Proyecto Imán: otro negocio minero adquirido por los Piñera Morel que expuso a la Presidencia a un conflicto de intereses

La línea de tiempo del negocio del proyecto minero Imán es extensa, pero sus hechos fundamentales aparecen entre 2010 y 2012, durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Fue entonces cuando las 14 pertenencias mineras ubicadas 10 kilómetros al suroeste de Vallenar se vendieron a un fondo de inversión en US$13 millones.

En ese fondo de inversión los Piñera Morel participaban a través del FIP Mediterráneo y tenían como socios a la familia de Carlos Délano, uno de los dueños de Penta y amigo histórico del Presidente Piñera. Ambas familias también estaban en el negocio de la Minera Dominga, cuya venta fue realizada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, según reveló un reportaje de CIPER y La Bot en el marco de la filtración mundial de los Pandora Papers.

Ambos proyectos, Imán y Dominga, están bajo el paraguas de Minería Activa, un fondo de inversión levantado por Larraín Vial. Si Dominga fue el primer paso, Imán fue el segundo. Para gestionar el negocio de Dominga se creó la sociedad Minería Activa Uno Spa, mientras que para Imán la sociedad fue otra: Minería Activa Dos Spa. Los accionistas eran casi los mismos (vea aquí una tabla comparativa).

Minería Activa Dos Spa se constituyó el 21 de octubre de 2010, en medio de una serie de movimientos societarios diseñados para concretar la compra del proyecto Imán ¿El vendedor? Arnaldo Del Campo Arias, quien pocos meses antes había sido nombrado por el Presidente Piñera como uno de sus representantes en el directorio de Enami, la empresa estatal dedicada a fomentar la pequeña y mediana minería.

Cuando Del Campo fue nombrado por el Presidente en la Enami, ya estaban en marcha las conversaciones para la compra de las 14 concesiones mineras, como lo confirmó a CIPER uno de los asesores del vendedor. De esta forma, en el mismo periodo en que se cerró la compraventa de Dominga con la controversial cláusula que ahora investiga el Ministerio Público, los Piñera Morel entraban a otro negocio que expuso a la Presidencia a un conflicto de interés: participaron en la compra de un proyecto minero cuyas negociaciones iniciales coinciden con el nombramiento del vendedor como representante del Presidente Piñera en el directorio de la empresa pública del mismo rubro.

La familia de Piñera participó en ese negocio a través del Fondo de Inversión Privado Mediterráneo, el mismo con el que operaron en Dominga. A la fecha en que se produjo la compra de Imán, este fondo tenía el control del 33,3% de la sociedad Minería Activa Dos, que estaba en la cúspide de una cascada de sociedades y fondos de inversión que terminaron adquiriendo las pertenencias mineras. Minería Activa Dos tenía el 50% del Fondo de Inversión Privado Imán, el que a su vez poseía el 50% de Minería Imán Spa, la sociedad que finalmente compró las pertenencias.

La familia presidencial no tuvo solo un rol como inversionista en este negocio, pues en el directorio de esas dos sociedades clave (Minería Activa Dos y Minería Imán Spa) estaba Nicolás Noguera Correa, representante del fondo de inversión de los Piñera Morel, aunque también tenía una pequeña participación a título personal. Noguera ha sido durante la última década el ejecutivo que tomó las riendas de los negocios de la familia del Presidente.

El proyecto Imán contempla 14 concesiones mineras que contienen hierro y escandio, los que, según declara Minería Activa en su web, pueden ser extraídos de forma subterránea y también a tajo abierto. Son más de 11.200 hectáreas, a unos 40 kilómetros de la costa, que actualmente están en etapa de exploración. En 2017 la unidad de investigación de Radio Biobío contó por primera vez sobre la existencia de este proyecto, debido a una querella que presentó la ex esposa de Arnaldo Del Campo.

Justo antes de que Piñera nombrara a Arnaldo Del Campo como director de la Enami, lo que ocurrió el 9 de junio de 2010, el vendedor del proyecto estaba tentado de venderle a una minera china, pero sus abogados -que ya estaban en conversaciones con los Délano- le recomendaron no hacerlo. En octubre de 2010 comenzaron a armarse las sociedades que participarían del negocio. Y el 31 de enero de 2011 se firmó el contrato de opción de compra entre Del Campo y el grupo de inversionistas entre los que estaba la familia Piñera Morel.

EL NEGOCIO DE IMÁN, PASO A PASO

Hasta octubre de 2009, el proyecto Imán tenía otro comprador. Arnaldo Del Campo había firmado una opción de compra con Pucobre, asociada al Grupo Hurtado Vicuña, pero el 13 de ese mes esa empresa desistió. Entonces, Del Campo comenzó a buscar nuevos compradores. Entre los interesados estuvieron una minera propiedad de Eike Batista -brasileño que llegó a estar en la nómina de los más ricos del mundo antes de ser condenado por fraude y corrupción-, empresas chinas y otras alojadas en paraísos fiscales. A inicios de 2010 la familia de Carlos Délano también puso su mira sobre el proyecto.

Uno de los abogados de Arnaldo Del Campo durante la venta de Imán, el abogado tributario Christian Aste, contó a CIPER que en junio de 2010 estaban decidiendo a quién le vendían el proyecto. De hecho, cita un correo electrónico de fecha 17 de junio de 2010 que le envió su socio, Juan Cristóbal Jaramillo, desde Sudáfrica (asistía al mundial de fútbol), donde le pregunta si Del Campo le va a vender a los inversionistas chinos o no, para decirle a los Délano y no quedar mal con ellos.

Solo diez días antes, el 9 de junio, el Presidente Sebastián Piñera había nombrado a Arnaldo Del Campo como uno de sus representantes en el directorio de Enami (vea aquí el decreto de nombramiento).

Christian Aste indicó a CIPER que los Délano se enteraron del negocio de Imán a través de su socio, Jaramillo, quien conocía a uno de los hijos de Carlos Délano. Y que a través de él supieron que los Délano estaban interesados en invertir en proyectos mineros. Fue cosa de días para que les presentaran a Arnaldo Del Campo, quien buscaba compradores para Imán.

“En ese minuto Arnaldo tenía muchas ofertas, pero de chinos y de otra gente, por mucha más plata. Pero eran ofertas de gente que uno no conocía, de sociedades que estaban fuera de Chile, de paraísos tributarios. Entonces, le dijimos que era preferible que sea menos dinero, pero que sea de verdad. En ese minuto se creó un fondo de inversión privado, donde Arnaldo participó, pero después los inversionistas (Délano y sus socios) dijeron ‘sabes que nosotros no te compramos las acciones del fondo de inversión, sino que la pertenencia misma’. Así que constituimos una sociedad y metimos ahí las pertenencias”, señaló Christian Aste.

Ese testimonio tiene su correlato en la información del Diario Oficial, donde el 12 de octubre de 2010 aparece constituida la sociedad Imán S.A., cuyos socios fueron Arnaldo Del Campo y los abogados Juan Cristóbal Jaramillo y Christian Aste, en representación del Fondo de Inversión Privado Peralillo. Las concesiones mineras del proyecto Imán se incluyeron en esta sociedad. Siguiendo el testimonio de Christian Aste en los registros del Diario Oficial, ante la negativa del grupo de inversionistas ligados a los Délano (entre los que estaban los Piñera Morel) de comprar las acciones del fondo de inversión privado, el 18 de octubre de 2010 Jaramillo y Aste constituyeron la sociedad Huentelauquén S.A., la que compró las acciones de Imán S.A. y se quedó de esa forma con las pertenencias mineras.

Según relata el abogado Aste, Huentelauquén compró las pertenencias mineras al fondo de inversión de Arnaldo Del Campo en US$14 millones y luego, cuando las vendió al fondo de inversión donde participaban los Délano y los Piñera, le traspasó el dinero al fondo de Del Campo. Se hizo así, dijo Aste, por un asunto de planificación tributaria, para diferir el pago de impuestos. Eso significó que ni el nombre de Arnaldo Del Campo, ni el de sus sociedades, apareciera en los contratos con los que se concretó el negocio.

En paralelo a los movimientos societarios de Arnaldo Del Campo y sus abogados, los inversionistas que iban a comprar Imán también se movían. El 21 de octubre de 2010 Minería Activa (el paraguas del grupo de inversionistas donde participaban los Piñera y los Délano) constituyó la sociedad Minera Cerro Imán S.A. Y ese mismo día Minería Activa también constituyó una sociedad por acciones: Minera Activa Dos Spa (la que luego tuvo un leve cambio de nombre pasando a llamarse Minería Activa Dos).

El 31 de enero de 2011 se firmó el contrato de opción de compraventa de las concesiones mineras del proyecto Imán. En este primer documento legal aparecen dos sociedades compradoras que luego saldrían del negocio: Minería Activa Uno y el Fondo de Inversión Privado Rucapangui, ambas ligadas al grupo de inversionistas liderados por los Délano y los Piñera, y que eran las mismas que utilizaron para concretar el negocio de Minera Dominga. La sociedad vendedora de las concesiones mineras era Huentelauquén S.A., de los abogados de Arnaldo Del Campo.

En esa promesa de compraventa figuran Juan Cristóbal Jaramillo, como representante de Huentelauquén; Pedro Ducci (ejecutivo de confianza de los Délano) y Pablo Délano Méndez (hijo de Carlos Délano), como representantes del Fondo de Inversión Privado Rucapangui; y Nicolás Noguera Correa (ejecutivo de confianza de los Piñera) y Juan Paulo Bambach, en representación de Minería Activa Uno Spa.

En ese contrato inicial se estableció un precio de US$19 millones por las concesiones mineras de Imán, diferido en dos pagos. El primero, por US$1 millón, se canceló al momento de firmar la opción de compraventa. Rucapangui pagó US$500.000 y Minería Activa Uno la otra mitad. El resto del pago debía realizarse en un plazo máximo de 36 meses. Se incluyó una cláusula que estableció que si los compradores ejercían la opción de compra en un plazo de 13 meses (29 de febrero de 2012), el precio final por las concesiones bajaba a US$13 millones (vea aquí ese contrato).

A pesar de que en ese contrato los abogados de Arnaldo Del Campo se encontraron con Nicolás Noguera como contraparte (quien entonces era conocido por ser el gerente general de Bancard, uno de los vehículos inversores del Presidente Piñera), Christian Aste aseguró a CIPER que ni ellos ni su cliente supieron en 2010 que la familia Piñera Morel estaba dentro del negocio de la Minera Imán.

SE CONCRETA LA VENTA DE IMÁN

Antes de que se finiquitara la compra de Imán por parte del grupo de inversionistas liderados por los Piñera y los Délano, hubo cambios y nombramientos en las sociedades que terminarían quedándose con el proyecto. El 21 de abril de 2011 Minería Cerro Imán (creada meses antes) aumentó su capital social de $500.000 a $13.920.500.000, se transformó en una sociedad por acciones (Minería Imán Spa) y formó su primer directorio. Nicolás Noguera Correa, el ejecutivo de mayor confianza de los Piñera Morel, asumió como uno de los directores.

El 1 de septiembre de 2011 los inversionistas de Imán deciden la forma en que concretarán el negocio. Ese día se firma el pacto de accionistas de la sociedad Minería Activa Dos Spa, donde se establece que “la sociedad directamente, o a través de otras sociedades y/o fondos de inversión privados, es propietaria de parte del proyecto internamente denominado ‘Proyecto Imán’”. Luego se hace referencia al contrato de opción de compraventa firmado el 31 de enero de 2011, y se decide que “el contrato de opción será cedido a Minería Imán Spa”, la sociedad donde Noguera había asumido como director.

El capital de inversión inicial se estableció en US$14,5 millones, y se decidió que la sociedad madre (Minería Activa S.A.) realizaría la gestión y asistencia técnica del Proyecto Imán. Luego, se detallan los inversionistas que forman parte de la sociedad. Los Piñera Morel, a través del Fondo de Inversión Privado Mediterráneo lideran la lista con 870.306.294 acciones serie A, el 33,3% del total. Los siguen los Délano Méndez, quienes a través de Inmobiliaria Duero Limitada tenían 593.521.214 acciones, el 22,73%. Entre los Piñera y los Délano acumulaban el 56,03% del total de acciones.

Al igual que en el fondo de inversión tras Minera Dominga, aquí también participan más inversionistas como Aníbal Larraín Cruzat, José Antonio Garcés y Leonidas Vial Echeverría, entre otros.

Siguiendo el plan definido en la junta de accionistas de Minería Activa Dos, el 19 de diciembre de 2011 se modifica el contrato de opción de compraventa de Imán. La sociedad Minería Imán Spa se transforma en la compradora, y salen de la operación el FIP Rucapangui y Minería Activa Uno. Como estas dos sociedades ya habían pagado US$1 millón a la sociedad vendedora Huentelauquén, en la modificación se establece que Minería Imán Spa debe reembolsar ese dinero, además de otros $207.923.544 a Minería Activa Uno por conceptos de “gastos e inversiones en exploración y desarrollo del proyecto” (vea aquí la modificación del contrato).

Justo antes de que se terminara de concretar el negocio, se realizó una reunión de directorio de Minería Activa Dos, la sociedad que ahora estaba tras la compra de las concesiones mineras. A las 10:00 AM del 6 de enero de 2012 el directorio de la sociedad se reunió en una oficina de Avenida Presidente Riesco, en Las Condes. Hasta allí llegaron todos los directores: Nicolás Noguera Correa, Aníbal Larraín Cruzat, Pablo Délano Méndez, José Antonio Jiménez Martínez, Andrés Trivelli González y Juan Paulo Bambach Salvatore.

En esa reunión se finiquitaron los últimos detalles antes de concretar la compra. El 28 de febrero de 2012 la sociedad Minería Imán Spa terminó de comprar las 14 concesiones que forman parte del proyecto. Los inversionistas ejercieron su opción de compra justo un día antes de que se extinguiera la oferta que bajaba el precio de las pertenencias mineras de US$ 19 millones a US$ 13 millones (vea aquí el contrato final).

LA DEFENSA DE LA MONEDA

CIPER le consultó a la oficina del Presidente Sebastián Piñera si el mandatario estaba al tanto en 2010 de que su familia era inversionista en el Proyecto Imán; si se habían tomado resguardos para evitar un conflicto de interés cuando se nombró a Arnaldo Del Campo como uno de los representante de Piñera ante la Enami, mientras se negociaba la venta de Imán; quién decidió nombrar a Del Campo en la Enami y si la familia Piñera Morel seguía siendo inversionista en ese proyecto.

“El Presidente no participa desde 2009, hace 12 años, en la gestión o administración de ninguna empresa o negocio, lo que incluye a Mediterráneo FIP. Respecto de este último, no participa en su propiedad y nunca ha participado en su administración”, argumentaron desde la oficina del Presidente. La respuesta agregó que las inversiones del mandatario, y algunas de las de su familia, estaban dentro de fideicomisos ciegos: “En forma previa a su primer Gobierno, el Presidente Piñera se desligó absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que participaba. Adicionalmente, y en forma voluntaria, porque en ese entonces no existía ley que lo exigiera, constituyó Fideicomisos Ciegos. En forma igualmente voluntaria lo hizo su señora e hijos. El objetivo de los fideicomisos ciegos fue evitar conflictos de interés más allá de lo exigido por la legislación de la época (…) Respecto de su pregunta sobre las inversiones en la actualidad, este tipo de activos, cumpliendo con la ley, está bajo la administración de Fideicomisos Ciegos”.

Y sobre la designación de Arnaldo Del Campo en la Enami, aseguraron que “en cuanto a la designación de directores de empresas públicas, ellas se efectúan sobre la base de propuestas de las entidades estatales encargadas de su administración”.

El ejecutivo de mayor confianza del Presidente y su familia, Nicolás Noguera Correa, confirmó a CIPER que el Fondo de Inversión Privado Mediterráneo tenía una participación en el Proyecto Imán, pero que esta era minoritaria: “El Fondo de Inversión Privado Mediterráneo, en cuya administración nunca ha participado don Sebastián Piñera E., tenía a la fecha que te refieres un portafolio global y diversificado con inversiones en diferentes países e instrumentos. Una pequeña parte de dicho portafolio se dedicó a inversiones minoritarias en proyectos privados de etapa temprana en Chile, que estuviesen estructurados por terceros y administrados por equipos profesionales de primer nivel. Entre estas inversiones minoritarias se encontraba el referido proyecto de exploración minera. Todas nuestras inversiones se realizaron de acuerdo a la legislación vigente de la época, e incluso bajo los estándares de la nueva legislación actual, y respetando nuestro mandato y compromisos”.

Consultado respecto de si advirtieron un conflicto de interés debido a que el vendedor fue nombrado por el Presidente en la Enami, Noguera señaló: “Ni en la época de la inversión, ni cuando la prensa la difundió, ni actualmente, se consideró que existiese un conflicto de interés, ni tampoco legal, producto de quien era el vendedor de este conjunto de concesiones mineras en etapas tempranas de exploración”.

Sobre si en la actualidad los Piñera Morel siguen siendo inversionistas en Imán, Noguera señaló que no podría saberlo, porque “Mediterráneo no participa en inversiones de capital privado en Chile. Todas las inversiones de las características descritas en Chile en que participan empresas relacionadas a Inversiones Odisea (la sociedad matriz de los negocios de los Piñera Morel) se encuentran administradas por un ‘Mandato Especial de Administración de Activos Alternativos Sin Información al Mandante (fideicomiso ciego)’, por lo que no tenemos ni podríamos tener conocimiento de la composición actual del portafolio ni de una eventual participación en el proyecto en cuestión”.

Quien no es tan categórica al descartar un conflicto de interés es María Jaraquemada -abogada que trabajó en la implementación de la Ley de Transparencia y actualmente trabaja en temas de fortalecimiento democrático en la ONG IDEA Internacional-, quien le dijo a CIPER que “si el Presidente nombró a Arnaldo Del Campo en la Enami mientras negociaban, o después, sí habría un conflicto de interés”.

Para Luis Cordero, doctor en derecho y que se dedica a investigar temas relacionados con democracia y corrupción, este tipo de situaciones “demuestran que, pese a toda la regulación que hemos tenido -declaraciones de intereses y patrimonio, y fideicomisos ciegos-, sigue pendiente el bloque final de la regulación, que es la identificación de los destinatarios finales de las sociedades”. Esto, aseguró, porque la regulación de los conflictos de interés en nuestra legislación “no alcanza al régimen de sociedades”.

ARNALDO DEL CAMPO EN EL CONFLICTO

El negocio relacionado con la Minera Imán ya había estado en los titulares de las noticias en 2017 cuando la unidad de investigación de Radio Biobío reveló que Arnaldo Del Campo enfrentó una querella de su ex esposa, quien lo acusó de estafa. Según la mujer, cuando se divorciaron en 2009, Del Campo valorizó las concesiones mineras de Imán (junto a otras inscripciones) en $100 millones, lo que para ella resultó un engaño, ya que él terminó vendiéndolas en US$13 millones.

Y aunque Del Campo fue formalizado en abril de 2017, finalmente su ex mujer terminó desistiéndose de la acción judicial en enero de 2018.

Antes de eso, en 2012, cuando Del Campo ya estaba en el directorio de la Enami, se adjudicó un fondo de asistencia técnica de la Subsecretaría de Minería, cuyo objetivo es entregar asesorías a pequeños y medianos proyectos mineros. No se sabe si al momento de postular a ese fondo transparentó su rol como director de la Enami, cuyo directorio es presidido por el Ministro de Minería, a cargo de la misma cartera que otorga esos fondos de asistencia.

El actual ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, respondió la pregunta de CIPER sobre si existió un conflicto de interés cuando Del Campo se adjudicó un fondo de esa cartera: “Él debió, en su postulación a esos fondos, haber transparentado que era director de la Enami. Pero es un tema que no tiene que ver ni con el ministro de Minería de la época ni con el Presidente Piñera. Porque uno como ministro no tiene incidencia en quién se adjudica o no un fondo”.

Sobre el nombramiento de Del Campo en la Enami, Jobet señaló que “fue Consejero Regional por diez años, consejero por 20 años de la Sociedad Nacional de Minería y director por cuatro años en el gremio minero.  Antes fue gerente de una de las empresas filiales de CAP y reconocido empresario de la pequeña y mediana minería. Tiene trayectoria de sobra para ser director de Enami”.

Luego de que Del Campo cumpliera su periodo de tres años en la Enami, el 24 de junio de 2013 el Presidente Sebastián Piñera volvió a nombrarlo en ese cargo (vea aquí ese decreto). Finalmente, renunció  el 24 de febrero de 2014, justo antes de que finalizara ese gobierno.

Arnaldo Del Campo es un reconocido militante de RN en la zona de Vallenar, donde además de Imán, en 2010 poseía otras concesiones mineras que intentó vender a inversionistas. En 2001 postuló infructuosamente como candidato a diputado. Luego de dejar Enami en 2014, fue director de la Sonami, la organización empresarial de la minería, y actualmente es consejero de esa entidad.

Según la página web de Minería Activa, Imán es un proyecto que sigue en etapa de exploración. En marzo de 2021, el seremi de Minería de Atacama, Cristián Alvayai, participó de una feria virtual organizada por la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá. Entre los proyectos mineros destacados por Alvayai, que se ofrecieron a los inversionistas, estaba Imán. Según consignó en esa fecha El Diario De Atacama, Imán se describió como un proyecto “operado por Minería Activa, es un depósito de hierro similar a las minas Los Colorados y Algarrobo, ubicado a 10 kilómetros al suroeste de Vallenar, a 40 kilómetros de la costa, solo a 400 msnm. Se espera extraer Hierro y el proyecto se encuentra en etapa de seguimiento”. El seremi cerró su intervención esperanzado en que “la visión más novedosa” de estos proyectos mineros “sea atractiva para los inversionistas”.

*Fuente: CiperChile