Unos pondrán la lucha electoral como tarea inmediata; otros se concentrarán en la recomposición popular paralela a las reglas del modelo dominante.
De todas maneras, los proyectos liberadores, sus tácticas y estrategias, históricamente se juegan en caliente y de acuerdo a un conjunto de variables asociadas a la sintonía popular de los distintos empeños, la política más justa para el período, la construcción de liderazgos en comunión con el pueblo profundo. Lo cierto, es que sin pueblo organizado y en lucha, ningún proyecto que aspire a la hegemonía de los intereses de las grandes mayorías expoliadas, cuenta con posibilidades de victoria.

Es impresentable que el gobierno, uno de cuyos deberes es garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos (“la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, dice la Constitución), tolere que en el país se dicte justicia con dos varas distintas, una apegada al espíritu de la ley y otra, la que representa el juez Pfeiffer, preocupada dejar impunes los crímenes cometidos por los militares y otros criminales civiles que defiende. Ciertamente incurre el gobierno en lo que llamamos abandono de deberes, pues deja en la indefensión a ciudadanos que debiesen en realidad contar con su protección. Es lo que comúnmente se llama denegación de justicia.

“Alquilo mi vientre. Por necesidad". Así dice el cartel que está pegado en las paredes que rodean la monumental Terminal de ómnibus construida por el grupo Benito Roggio.
Ella tiene treinta y dos años y un nene de cuatro. No tiene trabajo y sobrevive en una pensión en la ex ciudad obrera.
Cambia su vientre por una casa. No quiere prostituirse, dice y repite que “la miseria y la necesidad” la llevaron a tomar esta decisión.

Incuestionablemente, el 15 de agosto de 2008 quedará marcado en la historia política de nuestro país. Después de 61 años, el Partido Colorado pierde el control directo del Poder Ejecutivo y éste no es un elemento menor.
¿Quiénes integrarán el gobierno Lugo?
La integración del cuerpo de ministros y demás nombramientos realizados por Lugo en estos meses marcan con mucha precisión el carácter de clase del nuevo gobierno. El gabinete estará compuesto, en su mayoría,  por fieles exponentes del neoliberalismo, donde el PLRA tiene un peso decisivo.

En la actualidad, aquel grito contestatario de los jóvenes de la Pontificia Universidad Católica, “El Mercurio miente”, se ha perdido como una lejana cita de los años sesenta. “El Mercurio” ya no necesita mentir, ya no se requiere utilizar las armas del lenguaje tendencioso al servicio de los poderosos. Pasaron los tiempos en que sus páginas conjuraban la conspiración para derribar gobiernos y ni siquiera requiere de un hipócrita recato republicano para revestir de legalidad a una deleznable dictadura. Como portavoz del capitalismo criollo y globalizado, “El Mercurio” de hoy ordena y prescribe un orden social y cultural; autoriza y sanciona la circulación del poder político y simbólico en Chile, configurando un imaginario conservador.

La ministra de Educación no la ha tenido fácil. Las últimas encuestas la ubican como una de las peor evaluadas del gabinete y luego de las declaraciones de Bachelet sobre la destitución de la estudiante María Música, tuvo que salir a explicar sus dichos anteriores, donde valoró la expulsión de la alumna. Pero es un correo que ha circulado por todo el Congreso (María Música y el H2O), por los partidos y en muchas páginas web, la que la obligó a dar explicaciones de su pasado frente a algunos parlamentarios de la Concertación.

En una de las tantas marchas Javiera declaró: “somos hijas e hijos de trabajadores y queremos llevar adelante una lucha social, más que una lucha gremial. Porque la Derecha ha querido imponer una lucha parcial, y no es así, las temporeras, los obreros, las pobladoras, los estudiantes, todos tienen que ver con esta lucha porque ya entendimos que este sistema está en crisis y hay que cambiarlo de raíz”.

El caso del nombramiento, por parte de la directiva del Partido Socialista, para reemplazar al fallecido diputado, Juan Bustos, en el distrito de Quilpue-Villa Alemana,  que recayó en el secretario general del Partido, Marcelo Schilling, no puede ser más burocrático y autoritario. La directiva, presidida por Camilo Escalona no consultó, ni siquiera, a los militantes socialistas del distrito, lo que constituye un nombramiento por voluntad regia. El caso Schilling es la expresión más cínica del autoritarismo partidario.