Autor: Redacción piensaChile

Los principales agentes del Estado, al igual que las autoridades regionales y locales de la Araucanía, los partidos políticos representados en el Parlamento, las organizaciones empresariales y la mayoría de los medios de comunicación social han patrocinado o avalado esta ofensiva represiva contra las comunidades mapuches, guardando un silencio cómplice o deformando groseramente lo que está ocurriendo.
Esta situación requiere un drástico cambio de política del Estado de Chile, que debe asumir un reconocimiento pleno de la diversidad de pueblos originarios existente en nuestro país.
Nuevos adherentes a la Declaración (domingo 13.01.2008, a las 23:58 hrs.)

Los parlamentarios que suscribimos la presente declaración, expresamos nuestra decisión de renunciar al Partido Demócrata Cristiano. Lo hacemos por consecuencia con los principios y valores que sustentamos desde niños, inculcados por nuestros padres, abuelos, defendidos por nuestras familias, aprendidos en nuestra vida y por lealtad a todas y todos los que todavía tienen la esperanza de vivir en un país más justo, con  igualdad de oportunidades y donde el respeto a la dignidad de la clase media y de  los más pobres sean realmente los ejes prioritarios  de las políticas públicas.

Creemos que su Gobierno, aún está en condiciones de efectuar cambios y promover una política activa de reconocimiento y diálogo, y puede hacerlo por la vía de responder a los requerimientos que le han planteado los Organismos Internacionales de los cuales el Estado forma parte.  En particular las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que imponen al Estado de Chile el plazo de un año para atender a la demanda de tierras indígenas.

Los voceros de gobierno muestran un doble patrón de medida: llaman a la calma, ante el asesinato y la pérdida de una vida mapuche, mostrando poco interés por buscar los culpables, pero ante unos dudosos panfletos y dos disparos efectuados contra el vehículo de un gerente, en una calle de Santiago, amenazan con aplicar todo  el peso de la ley.
Las que han usado violencia, amenazas, corrupción, soborno y prepotencia, han sido las tres empresas multinacionales ENDESA ESPAÑA, la empresa noruega S.N. POWER y la hidroeléctrica COLBÚN, ligada al grupo Matte y Angelini.