Chile. Solidaridad con resistencia mapuche protagoniza febrero, mientras Boric busca militarizar el país

Desde el primero de febrero, las y los familiares, amigos y personas solidarias con las causas de la huelga de hambre que llevan adelante hace 80 días los prisioneros políticos mapuche, PPM, cautivos en el penal de Biobío y pertenecientes a la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, viajaron desde las comunidades del Wallmapu a Santiago para entregar una carta dirigida al Ministerio de Justicia y al gobierno chileno y manifestarse en las afueras de las dependencias de esa cartera que se encuentran a una cuantas calles de La Moneda.

La misiva firmada por cientos de adherentes exige

«la nulidad del juicio en contra de Ernesto Llaitul Pezoa, Ricardo Delgado Reinao, Nicolás Villouta Alcaman y Esteban Henríquez Riquelme, quienes, a pesar de la inexistencia de elementos probatorios, fueron injustamente condenados a más de 15 años de prisión (…); la implementación de un módulo de comuneros en el CP Biobío, tal cual como se contempla en los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile (…); la libertad inmediata de Daniel Canio Tralcal, ya que considerando el tiempo que estuvo encarcelado injustamente entre 2009 y 2013, y resultando absuelto de los cargos que se le imputaban, tiene derecho a optar a la libertad condicional (…); se dé solución a las demandas que se plantean con la huelga de hambre, así como hacemos responsables a las autoridades chilenas de las eventuales consecuencias irreversibles en la salud y vida de los huelguistas».

Durante la noche del primero de febrero, recién llegados del sur y mientras se apostaban en la entrada del Ministerio de Justicia para pasar la noche allí, se informó una entrevista hecha a Pilar Curillan, vocera de los PPM de Temuco y a Hugo Melinao, vocero de los PPM de Concepción, donde se demandó la nulidad de los juicios viciados; el cambio urgente de las condiciones carcelarias de los comuneros mapuche; el término de la militarización en las tierras ancestrales; el retiro de la industria forestal destructiva de sociedad y naturaleza, y que hace parte de la represión sobre la población mapuche en la región; y se convocó a un mitin en los tribunales de justicia capitalinos que se encuentran en la calle Pedro Montt.

Alrededor del mediodía, las redes de solidaridad con los PPM situados frente al Ministerio de Justicia fueron duramente reprimidas por las Fuerzas Especiales de Carabineros, constatándose incluso personas detenidas, toda vez que la protesta fue absolutamente pacífica.

Apenas un par de días atrás debió ser hospitalizado de gravedad el comunero huelguista Esteban Henríquez, quien permanece en un centro asistencial engrillado a la cama. Por su parte, este dos de febrero, Ernesto Llaitul, también luchador mapuche en huelga de hambre y encarcelado en el penal de Biobío, debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional de Concepción debido a que presentó una grave arritmia cardiaca.

Asimismo, el comunero y PPM, Pelentaro Llaitul Pezoa, detenido en la cárcel de Temuco y en huelga de hambre hace más de 50 días, sufrió una descompensación que obligó a gendarmería a llevarlo a un servicio sanitario de urgencia pública.

Los inicios de febrero encuentran a la resistencia mapuche acusando los duros costos de concretar extensas huelgas de hambre, y a una solidaridad activa de sus comunidades, de chilenas y chilenos defensores apasionados de las razones de la lucha del pueblo indígena, y al apoyo de personas y agrupaciones internacionales.

Mientras tanto, la administración gubernativa encabezada por el presidente Gabriel Boric, se observa incapaz de establecer un diálogo eficiente con las comunidades originarias, apelando una y otra vez a la mano dura, el garrote y la militarización de rasgos racistas y fascistas en suelo ancestral, tal como lo dictan los intereses de la industria extractivista de la zona y los terratenientes.

De igual modo, Boric, ofreciendo más evidencias de sus compromisos con la ultraderecha, el primero de febrero citó al Consejo de Seguridad Nacional, el Cosena, formado por el alto mando de las Fuerzas Armadas y los presidentes de ambas cámaras del Congreso, para el próximo lunes con el propósito de terminar de militarizar el territorio chileno con la excusa de la delincuencia. Al respecto vale señalar que, de acuerdo al prestigioso portal estadístico español https://es.statista.com/, Chile se encuentra en el lugar 17 de criminalidad de América Latina y el Caribe, junto a las 5 naciones con menor delincuencia de la región y el mundo.

No es discrecional aventurar que el eventual despliegue de militares a lo largo del país busca, una vez más, intimidar y reprimir precautoriamente a las disidencias políticas y sociales, a la propia resistencia del pueblo mapuche, e intentar amedrentar el creciente descontento de las mayorías sociales que sufren los embates socio económicos de la crisis y recesión, ya oficializada por el Banco Central. En este sentido, incluso la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores, CUT, en su último congreso resolvió efectuar un paro general el próximo 11 de abril debido a que, en todos los ámbitos, el pueblo trabajador está pagando la crisis de los grandes grupos económicos y la mala gestión del gobierno actual.

Donde hubo estallido social, cenizas quedan.