Presos Políticos en Dictadura se toman por tercera vez el Instituto de DD HH

Desde el lunes 29 de mayo, las oficinas del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Puerto Montt, Santiago, Arica y Valparaíso se encuentran ocupadas por representantes de las agrupaciones de víctimas de tortura y prisión política de la dictadura militar, como un acto de presión para que el Gobierno entregue una respuesta satisfactoria a su petitorio, que considera, entre otros puntos, un aumento de las pensiones, un bono de reparación, mejoras al Programa de Reparación en Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), fin del secreto de los antecedentes recopilados por la Comisión Valech, y verdad y justicia.

No es la primera vez que las dependencias del INDH han sido tomadas por las agrupaciones, como una forma de presionar al Gobierno a que responda a sus demandadas. En octubre de 2016, las agrupaciones se tomaron las oficinas del INDH, deponiendo la acción ante el compromiso del Ministerio del Interior de responder a sus demandas. En enero de 2017, el Ministro del Interior, Mario Fernández, entregó a las víctimas la respuesta comprometida, la que fue considerada por las agrupaciones como insatisfactoria, ya que no se accedió a un  aumento de las pensiones (de $160.000 a $300.000).

El Gobierno tampoco manifestó su compromiso de poner urgencia al proyecto de ley del diputado Hugo Gutierrez que intenta poner fin al secreto de 50 años de los antecedentes de la Comisión Valech; no se articuló ningún plan de mejora real y efectiva del Programa de Reparación en Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), y asimismo, el Gobierno se manifestó no estar dispuesto a dar a las víctimas de tortura y prisión política un bono de reparación justo y adecuado, lo que va en contra de la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, que señala: “Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido”.

Como consecuencia de lo anterior, las agrupaciones se tomaron nuevamente las oficinas del INDH en abril de 2017, deponiendo la acción nuevamente ante la promesa del Gobierno de avanzar en su petitorio. Esta vez, el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de DDHH articularon una mesa de trabajo, sin embargo en la misma jamás se dio a las víctimas una respuesta satisfactoria en materia de pensión y reparación o de  mejora del PRAIS, ni siquiera hubo un compromiso real para avanzar en verdad y justicia.

Producto de lo anterior, es que la Toma del 29 de mayo es una forma de decirle al Gobierno de Michele Bachelet que constituye un imperativo ético y moral entregarles en forma urgente una respuesta digna a las víctimas de tortura. Esta vez la toma se ha radicalizado, pues los funcionarios y funcionarios del INDH no se les permite ingresar a las oficinas, lo que impide al Instituto asumir sus funciones. Pero esta acción es justa, muchas de las víctimas de tortura (cuyas edades fluctúan entre los 65 a 75 años) mueren año a año ante la falta de una atención de salud adecuada, porque el PRAIS es un servicio que está en el suelo; todas las víctimas reciben una pensión paupérrima que no les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas; y se trata de personas que por años han reclamado verdad y justicia en sus casos, lo que no han podido alcanzar por el secreto de 50 años de los antecedentes de la Comisión Valech y porque el Estado se ha negado a proporcionarles una asesoría letrada para sus procesos.

La falta de respuesta del Gobierno perjudica al INDH, porque esta toma, por cierto legítima, no permite que el INDH realice con normalidad su trabajo de promoción y defensa de derechos humanos, además de privar a las víctimas de vulneraciones de derechos, de acudir al INDH a solicitar protección.

La inacción del Gobierno, por tanto, genera una doble violación de los DDHH, por un lado, porque se niega a dar una respuesta adecuada y justa a la víctima de tortura y prisión política de la dictadura, y por otro, genera espacio para que acciones legítimas impidan que una organismo tan importante para los DDHH de nuestro país pueda funcionar.

Braulio González: Vocero agrupaciones de víctimas de tortura y prisión política de la dictadura militar +56 9 79455339