CODEPU acusa: Fernando Matthei Aubel autor de crímenes contra la humanidad

Senadora:

Su voz estridente denunciando la presencia de “el desgraciado” Juez Baltazar Garzón, la retrata de cuerpo entero en su fanatismo, en la supina ignorancia, en su intención por torcer los porfiados hechos, por desconocer la fuerza de la razón y la prevalencia del derecho y la justicia, por sobre el atropello y los atentados graves a los derechos fundamentales de las personas.

Usted  debe saber que cuando el Estado reclama para sí el monopolio de la fuerza  o de las armas, lo hace con la finalidad última de resguardar al soberano, es decir, al pueblo. Pero cuando el poder se pervierte y degenera en yugo que somete al soberano, violando sistemática, institucionalizada y masivamente los derechos inalienables y fundamentales a la vida y la integridad física y psíquica de quines son sus  titulares, sujetos destinatarios a la protección del Estado, se impone a la comunidad toda, -incluida la comunidad internacional- el imperativo ético y  jurídico de determinar las responsabilidades penales, de quienes violando sus juramentos de lealtad a la patria se confabularon, precisamente para acometer crímenes contra sus propios ciudadanos.

Usted Senadora, no puede menos que saber, que en Chile, durante 17 años, como expresión de una política de estado, se violaron los derechos humanos, y que su padre, en la ignominia y la infamia infinita, en la trasgresión más cara a los valores de un militar, se puso al servicio de esa política de Estado. No sólo eso,  a sus propios  camaradas de armas, a sus compañeros oficiales y suboficiales del Fuerza Aérea, los dejó a merced de torturadores y criminales, a sabiendas que eran objeto de apremios y vejámenes  de todo tipo.

Por si usted no lo sabe, el año 2001, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo -CODEPU- , en representación de civiles y ex oficiales y suboficiales de la FACH, sobrevivientes de la AGA,  deducen querella criminal por los delitos de secuestros y torturas, perpetrados precisamente en el recinto formador de futuros oficiales de la república.

Le informamos Senadora que:  “…. después de ocurridos los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973, sujetos pertenecientes a la Fuerza Aérea de Chile procedieron a detener a diversas personas miembros de esa rama de las Fuerzas Armadas, a fin de investigarlos por presuntas acciones estimadas contrarias al Gobierno Militar, como también a civiles que habrían sido señalados como pertenecientes a grupos de tendencias de izquierda o contrarios al régimen militar imperante  …. Una vez detenidas, las personas consideradas peligrosas eran llevadas hasta el recinto de la Academia de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea, ubicada en calle La Cabaña Nº 711, comuna de Las Condes, lugar en que la mayoría de los detenidos eran mantenidos en el subterráneo de dicha Academia y, los demás, en otras dependencias de ese edificio, siendo custodiados por funcionarios de ese organismo a cargo de oficiales de dicha institución;  que las personas eran interrogadas por ellos y, con el objeto de obtener informaciones y antecedentes de otras personas involucradas en actividades que se consideraban extremistas, eran sometidas a diversos apremios psicológicos o físicos consistentes, estos últimos, en mantenerlos permanentemente con la vista vendada, con piernas o brazos flectados pasándoles un palo entre sus extremidades y dejándolos suspendidos en el aire (pau de arara), aplicándoles descargas de corriente eléctrica en partes sensibles  del cuerpo, tales como lengua, órganos genitales, sienes, obligándoles a permanecer de pie durante muchas horas o días sin suministro de agua o comida o sometiéndolos a simulacros de fusilamiento. …, después de permanecer un  tiempo prisioneros, se les dejaba en libertad sin cargo alguno o, en otras, fueron inculpados de delitos  que fueron investigados por alguna de las dos fiscalías de Aviación en tiempo de guerra que también funcionaron en ese recinto”.

Lo dicho, no constituye  una afirmación peregrina, es parte de la acusación, que el Juez de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Fuentes Belmar, ha deducido en la causa ROL 1058-2001,  el  24 de julio del presente año, con lo cual se a probado fehacientemente que la Academia de Guerra Aérea, devino en centro de exterminio y torturas, en circunstancias que su padre era el  Director de dicha institución.

En efecto, en el mismo expediente, a fojas  1435,  se consigna   la Hoja de Servicios de la  Fuerza Aérea de su padre, Fernando Matthei Aubel, en la que se señala  que el 18 Diciembre 1973 es nombrado Director de la Academia de Guerra Aérea.

Senadora; el espacio de horror indecible, en el que fue convertida la AGA, no era en absoluto desconocido por su padre. El   5 de abril de 2006, en  Declaración Judicial  prestada por su progenitor, en este proceso,  se lee :  “Mis funciones como Director consistían en cuidar la propiedad de la Academia y sus instalaciones para que pudiera volver a funciones como tal, cuidar de la seguridad del perímetro exterior, apoyar a la fiscalía con transporte y alimentación.

Usted sabe mejor que nosotros, que en 1977 su padre fue, no obstante ser la cuarta antigüedad, nominado por su amigo Augusto Pinochet, comandante en jefe de la FACH y designado miembro de la Junta Militar, cargo que desempeña hasta 1990.  13 años formando parte del circulo de poder que cercenó y conculcó libertades y derechos esenciales, 13 años en que se continuó asesinado, torturando, despareciendo, quemando, exiliando, exonerando, y avasallando a quienes había juramentado defender,  ofreciendo su vida si fuera necesario. Asesinaron a dirigentes sindicales, degollaron a profesionales, quemaron vivos  a jóvenes, asesinaron a cientos de chilenos y chilenas bajo el pretexto de falsos enfrentamientos, entre ellos a Patricio Sobrazo, secretario Ejecutivo de nuestra institución (CODEPU). Probablemente su padre, tampoco quiso saber lo que sucedía en el país mientras ejercía la totalidad de los poderes.

El peor sordo, senadora, es el que no
quiere escuchar. Lo mínimo que se le puede exigir, si se niega persistentemente en reconocer la aciaga realidad, es guardar silencio.

Dra. Paz Rojas Baeza

Presidenta CODEPU                                      Santiago, 29 de agosto de 2006