El Nuevo Chile se construye atendiendo los Derechos de las víctimas de la represión política

12 de febrero de 2022
Como en muchos ámbitos de la vida del pais, hay esperanzas cifradas en lograr cambios, esperados y necesarios, para alcanzar una vida mejor para la mayoría de chilenos y chilenas, para quienes son las víctimas de la represión de la dictadura y sus familiares.

Uno de estos cambios es lograr que se diseñe una política pública destinada a cumplir con el mandato legal internacional y también ético, para que de una vez por todas se enfrente la verdad, la justicia y la reparación para todos y todas quienes sufrieron violaciones a los DDHH en dictadura. Esto porque al paso de los años los beneficios obtenidos siempre han estado sujetos a condiciones o reclamos particularmente de los herederos políticos de Pinochet, quienes no solo han obstaculizado, sino que han impedido avanzar en lo referente a los derechos, internacionalmente reconocidos para todos y todas quienes fueron y son afectados por las violaciones a los derechos humanos.

Hace solo unas semanas atrás la ley aprobada en el Congreso, que permite subir las pensiones miserables que recibimos los chilenos y chilenas al final de nuestra vida laboral, dejó fuera a todos y todas quienes están registrados y registradas como afectados por la represión y tortura durante la dictadura civil militar. Una negativa más, que pone en evidencia la incapacidad del Estado Chileno y de los gobiernos postdictadura de resolver de manera definitiva la magra situación en la que viven quienes sufrieron la represión y la violencia política. Los gobiernos han sido incapaces de reconocer que la situación de cada uno de ellos y ellas, deriva de un golpe de estado y de la represión brutal que se desató en contra del pueblo chileno luego del derrocamiento de un gobierno democrático y legitimo.

Es necesario recordar que quienes llegaron a esa situación y que reclaman el derecho a la justicia y a la reparación del daño causado, es porque fueron perseguidos torturados, llevados a prisión y otros enviados al exilio, o como sucedió con Allende, fueron asesinados, y otros cientos hechos desaparecer. Las víctimas de la represión son quienes  las FFAA. la derecha y  quienes financiaron y apoyaron el golpe de estado declararon como ”enemigos de Chile”, porque comprometieron sus vidas con el programa de cambios para Chile que quiso llevar a cabo Salvador Allende y otros, porque lucharon valientemente para derrotar a la tiranía criminal de Pinochet.

Sabemos que hay, sobre todo políticos de distinto signo, quienes plantean que el reclamo por lograr nuestros derechos es injusto “porque no reconocen los beneficios que se les han entregado”. Ante estos reclamos o voces que se levantan, es bueno recordar que  los pocos  y magros beneficios que se han obtenido son el fruto de la lucha incansable de los propios afectados y de sus familiares. Beneficios que en el ámbito de la justicia y de las reparaciones no tienen relación con el daño causado, si bien es cierto que desde 1990 se han creado comisiones para establecer la verdad de lo sucedido en dictadura. La aplicación de justicia a los criminales comprometidos con violaciones a los derechos humanos ha estado rodeada de impunidad.

No hay duda de que las comisiones que se organizaron para establecer la verdad[1] permitieron dar a conocer, en parte, la extensión y la brutalidad de la represión militar en Chile durante diecisiete años de dictadura, pero estas comisiones han sido irrelevantes para la aplicación de justicia y sancionar debidamente a los culpables de cometer crímenes de lesa humanidad, las decisiones judiciales han estado rodeadas de impunidad, retardando juicios, otorgando en la mayoría de los casos penas que terminaron con la libertad de los involucrados o protegiéndolos. Desde la ley de amnistía que fue promulgada durante la dictadura para proteger a civiles y militares, quienes estaban implicados como autores, cómplices o encubridores en los crímenes cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, hasta el secreto impuesto por el gobierno de Ricardo Lagos en 1995, para impedir por un periodo de 50 años conocer los testimonios que incluyen a los  victimarios, lo que se reafirma, es que la justicia transicional en Chile ha actuado sobre la base de la impunidad.

La ley de amnistía que abarcó los cinco años posteriores al 1973, periodo en el cual se mantuvo vigente el estado de sitio y en el que se realizaron las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, lo que hizo fue obstaculizar los procesos judiciales y segundo, facilitar el ocultamiento de la remoción de cuerpos ordenada por Pinochet, con el objetivo  de no ser encontrados en el futuro. Otorgando con todo esto un apoyo o respaldo al pacto de silencio de los militares y carabineros, respecto a la comisión de crímenes y el destino de los ejecutados y detenidos desaparecidos, incluyendo el cobarde bombardeo a la Moneda, hechos que demostraron la prepotencia y la decisión criminal con la que las FFAA. actuaron en contra de sus opositores.

La ley que dicto Ricardo Lagos en 1995 para impedir por un periodo de 50 años se conociera o hicieran públicos los testimonios recogidos por la Comisión Nacional sobre Política y Tortura, Comisión Valech, argumentando, sin preguntar a las víctimas y de manera unilateral, que el hacer públicos tales testimonios se «afectaría gravemente la fe pública y que se defraudaría a las propias víctimas y familias». Con esto lo que hizo el expresidente fue prolongar la impunidad, ocultando a la vez los nombres de los torturadores y asesinos develados por las propias víctimas.

Así como el derecho a la justicia ha sido difícil de alcanzar, de igual manera lo ha sido el derecho a la reparación, a pesar de que este es un derecho reconocido en los convenios que Chile ha Firmado en relación con la protección de los DDHH, determinando claramente que es una responsabilidad del Estado, ante la concurrencia de una vulneración de derechos humanos, que este responda y que asuma la responsabilidad para otorgar una reparación oportuna a las víctimas. Ademas que la reparación incluye el principio de restitución, es decir devolver a la víctima a su situación anterior a la violación de derechos humanos, otorgando una indemnización oportuna, apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso.

Si se hace un recuento objetivo de lo que se ha logrado, los distintos gobiernos postdictadura solo asumieron de manera parcial la importancia del significado de la reivindicación moral de los afectados y afectadas ante la sociedad, así como la reparación monetaria para estos y sus familiares. A lo largo de todos estos años, los derechos a la justicia y la reparación estuvieron permanentemente subordinados a los intereses del debate político, más que a los intereses de los afectados y afectadas.

Actualmente, la situación de las reparaciones para los expresos políticos se resume en pensiones cuyos montos varían según la edad del beneficiado: Menores de 70 años $ 139.663. De 70 a 74 años: $ 152.712. De 75 y más años: $ 159.844. Atención integral en salud a través del PRAIS[2] programa que otorga una atención de salud básica y cuyos presupuestos han ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Becas educacionales para los afectados directos o traspasables a hijos o hijas, las que desde su aprobación terminaron disminuyéndose a la mitad. Pensiones que se contradicen violentamente con las que reciben los exmilitares torturadores y criminales, quienes no perdieron sus grados ni status en las FFAA[3].

Como lo dice el inicio de esta columna, hay esperanzas en lograr cambios, esperados y necesarios, para alcanzar una vida mejor para la mayoría de chilenos y chilenas, cambios que, entre otros, resuelvan la situación de las víctimas y familiares de la represión de la dictadura civil militar en Chile. Es de esperar que el nombramiento de Haydee Oberreuter, como Subsecretaria de Derechos humanos del futuro gobierno, permita avanzar en nuestras justas demandas, ella es una destacada dirigenta de la lucha por los Derechos Humanos sobreviviente de la prisión política y la tortura.

Su experiencia, como el de muchas mujeres que sufrieron torturas, violaciones y vejaciones a manos de militares, es estremecedora, incluyendo niñas y mujeres embarazadas, aberraciones que la imaginación, por la crueldad de estas, no es capaz de procesar e interpretar, en el caso de Hayde fue apresada por efectivos de la Armada de Chile cuando tenía varios meses de embarazo y tal como consta en el proceso judicial, sus torturadores le abrieron su vientre con un corvo provocándole un aborto espontáneo[4].

Este hecho brutal y como en la mayoría de los casos que se han podido llevar a la justicia, los cuatro victimarios fueron condenados en 2016 a penas que hoy los tienen gozando de libertad, ratificando lo antes mencionado, que la impunidad ha sido una constante de la justicia transicional en Chile.

Para ninguna persona, que pasó por las garras cobardes y sangrientas de los organismos de inteligencia de las FFAA. de la  DINA de la CNI, es un objetivo el relato permanente de sus experiencias. Quienes las vivimos, sabemos que de alguna manera u otra los impactos aparecen en algunos de manera más recurrente que en otros, o permanecen en las huellas que llevamos en nuestros cuerpos. Pero también reconocemos que, el que se conozca la verdad de todo lo sucedido, sin restricciones, incluyendo la identidad de los criminales torturadores, de quienes idearon y financiaron el golpe de estado, quienes lo apoyaron, todo esto es necesario para lograr que se termine con el negacionismo interesado, lograr que los procesos pendientes de justicia se terminen, que la reparación y no repetición adquirieran centralidad y relevancia en el diseño de políticas de reparación y justicia restaurativa.

El objetivo de exigir nuestros derechos no tiene que ver solo con las justas aspiraciones individuales, como víctimas de la represión política, tiene que ver principalmente con políticas pendientes para restaurar el estado de derecho, la democracia, el respeto de los Derechos Humanos y la aplicación de justicia. Entregar justicia y reparación a todos y todas quienes fueron violentados en sus derechos por la dictadura civil militar es una base necesaria para regenerar las bases morales y éticas de la convivencia nacional, reconciliando la confianza ciudadana con el Estado y sus instituciones, dando paso a transacciones políticas normales y pacíficas a favor de los intereses del pueblo.

Es también una necesidad para construir de verdad un pais más justo e inclusivo, en el cual sus instituciones tengan como eje exigible el respeto de los derechos humanos, exigencia que incluye el reconocimiento verdadero y sincero de los derechos de justicia y reparación de quienes sufrieron la represión política.

Un dato final, según datos entregados por  agrupaciones de expresos políticos, son unos 15 mil exprisioneros políticos los que han muerto esperando soluciones, además de otros 3 mil que están en malas condiciones de salud

Enrique Villanueva M.
Exmilitares Fach que se opusieron al golpe de Estado de 1973

Notas:

[1] Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig, 1990-1991) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech, 2003-2004).

[2] PRAIS Programa de Reparación y Atención Integral de Salud.

[3] Algunos ejemplos: Miguel Krassnoff Martchenko, uno de los más crueles torturadores del ejército,  recibe una pensión de $2.681.543 como ex brigadier de las FFAA. Pedro Espinoza Bravo, responsable de “Caravana de la Muerte”, percibe un monto de $2.028.560 por concepto de pensión, como ex coronel de Ejército. El jefe de la brigada metropolitana de la DINA, César Manríquez Bravo, recibe una pensión de $1.926.553 cada mes. José Zara Holger, condenado por el  asesinato en 1974 del general y excomandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Como brigadier del Ejército recibe mes a mes una pensión de $1.922.772. El ex director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, responsable del cruel y cobarde asesinato de 12 militantes del FPMR  en la Operación Albania o Corpus Christi recibe cada mes una pensión de $2.309.221 como ex general del Ejército.

[4] , De un  total de 41.479 testimonios de casos de tortura y apremios ilegítimos reconocidas por el Estado, incluida las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada, al rededor del 13% de esos testimonios corresponde a mujeres.