Si bien la idea generalizada en el mundo político es hacer creer a la comunidad que [con la Nueva ley de Financiamiento Electoral] todo ello se realizaría en aras de una mayor ‘transparencia’, nos parece que en nombre de esa manida ‘transparencia’ se pretende institucionalizar un soborno legalizado en donde sería público conocer el nombre de quien soborna como asimismo el del sujeto sobornado, sin que sea posible entablar acciones judiciales en contra de ambos.