Autor: Redacción piensaChile

La ministra de Educación no la ha tenido fácil. Las últimas encuestas la ubican como una de las peor evaluadas del gabinete y luego de las declaraciones de Bachelet sobre la destitución de la estudiante María Música, tuvo que salir a explicar sus dichos anteriores, donde valoró la expulsión de la alumna. Pero es un correo que ha circulado por todo el Congreso (María Música y el H2O), por los partidos y en muchas páginas web, la que la obligó a dar explicaciones de su pasado frente a algunos parlamentarios de la Concertación.

En una de las tantas marchas Javiera declaró: “somos hijas e hijos de trabajadores y queremos llevar adelante una lucha social, más que una lucha gremial. Porque la Derecha ha querido imponer una lucha parcial, y no es así, las temporeras, los obreros, las pobladoras, los estudiantes, todos tienen que ver con esta lucha porque ya entendimos que este sistema está en crisis y hay que cambiarlo de raíz”.

El caso del nombramiento, por parte de la directiva del Partido Socialista, para reemplazar al fallecido diputado, Juan Bustos, en el distrito de Quilpue-Villa Alemana,  que recayó en el secretario general del Partido, Marcelo Schilling, no puede ser más burocrático y autoritario. La directiva, presidida por Camilo Escalona no consultó, ni siquiera, a los militantes socialistas del distrito, lo que constituye un nombramiento por voluntad regia. El caso Schilling es la expresión más cínica del autoritarismo partidario.

Tras la detención en España del ex fiscal militar Alfonso Podlech Michaud, sabidamente responsable de numerosos secuestros y asesinatos y buscado en Italia por el homicidio de un ciudadano italiano en 1973, pareciera que finalmente se han dado cuenta de que eludir la justicia internacional es derechamente imposible. Ahora han llamado, a través de un editorial, a legislar sobre derechos humanos en relación con el debate sobre la eventual ratificación de la Corte Penal Internacional (CPI).

La semana pasada, con mucha fanfarria, el gobierno de Chile anunció medidas para reducir gastos. El argumento fue que como muchos chilenos tenían que apretarse el cinturón, también lo harían las autoridades. Todo muy bien, excepto que hay una pequeña diferencia. Efectivamente la mayor parte de los chilenos encuentra difícil llegar a fin de mes, con la inflación en torno al 10%, pero Hacienda no tiene ese problema. En realidad, la austeridad en el gasto fiscal es tan relevante como regalarles condones a los eunucos del harem.
De todos modos no es un programa tan, tan austero. El uso de teléfonos celulares y el consumo de electricidad y de agua deben ser reducidos en los círculos oficiales (presumiblemente ya no tirarán la cadena después de cada “cagada”).

Los políticos  no han hecho suyo el  altísimo costo del crédito que pagan los  consumidores, lo que se refleja en el hecho que 2.600.000 chilenos son morosos. Esto representa el 40% de la población activa del país.
Pero el chileno en las encuestas no menciona los problemas de endeudamiento. Este fenómeno de opinión pública es similar a lo sucedido con los alemanes encuestados después de la segunda guerra mundial, donde la mayoría manifestó desconocer las atrocidades cometidas por los nazis en los campos de concentración.