La clase política se atrincheró en los espacios de poder junto a Piñera para la defensa del neoliberalismo. ¿Qué plan tiene el pueblo?

La suspensión de la participación de la UDI en el Chile Vamos, tuvo como consecuencia en que el principal referente de RN, Andrés Allamand, se retractara de su intención inicial de apoyar el cambio constitucional de la CP80, y en compañía de senadores y diputados de RN comunicó al país que rechazaría, en el plebiscito del 26 de abril, dicha posibilidad. Más tarde la UDI adoptó la misma decisión. En otras palabras, la derecha política defenderá la continuidad de la CP80, aunque Evopoli aún no ha tomado como colectividad una decisión sobre apoyar o rechazar el cambio constitucional. No obstante,  su presidente Hernán Larraín Matte planteó que su postura individual es por el Apruebo.
Más allá de estas escaramuzas internas en la coalición de gobierno, la estrategia elaborada para controlar o salir de la crisis política, con todo, ha sido exitosa.  El apoyo opositor ha resultado crucial para ello. Pues le ha dado “aire” y “vida” a un gobierno y, sobre todo, a un Presidente, que de acuerdo a la encuesta CEP N° 84, cuenta con un muy bajo nivel de apoyo ciudadano, de tan solo el 6%.
Independientemente de ese guarismo, la cooperación política entre gobierno y oposición parlamentaria, especialmente, desde el día 15 de noviembre de 2019, ha resultado fundamental y crucial para proteger y defender el sistema en crisis. Entre ambos sectores han construido el muro de defensa que busca evitar el colapso del gobierno como del régimen político y, en última instancia, de la dominación neoliberal. Cabe señalar que el neoliberalismo está amenazado, pero, de ninguna manera, derrumbado. La estrategia del cambio constitucional tiene como objetivo, justamente, evitar la “muerte” del neoliberalismo.
Como ya se ha dicho reiteradamente, la rebelión social popular y ciudadana puso en “jaque” no solo al gobierno de Piñera sino también a toda la clase política parlamentaria. El rechazo a los partidos políticos y al parlamento, por parte de la ciudadanía es total. Tan solo un 2% y 3% de la ciudadanía tiene confianza en dichas instituciones. Por tanto, la rebelión social estremeció a todo el edificio político institucional.
Ahora bien, la única forma para evitar tanto el colapso del sistema político estuvo en procurar evitar la división política de las elites en el poder y del poder. Había que impulsar una activa colaboración política de apoyo mutuo. Es lo que impulsó el gobierno con el llamado al acuerdo nacional por la paz y contra la violencia. Este no fue dirigido a la ciudadanía sino, justamente, a las elites políticas parlamentarias y partidarias. Especialmente de los sectores más acordes con el sistema político, principalmente con los partidos que conformaron la exConcertación y la exNueva Mayoría. Estos, más algunos partidos del Frente Amplio, concurrieron a dicho acuerdo. La firma del Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución, del 15 de noviembre de 2019, puso las primeras piedras y pilares del muro de defensa.
La construcción de este muro de defensa, evitó, en primer lugar, la caída del gobierno y del Presidente, al estilo Fernando de la Rúa el 2001 en Argentina. En segundo lugar, dado que el sistema de gobierno predominante en Chile, el presidencialismo reforzado, hace políticamente imposible exigir o demandar la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias; por lo consiguiente, el gobierno y el parlamento continuarán en ejercicio hasta el año 2022. Tercero, logró introducir una poderosa cuña política al interior del proceso de rebelión ciudadana, al instalar el proceso constituyente elaborando y acordando, entre el ejecutivo y el legislativo, una cronología para esos efectos.

Esta cuña, independientemente del curso que tome la Rebelión Social en los meses venideros, va a dividir a la ciudadanía descontenta entre aquellos que tomarán el camino constitucional con la esperanza que se va cambiar la CP80, a la cual se le atribuyen las principales responsabilidades de los problemas que tiene la sociedad neoliberal actual, y aquellos que continuarán la lucha social directa contra del capitalismo neoliberal. Es más, al interior de los sectores ciudadanos que tomarán la vía constitucional también se va producir una división, que ya es observable, entre los sectores democráticos liberales que aceptan la “hoja de ruta” señalada por el poder constituido y los sectores democráticos autónomos, que buscan realizar un proceso constituyente popular de manera independiente y autónoma del poder constituido. Este es un fuerte dilema político para los sectores ciudadanos que buscan modificar lo existente.

Sin embargo, la estrategia política del poder constituido no fue exitosa del todo, pues fracasó en detener y contener la Rebelión Social popular y ciudadana. El episodio más significativo de esta fue protagonizado, por las y los estudiantes secundarios: el boicot a la Prueba de Selección Universitaria, PSU, organizada, impulsada y realizada por la ACES.
Este boicot puso en alerta y en aviso a la clase política parlamentaria, al gobierno, como también a la ciudadanía que la Rebelión Social esta “viva” y en acción. Así lo demuestran, por otro lado, las diversas acciones colectivas territoriales que se realizan en distintas poblaciones de la Región Metropolitana como de otras ciudades, y los cientos de ciudadanos que se reúnen todos los días viernes en la Plaza Dignidad. Y todos los datos e informes que señalan que se prepara para una nueva ofensiva política para el mes de marzo.
Como he señalado, la opción implementada en Chile para evitar la caída de régimen político ha sido la reconfiguración del bloque dirigente. Pero a diferencia de otros casos, con un adicional: el ofrecimiento de parte del poder constituido a los sectores sociales y políticos movilizados la promesa política de cambiar la Constitución Política vigente. Es decir, ofrecer un cambio político-institucional a cambio de paz política. Este cambio tiene como objetivo, no necesariamente, dar solución a los problemas que dieron origen a la Rebelión Social, sino reconstruir el régimen político con el fin de conservar -los sectores dominantes- intacta la estructura de poder de la sociedad chilena, en otras palabras el capitalismo neoliberal. Aunque deban cambiar la institucionalidad política.
El cambio constitucional ha sido el “caramelo” o la “zanahoria” que el poder político ha entregado a la ciudadanía para evitar, supuestamente, la radicalidad de la rebelión social. Y justamente es ese “caramelo” el que ha endulzado la actividad política de ciertos sectores de la oposición política como de la ciudadanía, quienes van aceptando, integrando y, por ende, legitimando el proceso constituyente activado y dirigido por el poder constituido. Mientras que otros sectores sociales y políticos ciudadanos se mantienen en lucha y buscan alterar el calendario y la legitimidad de ese proceso constituyente.
De manera que finalizada la primera quincena del mes de enero del 2020 y a 90 días de rebelión social tenemos el siguiente escenario político:
A.- Se ha establecido una alianza política, en los hechos concretos, entre el gobierno de S. Piñera y el parlamento, especialmente con los partidos opositores, en defensa no del gobierno sino del sistema político en riesgo por la contundencia de la Rebelión Social.
B.- Establecimiento de un proceso constituyente destinado a modificar la CP80, a fin de reconstruir el régimen político, reconfigurar el bloque dirigente, evitar la división de las elites de poder y en el poder, modificar aspectos menores del proceso de acumulación neoliberal, etc.
La apuesta del bloque dominante es producir los menores cambios posibles en la estructura económica del país, integrando algunos “derechos sociales”, sin que estos modifiquen lo sustantivo del patrón de acumulación. Sin cambiar ni modificar la forma de Estado-nación. Impensado será, por ejemplo, el establecimiento de un Estado Plurinacional, ni tampoco instalar, en vez, de la democracia liberal-representativa la democracia social participativa u otra. El proceso de cambio constitucional diseñado entre los partidos de gobierno y la oposición, posee límites y fronteras muy altas, que impedirán un cambio político histórico y profundo de las estructuras del poder social actualmente vigente.
Aunque los partidos de la alianza Chile Vamos han presentado ciertas fisuras como la señalada entorno a apoyar el cambio constitucional de la CP80, lo cierto es que están preparados para enfrentar los dos escenarios posibles de concretarse: a) que gane la opción Apruebo y Convención Constitucional 100% compuesta por ciudadanos; y b) que gane la opción No Apruebo. Por cierto, de ganar esta última opción, sería un triunfo notable de la clase dominante y dirigente. La única posibilidad que se produzca es que los sectores más conservadores de la oposición, especialmente de la Democracia Cristiana, de los sectores sociales ciudadanos, especialmente, los “no políticos” (sectores evangélicos, exmilitares y mayores de 50 años), apoyen el no apruebo. Aquí hay una apuesta, que no es posible soslayar ni considerar en los análisis.  Tanto RN y la UDI han convocado a sus bases a rechazar el cambio constitucional. Lo mismo ha realizado los grupos más de extrema derecha vinculados al Partido Republicano de J. A. Kast.

C.- La configuración de actores políticos y sociales que se preparan a participar activamente el proceso constituyente. Por un lado, la Democracia Cristiana levanta su movimiento #YoApruebo bajo la dirección de la mítica y simbólica figura de Carmen Frei, hija del expresidente Eduardo Frei Montalva, presentado como un tenaz opositor al CP80. Y que supuestamente fue asesinado por la dictadura cívico-militar por esa postura. Obviando el hecho que más allá de la postura de Frei Montalva, fue el primer presidente de la democracia protegida, el DC, Patricio Aylwin (1990-1994) quién planteó en 1984, o sea, cuatro años más tarde de la aprobación de la CP80 y a dos años del “asesinato” de Frei Montalva, que había que dejar de discutir la “legitimidad” de esa constitución y aceptarla de hecho, lo que permitió que dicha Constitución continuara su vida útil hasta el día de hoy. Esta opción busca representar, por cierto, a la ciudadanía moderada, pro-sistema, que rechaza la violencia social y política que se ha manifestado en la Rebelión social. La campaña apunta a las y los ciudadanos de la clase media y los sectores adultos.

Por otro lado, el 19 de enero se configuró un segundo conglomerado de partidos y organizaciones sociales, el Comando Chile Digno, cuyo fin último será participar activamente en el proceso constituyente convocando por el poder constituido para votar Apruebo en el plebiscito del 26 de abril. Este conglomerado está conformado por varios partidos y agrupaciones políticas como el PRO (Progresistas), el Partido Comunista de Chile, Federal Regionalista, Partido Igualdad, Izquierda Libertaria, Wallmapuwen y otras organizaciones sociales. Su ciudadanía objetivo serán las bases militantes de estos partidos compuestas por sectores medios estudiantiles, pobladores, trabajadores, etcétera.Cabe señalar que también se han ido conformando y organizando algunos nuevos partidos políticos, señalados como instrumentales, con la intención de participación a los independientes en el plebiscito de 26-A, tales como, el Partido por la Dignidad; el Movimiento por una Constituyente Ciudadana, entre otros.
Estos son sectores sociales y políticos vinculados a la oposición política institucional al gobierno de S. Piñera, pero no necesariamente son sectores anti-sistema. Su posición es bastante ambigua, tanto frente a la institucionalidad como a la Rebelión social.  Estos conglomerados estarían convocando entre el 68 o 70% de las y los ciudadanos que desde octubre a la fecha no han participado en las manifestaciones ni tocando una cacerola.
D.- Por otro lado, a lo largo y ancho de la sociedad popular se ha ido configurando cada día con mayor fuerza la idea de impulsar un proceso constituyente directo que concluya en la formación de una Asamblea Plurinacional Constituyente Autoconvocada. Tal vez la más importante de estas organizaciones ciudadanas sea la Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT).
Consideramos que esta iniciativa introduce una inflexión política al interior de la demanda por una Asamblea Constituyente que la ciudadanía nacional ha venido planteando desde hace algunos años. Y quiebra con la noción liberal o socialdemócrata que algunos sectores han venido hegemonizando. El surgimiento de la CAT, que se reconoce como “hija de la rebelión popular”, marca el fin de esa hegemonía e inicia la lucha por conducir, no la rebelión social, sino el movimiento social hacia una Asamblea Constituyente Autónoma, ACA.
Por cierto que el objetivo central de este movimiento social será impugnar el proceso constituyente estatista. Aunque la CAT ha dispuesto que serán las y los ciudadanos los que van dirimir el qué hacer con “el proceso propuesto por el gobierno y el parlamento, esto es: el plebiscito de abril”.
El surgimiento de esta propuesta popular es claramente anti partidos políticos tradicionales y parlamentarios. Dice relación con la división en la ciudadanía descontenta con las formas políticas de la democracia protegida, el sistema económico neoliberal, etcétera. Y, probablemente, las diversas asambleas territoriales estén compuestas por ciudadanos que en los últimos años han rechazado, a través de su abstención electoral, las diversas ofertas y programas políticos que los partidos políticos del orden han presentado.
E.- Por último, en este cuadro estaría incompleto si no contempláramos en nuestro análisis el rol de los sectores rebeldes, especialmente de aquellos sectores que se identifican con la 1° línea y el “ejército” de ciudadanos rebeldes que actúan en la Plaza Dignidad desde el 18 O hasta la actualidad.
Estos sectores son los antisistema y anticapitalistas. No tienen ninguna lealtad ni fidelidad con el sistema social que durante décadas los marginó y los condenó a una vida sin sentido. Hoy el estallido social del 18-O les ha dado una razón de estar y de ser. Son vistos y reconocidos. Son considerados e inclusive protegidos, etcétera. El enfrentamiento con los “pacos”, con los organismos policiales del Estado, les mantiene “en lucha”. Lucha que no están dispuestos a deponer. Aunque no tengan claro el objetivo final de ella.
Difícilmente, este actor acepte participar en el plebiscito de abril, pero tampoco en el proceso constituyente popular autoconvocado, pues este último también es conformar una institucionalidad política que a la larga termina por oprimirlos y disciplinarlos. Ellos son la libertad en acto y en potencia. Por esa razón, no los veo participando en un orden institucional como será el proceso constituyente popular. Pero sí serán centrales en una posible radicalización del proceso de Rebelión Social. De no producirse esa radicalidad, este sector irá viendo menguada su fuerza. Y, en la medida que cualesquiera de los dos procesos constituyente se vayan institucionalizando, los rebeldes dejarán de der actores políticos estratégicos como lo han sido hasta ahora. Por cierto que no van desaparecer, sino, como tantas veces en el pasado, las y los rebeldes pasarán a ocupar la retaguardia. Volverán a caminar detrás de los actores institucionalizados. En conclusión, este actor social y político abrió la coyuntura critica actual, pero no serán los que la cierren. Salvo que las expectativas de la ciudadanía depositadas en la solución constitucional resulten un fraude, un engaño, o una artimaña del poder constituido para mantener las estructuras de dominación neoliberal.
A 90 días del “estallido social” los actores sociales y políticos han comenzado a ordenarse en torno a la solución constitucional de la crisis abierta por la rebelión social.
El problema central que hoy evidencia la coyuntura critica es que el gobierno de Sebastián Piñera sigue gobernando, sigue tomando decisiones que influyen directamente en la vida cotidiana de la ciudadanía. Y, lo hace, con el apoyo de la oposición parlamentaria.
Más allá del cuadro situacional que hemos delineado en este texto, el problema central que tienen los actores sociales y políticos que miran con recelo la acción gubernamental es qué hacer con Piñera y su gobierno. Exigir su renuncia significaría incrementar la movilización social a través de la desobediencia civil, la paralización del proceso económico por medio de una huelga general y aumentar los niveles de la violencia social y política, entre otras acciones colectivas. El punto, es que solo los grupos rebeldes estarían dispuestos a asumir esas tareas. Pues, mayoritariamente, la ciudadanía optaría por no impulsar la radicalidad de la rebelión social.
Por esa razón, considero equivocado sostener que el gobierno de Piñera dejó de gobernar o funcionar. La tarea principal que hoy se han trazado es sostener y defender el neoliberalismo. No están inmovilizados, ni derrotados, están atrincherados en los espacios del poder. Para vencerlos y derrotarlos, hay expulsarlos de esos espacios. Hasta ahora, solo la 1° línea estaría por impulsar y apoyar esa misión histórica y política. No hay que esperar a marzo y menos abril para ello, hay que hacerlo, ya.
-El autor, Juan Carlos Gómez Leyton, es Dr. en Ciencias Sociales y Política y Académico-UPLA
©JCGL/jcgl, 22 de enero 2020
Día 94 de la Rebelión
Santiago Centro
*Fuente: El Clarin