantes y el cuidado y preservación del Estado.

El juego político que realizan los partidos siempre va a intentar reemplazar a aquel que realizan las clases sociales en el mundo real. Porque la función del actor político no es otra que sustituir al actor social e invadir la escena política de la nación con un reflejo de lo que es la lucha de clases al interior de los sectores dominantes que, en el fondo, es la única lucha de clases que se da en términos estrictos; la lucha de los sectores dominados por alcanzar mejores condiciones de vida se ha reducido, en verdad, a una lucha por la subsistencia, a una lucha cuyo único objetivo es sobrevivir. Por lo mismo, no deja de ser amarga la circunstancia que los sectores dominados enarbolen la bandera de la lucha por la vigencia de los ‘derechos humanos’, que son los derechos mínimos a que puede aspirar un ser vivo para ser considerado miembro de la especie humana. Lo cual explica que, en esa lucha por sobrevivir, estén dispuestos a aceptar cualquier condición que se les imponga. Incluso, a recibir las limosnas que en forma de migajas (bonos) caen de la mesa del Estado (el rico Epulón) a la boca del pobre (Lázaro).

ABORDANDO EL PROBLEMA

En uno de nuestros documentos anteriores sostuvimos que, a partir de la instalación del pacto ‘Nueva Mayoría’ en el mando de la nación, en marzo de 2014, la participación de los actores sociales entraría en receso para dar paso a un proceso dentro del cual aquella sería sustituida por la verborrea inacabable de actores políticos actuando en la escena política de la nación. Nada dijimos acerca de lo que podría suceder acerca de los sectores dominantes a quienes veíamos representados no sin ciertas dificultades por el conglomerado denominado ‘Alianza Por Chile’; suponíamos sí que, en algún momento, pudiese aquel ser sustituido por el pacto ‘Nueva Mayoría’. Para eso, sin embargo, necesitábamos analizar hasta dónde las reformas bacheletistas serían podadas por sus propios mentores en una especie de autoflagelación. O, en el mejor de los casos, esperar a que se produjese un desplome total de la representación natural del sector dominante, lo que parecía un tanto difícil. No imaginábamos lo que sucedería con el llamado ‘caso Penta’.

Los primeros síntomas en torno a suponer que algo grave sucedía comenzaron cuando el empresariado decidió aparecer en la escena política de la nación actuando directamente y no por intermedio de quienes debían hacerlo en representación suya. A veces, asumía esa labor el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción; otras, el propio presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio CPC y, en no pocas oportunidades, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril SOFOFA. Incluso, hasta se podía advertir una dicotomía entre la actuación directa de la clase empresarial y su representación política natural pues las expresiones y declaraciones de unos no coincidían con las del otro. En política, cuando la representación se ejerce normalmente y en propiedad, las clases y fracciones de clase así representadas se mantienen en silencio y se subordinan a las maniobras que realizan en la escena política quienes actúan en su representación. Sólo cuando aquella se pone en entredicho, cuando existen dudas acerca de si esa representación debe o no ser asumida por determinados partidos, las clases y fracciones de clase comienzan a actuar por sí mismas y, en muchos casos, no vacilan en desconocer la pretendida representación que algunas organizaciones, en nombre suyo, buscan ejercer. Este no es un problema que afecte solamente a las clases dominantes; también sucede por igual en el sector dominado, fenómeno que se manifiesta específicamente al emerger la protesta social. Cuando las huelgas de trabajadores se desencadenan, cuando las protestas se hacen sentir en varias regiones del país, en esas manifestaciones está implícito el cuestionamiento a la representación que las organizaciones políticas ‘de izquierda’ pretenden ejercer en nombre de esos sectores en conflicto.

Las organizaciones patronales pueden, en consecuencia, poner en duda la actuación de su representación natural; en ese caso, para los sectores dominantes se hace necesario que lo hagan directamente sus líderes sociales o corporativos; sin embargo, también pueden aceptar que, en reemplazo de su representación natural lo haga la representación política de las clases dominadas que por esa simple circunstancia pasa a transformarse en ‘representación espuria’ del sector empresarial.

LOS EMPRESARIOS DENUNCIAN A SU REPRESENTACION

El momento en que la opinión pública pudo enterarse de los graves conflictos que enfrentaban las clases y fracciones de clase dominantes con su representación política natural fue con ocasión a una entrevista que se le hiciera en el programa ‘Estado Nacional’ a fines de septiembre pasado al empresario Andrés Santa Cruz, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio CPC. En un momento en que se discutía el rol del dinero en el financiamiento de las campañas políticas, el líder empresarial exclamó:

“¡[…] hay un desfile de políticos por las empresas para que les donen dinero!”[1]

En el momento que expresó Santa Cruz esas palabras, no fueron ellas entendidas en su real dimensión pues, en esa misma oportunidad, inteligentemente, el jefe de los empresarios chilenos denunció, igualmente, el ‘nepotismo’, el sectarismo, el amiguismo y la adscripción a cargos estatales bien remunerados, rasgos que identificaban el proceder de la militancia del pacto ‘Nueva Mayoría’.

«Cuando intentan demonizar el lucro, que es la legítima ganancia, y eso se asocia con el sector privado, pero nada dice cuando ellos lucran, nada dice cuando tienen gente apitutados, familiares en organismos del Estado, ahi, lucrando indebidamente, nada dicen. Cuando eso dicen, sin ninguna duda que la confianza del sector privado se deteriora»[2].

No era, sin embargo, aquella una denuncia en el estricto sentido de la palabra, sino una forma de manifestar los vicios que ‘Nueva Mayoría’ debía erradicar de su práctica política para hacerse acreedora a representar espuriamente al empresariado, como lo veremos más adelante; la verdadera denuncia estaba dirigida contra su propia representación política natural. Esto quedó de manifiesto real y explícitamente cuando, en diciembre del año pasado, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio Andrés Santa Cruz, en una entrevista que concediera a la revista ‘Qué Pasa?’, y ante la pregunta que le formulara el periodista de por qué no militaba en algún partido ‘de derecha’, dio como respuesta la siguiente:

“En los partidos hay tanta lucha interna, tanta deslealtad, tanta maquinaria. Yo no estoy dispuesto a pegarle un codazo a nadie. Las formas que tiene la política no van con mi personalidad. No tengo estómago para eso. El poco rato que estuve en RN, fue para ningún minuto más, pero para ningún minuto más. Tanta chuecura. Cuando se quebró RN me pidieron que me fuera a la UDI, pero no concordé con lo que ocurrió y me bajé.

-¿Esos partidos no lo representan?

-No, para nada.

-¿En qué fallan?

-Si bien concuerdo con algunas cosas de ellos, no concuerdo con todas, no me representan sus estilos”[3].

Y, ante la pregunta de si los políticos ‘de derecha’, frente a las reformas que impulsaba el gobierno de ‘Nueva Mayoría’, lo representaban en la manera de enfrentar ese tema, repuso, con sorna:

“¿Existen? Eso es lo que te puedo responder. No los veo como un actor relevante en términos de opinión pública con propuestas”[4].

Tan despectivas palabras dirigidas en contra de su representación política natural en boca del máximo personero de las clases y fracciones de clase dominantes de la nación no podían ser tomadas a la ligera pues constituían la expresión más genuina del grupo social dominante en torno a lo que para éste devino la coalición ‘Alianza Por Chile’. En otras palabras, con tales expresiones las clases y fracciones de clase dominantes materializaban su más íntimo sentir acerca de lo que verdaderamente pensaban y piensan acerca de quienes alegan ser su representación política natural.

Porque no puede ponerse en duda que el escándalo del caso ‘Penta’ era absolutamente conocido para el sector dominante de la sociedad. De hecho, uno de los dueños del grupo económico es todavía, a pesar del escándalo, director de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, institución de la cual deberá salir en breve.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL ‘CASO PENTA’

Las disposiciones normativas vigentes indican que las empresas sólo pueden hacer aportes a las campañas electorales hasta por un 1% de sus utilidades obteniendo por ello exenciones tributarias. Una investigación del Servicio de Impuestos Internos permitió descubrir que el consorcio ‘Penta’, uno de los tantos grupos económicos del país, había excedido los límites de los aportes electorales por lo cual solicitaba a la Fiscalía Nacional tomar en sus manos el caso y averiguar qué había sucedido. La investigación realizada por la Fiscalía permitió descubrir gran cantidad de boletas y facturas giradas por varias personalidades (principalmente parlamentarios de la UDI) para justificar la salida de dineros a sus campañas. Los servicios a los que se referían las boletas jamás habían sido prestados, por lo que se configuraba inequívocamente un intento de defraudar al Fisco con el objetivo de financiar ilícitamente determinadas campañas electorales, simular prestaciones a fin de aprovechar exenciones tributarias, lavar dinero, sobornar a funcionarios de Gobierno, entorpecer las investigaciones e incurrir en otros delitos de igual gravedad.

El consorcio ‘Penta’ se encuentra dirigido por Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano y es dueño de Banmédica (ex Servicio Médico de la Caja Bancaria de Pensiones, expropiada por la dictadura a los trabajadores bancarios), Penta Seguros de Vida, Banco Penta y Penta-Security Seguros generales.

NOCIONES TEÓRICAS ACERCA DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Como ya lo hemos señalado, dentro del sistema capitalista las clases sociales rara vez actúan directamente sino lo hacen a través de su representación que está entregada a los llamados ‘actores políticos’ (partidos, parlamentarios, personeros de gobierno y, en general, autoridades). Así, tanto la llamada ‘izquierda’ como la denominada ‘derecha’ actúan en una ‘escena política’ nacional por intermedio de representantes políticos que, según las circunstancias, pueden adoptar el carácter de ‘naturales’ o ‘espurios’. Es ‘natural’ aquella representación en la cual el ‘actor’ emana de la clase o fracción de clase a cuyo nombre va a actuar; ‘espuria’, por el contrario, es aquella asumida por representantes de la clase o fracción de clase antagónica a aquella cuyos intereses se va a defender. Esta última, generalmente, se asume en la ‘práctica’ política.

No es poco frecuente que la representación política ‘natural’ de una clase o fracción de clase sea asumida por personas cuya extracción social poco o nada tenga que ver con la labor que van a desempeñar. Es más: en la representación ‘natural’ de las clases dominadas la regla general es que sus representantes no provengan del sector que van a defender sino pertenezcan a un sector bastante voluble de las llamadas ‘capas medias’ cuyas ideas están permanentemente oscilando en torno a la defensa de uno u otro sector. Basta conocer solamente el área territorial que elige el actor de marras para establecer su domicilio y la forma de vida que adopta para descubrir la marcada diferencia entre su discurso y práctica política.

Que esa circunstancia suceda al interior de los partidos ‘de izquierda’ no debe sorprender; tampoco es noticia que cause mayor inquietud pues las prácticas políticas de ese sector y sus tendencias a la toma de control del llamado ‘aparato estatal’, al nepotismo, al amiguismo, al sectarismo y otra serie de ismos son de sobra conocidas. Pero esto sí que tiene un alcance distinto cuando se trata de la representación política de los sectores dominantes.

En efecto, si bien es cierto que pocas veces asumen la representación política de los sectores dominantes empresarios o dueños de grandes consorcios, no es menos cierto que cuando ello no sucede dicha representación se entrega a familiares o personas vinculados a aquellos por lazos de estrecha dependencia. Sin embargo, sucede que, a menudo, otras personas asumen dicha representación. En este caso, no proceden del interior de esos sectores sino son empleados de confianza, profesionales con grandes ambiciones o, simplemente, personas con grandes dosis de autoritarismo, fuertemente ideologizadas, ideales para la misión que se les va a encomendar. Se trata, en este caso, de personas que no poseen extracción de clase o fracción de clase dominante sino son elementos extraños, no naturales, advenedizos, pero que pueden ser eficaces para el fin propuesto.

EL AYER Y HOY DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA NATURAL DE LAS CLASES Y FRACCIONES DE CLASE DOMINANTES

Y llegamos aquí a un ´punto crucial’, porque la historia de la representación política natural de las clases dominantes en el Chile de hoy no es la historia tradicional de aquella. La vieja dirigencia ‘derechista’ (Sergio Onofre Jarpa, Francisco Bulnes, Víctor García, etc.) desapareció al momento de producirse el golpe militar en 1973. No es extraño que así sucediese. En los golpes militares dicha representación no es necesaria, está de más y basta, solamente, que se inhiba de seguir actuando en la vida pública y se reconozca reemplazada por la dictadura que se asienta. Y eso sucedió en 1973: la representación política natural de las clases y fracciones de clase dominantes no sólo reconoció estar representada en la dictadura militar sino se incorporó a las labores propias de administrar el Estado junto a quienes serían su reemplazo natural (Pablo Barahona, Jaime Guzmán, Felipe Lamarca, Hermógenes Pérez de Arce, Álvaro Bardón) en tanto la tarea de organizar aquella que debía operar una vez restablecida que fuese la democracia comenzó a realizarla la propia dictadura. Y para ese propósito, nada era mejor que recurrir a una juventud hambrienta de símbolos y glorias militares.

El instituto militar, sin embargo, no es clase alta; tampoco una fracción de ésta. Aunque algunos de sus miembros lo sean. El arma es el factor de unidad del Estado nación. Un militar actúa como militar, que es un ser esencialmente práctico. No tiene por qué manifestar extremo cuidado en extraer de los sectores dominantes a quienes han de representar los intereses de los mismos; lo importante es que desempeñen la misión encomendada. Y ahí comienzan las dificultades. Porque para desempeñar las labores de representar políticamente a los sectores altos se requiere estar a la altura de éstos; en otras palabras, disponer de recursos a menudo difíciles de obtener para personajes de los sectores medios que buscaron representar a sectores más altos que ellos. Se necesita dinero, mucho dinero pues así lo determinan las reglas del mercado cuyo imperio fue establecido precisamente por los sectores altos. Cuando no se tiene ese dinero, hay que proveerse de aquel. Y cuando no se tiene extracción de clase o fracción de clase dominante, es decir, no se pertenece al mundo empresarial sino se es un advenedizo, hay que mendigar. O, como eufemísticamente lo denuncia Andrés Santa Cruz, hay que hacer filas tras los empresarios para obtener dinero.

Sostenemos nosotros aquí que quienes están encargados de representar hoy en día políticamente a los sectores de las clases y fracciones de clase dominantes no provienen de esos mismos estamentos. Por el contrario: son dependientes (empleados) de ciertos empresarios, hijos de funcionarios estatales de rentas elevadas o profesionales que han obtenido empleos en las empresas de determinados grupos empresariales a los que le deben su bienestar y el de sus familias. La historia de todos y cada uno de los personajes que representan hoy políticamente a la ‘derecha’ es elocuente al respecto: Sergio Fernández Fernández, ex ministro del Interior de Pinochet y co fundador de la UDI es hijo de un inmigrante español que llegó a Chile a bordo del ‘Winnipeg’, estudió derecho en una de las universidades santiaguinas ingresando a las filas del partido Socialista. Luego de su desempeño como abogado a la Caja Bancaria de Pensiones, donde trabó amistad con otro abogado pro socialista que era Vasco Costa (tampoco clase alta), también ministro de la dictadura, pasó a ocupar un cargo en ODEPLAN. No son de extracción alta, igualmente, Laurence Golborne que servía como empleado de Horst Paulmann, Pablo Longueira ni su lugarteniente Luis Cordero; este último, por el contrario, es de origen extremadamente humilde. Tampoco Jovino Novoa que se desempeñara como funcionario de la Dirección de Comunicaciones del Estado bajo la dictadura pinochetista, estrechamente vinculado a un caso de pedofilia y soborno de un testigo judicial; ni Hernán Bücchi, hijo de inmigrantes suizos, que se relacionara con el MIR en sus años de estudiante. Lo mismo puede decirse de otras personalidades de la UDI. Esta circunstancia que, como hemos dicho, no es grave, puede llegar a serlo cuando no se tiene poder suficiente para poder ejercer la representación política que se ha encomendado. En ese caso, dicha representación se hace ilusoria.

CARÁCTER SOCIAL DE LA REPRESENTACIÓN POLITICA NATURAL DE LAS CLASES DOMINANTES

El derrumbe de un grupo social que representa o busca representar a otro, la crisis de una institución de esa naturaleza no se hace presente simplemente por la falta de recursos (dinero). Los factores psicológicos tienen, también una enorme gravitación en esos casos. Porque el carácter tanto individual como social de quienes componen el grupo puede contribuir a desencadenar una crisis que estaba presente aunque en estado larvado. Un carácter predador puede hacer creer a quien lo posee que solamente a él le están permitidas ciertas libertades; entonces, su simple actuar puede contraponerlo a su propio entorno. No suele suceder de manera diferente con otro tipo de caracteres. Y más, aún, cuando hay un carácter social que los une en esa práctica depredadora.

La representación política natural de las clases dominantes no sólo posee carácter predador sino, además, está conformada mayoritariamente por personas que profesan una de las religiones hebraicas, que es el cristianismo; más específicamente, dentro de éste, el catolicismo. Sin embargo, entiéndase bien, interpretan esa religión sobre la base de la tradición judaica adoptando la estructura de clases que, de acuerdo a dicha tradición, existiría en el cielo, para reproducir dicha jerarquía en la tierra y defender la obediencia ciega a un Dios omnipotente, Señor de todas las cosas y de los seres vivos, y misericordioso. El cristianismo en su más extrema versión judaica ha agregado nuevos rasgos a esa representación: la práctica de la compraventa y la mercantilización de la vida social[5].

Por su parte, la nueva forma de acumular (modelo económico) ha terminado por moldear el carácter social de la representación política natural de las clases y fracciones de clase dominantes agregándole otros rasgos como lo son el individualismo, la competencia y el uso de los recursos estatales para el desarrollo de la empresa privada.

Cuando todos esos rasgos confluyen en un grupo social que debe cumplir determinada función política para lo cual disponen de los recursos requeridos, no hay mayor problema; pero si dicho grupo se ve constantemente obligado a recurrir a otras instancias para financiarse, la ocasión para realizar actividades extra legales e, incluso, ilegales se hace presente pues estamos en presencia de sujetos predadores carentes de escrúpulos y preparados para actuar del modo más abyecto. En el caso de la dirigencia (y militancia de la UDI), algunos de estos principios forman parte de su acervo doctrinario. Queremos decir con ello que tales principios se imparten como forma de actuar en la vida política de la nación. Así, por ejemplo, en un documento elaborado por la Fundación Jaime Guzmán, intitulado ‘Los once principios de la comunicación política’, dado a conocer por el diputado Giorgio Jackson hace un tiempo atrás[6], bajo el pomposo nombre de ‘principio de transposición’, puede leerse el siguiente párrafo con recomendaciones para la contienda política:

“Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”.

RAZONES POR LAS QUÉ PUDO EL EMPRESARIADO PERDER LA CONFIANZA EN SU REPRESENTACIÓN POLÍTICA NATURAL

Nos encontramos, así, que el empresariado perdió su confianza en los sectores que podrían representarlo naturalmente en la escena política de la nación. Sin embargo, eso no ocurrió por los actos indecorosos cometidos por el grupo de antisociales que dirige la UDI. Al empresariado poco o nada le importa que un grupo social engañe a otro, le robe o estafe y maquine de la manera que sea cómo apropiarse de lo ajeno; lo que le importa, sí, es que lo haga bien, en forma profesional y no como simple aprendiz. No por algo empleó todo el aparataje jurídico político dictatorial para apropiarse de los fondos de pensiones de todos los trabajadores del país. Con el arma de la juridicidad entregó a la voracidad privada el dominio de las empresas estatales. Por vías más o menos similares, y en virtud de numerosos actos jurídicos, coinvirtió los derechos básicos de la salud, vivienda y educación en actividades rentables que sólo irían a ejercer ciertos empresarios particulares. Se mostraron, en suma, como verdaderos maestros en la expoliación, tarea que no ha podido realizar la UDI.

En resumen, el pecado de la dirigencia de esa organización no ha sido emitir facturas falsas para encubrir donaciones irregulares de dineros con fines electorales, defraudar al Fisco a través de incorporar dichas facturas a las declaraciones de renta para obtener devolución de impuestos, simular, engañar y realizar actividades tendientes a justificar tales acciones. El pecado es que lo hizo de modo erróneo, mostrando una falta de profesionalismo tal que asombra y desconcierta a sus propios mentores. Y es que las clases y fracciones de clase dominantes jamás perdonan el momento en que un grupo de pícaros y truhanes desafía al conjunto de disposiciones establecidas por aquellas para la realización de sus negocios y trasgrede dichas normas a pretexto de proteger los intereses del sector que dice representar. Eso no constituye solamente la violación de las normas del juego comercial, acto de por sí inadmisible, sino representa la peor de las torpezas que puede cometer quien se arroga el derecho de representar al empresariado. Porque atropella las normas que rigen la conducta de sus representados. Y porque quiere decir, simplemente, que no entiende lo que éste verdaderamente es. Y es ahí donde radica el pecado de la UDI.

Así, pues, el ‘caso Penta’ ha tenido la virtud de poner de manifiesto la profunda contradicción que existe entre el empresariado y su representación política natural, constituida por sujetos advenedizos que poco o nada entienden las normas morales que emanan del entramado social, y parecen estar convencidos que solamente basta la verdad jurídica para absolverlos de toda culpa.

EL FUTURO DE LA UDI

Bajo la torpe dirección de Ernesto Silva, no parece posible que la UDI pueda recuperar la perdida confianza que el empresariado puso en ella; tampoco con otra directiva en tanto sigan actuando en la escena política de la nación aquellos que participaron en el escándalo del ‘caso Penta’. Porque todos ellos adolecen de lo que se ha dado en denominar ‘responsabilidad politica’, es decir la convicción que asiste a una persona o grupo social acerca de la necesidad de brindar confianza a la ciudadanía en sus instituciones políticas. Menos aún si sigue impulsando la ‘teoría del empate’ como forma de justificar sus tropelías. Dicha actitud contribuye solamente a ahondar la profunda desconfianza que el electorado tiene en el sistema político chileno y, por ende, en los fundamentos institucionales que sostienen al sistema y permiten al empresariado hacer sus negocios. Las actitudes de la UDI, en ese sentido, continúan oponiéndose al interés de las clases y fracciones de clase dominantes y, en tales condiciones, es muy difícil que éstas vuelvan a depositar su confianza en ella. Por el contrario, tal comportamiento la separa más aún de quienes buscaba representar.

Pero ello no quiere decir, en modo alguno, que los sectores dominantes vayan a quedar sin representación política; la UDI puede reorganizarse bajo otras condiciones y, además, existen otros partidos (como Renovación Nacional RN, Amplitud y Evópoli) que pueden canalizar fácilmente hacia ellos las fuerzas que apoyaron a la UDI. Incluso, todos ellos pueden dar origen a una fuerza política nueva, tal cual lo ha propuesto recientemente Andrés Allamand[7]. Y queda, aún, otro recurso cual es el hecho que también una clase o fracción de clase puede actuar por sí misma. Así lo hemos visto desde septiembre pasado cuando advertimos que el empresariado actuaba directamente y discutía con el Gobierno sus puntos de vista, soslayando hacerlo por intermedio de su representación política natural. De manera que, si bien parece aquella haber quedado traspapelada en el desván de la historia, también las clases y fracciones de clase dominantes pueden hacerlo directamente por sí a través de sus representantes sociales. Sin embargo, no lo olvidemos que, además de los recursos ya mencionados, los sectores dominantes pueden hacerlo a través de una representación política ‘espuria’, es decir, por intermedio de quienes, alegando representar el interés de las clases dominadas, realizan, en la práctica, el interés de las clases dominantes, como hasta ahora lo ha venido haciendo el pacto ‘Nueva Mayoría’. Por eso, no debe sorprender que el propio presidente de la CPC Andrés Santa Cruz haya expresado sobre el Gobierno, lo siguiente:

“Yo veo que hay una buena disposición y yo confío principalmente en la Presidenta de la República, donde estoy convencido de que ella quiere lo mejor para Chile. Puedo tener discrepancias respecto de los instrumentos de política para llevar a cabo las transformaciones que Chile requiere, todos queremos un país con menor desigualdad, todos queremos un país con menor pobreza, todos queremos un país con más educación y de calidad, todos queremos enfrentar el problema de salud. Donde están las diferencias es en los instrumentos, pero esas diferencias se conversan, se analizan, se ponen los antecedentes técnicos”.

“Yo veo ahora que hay una disposición favorable del gobierno y una disposición favorable también de nosotros. Yo creo que faltan más caminos de encuentros y juntar más a la gente que entiende en cada materia, para buscar cuáles son las mejores políticas públicas para que afrontemos los desafíos de Chile”.

No parecen tales palabras sino un principio de aceptación a toda eventual representación ‘espuria’ que quiera realizar ‘Nueva Mayoría’ en su ‘práctica’ política al servicio de las clases y fracciones de clase dominantes.

¿PONDRÁ FIN A LAS INDECOROSAS PRÁCTICAS QUE REVELARA EL ‘CASO PENTA’ UNA NUEVA LEY DE FINANCIAMIENTO ELECTORAL?

Por lo mismo, no nos parece que la solución a esas prácticas esté en la dictación de una ley de financiamiento electoral en virtud de la cual se prohíba a las empresas entregar aportes reservados a los candidatos substituyéndose dicha ayuda por aportes personales que sean conocidos de todos y por todos.

Si bien la idea generalizada en el mundo político es hacer creer a la comunidad que todo ello se realizaría en aras de una mayor ‘transparencia’, nos parece que en nombre de esa manida ‘transparencia’ se pretende institucionalizar un soborno legalizado en donde sería público conocer el nombre de quien soborna como asimismo el del sujeto sobornado, sin que sea posible entablar acciones judiciales en contra de ambos.

Lo grave de esa proposición es que, además de lo indicado, pone de manifiesto el profundo nexo que existe entre quienes impulsan esa idea y el empresariado. Porque Andrés Santa Cruz había expresado, antes, al respecto:

“Yo creo que los que tienen que aportar a la política, pero también en forma reservada, porque en este país se arman al tiro interpretaciones, son las personas particulares, y por qué no soy partidario de que las empresas donen, es porque hay muchos accionistas y muchos dueños, y en un tema tan sensible”,

Entonces yo digo que hagamos un primer paso, saquemos a las empresas y dejemos a los privados, que yo con mis lucas hago lo que estimo conveniente. Ahora, el financiamiento público lo encuentro fundamental, que es una postura personal que la he manifestado públicamente, no estoy diciendo que sea una postura general, estoy diciendo que es mi postura personal. Creo que hay que ver a futuro, pero hoy día, para serte bien honrado, cuando te vean a ti, o a ti a quién le pusiste, mañana se van a hacer un picnic contigo porque le diste a tal y a cual, y eso va a inhibir todos los aportes. Esa es la verdad. Y el resto es música.

No cabe la menor duda que esa es la línea que va a seguir el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso hace algunas semanas atrás. No por algo elude referirse a la reformulación del SERVEL y omite las sanciones en contra de los parlamentarios que no respeten las normas. Así va a ser aprobado dicho proyecto. Las clases y fracciones de clase dominantes tienen, pues, quien pueda representar hoy real y efectivamente sus intereses. Aunque lo hagan espuriamente.

Santiago. Enero de 2015

Notas:

[1] Weissmann, Iván: “Andrés Santa Cruz y clima de crispación: “Veo ahora una disposición favorable del gobierno y también de nosotros”, ‘El Mostrador’, 15 de diciembre de 2014.

[2] Cádiz, P.: “Presidente de la CPC arremete contra la Nueva Mayoría y los acusa de tener ‘apitutados’ en el Gobierno”, ‘La Tercera’, 10 de octubre de 2014, versión digital.

[3] Segura, Marcelo: “Los vuelcos políticos de Andrés Santa Cruz”, Revista ‘Qué Pasa?’, 04 de diciembre de 2014, versión digital.

[4] Segura, Marcelo: Id. (3).

[5] Sobre el particular, recomendamos la obra de Max Weber ‘La ética protestante y el espíritu del capitalismo’.

[6] Torres Baeza, Aldo: “El (o )caso UDI”, ‘El Mostrador’, 10 de enero de 2015.

[7] Redacción: “Allamand llama a la unidad de la derecha en un solo partido político y pide terminar con la cohabitación con los negocios”, ‘El Mostrador’, 18 de enero de 2015.

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