La Concertación podría cambiar las AFP, pero no quiere

09 Diciembre 2013
El próximo gobierno de Bachelet tendrá la mayoría parlamentaria suficiente para sustituir el aberrante sistema de AFP, así como lo tuvo su anterior gobierno, contrariamente a lo que ella afirmó en el debate para las primarias. Ahora, además de la mayoría en la Cámara de Diputados, la Concertación dispondrá de una mayoría en el Senado de 21-17, debido a los doblajes de Antofagasta y Coquimbo. La vez anterior, en virtud del doblaje en Concepción, obtuvo una mayoría de 20-18. Y el sistema de seguridad social requiere solamente para su modificación de la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio.
El problema es que, de acuerdo a su Programa de Gobierno, la Concertación no quiere cambiarlo, ya que postula simplemente la creación de una AFP estatal, dejando el resto de las privadas. Esto, en lugar de sustituir el sistema, tenderá a reforzarlo; tal como lo hizo la reforma que se llevó a efecto durante el anterior gobierno de Bachelet. Aquella estableció una pensión básica solidaria (a cargo del Estado), pero legitimó y consolidó el sistema de pensiones basado en la capitalización individual y en la administración de los fondos del sistema por unos pocos grandes grupos económicos.
En realidad, el Programa actual de la Concertación no solo no pretende desmantelar las AFP. Tampoco pretende terminar con la “aplanadora” que hizo la dictadura de los derechos e instituciones económicas, sociales y culturales que había desarrollado la democracia en nuestro país. ¡Qué diferencia con lo que planteaban los partidos políticos que hoy forman la Concertación en la década de los 80! Así, respecto a las AFP, tenemos las claras opiniones que planteaba el PDC en 1984: “En particular, nos parece necesario, en primer lugar, terminar con el actual sistema previsional que permite que los fondos previsionales sean administrados por administradoras privadas (AFP), y pasar a un sistema de reparto, como el que existía en la práctica en el pasado. Las nuevas instituciones previsionales, que se crearán en reemplazo de las actuales, deberían ser administradas de un modo tal que aseguren una participación activa de los trabajadores en la administración de sus instituciones previsionales. El nuevo sistema previsional deberá tener un fuerte énfasis en la solidaridad. Para ello proponemos que una proporción significativa de las cotizaciones previsionales de los trabajadores se destinen a financiar los aumentos en las pensiones mínimas y los servicios básicos de salud. Este carácter solidario asegurará un componente redistributivo al interior del nuevo sistema previsional. Por último, y a diferencia del sistema previsional antiguo, proponemos que las pensiones que son superiores a la mínima se calculen tomando en consideración el total de los aportes previsionales que haya realizado el trabajador a lo largo de su vida activa. De este modo se evitarán algunas situaciones de injusticia que se producían con el sistema antiguo, el que consideraba sólo las imposiciones de los últimos meses antes de jubilar” (Seminario de profesionales y técnicos humanistas cristianos.- Proyecto Alternativo, Tomo II; p. 284).
Es cierto que el Programa de la Concertación de 1989 era bastante menos drástico. Recordemos que, de acuerdo a lo confesado por la eminencia gris de la “transición” en 1997 -Edgardo Boeninger-, el liderazgo de la Concertación experimentó a fines de los 80 una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, “que políticamente no estaba en condiciones de reconocer” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello; pp. 368-9). Con todo, lo que proponía respecto de las AFP era bastante más progresista que lo que hace hoy; al estipular que “se podrán establecer tres tipos de AFP: las de administración privada tradicional con representantes de los ahorrantes en el directorio; las de propiedad de los ahorrantes y las de los grupos organizados de trabajadores. Los trabajadores podrán optar por elegir la institución en que ahorran para la vejez y al mismo tiempo serán partícipes activos del manejo de sus ahorros y de una parte significativa de la economía nacional” (Bases Programáticas de la Concertación de Partidos por la Democracia: p. 39).
Pero lo más notable es que el liderazgo concertacionista no reacciona siquiera ante el verdadero desastre que para la generalidad de los trabajadores está significando el funcionamiento de las AFP, de acuerdo a numerosos estudios de especialistas en el tema. Ya en 1999, Jaime Ruiz-Tagle llegaba a lapidarias conclusiones al respecto, analizando la década de los 90. Señalaba que “el sistema chileno de capitalización es totalmente individual; no admite ninguna forma de solidaridad. No permite, por ejemplo, otorgar los llamados ‘derechos gratuitos’, que favorecen a las mujeres embarazadas, o a las que cuidan niños pequeños, o a quienes prestan el servicio militar (…) Por otra parte (…) una vez otorgadas las jubilaciones sólo se reajustan conforme al IPC, hasta la muerte del beneficiario. Esto significa que el sector pasivo se va quedando atrás, y no participa de los aumentos de remuneraciones que reciben los trabajadores activos. En el sistema de reparto, las pensiones se suelen reajustar en forma paralela al aumento de la masa salarial, lo que permite un progreso relativamente equitativo de los trabajadores activos y de los pasivos. En el caso de Chile, las remuneraciones aumentaron en un 4,9% real, como promedio, entre 1990 y 1997. Esto significa que si alguien recibía en 1990 un sueldo equivalente a 100, en 1997 ya ganaba 140. Si un trabajador que también ganaba 100 jubiló con el 70% de ese sueldo (como lo establece el sistema), en 1997 recibía una jubilación equivalente al 50% del sueldo de su antiguo colega. Naturalmente, el deterioro relativo se irá agudizando a través de los años” (Evaluación del Funcionamiento del Sistema Previsional en Chile. 1981-1999; Ponencia del Seminario Salud y Seguridad en la América Latina del Siglo XXI, Ciudad de México, 11 y 12 de Octubre de 1999).
Posteriormente, los estudios han llegado a conclusiones cada vez peores para los trabajadores. Como las del artículo de Manuel Riesco en 2005: Trabajo y Previsión Social en el Gobierno de Lagos (en Gabriel Salazar y otros.- Gobierno de Lagos. Balance crítico; Edic. Lom, 2006); y las del libro del ex presidente del PDC, Ricardo Hormazábal: El gran engaño: 30 años del sistema de AFP; Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, 2012. Por último, un reciente estudio de CENDA, liderado por Manuel Riesco (Resultados para sus Afiliados de las AFP y Compañías de Seguros Relacionadas con la Previsión: 1982-2012) concluyó en que con el sistema actual “los aportes de los afiliados y los subsidios del Fisco son tres veces mayores a las pensiones que paga el sistema”; y que las pensiones pagadas por las AFP pueden alcanzar, incluso en personas que hayan cotizado permanentemente, ¡el 10% de lo que ganaba la persona trabajando! (Ver El Clarin; 3-11-2013).
Sin embargo, las actitudes del liderazgo de la Concertación a favor de las AFP no se explican ya solamente por su viraje ideológico, crudamente reconocido por Boeninger en 1997. A ello hay que agregar una colusión de intereses cada vez mayor entre aquel y los grandes grupos económicos. Así, a las decenas de connotados políticos o burócratas concertacionistas que han emigrado crecientemente a directorios o administraciones de grandes empresas; es importante destacar los que se han ido concretamente a los directorios de las AFP: Julio Bustamante, Superintendente de AFP entre 1990 y 2000 (Aylwin y Frei Ruiz Tagle) fue posteriormente presidente de la AFP Magister. Ximena Rincón, Superintendente de Seguridad Social e Intendente de Santiago (Lagos), asumió en 2006 como directora de la AFP Provida, la más grande del país; y estando en esa calidad llegó a ser vicepresidenta del PDC. José Antonio Viera Gallo, presidente de la Cámara de Diputados (1990-93) y senador del PS (1998-2006), asumió también como director de AFP Provida en 2006, hasta ser nombrado Ministro Secretario General de la Presidencia por Bachelet en 2007.
Actualmente, se desempeñan como directores de AFP Provida el ex ministro y embajador del PS (Frei, Lagos y Bachelet) Osvaldo Puccio; y la ex Subsecretaria de Hacienda entre 2000 y 2006 (Lagos), María Eugenia Wagner. Además, es presidente de AFP Cuprum, Hugo Lavados (PDC), quien fue ministro de Economía de Bachelet; y director de la misma, Jorge Marshall (PPD), quien fue ministro de Economía de Aylwin. A todo lo anterior se suma lo señalado por Ricardo Hormazábal de que las AFP financian el 14% de las campañas electorales de la Concertación (Ver El poder político y económico detrás de las AFP; en El Mostrador; 4-7-2013).
Por todo lo anterior, es claro que la Concertación no tiene intenciones de sustituir el sistema de AFP. Esto será posible en los próximos cuatro años solo si la presión social para tal efecto adquiere la envergadura suficiente…