La corrupción en el empleo público: el lado débil de la Concertación

En estos momentos la campaña arrecia y los comandos se esmeran en buscar próceres del MEO, para demostrar que se alcanza con sus cantos de sirena a los votantes que creyeron en el díscolo Diputado. Eso los ha hecho caer, incluso, en absurdas “contrataciones”, para usar la jerga futbolística, como es el caso de una región dónde se pidió que llamara a votar por Frei a un profesional que nadie conoció en la campaña, como genuino representante de los votantes del MEO. ¡Total, puede decirse cualquier cosa, pues el voto es secreto y nadie conoce lo que sucede en las urnas!…

Bueno eso no puede modificarse. Es el absurdo de la campaña, que por fin termina.

Sin embargo, aún quedan temas pendientes que están por sobre lo circense de la política y que son lo profundo y lo medular de lo que sucede en ésta vital área de la vida nacional.

Uno de esos temas, siendo transversal para ambos bandos en disputa, pero que es mucho más significativo para la Concertación pues ha estado 19 años en el Gobierno es la corrupción en el empleo público, el que se ha usado como botín de guerra para pagar a los adherentes, militantes de partido, en recompensa por su trabajo en pro de determinados intereses partidarios.

Esa práctica, ha trocado la necesaria política de ideales, por una política de intereses, dónde prevalece aquel que es capaz de mover de mejor manera el empleo público, recompensando a sus seguidores. Siendo esta misma práctica un acto de corrupción, trae aparejada la apertura de la administración pública, hacia otros actos de corrupción que erosionan el erario nacional y prostituyen la práctica de gobierno, al constituir redes de poder al interior de ella.

Además constituyen una afrenta a la debida igualdad de trato que deben otorgar los órganos del Estado a los ciudadanos, pues coloca a los conocidos y militantes de partido por sobre el ciudadano común y corriente, lo que genera en éstos últimos, mayoritarios en número un descontento y desconfianza que erosiona el sistema político mismo.

Un caso reciente y paradigmático, es lo sucedido en una Dirección Regional de la JUNJI, Junta Nacional de Jardines Infantiles dónde un funcionario digitador, está ganando la cifra de $ 753.690 mensuales. La cifra en si no dice nada, pero si uno considera que el funcionario en sí gana un poco más que un profesional grado 16 de esa repartición, que percibe $740.030, empezamos a “oler” algo extraño. Eso se profundiza al saber que el funcionario en sí  fue ingresado, sin concurso público, a instancias de la Dirección Nacional de la entidad. Esa percepción se completa al saber que el funcionario es un militante del Partido Radical, correligionario de la Directora Regional de esa entidad.

Obviamente, entenderán la molestia de otros funcionarios de esa entidad y de gente que está sin trabajo al saber los privilegios que concede la militancia en un Partido gobernante.

Por eso no son suficientes los lloriqueos desesperados de última hora, que nos intentan decir que pondrán “fin a los pitutos” como decía una ex ministra que aparecía en la franja electoral. No basta, pues existe una crisis generalizada de credibilidad.

¡A Dios le están rogando, pero con el mazo le siguen dando!.

El miedo a la Derecha no sirve para movilizarnos, ni los comentarios interesados de bloggeros a sueldo, que intentan bajarle el perfil a la discusión pública en Internet, único medio que hoy es no está en manos de los poderes dominantes.

Chile requiere un cambio real y profundo en el sistema de acceso a la Administración Pública, pues sin esto la Democracia se convierte en lo que vemos, en la expresión corrupta de los intereses de grupo que sólo termina gestando la desafección  y la desesperanza de los ciudadanos.

Aún faltan obras concretas y el tiempo se les acabó…
7/01/10