Los secretos del Poder

Desde octubre de 2001 destacamentos de "securocrats" trabajan sigilosamente en los archivos relacionados con la seguridad y el espionaje estadounidense. Su misión: eliminar todos aquellos que "comprometan" la seguridad del país.

La autora navegó –relata– en esos documentos (¿estarán disponibles todavía?) y pudo reconstruir la marcha de la conspiración para impedir la asunción de Allende a la presidencia de Chile, incluyendo un crimen inicuo: el asesinato del general René Schneider (derecha).

He aquí su viaje por los sórdidos caminos del poder convertido en terrorismo como política de Estado y ambición de canallas.

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Cincuenta y cinco mil páginas desaparecieron del Archivo Nacional de Estados Unidos. Eso es lo que se calcula grosso modo. Pueden ser más. Porque los agentes de la CIA y otros organismos de Inteligencia siguen cada día husmeando en la biblioteca principal de la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA), buscando frases o párrafos que puedan poner en peligro la “seguridad nacional”. Y cuando encuentran lo que creen estar buscando, sacan la página completa.

Los agentes ya tienen nombre. Se los nomina securocrats, burócratas de la seguridad. Han estado trabajando sigilosamente desde octubre de 2001, cuando cundía el terror tras el ataque a la Torres Gemelas y al Pentágono. Objetivo: revisar documentos desde la guerra de Corea (década de 1951/60) hasta los más recientemente desclasificados.

Muy especial atención han recibido los documentos que el presidente Clinton ordenó hacer públicos a fines de los años 90, ya que se trata de cientos de miles de páginas que engrosaron los archivos de Estados Unidos en el curso de un programa especial de desclasificación que duró cinco años.

La orden del presidente Clinton fue “abrir” al público todos los documentos “secretos” con más de 25 años de antigüedad. Hubo, claro, excepciones: todos los que revelaban fuentes y métodos de Inteligencia, los que podrían ser de ayuda para terroristas, entre otros. Pero si Clinton desclasificó, el presidente Bush der. ordenó una “operación de reclasificación”.

Todo ocurrió en secreto hasta que la noticia estalló y provocó protestas de congresistas e historiadores en las últimas semanas. El nuevo encargado del National Archive, Allen Weinstein, estaba muy enojado y prometió hacer todo lo posible para detener esta operación clandestina que va contra el derecho a saber. Porque todos tenemos derecho a saber qué pasó en nuestras historias nacionales. Y a saber qué rol jugó Estados Unidos en todo ello.

Me sumergí en los archivos desclasificados, a comienzos de este siglo, para saber qué pasó con Chile. Y el resultado fue espeluznante. Ahí estaba, con minucioso detalle, toda la Operación Fubelt para impedir que el electo Salvador Allende se convirtiera en presidente y entrara al Palacio de La Moneda en 1970. A la cabeza de la operación, el presidente Richard Nixon, su asesor de seguridad nacional Henry Kissinger y el director de la CIA Richard Helms. Demás está decir que se destinaron los mejores agentes de la CIA para el objetivo.

El llamado Track Two de esta operación buscó provocar un golpe militar para impedir que Allende fuera presidente. Fueron sobornados generales y almirantes, pero surgió un escollo gravísimo. El jefe del Ejército, general René Schneider, dijo una y otra vez que respetaría la Constitución. Si Allende era ratificado por el Congreso, aseguró, será presidente. Solución para la Casa Blanca: asesinar al jefe del ejército chileno.

Cable del embajador Edward Korry a la Casa Blanca (21 de septiembre de 1970): “el general Schneider tendría que ser neutralizado, eliminándolo si fuese necesario”. Cable 628 (8 de octubre) del cuartel central de la CIA a su estación en Santiago de Chile: “¿Hay algo que nosotros podamos hacer para eliminar a Schneider? Entendemos que es una pregunta retórica, pero queremos inspirar la reflexión sobre esta materia tanto allí como aquí”.

En la valija diplomática, la CIA envió tres subametralladoras, abundante munición y granadas lacrimógenas para el ataque. Mensaje del cuartel central de la CIA (fechado el 18 de octubre de 1970): “Inmediato Santiago. Subametralladoras y municiones están siendo enviados por correo (tachado) regular, salen de Washington a las 07.00 horas del 19 de octubre”.

El agregado militar de la embajada, coronel Paul Wimert, repartió decenas de miles de dólares a los asesinos y entregó las armas. Y años más tarde lo confesó ante una comisión del Senado de EEUU: “Fue el jefe local de la CIA, Henry Hecksher, quien me entregó 250 mil dólares para gastar en militares chilenos, con los que podíamos contar para ayudar a liberarnos del general Schneider. Esa era lo clave, liberarnos de Schneider”.

Y así fue cómo el jefe del Ejército de Chile, respetuoso de la democracia y la ley, fue atacado el 22 de octubre de 1970 y murió tras una agonía de cuatro días. El coronel Paul Wimert –agregado militar– fue con el jefe local de la CIA a lanzar las armas en el fondo marino de la rada de Valparaíso. Y confesó luego al Congreso de Estados Unidos que el crimen “fue un asunto sucio, inmundo. Me avergoncé de mí mismo y hasta odiaba mirarme al espejo para afeitarme”.

El tiro le salió por la culata al presidente Nixon y al asesor Henry Kissinger. Ese crimen convenció a muchos opositores de que debían respetar la tradición democrática chilena y así Salvador Allende fue ratificado como presidente de Chile.

Es posible que todos los documentos que involucran a la Casa Blanca en este asesinato estén relacionados con la “operación de reclasificación” ordenada por Bush. ¿Razón? La familia del general Schneider presentó, en Washington, una demanda contra Henry Kissinger en septiembre de 2001. Esa demanda fue tramitada lentamente por los tribunales. Y hace muy pocos días, la Corte Suprema la rechazó definitivamente.

¿Qué dijo el máximo tribunal de Estados Unidos? Acogió los argumentos del gobierno de Bush (Departamento de Justicia) en defensa del ex funcionario Henry Kissinger. Dijo que si se abre un caso judicial, habría que juzgar si –en el contexto de la Guerra Fría– “fue apropiado para un funcionario de alto nivel (…) apoyar acciones encubiertas contra un comprometido marxista (Allende) que iba a tomar el poder en un país de América Latina”.

Cuando se reflexiona acerca de estos hechos, resulta inevitable agregar el factor TPI. Me refiero el Tribunal Penal Internacional que funciona desde julio de 2002, con sede en La Haya, pese a la denodada oposición de tres poderosos del planeta (Estados Unidos, China y la Federación Rusa). El TPI juzgará el genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ninguno cometido antes de julio de 2002. No puede ser llevado ante sus 18 jueces el ex funcionario Henry Kissinger. El asesinato del general Schneider quedará impune. Pero, ¿qué nuevos crímenes han ocurrido y seguirán ocurriendo sin que agentes estadounidenses puedan siquiera ser acusados?

Por ahora, la amenaza es abierta. El país que ratifica el TPI, pierde la “ayuda militar” de Estados Unidos. Con una excepción: nada le ocurre al país en cuestión si, en paralelo, firma un tratado bilateral con la Casa Blanca que tiene efecto unilateral. ¿Cuál? Se compromete a jamás llevar a un ciudadano estadounidense ante el TPI, cualquiera sea el crimen del que se le acuse.

Todos los países latinoamericanos han suscrito el TPI.
Chile es la excepción, aún no se atreve. Y el crimen de su jefe del Ejército, un general democrático, se sumerge en los laberintos de impunidad de la Casa Blanca.
La autora es periodista y escritora chilena.
Artículo publicado por Piel de Leopardo