Bolsonaro, el presidente-capitán que quiere convertir las ciudades en campos de batalla

Si se tratara apenas de números, sería un escándalo. Pero es más: hablamos de una tragedia que deja por el camino víctimas con nombre y apellido.

Rodrigo Alexandre da Silva Serrano, de 26 años, es una de ellas. Vivía en una comunidad de Río de Janeiro y trabajaba hacía poco tiempo como camarero en uno de los barrios abastados de la ciudad. En agosto, Rodrigo fue a la calle a recoger a su esposa y sus dos hijos. No alcanzó encontrarlos. Mientras esperaba, recibió una ráfaga de disparos de un policía, que afirmó haber confundido el paraguas que él cargaba con un fusil. En el pecho, Rodrigo tenía puesto el canguro en donde solía cargar a su bebé de tan solo diez meses. En el bolsillo llevaba su documento de trabajo, que terminó empapado en sangre.

Su historia es solo un ejemplo. La mayoría de víctimas de la violencia intencional en Brasil son hombres negros jóvenes que habitan los territorios periféricos de las grandes ciudades. Según el Atlas de la Violencia 2018, la tasa de homicidios de personas negras fue dos veces y media mayor que la de personas no negras. Entre 2006 y 2016, los homicidios de negros aumentaron un 23%, mientras entre los no negros la tasa se redujo en un 6,8%, en una muestra inequívoca del pasado esclavista y del presente profundamente racista.

Parece imposible, pero este ciclo de violencia puede agravarse rápidamente en los próximos meses, tras la elección del capitán reformado del ejército y líder de extrema derecha Jair Bolsonaro para la Presidencia de la República. Especialistas en seguridad pública coinciden en el análisis: las propuestas de Bolsonaro para este ámbito —o por lo menos, lo que se pudo conocer sobre ellas, ya que el candidato boicoteó la prensa y los debates a lo largo de toda la campaña electoral— tendrán un impacto desastroso en la violencia en Brasil.

Su programa está descrito en forma de tópicos en el plan de gobierno que él entregó a la justicia electoral. En una docena de láminas de Power Point, Bolsonaro explica que «los cinco primeros estados en el ranking de empeoramiento (…) son regiones que pasaron a ser gobernadas por la izquierda o sus aliados y en donde la ‘epidemia’ de las drogas no fue coincidentemente introducida. De hecho, el avance de las drogas y de la izquierda son prevalentes en las regiones más violentas del mundo».

En otro punto, sobre los agentes policiales muertos en el ejercicio de su función, dice: «son héroes que cayeron y fueron olvidados por los actuales gobernantes en esta guerra de Brasil! Uno de los compromisos será recordar el nombre de cada uno de estos guerreros! Sus familias serán homenajeadas y cada uno de estos héroes tendrá su nombre grabado en el Panteón de la Patria y de la Libertad!».

La gramática militar no es casual y tampoco es exclusiva de Bolsonaro. En los últimos años, el país ha visto una banalización del uso de las fuerzas militares en actividades de seguridad pública. El punto álgido de esa política ha sido el anuncio, en febrero de 2018, por parte el actual presidente Michel Temer, de la imposición de una intervención federal militar en el estado de Río de Janeiro que dura hasta hoy y, en lugar de resolver la violencia, ha generado un sinfín de abusos.

Reforzar que Brasil vive un estado de guerra permanente como hace Bolsonaro, sirve al propósito discursivo de suspender garantías fundamentales y justificar violaciones de derechos humanos, además de imprimir en las políticas de seguridad pública una lógica de combate y eliminación de un enemigo común.

Las palabras de Bolsonaro ganan concreción en propuestas impensables en cualquier Estado Democrático de Derecho, como la de acabar con la investigación y responsabilidad de policías involucrados en asesinatos. Teniendo en cuenta el alto grado de impunidad en esos casos a día de hoy, organizaciones de derechos humanos en el país afirman que la medida va a crear un verdadero salvoconducto para la violencia policial.

El capitán no estará solo en la defensa de ese proyecto. Los gobernadores recién elegidos en São Paulo y Río de Janeiro, por mencionar apenas dos ejemplos, reproducen y apoyan las ideas del nuevo presidente. Eso es importante porque, según la división de tareas entre los entes de la federación brasileña, la responsabilidad por las políticas carcelarias y de seguridad pública es de los gobiernos estatales, aunque el gobierno federal pueda colaborar en el dibujo de las estrategias y políticas comunes, además de suministrar recursos.

Durante la campaña, el gobernador electo de Río de Janeiro, Wilson Witzel, prometió, si necesario, convertir navíos en cárceles y abrir cuevas para enterrar a los criminales. Arrancó aplausos de sus interlocutores. En São Paulo, el gobernador electo João Doria afirmó a su vez que, cuando asuma el puesto, la policía va a «tirar para matar».

Otra idea destacada en el plan de gobierno de Bolsonaro es la de facilitar la compra y el porte de armas, regulado en Brasil desde en 2003 por el Estatuto del Desarmamiento. Según diversos análisis, esa ley puede haber salvado entre 130 y 160 mil vidas desde su adopción. Bolsonaro quiere destruirla —y lo podrá hacer con alguna facilidad en el Legislativo, ya que ahora cuenta con la segunda mayor bancada de diputados en el Congreso—.

«Las armas son instrumentos, objetos inertes, que pueden ser utilizados para matar o salvar vidas. Eso depende de quien las segura: personas buenas o malas. Un martillo no clava y un cuchillo no corta sin una persona», dice su plan de gobierno en otro fragmento. Según Bolsonaro, que ha adoptado como marca de campaña un gesto con las manos como si asegurara dos pistolas, se trata de garantizar el derecho a la legítima defensa. El incentivo al porte y uso de armas ya causó por lo menos una víctima desde el último domingo día 28 de octubre. Un niño de tan solo 8 años murió en medio de las conmemoraciones por la victoria del capitán, víctima de un disparo accidental.

Circula en las redes sociales una frase de la escritora negra Conceição Evaristo que retrata bien la resistencia que desde hace mucho se articula desde las periferias, y que recobra importancia y urgencia en este momento: «ellos han acordado matarnos, pero nosotros hemos acordado no morir».

La autora, Laura Daudén, es periodista y coordinadora de Comunicación del Instituto de Defensa del Derecho a la Defensa (IDDD) en Brasil

*Fuente: El País

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