Nuestra deuda: la dignidad del Sahara

Aun cuando en sus visitas al Sahara a finales de los 70, las misiones de la ONU reconocieron como “evidente” la voluntad del pueblo saharaui por la independencia y su prácticamente unánime apoyo al Frente Polisario, el conflicto saharaui ha encallado, esperando un referéndum que nunca llega.

El nacimiento de las Naciones Unidas tuvo lugar en 1942 (sin contar el intento fallido que supuso la Sociedad de Naciones), culminando su constitución en el año 1945, teniendo como uno de sus principales objetivos la descolonización. Aún así, 75 años más tarde, 17 territorios no han logrado obtener una total autonomía y autogobierno. El Sahara Occidental es uno de esos 17 territorios, más aún, la antigua colonia española es el último resto colonial del continente africano.

La situación en el Sahara es el perfecto ejemplo de la pasividad institucional ante la violación sistemática de derechos humanos; empezando por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y España, tiene una importante responsabilidad histórica, legal y moral hacia el Sahara, que ha rechazado ejercer durante demasiado tiempo.

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En 1885 las potencias europeas se sentían con la autoridad suficiente para repartirse continentes sin responder ante nadie. En la execrable Conferencia de Berlín a España le fueron otorgados, prácticamente como mercancías, los territorios del Sahara Occidental, pasando a llamarse Sahara Español, y Guinea Ecuatorial. Ambos obtendrían el estatus de provincias españolas en 1958 y 1959 respectivamente.

Mientras que el mantenimiento del poder colonial en Guinea Ecuatorial fue resultando más y más difícil, obteniendo su independencia en 1968, en el Sahara el proceso fue más costoso. A finales de los años 60, inspirados por los movimientos nacionalistas anticolonialistas africanos, se funda el Movimiento para la Liberación del Sahara, predecesor del Frente Polisario. Con la creciente actividad e influencia del Frente Polisario y los cambios políticos que enfrentaría España en los próximos años, en 1975 y con el dictador en su lecho de muerte, España abandona el territorio.

Recientemente, se hacían públicos documentos desclasificados de la CIA que señalan al fugado Rey emérito Juan Carlos I como principal responsable de la entrega del Sahara a Marruecos.

Recientemente, se hacían públicos documentos desclasificados de la CIA que señalan al fugado Rey emérito Juan Carlos I como principal responsable de la entrega del Sahara a Marruecos. De ser así, a la larga lista de escándalos que el monarca ha protagonizado podría sumarse la vulneración del Derecho Internacional, al entregar el Sahara a Marruecos y Mauritania, en colaboración con el Departamento de Estado de Estados Unidos, a sabiendas de que la Corte Internacional de Justicia concluyó que no existe ninguna conexión que pueda justificar la soberanía territorial de Marruecos o Mauritania sobre el Sahara Occidental, y provocando un conflicto armado que se extendió hasta 1991.

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Como consecuencia, casi cuatro décadas después del alto el fuego, España continúa siendo la potencia administradora del Sahara, y las regiones bajo dominio marroquí sufren sistemáticas violaciones de derechos humanos y políticos; detenciones arbitrarias, fosas comunes, agresiones sexuales, asesinatos en masa, malos tratos, torturas…

Los desaparecidos a manos de las autoridades marroquíes desde el abandono español del territorio superan el millar de personas. Algunas fueron liberadas décadas más tarde, otras, más de 400, permanecen desaparecidas de acuerdo a los datos proporcionados por AFAPREDESA (Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis). Como consecuencia de esta situación, la frágil “paz” a la que se les condenó, se resquebraja aún más cada año que pasa.

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Desde una perspectiva jurídica, el derecho a la autodeterminación presupone el reconocimiento de otro derecho al libre y armonioso desarrollo de la nacionalidad. La Carta de Naciones Unidas dio estatus legal al derecho de autodeterminación, tras la II Guerra Mundial. Pero hubo que esperar hasta 1960 a que la Resolución 1514 considerara a los Estados garantes de este derecho, oponible “frente a todos”. Esta concepción implica la existencia de obligaciones, tanto políticas como económicas, a los Estados para respetar y hacer respetar la autodeterminación de los pueblos.

Aunque el referéndum ha sido reconocido como la herramienta más adecuada para el desarrollo de este derecho, la doctrina jurídica no recoge la necesidad de la celebración de un referéndum como condición sine qua non para que un territorio colonial obtenga la independencia. Hay ejemplos en los que la voluntad y el deseo de las gentes por la independencia se ha consideró tan evidente que no fue requerida ninguna votación.

Aun cuando en sus visitas al Sahara a finales de los 70, las misiones de la ONU reconocieron como “evidente” la voluntad del pueblo saharaui por la independencia y su prácticamente unánime apoyo al Frente Polisario, el conflicto saharaui ha encallado, esperando un referéndum que nunca llega.

El miedo español a siquiera mencionar el derecho de autodeterminación, posiblemente fruto de nuestros problemas territoriales internos, dificulta la resolución del conflicto

Si bien la práctica de la Corte Internacional de Justicia es clara, el miedo español a siquiera mencionar el derecho de autodeterminación, posiblemente fruto de nuestros problemas territoriales internos, dificulta la resolución del conflicto. Se trata de situaciones de partida muy diferentes, pero la mínima mención por parte del Estado sobre la necesidad de respeto a la voluntad de los pueblos por su independencia sería atacada por distintos sectores de la política con fines electoralistas. Aunque tampoco es seguro que este sea el verdadero impedimento por el cual ningún Ejecutivo parece plantearse una posición más dura frente al Reino de Marruecos; aspectos geopolíticos, como la inmigración, e incluso económicos son hipótesis más realistas.

A pesar de una tímida mención en su programa electoral con relación al derecho de autodeterminación del Sahara, Unidas Podemos no ha sabido o querido convencer desde el Gobierno de la responsabilidad histórica con el proceso descolonizador. Así, el “gobierno más progresista de nuestra historia” ha negado en sede parlamentaria cualquier responsabilidad internacional con el Sahara Occidental, por más que su papel como Potencia Administradora del territorio haya sido jurídicamente probado en multitud de ocasiones. El Gobierno de coalición corre el riesgo de dar la espalda al pueblo saharaui como todos los Ejecutivos anteriores.

Marruecos boicotea cada solución presentada, consciente de que, aunque el Frente Polisario cuenta con el apoyo del pueblo saharaui y la simpatía de la opinión pública internacional, el tiempo juega en su favor. Afirma querer una solución pacífica para el conflicto mientras rechaza cualquier escenario que pueda tener como posible resultado una votación sobre la independencia del Sahara. En realidad solo busca consolidar su ya de facto dominio en la zona, a perpetuidad. Mientras tanto, aún teniendo el derecho, la verdad y la moral de su parte, el tiempo empuja inevitablemente al Frente Polisario a retomar la lucha armada ante la pérdida de confianza en una posible solución negociada.

Si España no deja de eludir sus responsabilidades y toma como propia la problemática saharaui, convirtiéndola en una cuestión de Estado, será responsable de un nuevo conflicto y el Sahara terminará muriendo de indiferencia. Las relaciones exteriores de nuestro país necesitan un cambio de rumbo sin precedentes, no como simple deber legal sino moral.

*Fuente: El Salto Diario