Pandemia y crisis del modelo

Es un hecho que nunca estuvimos preparados para enfrentar la Pandemia. El modelo económico de mercado heredado de la dictadura cívico-militar, perfeccionado y administrado alegremente por la Concertación y la Alianza, nunca tuvo en sus prioridades buscar alternativas que hicieran posible un modelo compatible con las necesidades de la población, menos aún de sus aspiraciones. Durante esta Pandemia las medidas anunciadas fueron insuficientes, algunas de ellas financiadas con los mismos ahorros de los desempleados (Ley de Protección al Empleo), otras intentaron llevar liquidez a las empresas paralizadas mediante el crédito Fogape. Con gran estruendo se anunció que se aliviaría la situación de 1 millón 200 mil pymes, para reconocer pocos días después que alcanzaría solo para 300 mil con alguna probabilidad de llegar a 500 mil. La distribución mediante bancos –a saber 12– fue un fracaso, por lo que se creó una segunda línea de créditos esta vez sin bancos…. La distribución en las comunas de 2 millones 500 mil cajas con mercadería reveló sobreprecios de 11 mil pesos por caja en beneficio de los controladores del mercado, entre ellos la cadena ALVI, lo que significó una ganancia de 27 mil 500 millones de pesos para el empresariado. Conscientes del fracaso del gobierno, Lavín y Codina (alcaldes UDI) se desmarcaron de Piñera inaugurando en la comuna de Puente Alto, en convenio con Las Condes, la entrega de tarjetas por valor de $30.000 para comprar alimentos en 3 pequeños negocios de la localidad a precios fijados por la Alcaldía. Frente a la prensa los alcaldes declararon que se trataba de “precios éticos” – desde luego la traición al modelo de mercado, que no admite la fijación de precios, resulta apenas un detalle en tiempos de pandemia. Aunque a escala microscópica, se vuelve a la propuesta de la población de tener un nivel de compra acorde con un ingreso familiar de emergencia reajustado de 500 mil pesos para 4 personas, para así adquirir directamente en los negocios del barrio. Desde luego el confinamiento en moradas de 40 m² para familias de 5 y más miembros marca condiciones al límite de la supervivencia, más aún si el ingreso es día a día y la cuarentena impide salir a buscar el sustento en la ciudad. De ahí que en los barrios pobres donde imperan las ollas comunes se acuñara la frase: “la cuarentena del hambre”.
De cómo se distribuye el excedente en la economía
Las grandes y medianas empresas representan el 4% del total es decir, poco más de 56 mil unidades productivas entre grandes (14172) y medianas (42000) con un 92% de las ventas. Las micro y pequeñas empresas, 875000 unidades, representan el 8% de las ventas totales.
El ingreso de los trabajadores, salvo sectores modernos e intermedios de la economía (grandes y medianas empresas de la minería transnacional, industria y servicios modernos), alrededor de 15% de la fuerza de trabajo, revela remuneraciones insuficientes para el 85% restante de mayor vulnerabilidad, empleados en el comercio, construcción y servicios con pocas o nulas perspectivas de mejoramiento: empleados en micro y pequeñas empresas, talleres artesanales, pequeño comercio, obreros de la construcción sin contrato permanente de trabajo en empresas con RUT múltiples para evadir los pagos de la seguridad social y jubilación contributiva, independientes con boleta y sin seguridad social, juniors, distribuidores de alimentos, vendedores ambulantes, trabajadores ocasionales…
En condiciones de precariedad laboral los automatismos del mercado no operan. El Estado consecuente con su política asistencialista multiplica los subsidios y las transferencias monetarias. Sin una visión de la estructura productiva y sus bases de funcionamiento es imposible entender la trama del poder económico que entiende resolver el problema social mediante subsidios, transferencias monetarias, cambios de partidas presupuestarias y donaciones empresariales.
El punto de partida es el reconocimiento de la heterogeneidad estructural definida según criterios de productividad, progreso técnico y escala de operaciones, en empresas modernas, intermedias y tradicionales. Esa heterogeneidad fija los términos en que se desarrollan las relaciones sociales de producción y las remuneraciones que se pagan. La noción de plusvalía tradicional reconoce en su definición los “ingresos de la propiedad”[i] a saber, ganancias, intereses y renta de bienes raíces, todo ello en beneficio del capital. Por tanto la plusvalía se traduce en la diferencia entre la producción neta total y el ingreso de los trabajadores (K. Marx). Una mayor plusvalía generada por el trabajador, supone mayor oferta de Bienes Públicos básicos  (educación, salud, vivienda), a riesgo de incurrir en externalidades negativas para el caso en que dicha oferta no se realice y, por tanto recaer en subsidios (compensatorios) del Estado por la vía presupuestaria. De esa manera se socializa la deuda social así generada por el modelo económico vigente. Esta situación, normal en un modelo de mercado, se expresa en mayores gastos del Estado en economías desarrolladas y emergentes. Todo lo cual debe ser tomado en cuenta en la noción inicial de plusvalía.
En economías desarrolladas y emergentes la plusvalía puede revestir numerosas formas de gastos. P.A. Baran y P.M. Sweezy definen de manera general el surplus como la diferencia entre la producción total y los costos socialmente necesarios para obtener dicha producción. A la noción que hemos llamado ‘ingresos de la propiedad’ agregamos gastos en la realización de los negocios, muchos de ellos innecesarios así como sucede en el comercio; rupturas en la línea de producción como consecuencia de paros en la actividad productiva y laborales; gastos presupuestarios, entre ellos gastos sociales derivados de externalidades negativas durante el proceso productivo; surplus absorbido por el Estado…
El surplus representa una categoría teórica propia del capitalismo en tiempos de la industria 4.0. Este concepto no considera sino la partida acumulada, o plusvalía efectiva, esto es la diferencia entre la producción corriente y el consumo efectivo de la sociedad. Por ello debe entenderse como un índice de productividad y de prosperidad y, del margen de libertad que dispone una sociedad para alcanzar los objetivos que se proponga.
En esta perspectiva, el Estado no crea valor, más bien lo gasta, a través del sistema fiscal. Los gastos que realiza constituyen una porción de la plusvalía creada en las unidades productivas. La transferencia del excedente revela de una parte, su realización y de otra, la valorización del capital social que se crea en la ciudad y el campo. La tasa de interés por los gastos realizados representa el costo alternativo de los gastos sociales, u otros, que realiza. Parte del excedente de la economía se emplea en los subsidios destinados a los pobres y población de la clase media-baja.
Los efectos de la heterogeneidad de la estructura productiva ya citada, implica remuneraciones y gastos sociales para los trabajadores que se integran en la urbanización del cinturón de la Región Metropolitana y, que se emplean en la ciudad. De esta manera, el excedente se canaliza mediante subsidios, transferencias monetarias en fin, compensaciones a remuneraciones insuficientes, a través del gasto social del Presupuesto Público. Las transferencias directas del Estado a personas y familias representan 10% del presupuesto público es decir US$ 7785 millones y beneficia a alrededor de 6 millones de personas.
 
Pobreza, vulnerabilidad y clase media-baja
La Pandemia demostró que administrar situaciones sociales a partir de modelos de mercado es un contrasentido. Ello exigiría incluir en el precio de bienes y servicios las externalidades negativas creadas en el proceso productivo –en su mayoría bienes públicos no disponibles en un nivel apropiado a saber, educación, salud, vivienda, etcétera.
Incluir la crisis social exige el reordenamiento de costos y de ganancias. Eso no es posible en mercados monopólicos con precios cuya lógica de fijación ex-ante consagra más una gestión de poder que de mercado. En esas condiciones los salarios para el 85% del mercado del trabajo no tiene otra opción que recibir pequeñas compensaciones sociales, subsidios y transferencias del Estado en su mayoría. Esto soluciona en parte, lo que la actividad productiva, según la lógica del mercado, no logra resolver.
Los sectores vulnerables, pobres y pobreza extrema, constituyen el residuo del modelo, pues si bien en 11 años (2006-2017) la pobreza bajó de un 29,1% a un 8,6% de las personas y los vulnerables de 22,3% a 15,9% – ambas capas representan más de dos millones 200 mil de la población. Ese es el residuo del modelo de mercado que no logra la plena incorporación de esa población a la fuerza de trabajo. A ese residuo debe agregarse la clase media-baja cuya proximidad con el sector de los pobres es alta pues sus ingresos son precarios y bajos. Ahora bien, si el Estado busca resolver esa situación mediante subsidios, esto debe interpretarse como que la movilidad de pobre a clase media no proviene de mejoras en los puestos de trabajo y de sus remuneraciones, (los denominados ingresos autónomos), obtenidos en sus puestos de trabajo o de las jubilaciones contributivas. Este es un reconocimiento de las condiciones estructurales en que se realiza la actividad productiva y que el modelo de mercado no ha logrado resolver. Impera así un status quo social donde la economía crece pero las desigualdades se mantienen.
Bajar la pobreza de 29% a 8% implica conocer dónde, cómo y en qué condiciones esa población emigra hacia otros grupos socio-económicos es decir, hacia algunos estratos de la clase media a saber, baja, media-media y media-alta. Las cifras de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) permiten conocer en parte la movilidad de la población entre los años 2006 y 2017. Digo en parte pues en tiempos de Pandemia y confinamiento se neutraliza la actividad productiva. Esto permite entender las limitaciones del modelo de mercado en los tiempos futuros pos virus, que serán muy diferentes a todo lo que hemos conocido hasta ahora. Con estas limitaciones examinemos las cifras que describen la evolución de los grupos socioeconómicos durante 11 años: 2006-2017.
 
Grupos socioeconómicos y movilidad según cifras de la realidad
Veamos las tendencias anteriores a la Pandemia. En 2006, la evolución de la distribución de personas por grupos socioeconómicos es la siguiente: grupo pobres 29,1%; vulnerables 22,3%; clase media, 43,2%; altos ingresos 5,4% (= 100%).
En 2017 tenemos las siguientes cifras: grupo pobres 8,6%; vulnerables 15,9%; clase media, 65,4%; altos ingresos 10,1% (= 100%).
Los datos nos dicen que los pobres bajan en 20,5%; los vulnerables en 6,4%; la clase media y los altos ingresos suben en 22,2% y 4,7% respectivamente. Esto significa que los más desposeídos avanzaron 27 puntos (= 20,5+6,4) y con ello abandonan la condición de pobres y vulnerables. La clase media avanzó 22.2 puntos (=65,4-43,2) es decir, desde 43,2 puntos en 2006 a 65,4 puntos en 2017.
Este corte longitudinal de los grupos socioeconómicos está asociado a la coyuntura económica y cambios políticos que se vivieron en ese período de 11 años. Baste reconocer la crisis internacional de 2008 cuya recuperación no fue menor de 5 años, con dos propuestas políticas unidas en el modelo de mercado pero diferentes en el énfasis asistencial de las políticas –es un largo período de 16 años presidenciales con reelecciones sucesivas, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera. Por eso la movilidad de los estratos socioeconómicos aparece regida por subsidios, transferencias monetarias, en una palabra compensaciones para ocultar y administrar las falencias del modelo económico, bajo el signo de la pobreza encubierta.
En ese período parte de los pobres se desplazan hacia la clase media. Los estratos que conforman esta última permiten evaluar los procesos de movilidad social, según los ingresos al interior de dicha clase.
La clase media, alrededor de 5 millones 800 mil personas de población activa, siempre ha sido catalogada como una clase aspiracional en ascensos hacia mejores niveles de educación, salud, vivienda, empleo, esparcimiento, etcétera… en fin, a niveles sustancialmente mejores en su calidad de vida. De hecho constituye, según niveles de ingreso, más del 65% de personas encuestadas en la encuesta CASEN (2017).
Según la metodología del Banco Mundial adoptada por el Instituto Libertad y Desarrollo los ingresos de cada uno de los 3 estratos de la clase media se fijan en relación a la Línea de la Pobreza (LP, i.e., $417.347/4=104.377) en hogares de 4 personas. De esta manera 10,2% de los hogares del estrato alto se sitúan entre 4,5 a 6 veces la LP, esto es, $1.252.041 a $2.504.083; 26,7% de la clase media-media corresponde a ingresos que se sitúan entre 3 a 4,5 veces la LP: $1.252.041 a $1.878.062; 63,1% de clase media-baja llega hasta 3 veces la LP con un monto de $ 1.252.041.
En 2006, punto de partida de la encuesta, la clase media representaba 43,2%. Once años después, en 2017, la clase media representaba 65,4%.
En 2006, los estratos clase media-baja, clase media-media y clase media-alta señalaban la siguiente distribución: 69,3%, 21,7%, 9% (=100%) respectivamente.
En 2017, la distribución de los hogares según los estratos de clase media-baja, clase media-media y clase media-alta, presenta cambios que denotan transferencias importantes de población en los estratos medio-bajo (6,2 puntos de población que abandona el subgrupo bajo) y medio-medio (5 puntos que ingresa al subgrupo medio): 63,1%, 26,7%, 10,2% (=100%) respectivamente.
Siendo la clase media-baja (3,69 millones de personas) un estrato muy cercano a las capas pobres y vulnerables de la población las cifras pueden interpretarse como un proceso de movilidad social desde la clase media-baja hacia la clase media-media (1,53 millones). De hecho en el subgrupo de clase media-media se observa un incremento de 5 puntos. Lo cual no es muy significativo si se considera el nivel de precariedad en los empleos e ingresos que ostenta la clase media-baja. Baste decir que representa 42,5% del total de los hogares del país.
El estrato medio-alto en 11 años registra 1,2 puntos de variación (9% a 10,2%) que podría interpretarse como población del subgrupo medio que pasa a integrar la clase media-alta. Entre ambos subgrupos, se establece en términos de línea de pobreza (LP) una diferencia de 1,33 veces.
Sin embargo, el cuadro no está completo sin la realidad de la cima integrada por 197.600 personas, entre ricos y súper ricos. Alrededor de 1% de ricos representa 178 mil personas con un ingreso mensual de 15 millones de pesos; 0,1% 17.800 mil personas gana 83 millones de pesos mensuales y 1780 personas el 0,01%, gana 459 millones de pesos mensuales.
Los parámetros de la encuesta CASEN señalan diferencias abismales con la cima de los super ricos, cuando los ingresos de la clase media señalan que sus estratos se mueven, para un hogar de 4 personas, entre cifras de $1 millón 200 y $2 millones 500.
La situación de la clase media-baja dista de ser una capa social de acogida de pobres y vulnerables, más bien refleja una situación de reparto de la pobreza y la precariedad. Este contrapunto de riqueza y pobreza en períodos prolongados permite augurar períodos sociales pos virus de extrema violencia, inquietud social y estallidos sociales.
 
Fundación Sol. Transferencias del Estado a personas y familias.
Existe una investigación de la Fundación Sol que en cierta manera desnuda la lógica del asistencialismo a que hacíamos referencia en el párrafo anterior. Dos investigadores de dicha Fundación, Gonzalo Durán y Mario Kremerman, publicaron el estudio “La pobreza del ‘modelo’ chileno. La insuficiencia de los ingresos del trabajo y pensiones” (Fundación Sol. Ideas para el Buen Vivir N° 13, noviembre 2018), donde comparan el ingreso autónomo, –es decir del mundo del trabajo según sus ingresos del trabajo y los recibidos a cuenta de pensiones contributivas– con las líneas de pobreza.
Enlace para bajar, en formato PDF el estudio La pobreza del modelo chileno_IBV13-2
Las estadísticas utilizadas son aquellas presentadas por la encuesta CASEN 2017. El objetivo de los investigadores es detectar la capacidad de los ingresos de los trabajadores y de las pensiones contributivas en su caso, para mantener a los hogares fuera de la pobreza por ingresos. Para ello, mediante micro-simulaciones (programa estadístico Stata) se excluyen de los ingresos laborales y pensiones contributivas los ingresos del capital, alquiler imputado y subsidios transferidos por el Estado. En nota al final del texto incluyo los pasos del programa Stata para llegar a los porcentajes de pobreza según las diferentes fuentes de ingreso que se van restando del ingreso total del trabajador. Con ello se toman en cuenta solo los ingresos laborales y pensiones contributivas[ii]. Precisemos que el cálculo oficial agrega al ingreso autónomo los subsidios transferidos por el Estado, con lo que se obtiene 8,6% de personas en situación de pobreza esto es, 1.528.284. Eliminando del cálculo, las transferencias y subsidios del Estado las personas en situación de pobreza pasarían a 29,4%, 5.223.916 millones de personas, es decir 3,4 puntos más de la versión oficial.
En conclusión, si se considera solo el ingreso autónomo y se excluyen los ingresos de capital, las transferencias del Estado y el alquiler imputado, los ingresos del trabajo son insuficientes para emigrar de la situación de pobreza. Es decir, si las personas dependieran sólo de los ingresos del trabajo, o de la jubilación, y esto se comparara con los límites de la pobreza, 3 de cada 10 personas no superaría dicha línea. La situación empeora si la micro-simulación de la pobreza monetaria pone como meta el acceso a una canasta de alimentos de calidad es decir, se incrementan las exigencias para medir la verdadera pobreza. En ese caso el cálculo oficial de 8,6% de pobres, pasa a 19,8% es decir, 3.520.444 personas y el porcentaje de pobreza calculado por los investigadores de la Fundación Sol pasa de 29,4% a 42,8%.
 
La pobreza encubierta
La evolución de las cifras de pobres, vulnerables, clase media y altos ingresos, nos invitan a reflexionar sobre el papel de las clases medias pues, como lo vimos más arriba, ambas, vulnerables y pobres, en casi 27 puntos, abandonan en 11 años esa situación y acceden al estrato medio-bajo. Sin embargo, estructuralmente nada ha cambiado, pues el modelo de mercado funciona mediante subsidios. Además el subgrupo bajo de la clase media se eleva solo por 3 veces la línea de la pobreza en su límite superior es decir $ 417.347 para cuatro personas, lo que lo acerca a la calidad de pobres. Además sus perspectivas de mejores empleos se ven limitadas por su escasa escolaridad. En promedio, los jefes de hogar de clase media-baja, registran 9,6 años, muy por debajo de clase media-media y alta, 11,4 años y 13,2 años, respectivamente.
Los estudios de la Subsecretaría de Evaluación Social y el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales (UC) concuerdan en la baja de la pobreza si se la mide con las cifras de 1990 o el 2000, pero reconocen la insuficiencia de los ingresos autónomos (sin subsidios o transferencias monetarias) sobre todo si se comparan los del 10% más rico de la población son 30,8 veces mayores que los del 10% más pobre. Al comentar estas cifras, la subsecretaria de Evaluación Social reconoce que al analizar la distribución con las transferencias monetarias incluidas, esta diferencia baja 17 veces. Ahora bien las transferencias monetarias hacen bajar las diferencias, pero no en la medida deseable. Sin entrar en mayores precisiones la autoridad reconoce la existencia de “costos administrativos y los intermediarios” que de resolverse impactarían directamente en los hogares[iii]. Esta precisión de la autoridad demuestra su nula voluntad para discutir las cuestiones estructurales que dominan la desigualdad en nuestro país –peor aún, no las imagina.
Según la propuesta de Durán y Kremerman la política oficial no conduce a la erradicación de la pobreza, no por fallas en los protocolos de transferencias o subsidios estatales, sino porque los salarios y ingresos laborales son insuficientes. Restar subsidios, ingresos de capital, alquiler imputado, no hace sino desnudar la realidad de las remuneraciones y las pensiones. De hecho el texto lo señala: “En Chile, la mitad de los trabajadores gana menos de $350.000 líquidos mensuales y el 50% de las personas que reciben pensiones contributivas obtienen menos de $170.000 (datos CASEN 2017)”.
En conclusión, el modelo es incapaz de reemplazar subsidios y transferencias por sueldos y salarios de los trabajadores en la actividad productiva.
Al no existir otro factor de transferencia entre capas de la población que los subsidios ya mencionados la situación se relativiza. La clase media, mejora de 43,2% a 65,4% esto es, la población que se integra a ella (supra) mejora en 22,2 puntos lejos de los 26,9 puntos estadísticos que significa el hecho de abandonar la situación de pobres y vulnerables en la escala social (6,4% ascenso de vulnerables + 20,5% ascenso de pobres, en total 26,9%).
Ahora bien, esos 26,9 puntos se acercan al porcentaje de medición de la pobreza cuando se restan los subsidios agregados al ingreso de los trabajadores (según el cálculo de Durán y Kremerman) a saber, 29,4% (supra), lo que demuestra con claridad que los subsidios constituyen la pieza maestra del modelo de mercado. Hay voluntad para ocultar situaciones de desigualdad vergonzosa pero de ninguna manera de modificar las reglas del modelo de mercado que conllevan la desigualdad. Los subsidios del Estado ocultan una situación de pobreza, pero no tienen perspectivas serias de enfocar el problema de la desigualdad.
Es esto una ¿ineficiencia de la burocracia? o de ¿fallas en la planificación? Todavía podrían señalarse situación de ‘intermediarios’ no previstos, o aún el ‘desconocimiento’ o ‘falta de interés’ de la autoridad por conocer los problemas reales de la sociedad. Los días en Pandemia agregan a las hipótesis anteriores, el argumento de ‘falta de calle’ de la autoridad.
Una sorprendente declaración del ministro de Salud (renunciado en junio 13), cuando este recorría las comunas periféricas del Gran Santiago, en el momento del mayor contagio del Corona virus, demuestra el grado de conciencia de las autoridades sobre el problema. Dijo sorprenderse y desconocer el grado de pobreza y hacinamiento de las comunas periféricas (sic). Por tanto, esa población aparece en las estadísticas como de clase media (?!).
Es reveladora la precisión introducida por Durán y Kremerman en relación al alquiler imputado; la transcribo textualmente pues aclara la validez de los criterios utilizados por la encuesta: “la metodología oficial establece que una familia que es dueña de una vivienda (podría estar pagando el dividendo) u ocupa una a título de cesión de parte de familiares, por trabajo, o en usufructo, se le imputa como ingreso del hogar el equivalente al costo que tiene un arriendo en el sector o manzana donde habita. Así por ejemplo, en el caso de una persona sin trabajo, que tiene 65 años, y que es dueño de su vivienda o sigue pagándola vía dividendos, tendrá un ingreso equivalente a lo que se paga en arriendo en el lugar donde vive. Esta persona puede ser que actualmente no tenga dinero ni siquiera para comer, pero en las encuestas aparecerá con un ingreso ‘por alquiler imputado’ y si ese dinero es mayor al monto establecido para la línea de pobreza correspondiente a la composición del hogar, se clasificará como una persona ‘no pobre’” (Op. cit. p. 5).
Los subsidios no reducen la brecha de la desigualdad. Las transferencias en el caso de Chile no logran descender el índice de Gini, como sí sucede en otros países (ver párrafo siguiente) lo que se refleja en el hecho que aún accediendo los pobres y vulnerables a las posiciones de la clase media-baja, las desigualdades en términos de ingreso y acceso a los Bienes Públicos básicos es limitada. La explicación debe buscarse en la heterogeneidad estructural de las unidades productivas. El sector minero moderno de propiedad transnacional, más Codelco, aporta 50% de las exportaciones y cerca del 10% del PIB; la alta intensidad de capital y economías de escala generan un fenómeno de discontinuidad con el sector intermediario de la industria, medida en términos de productividad. La capitalización de los servicios a la minería es el próximo paso a seguir y, asegurar de esa manera la creación virtuosa de cadenas de valor. Estamos aún lejos de lograr dicha continuidad en la creación de valor agregado; por el momento es un objetivo a futuro.
Actualmente impera la discontinuidad entre subsectores de la economía. Lo que se refleja en la quiebra de cadenas de valor, trasladando el proceso de producción fuera de nuestras fronteras, situación en la que el comprador final de las materias primas, principalmente el cobre, impone el precio, tomando en cuenta el valor agregado y precio final de la exportación de concentrados. En ese precio liquidado por el comprador se cuentan, entre otros ítem: el embarque y desembarque, el transporte, los derechos de aduana, la refinería, los intereses de la banca y, el valor del producto final, según el mercado de la manufactura que compra el cobre refinado.
La discontinuidad rompe el criterio precio/productividad, porque el salario no corresponde a la productividad de la empresa en Chile, sino a la productividad del proceso destinado a producir la manufactura producto final en el territorio del importador. Esto distorsiona el criterio de la productividad en el modelo de mercado.
En definitiva se paga en relación a salarios hora consagrados en el mercado laboral; pagar según lo producido por el trabajador es decir, salario medido según la productividad del trabajador, considerando el margen de pleno acceso a los Bienes Públicos básicos, implicaría una economía plenamente integrada, sin discontinuidades en las cadenas de valor de la producción y, fluidez en el proceso del empleo. Meta difícil de cumplir en el presente. No obstante, será parte, en la época pos virus, de las grandes transformaciones estructurales que nos aproximarán a un cambio de modelo hacia una sociedad social-solidaria. No olvidemos que los datos laborales indican que casi el 40% de la creación total de empleos del modelo corresponde a trabajos por cuenta propia ejercidos en la calle. Lo que plantea una dificultad adicional a los cambios estructurales que llevan a procesos de continuidad en el proceso productivo.
En el párrafo siguiente abordamos las circularidades creadas por el modelo económico social vigente cuyas medidas destinadas a resolver el problema social lo retrotraen al punto de partida.
 
Procesos circulares
Existen situaciones que ponen en riesgo los mecanismos compensatorios del Estado. Sus efectos son neutralizados. Con ello se crea una situación de circularidad que en lugar de eliminar la desigualdad termina por ratificar la realidad económica social que se busca transformar.
Las transferencias directas del Estado persiguen disminuir la brecha de desigualdad, sin embargo, el sistema impositivo, en la tributación de la renta como en los impuestos indirectos y la evasión, consagran situaciones que terminan por neutralizar los efectos de las transferencias monetarias a los sectores más desposeídos de la población.

1. Desigualdad y transferencias. El régimen tributario y las transferencias, consecuencia de este y, destinadas a terminar en forma definitiva con la desigualdad es central. Francia, con un índice de Gini bruto de 0,52, peor que el de Chile, 0,49, reduce el índice gracias al efecto conjunto de transferencias e impuestos, a 0,29. Nada comparable con el índice de Chile que en base a las mismas variables obtiene una mejora marginal, llegando a 0,46. En países desarrollados los tributos cambian el Gini en 4 puntos siendo las transferencias de mayor impacto aquellas que permiten un mejoramiento de 10 puntos.
2. Impuesto a la renta. La circularidad se explica por un régimen impositivo regresivo. La norma del –impuesto-crédito regula la tributación de la actividad empresarial. Las empresas tributan sólo por las utilidades distribuidas. Esta alternativa no solo no produce ingresos tributarios, sino que, al tener este impuesto créditos (por contribuciones de bienes raíces, capacitación, donaciones, compra de bienes durables, entre otros) la recaudación resulta negativa, es decir, el Fisco recibe menos dinero que los créditos que debe otorgar. Además, por las utilidades retenidas (no distribuidas) el impuesto es temporal por el período desde que se declaran dichas utilidades y, por las cuales se paga el impuesto, hasta el momento en que se distribuyen dichas utilidades y el impuesto correspondiente –que es, precisemos, de propiedad de los dueños de las empresas, no del fisco. En resumen, el impuesto de primera categoría es neutro, o dicho de una forma más precisa las empresas no pagan impuesto a la renta. No puede entonces sorprender que los impuestos indirectos (58,1%) recauden más que el impuesto a la renta (41,0). Solo el impuesto al valor agregado que golpea al conjunto de la población sin respecto a los sectores de menores ingresos, recauda 48,8%. Otros impuestos indirectos se refieren a productos específicos (7,7%) e impuestos a los actos jurídicos (1,6%).
3. Gasto tributario. Las exenciones o gasto tributario, son impuestos que el Estado deja de percibir, para beneficiar o fomentar determinadas actividades que históricamente han creado situaciones de privilegio. Esto ha profundizado las desigualdades que el mecanismo de los subsidios, a situaciones socialmente desmedradas, trata de corregir. Con ello se revierte el propósito inicial volviéndose al punto de partida: la pobreza. La OCDE y el Fondo Monetario Internacional han recomendado al gobierno de Chile abolir el Gasto Tributario (exenciones). Proyecciones al año 2019 señalan exenciones por valor de US$ 8430 millones (2,88% del PIB)[iv]
4. Evasión. El Centro de Investigaciones Periodísticas (CIPER) publicó las conclusiones de un estudio sobre la evasión en Chile por el sociólogo Jorge Atria, donde se señala el estudio de Michel Jorrat de 2013, sobre la evasión del 34% en el impuesto a la renta que solo lo paga el 19% de mas altos ingresos. No es el caso del IVA, impuesto que paga toda la población y que tiene una evasión de apenas 8% (CIPER, 2019)[v].

La circularidad de los procesos de gastos e inversiones en los sectores modernos e intermedios de la actividad productiva, se traduce en una Deuda Social in crescendo, base de la desigualdad. Sin cambios estructurales el efecto demostrativo de la ascensión social, del sector medio y alto de la clase media, los subsidios y compensaciones que conllevan, queda neutralizado y, los efectos económicos y sociales esperados por aquellos en situación socialmente desmedrada, se revertirán.
Si sumamos los pobres y vulnerables al contingente que hace 5 meses atrás tenía un trabajo y que ahora está desempleado, tenemos una población que no baja de 5 millones de personas.
Frente a eso es preciso un Plan de Reconstrucción Social, Económica y de Estabilización, cuyo objetivo es la integración social y pasos básicos en la dirección de una sociedad social y solidaria.
Medidas a considerar:
En lo inmediato: (a) ingreso mínimo de 500 mil pesos mensuales para una familia 4 personas; (b) distribución en las comunas de bonos o tarjetas para el abastecimiento de la población de bienes básicos de consumo, aseo, etc., en negocios, o mercados del barrio; (c) plan del empleo mediante programas inmediatos, coordinados en el terreno por las Comunas, en el sector de Bienes Públicos básicos a saber, educación, salud, vivienda social, aprovisionamiento de agua, electricidad, urbanismo, pavimentación vial en los llamados “eventos”, construcción de lugares de esparcimiento público y deportes ….; (d) retiro legalizado a 10% de los fondos capitalizados en el sistema de pensiones administrados por las AFP (e) iniciativa legal para reformular el fondo de cesantía y participación del Estado en su constitución; (f) nuevo sistema de Salud basado en un Fondo Nacional de Salud; (g) utilización de los Fondos Soberanos del Estado –Fondo de Estabilización Económico Social (FEES) y el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP)– en el financiamiento de planes de obras públicas programas sociales administrados conjuntamente con las comunas del país; (h) retirar fondos de la capitalización individual de pensiones (AFP) en un monto de 10%; (i) estatización de las grandes y medianas empresas en quiebra. Mediante la compra de bonos emitidos por estas equivalentes a su valor (activo menos pasivo) en el momento de su compra por el Estado. Los bonos se emitirán en una moneda de cuenta autorizada por el Banco Central; tendrán un plazo de 10 años y serán reajustables. El Estado se constituirá garante de los títulos de deuda así emitidos. Al término de los 10 años se evaluará el proceso de estatización y retroventa (buy back) en el mercado local; (j) estanco o monopolio del comercio de exportación del cobre chileno y de sus subproductos, según las regulaciones del DL 1348 de Cochilco.
A largo y mediano plazo: (a) Plan de acceso a los Bienes Públicos básicos (educación, salud, vivienda, pensiones dignas e integración de las comunas urbanas y rurales como actores principales de ese Plan destinado a eliminar la Deuda Social existente y eliminar las externalidades negativas en el crecimiento del sector productivo tanto urbano como rural; (b) integración de la base productiva industrial y de servicios a la economía del conocimiento; (c) eliminación de ítems del Gasto Tributario (exenciones) y nuevo sistema impositivo, eliminando su actual carácter regresivo; (d) Plan destinado a aumentar la expansión del segmento moderno de la industria no minera con el objetivo de crear continuidad en los procesos productivos desde el sector moderno al resto de los sectores intermedios y tradicionales. Este plan tendrá en cuenta los parámetros de productividad, innovación, empleo, escalas de producción y buscará la creación/integración de cadenas de valor, conjuntamente con el aumento de la formación bruta de capital fijo; (e) eliminación de la industria de pensiones creada durante la dictadura cívico-militar (AFP) y su reemplazo por una institución público-privada, bajo el control financiero de la Superintendencia de Pensiones, en un sistema de reparto con la posibilidad de un pilar privado agregado a la pensión contributiva (f) derogación de la Ley Orgánica de Concesiones Mineras (LOCCM) y por tanto del sistema de concesión plena; (g) negociación con el sistema minero transnacional de un nuevo estatus de concesiones con una participación mayoritaria del estado y un límite en el tiempo de la concesión; (h) creación de un royalty a la actividad minera, teniendo en cuenta que se trata de recursos no renovables, la contaminación y, la calidad de vida en las regiones mineras; (i) capitalización del sistema de servicios a la minería e integración a las cadenas de valor de la minería internacional; (j) redefinición de las partidas tradicionales de ingresos y gastos presupuestarios del Estado, considerando el Plan de Reconstrucción Social y Económica y de Estabilidad, con especial énfasis en la modernidad e integración social.
 
Conclusión

1. Después del estallido social 18-O no resulta viable que los términos del modelo puedan mantenerse. Ello supone un congelamiento del malestar o que el resto de la sociedad continúe asumiendo la Deuda Social generada por las grandes empresas –externalidades negativas, afectando los Bienes Públicos, ignorada por el sector privado y los gobiernos. En el cuadro pos Pandemia deberá sumarse a la Deuda Social la crisis económica por efectos de la cuarentena. La cifra real de pobreza al 2017, según las simulaciones de la Fundación Sol a saber, 29,4% parece conservador en 2020, si se considera la situación en tiempos de Pandemia. En términos gruesos entre 2006 y 2017, 20% de personas en situación de pobreza se trasladó a los estratos de clase media, cuyo contingente pasó de 43% en 2006 a 65%. Sin embargo, el paro de la actividad económica plantea una proyección inquietante: aquellos que lograron acceder a la clase media volverán a la situación de pobreza que en algún momento creyeron abandonar. En este balance no podemos excluir la realidad de la clase media-media pues, en la medida que los efectos de la Pandemia se prolonguen en el tiempo, parte importante de sus miembros verá afectado sus ingresos por las restricciones a la movilidad y la difícil adaptación al teletrabajo.
2. La realidad actual de una economía detenida por la emergencia sanitaria demuestra que la capacidad de ahorro o surplus monetario de las personas es casi inexistente en situaciones extraordinarias como la actual. Sin una red de protección social la precariedad de pequeños emprendimientos, talleres artesanales, servicios ocasionales de independientes sin seguridad social, pequeñas y micro empresas, adultos mayores jubilados con pensiones miserables, despoja a la clase media de su rol clave de resistente a los cambios estructurales en la economía de mercado neoliberal. En circunstancias normales, extra pandemia, los roles están bien repartidos. Por una parte se alinea la clase trabajadora dispuesta a negociar empleos permanentes al precio de condiciones de trabajo extenuantes al extremo –más aún sin seguridad social – pero sin claudicar en sus motivos aspiracionales. En otro plano está la clase política dispuesta a concesiones sin dañar la continuidad de sus proyectos de poder y del propio sistema que los sustenta. En tiempos de Pandemia sin plazo de término, reina la incertidumbre frente a paros laborales indefinidos, quiebras de empresa, ayudas sociales precarias etcétera, que conducen a trasvasijes sociales que cambian brutalmente las fronteras sociales del pasado. En la etapa pos virus la clientela de clase media y sectores vulnerables, como en el estallido social 18-O, abandona el rol clientelar patrocinado por una clase política sin renovación alguna. Realidad que augura cambios importantes o lisa y llanamente, el fin del sistema. Desde ya la emergencia ha generado alianzas sociales y liderazgos insospechados en el pasado; las antiguas alianzas políticas clientelares, sus métodos, el soborno social, las dádivas, aguinaldos, propinas… todo parece inaceptable y poco ético, las antiguas fronteras sociales y, reglas del juego ya no existen, perdieron vigencia.
3. Vivimos tiempos de pedagogía política. El Pueblo movilizado desde el 18-O ha asimilado el significado político de 47 años de vigencia de un modelo negociado por la Concertación con la dictadura militar y la Alianza antes del plebiscito de 1988. Por sus propios fundamentos lo solidario no tiene cabida en ese modelo. La realidad no tiene pausas. En Pandemia, con una economía prácticamente paralizada las cifras de desempleo podrían llegar al 25% de la fuerza de trabajo como sucedió en la crisis de 1982/83. Las crisis en Chile han demostrado que ni los subsidios ni las transferencias monetarias, reducen las brechas de la desigualdad. Sin plena cobertura de Bienes Públicos básicos a saber, salud, vivienda, educación, los sectores de bajos ingresos de la clase media carentes de mejores calificaciones, vieron frustradas sus aspiraciones de ascenso social. Déficit que ni el presupuesto público, ni la seguridad social estuvieron en capacidad de solventar. La cima de ricos y super ricos, 197600 personas, 0,01% de la población de Chile, dicta las normas bajo las cuales se distribuye la riqueza del país. Ya lo escribíamos más arriba 1780 personas en la cima de los super ricos gana 459 millones de pesos como ingreso al mes.

El Covid19 demostró que la estructura institucional del Estado está obsoleta. La experiencia social de las comunas demuestra que otros hombres y mujeres deberán iniciar la tarea de reconstrucción social, política y económica.
Santiago junio 15, 2020
-El autor, Héctor Vega. es abogado (Universidad de Chile) y economista (Doctor de Estado en Ciencias Económicas de la Universidad de Aix-Marseille) y Doctor de Tercer Ciclo en Ciencias Sociales del Desarrollo de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París. Ha sido investigador del Departamento de Graduados de la London School of Economics (1962-1964) y de la Delhi School of Economics (India, 1969-1971); profesor Universidad de Chile (E. de Derecho y de Economía), ARCIS (doctorado). Experto NNUU (OIT, FAO, DTCD-New York). Economista Senior de la Confederación Helvética. Economista (Ministerios de Agricultura, Economía, Chile), Consultor Internacional
 
NOTAS
[i] La expresión pertenece a J.D. Phillips que realizó los cálculos del surplus para la economía de Estados Unidos en el apéndice de la obra de P.A. Baran y P.M. Sweezy. Cf. Le capitalisme monopoliste. Fr. Maspero, Paris, 1979, pp. 30, 31 y 323 et ss.
[ii] El cálculo parte del porcentaje oficial de población en estado de pobreza, 8,6%, luego a cada paso resta cada uno de los subsidios o compensaciones adicionales a la remuneración. A cada paso de la simulación se señala la población calculada en estado de pobreza: (1) Oficial, (2) sin asignación familiar, 8,9%; (3) sin pensión básica solidaria (PBS), 10% (4) sin subsidios (retirando todos los subsidios que se cuentan en CASEN 2017), 12,5% (5) sin alquiler imputado (precio que el propietario de la vivienda pagaría en caso de ser inquilino de la misma), 19,4% (6) sin alquiler imputado en PBS, 21,3% (7) sin subsidios ni alquiler imputado, 24,0% (8) solo ingreso del trabajo más JC: jubilación contributiva (pensión autofinanciada) 29,4%. Ver La pobreza del ‘modelo’ chileno p. 6, Op.cit.
[iii] Ver declaraciones de Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluacion Social. Cf. El Mercurio. Economía y Negocios. 24/11/2019, p. B4.
[iv] Cf. Gasto tributario. 2018-2020. Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios Servicio de Impuestos Internos Septiembre 2019. El Servicio de Impuestos Internos define el gasto tributario como un tratamiento especial mediante el cual el Estado deja de percibir un monto de ingresos con el objeto de beneficiar, promover o fomentar determinadas actividades, sectores, ramas, regiones, o grupos de contribuyentes. Por lo general se traduce en el otorgamiento de exenciones o deducciones tributarias, alícuotas diferenciales, diferimientos y amortizaciones aceleradas, entre otros mecanismos (Op., cit. p.2). La cifra del texto se refiere a la estimación de los gastos tributarios Impuesto a la Renta, IVA e Impuesto a los Combustibles. El cálculo se hizo para el año 2018, fecha de la publicación del Servicio de Impuestos Internos, proyectándose para el año 2019. No se tomó en cuenta la proyección para el año 2020 por las circunstancias extraordinarias de la crisis económica ligada a la Pandemia. “El efecto de la franquicia en Valor Presente Neto (VPN) se refiere a los impuestos diferidos, específicamente para las rentas empresariales retenidas en el FUT, las rentas del sistema de fondos de pensiones y las rentas de las cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y ahorro previsional voluntario y colectivo. El VPN se calcula mediante procesos de micro-simulación los flujos de impuestos futuros que se originan a partir de los diferimientos de impuesto, trayéndose a valor presente para cuantificar el efecto de la franquicia” (Op., p. 3). La cifra del texto se refiere a la estimación de los gastos tributarios Impuesto a la Renta US$ 6106 millones, IVA US$ 2230 millones, e Impuesto a los Combustibles US$ 94 millones, lo que da un total de US$ 8430 millones.
[v]  En el Informe de Juan Andrés Guzmán publicado por CIPER (“Retrato de la élite que elude impuestos y se declara respetuosa de la ley”, 25.03.2019), textualmente se citan “escándalos tributarios de la última década, desde las estrategia de las empresas zombis –en la que participaron Sebastián Piñera, Carlos Délano, Andrónico Luksic, entre otros– a las más recientes prácticas detectadas en el Grupo Penta, en Walmart y en el financiamiento ilegal de la política, hacen dudar de la imagen de nación cumplidora”. Cfr. https://ciperchile.cl/2019/03/25/retrato-de-la-elite-que-elude-impuestos-y-se-declara-respetuosa-de-la-ley/