A más de año y medio del estallido social que permitió este hito histórico, es impresentable que continúen en prisión preventiva y/o arresto domiciliario centenares de luchadoras y luchadores sociales, quienes son castigados por el Gobierno de Piñera con esta medida ejemplificadora y selectiva, que busca amedrentar a quienes ejercen el legítimo derecho a la manifestación para exigir derechos humanos fundamentales para todas y todos.