Perú: Indígenas acusados de terroristas por  defender a la Madre Tierra

Lideresas y líderes indígenas son criminalizados por defender los territorios indígenas, señalan

Participan en la Cumbre de las Américas: “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” en Perú

Lima, Perú. Defender a la Madre Tierra, y a los territorios indígenas de la destrucción es motivo suficiente para ser acusados de terrorismo señalan representantes de los pueblos de Abya Yala, quienes participan en la Cumbre de Las Américas: “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, que tiene lugar en la capital peruana hasta el 14 de abril.

En el Foro de los Pueblos Indígenas que abrió la Cumbre de Las Américas este 10 de abril, Roger Rumrril, presidente de Chirapaq, asociación indígena de Perú, afirmó que los pueblos indígenas actualmente viven un clima de exclusión, de marginalidad y un asalto a la explotación irracional de sus recursos naturales.

En el encuentro, donde se coincidió que la criminalización y ejecución de líderes y lideresas indígenas por defender su territorio ha venido en aumento, los participantes demandaron a los Estados dejar de continuar siendo cómplices de las multinacionales en la depredación de los recursos naturales de los pueblos indios.

Durante el evento, donde el fantasma de la aplicación de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas estuvo presente, Romel González, maya de Yucatán, México y representante de la Coordinación Indígena de Abya Yala, organizador del Foro, exigió un trato justo de los Estados hacia los pueblos indígenas y reconocimiento pleno como sujetos de derecho público.

En el evento se subrayó que la riqueza más importante de la biodiversidad se encuentra en los territorios indígenas, por lo que enfatizaron que cualquier obra de desarrollo de alto impacto, debe contar con el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas.

Por ello, enfatizaron, pedirán a los Estados en la declaración que leerán el 13 de abril, que dejen de favorecer el Consenso de Washington y volteen a ver a sus sociedades nativas.

En la Declaración de los Pueblos Indígenas ante la VIII Cumbre de las Américas, en defensa del Territorio y la Libre Determinación, exigen la aplicación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Viena y demás instrumentos internacionales en la materia.

Benito Calixto, del Foro Indígena de Abya Yala (FIAY), enumeró tres grandes rubros que serán planteados a los Jefes de Estado: lo referente a la corrupción, transparencia y el consentimiento previo, libre e informado.

El experimentado líder indígena peruano, enfatizó que no se entiende la gobernabilidad democrática sin la inclusión de los pueblos indígenas, quienes son los únicos, hasta el momento, que han logrado hacer un frente a la corrupción.

Insistió en frenar la extensión masiva de proyectos extractivistas en regiones indígenas, sumándose al reclamo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), del Pueblo Mapuche y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), de abrogar las autorizaciones de industrias mineras, eólicas y cualquier otra que explote los recursos naturales en sus pueblos y territorios, así como la criminalización de sus liderazgos.

A lo anterior, acentuaron indígenas peruanos, debe frenarse la privatización del Putumayo y de cualquier territorio ancestral de los pueblos indios.

En el encuentro, destacó la experiencia de los purépechas de Cherán, Michoacán, México, así como de Ayutla, Guerrero, municipios indígenas que determinaron cambiar su régimen de elección de representantes erradicando a los partidos políticos y recuperando las Asambleas Comunitarias.

El centenar de representantes y dirigencias indígenas manifestaron que los gobiernos deben reconocer los importantes aportes de las mujeres indígenas en quienes recae la conducción y el futuro de sus pueblos y comunidades.

Como parte de la Declaración Indígena, insistieron que los Estados tienen la responsabilidad de garantizar el derecho al desarrollo; a la soberanía alimentaria; a la prohibición de las patentes de las semillas y al veto del uso de organismos genéticamente modificados.

Enviado a piensaChile por: AIPIN Agencia Internacional de Prensa Indígena