Partido PODER ¿Es CIUDADANO?

Los últimos hechos ocurridos en el Partido Poder Ciudadano versan respecto de irregularidades acontecidas en la administración de los recursos de dicho conglomerado y la deficiencia en la toma de decisiones, lo cual ha afectado la supervivencia y legalidad de aquel proyecto colectivo, además de perjudicar social, política y económicamente a diversos militantes, brigadistas y simpatizantes. Los sucesos concretos son los siguientes:

• En reiteradas ocasiones se ha solicitado a la Directiva Nacional información acerca de los montos recibidos por el SERVEL, aportes personales, estados de cuentas, gastos asociados a campañas políticas (Municipales 2016 y Parlamentarias 2017), libros de cuentas, balances y todo instrumento y/o documentos que hagan plena fe de la administración y confianza que se ha depositado en la directiva. Sin embargo, aquel órgano partidario sistemáticamente se ha negado a cualquier tipo de fiscalización interna por parte de los militantes, quienes por ley están facultados a exigir este tipo de instrumentos.
• Constante abuso de confianza al pedir dinero prestado a diversos militantes y no responder por  aquel compromiso adquirido, llevando a muchos militantes a situaciones de extrema complejidad en sus vida cotidiana, tales como: imposibilidad de pagar impuestos, arriendos e incluso comprometiendo la subsistencia de ellos y sus familias.
• Irregularidades en la asignación de recursos económicos del partido a dirigentes del mismo, para tareas no concernientes a su cargo, como es el caso de un depósito de $1.700.000 a la cuenta personal de la actual presidenta Karina Oliva, alegando prestación de servicios gráficos.
• Los miembros la Directiva Nacional de este partido político, incluida la diputada electa Claudia Mix, con el objetivo de mantener el control total de éste, otorgan cargos de fiscalización a sus familiares u otras personas con algún grado de relación o afinidad. De esta  manera, el Tribunal Supremo de esta colectividad está integrado por: Libertad Méndez (pareja de Andrés Hidalgo, actual tesorero nacional); Sara Sánchez (pareja de Ariel Jara Mix, actual secretario nacional e hijo de la diputada electa Claudia Mix);  Valeria Oliva (hermana de la actual presidenta nacional Karina Oliva).
• Las directivas regionales de Arica y Antofagasta, el día 1 de diciembre de 2017, manifestaron a través de un comunicado público su molestia con la Directiva Nacional por su falta de transparencia, solicitando: el descabezamiento de ésta, la investigación contable, revisión de todas las actas y firmas con peritos caligráficos y la constatación de la legitimidad de estas firmas desde la creación del partido hasta hoy.
• La selección de candidaturas, impuestas a lo largo de todo Chile, fue sin duda una incoherencia política, transgrediendo los valores del “Manifiesto de los Comunes”, pues no hubo ni consulta a las bases, ni elecciones primarias. De hecho,  Karina Oliva sin previa consulta, fue autodesignada como candidata a Diputada por el distrito 12, abandonando notablemente sus labores como presidenta del partido, invirtiendo considerables sumas de dinero para la realización de una campaña que finalmente careció de éxito electoral. Aquel caso se repitió con Freddy Antilef, en Antofagasta, quien fue impuesto desde Santiago, incluso sin pertenecer a dicha comuna nortina. Amén, ambas candidaturas carecían de arraigo territorial, lo cual es disonante con el  discurso de la dirigencia de PODER.
• Hubo convocatorias a elecciones regionales con tan solo horas de anticipación y fuera del radio urbano al cual pertenecen los militantes. Para mayor abundamiento, en la última reunión para la elección de la directiva de la Región Metropolitana, asistió un 0,5 % de militantes, de un universo aproximado de 8000.
• Existen denuncias de no pago, tanto a proveedores como en la prestación de servicios personales de militantes y/o brigadistas, en las candidaturas para las elecciones de 2016 y 2017, asimismo respecto de la legalización del partido en el mismo período. Además de esto, el pago de diversos proveedores se ha realizado directamente desde las cuentas personales de los directivos nacionales, dejando de utilizar las cuentas bancarias propias del partido político.
• Actualmente se siguen realizando acuerdos y componendas sin conocimiento ni consulta a la militancia, por parte de la Directiva Nacional. Esto refleja la zozobra de los jerarcas de este conglomerado ante un partido que han dejado naufragar y que está ad portasde desaparecer.
• Expulsión arbitraria y discriminatoria desde la Directiva Nacional a integrantes del partido por discrepancias ideológicas y/o valóricas.
• El militante y operador político Jorge Ramírez, ha usufructuado del cargo de Secretario Nacional correspondiente a Ariel Jara Mix, y ha sostenido diversos acuerdos de carácter político con el Frente Amplio, canalizando las comunicaciones y recursos.