Quienes nos estafaron por 30 años, no pueden hacer ahora una constitución para el pueblo

Si algo quedó claro el 18 de octubre, cuando un grupo de estudiantes levantaron la consigna de “evadir no pagar, otra una forma de luchar”, resistiéndose a pagar el alza en la tarifa del metro, es que tuvieron el coraje de rebelarse ante reglas injustas y abusivas. Reglas que, a todos y todas, nos golpeaban y nos hacían la vida difícil día a día, pero que adormecidos por el conformismo, la desesperanza o el miedo, las aceptamos.

Fue la rebelión estudiantil las que nos recordó que durante los 17 años de dictadura y luego por los restantes 30 años de gobiernos democráticos, vivimos exigidos por un sistema económico que es violento, en el cual el individuo es la persona individual y el provecho ha de ser cuantificable en dinero o bienes materiales. Un sistema que durante todos estos años perfeccionaron, algunos de los cuales hoy levantan la voz, intentando apropiarse de logros, como el de hacer del sentir por una nueva constitución un reclamo nacional, lo que sin la movilización social no hubiera sido posible.
Fue en los gobiernos de Aylwin, de Frei, de Lagos y Bachelet que el modelo económico que nos impusieron a balazos, fue administrado y perfeccionado con el aporte decisivo de la mayoría de los parlamentarios que hoy aparecen firmando el “acuerdo por la paz social y la nueva Constitución”. Perfeccionando leyes, que no necesariamente estaban amarradas a los vetos de al Constitución actual, sino que leyes aprobadas por quórums simples la mayoría de ellas, que impactan negativamente en nuestro diario vivir, en la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país: en los sueldos, en las deudas, en las pensiones.

Vale la pena recordar algunos de esos aportes y que respaldan las razones de la baja credibilidad, de quienes hoy pretenden erigirse como los pacificadores de una guerra declarada, irresponsablemente por el Presidente de la República, desatando una represión y la violación sistemativa a los derechos humanos en nuestro pais.

Cuando Pinochet dejó el gobierno, en 1990, el 90% de la producción del cobre estaba en manos del Estado. Hoy menos de un tercio, del cobre, lo produce Codelco, un proceso de desnacionalización protagonizado por los gobiernos de Aylwin y Frei a favor de empresas transnacionales, las que corrompieron a los dirigentes de los diferentes gobiernos de la Concertación y de la derecha para lograr sus fines.

Al inicio de la Transición un tercio de la generación eléctrica estaba en manos del Estado. Posteriormente todas estas empresas fueron privatizadas, tal cual sucedió con las empresas sanitarias y de los puertos, con las autopistas, entregandoselas a privados nacionales y extranjeros con un alto y abusivo costo para el ciudadano y ciudadana común.

El negocio de las AFP, hasta 1990 se les permitia invertir hasta el 10% de los fondos de pensiones en el extranjero, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet se les autorizó aumentar el porcentaje invertido en el extranjero hasta el 80% de los fondos. Posteriormente se les eximió del IVA y se les aumentó la comisión, es decir con leyes aprobadas en el parlamento, se les mejoró el negocio, hoy en manos de tramsnacionales financieras y de seguros.

En la educación, hasta 1990 las universidades privadas no recibían créditos del Estado, ni los estudiantes créditos con aval del Estado, hoy estas universidades privadas se han expandido gracias a los créditos del Estado. Durante los 30 años de gobiernos democráticos tutelados, se fortaleció la educacion privada, mediante leyes ordinarias, aprobadas sin quórum calificado y en consenso, en el Congreso Nacional, entre la derecha y la Concertación.

En cuanto a la reforma tributaria, durante los gobiernos de la Concertación se hicieron numerosas modificaciones que favorecen a los ricos con exenciones de impuestos, además que, con la reforma tributaria del 2014, Bachelet bajó el último tramo del global complementario que era de 40% y a 35%, lo que favoreció al universo del 10% de los más ricos. En cuanto a las leyes laborales, todos los Presidentes de la Concertación pudieron restablecer el derecho de huelga, que hoy no existe, bajar la semana de trabajo a 40 hrs. se pudo haber establecido que los trabajadores contratistas reciban el mismo salario que los trabajadores de las empresas mandantes. Se pudo haber establecido le negociación colectiva por rama o sector, etc. Teniendo mayoría para hacerlo, dichas reformas no se hicieron a pesar que para hacerlo los parlamentarios solo requerían de quorum simple e iniciativa presidencial

A la luz de todos estos ejemplos, será posible confiar en una clase política que por años ha estado legislando para perfeccionar el sistema económico, para hacerlo más eficiente, favoreciendo a los grandes empresarios para que aumentaran sus riquezas, a costa de largas horas de trabajo para los trabajadores y trabajadoras, sobreviviendo con sueldos miserables y cada vez, con menos protección y regulaciones laborales a su favor.

Difícil es pensar, que recién ahora, se dieron cuenta que mientras las AFP aumentan año a año sus ganancias siderales, nos entregan pensiones miserables, muchas de ellas inferiores al sueldo mínimo. Simplemente ya no podemos creer en políticos que se corrompieron con las empresas que pagaban sus campañas políticas, a cambio de legislar y sacar leyes que protegían la colusión, el robo y la explotación barata de nuestras riquezas naturales.

Chile cambió y en esta nueva realidad ya no caben pactos ni alianzas, como el recientemente firmado, alianzas cocinadas por cúpulas entre cuatro paredes, porque se corresponden con métodos y formas de conducción social donde la opinión y las necesidades del pueblo son de carácter secundario o no tienen validez, frente a la necesidad de mantener funcionando el sistema. Hoy somos actores vivos, somos el pueblo movilizado, que esta haciendo política. Ya no somos el pueblo pasivo que recibe los efectos perversos de la mala política, que usa nuestras demandas sin atenderlas ni resolverlas.

Hoy estamos frente a un despertar ciudadano profundo, el que quienes firmaron el pacto por la paz aun no entienden. Los jóvenes de nuestro país removieron todo y hay que seguir removiendo todo. Es un remezón que nos volvió al centro de nuestro esencia, recordándonos que somos seres sociales y no productos o clientes que responden a la libertad del mercado. El movimiento social es tan amplio como el reclamo por la desigualdad y el abuso. Abarca toda la sociedad; representa un arco amplio que no es de derecha o de izquierda sino que chilenos y chilenas que se mueven detrás de las banderas del “perro mata paco”, del “Pikachu” y de otros símbolos, entre los cuales aparece la imagen de Víctor Jara, la bandera mapuche y “el encapuchado defensor de multitudes”, el escudo de “Pareman”, el que sin temor y sin armas, le hace frente a la represión policial.

En síntesis recuperamos nuestra capacidad de hacer política, de hablar de política con el o la vecina, organizándonos en el barrio, en el condominio, para luchar por nuestra verdadera realización, que tiene lugar en fructífera y solidaria sintonía con los demás, que es lo que estamos haciendo ahora, reclamando derechos que nos fueron conculcados, como individuos y como sociedad, en democracia.

Por todo esto es que QUEREMOS CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN, pero sin trampas, sin vetos preestablecidos, ni con instituciones o minorías que neutralicen los cambios que el país necesita. Lo que buscamos es cambiar no remendar la Constitución y que sea diseñada por una Asamblea Constituyente, porque es la manera de construir la sociedad distinta que necesitamos. Cuando exigimos Asamblea Constituyente es porque los ciudadanos y ciudadanas nos hacemos cargo de la política y de manera directa. Nos hacemos cargo de todo lo que la política formal, a través de políticos que se transformaron en casta de privilegiados, no tomaron ni tomaran en cuenta, porque cada uno de nuestros intereses bloquean o rompen sus círculos de interés.

Por eso reclamamos el derecho a participar en una ASAMBLEA CONSTITUYENTE, porque es la manera de avanzar hacia una democracia participativa, pues ya no se puede hablar de democracia si no es participativa. A estas alturas, no es suficiente meter cada cuatro años un voto en una urna, para elegir a políticos que a poco andar se olvidan de lo que nos prometieron, hoy queremos participar también en las decisiones que determinan nuestro futuro.

EL ACUERDO POR LA PAZ NO CONTIENE NADA DE ESTO, es un arreglo por arriba, entre dos actores totalmente desprestigiados, sin credibilidad ante la ciudadanía y que a ojos del pueblo movilizado, son parte del problema y no de las soluciones. Es un acuerdo con un título grandilocuente, que intenta apropiarse de la exigencia hecha por el pueblo movilizado para diseñar una Constitución, excluyéndolos de la mesa de negociaciones.

En suma, el pacto por la paz es “un volador de luces” que ayuda a lavar la imagen del gobierno, arrinconado por la presión popular en las calles y asustado por el deterioro de la imagen del país en el mundo. Un gobierno que es señalado como autoritario, que le declaró la guerra al movimiento social y que es condenado por la brutal represión que ha desplegado Carabineros en contra de los manifestantes.

Pero hay algo muy importante y que no puede quedar debajo de la alfombra, con el discurso redundante de “condenar la violencia, venga de donde venga”, lo que ha hecho el gobierno es respaldar y validar la brutalidad con que la fuerza policial ha actuado en contra de los manifestantes, pretendiendo vincular los saqueos y los actos de vandalismo a la movilización social. Pero la evidencia muestra lo contrario, las víctimas de la represión, los heridos y mutilados en sus ojos, las jóvenes violadas, los asesinados y asesinadas, no son vándalos ni delincuentes, son estudiantes, jóvenes trabajadores y trabajadoras, chilenos y chilenas que salieron a manifestarse a las calles.

Este justo reclamo en contra de la impunidad, no está considerado en el pacto por la paz, ni tampoco supone un compromiso explicito e irrenunciable, para aclarar todas la violaciones a los derechos humanos cometidas por carabineros y militares. Tampoco incluye una condena explícita a quién o quienes, declararon la guerra a un supuesto enemigo “poderoso y organizado”, pero inexistente, una guerra inventada por el gobierno para sacar a los militares a la calle y contener la movilización social.

Tenemos que hacer esfuerzos para que no se continúe dañando la convivencia nacional, permitiendo que la impunidad nuevamente postergue el ejercicio de la justicia y se continúe corroyendo la democracia. La impunidad deterioró al país en los 30 años pasados, transformó la democracia en una quimera, arrinconando a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en la desesperanza, el abuso y la corrupción a la vez que entregaron el país a la voracidad neoliberal.