Los vínculos con el poder político y empresarial de los miembros de la comisión técnica constituyente

Desigualdad. Esa la palabra que se repite para ilustrar los abusos que denuncian miles de chilenos que han participado en las recientes manifestaciones. Ese reclamo generalizado contra el sistema político y económico –reflejado en la concentración de 1,2 millón de ciudadanos el pasado 25 de octubre–, desencadenó un proceso para crear una nueva Constitución que no estaba en los cálculos de quienes ostentan el poder público y privado. Ahora, esa elite considera que la redacción de una nueva Carta Fundamental es clave para aplacar el estallido social. De allí la urgencia con que los parlamentarios oficialistas y gran parte de los opositores sellaron un acuerdo para dar curso al debate constitucional. Una ruta cuya primera estación fue la creación de una Comisión Técnica –integrada por 14 especialistas– encargada de afinar el pacto y crear el proyecto de ley para iniciar el proceso constituyente.

Uno de los blancos más criticados en las protestas ciudadanas son las grandes empresas: retail, bancos, AFP, Isapres, cadenas de farmacias, agroindustria y minería, entre otros rubros. También han sido fuertes los cuestionamientos a los partidos políticos, a los que se acusa de ocupar el aparato estatal para satisfacer sus propios intereses y los de sus financistas. ¿Cuáles son los nexos que hay entre los intereses del poder público y privado y los integrantes de la Comisión Técnica que debe rayar la cancha para el debate constitucional? CIPER rastreó esos vínculos.

De los 14 integrantes, el que más ha trabajado en representación de intereses privados es Arturo Fermandois: ha ejercido como lobista de grandes empresas, como Cencosud, la Asociación de Bancos y la Cámara Chilena de Centros Comerciales. También ha asesorado a Laureate, grupo propietario de universidades privadas que ha sido investigado en Chile por lucrar con sus centros de estudios superiores. Además, en enero de este año representó a los dueños de tragamonedas (agrupados en la FIDEN), ante la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

Otro miembro de la comisión que dejó huella en la plataforma Info Lobby es Gastón Gómez, quien ha representado los intereses de la Asociación de AFP, la Asociación de Armadores de Chile y la Compañía Sudamericana de Vapores Austral.

En la nómina también figura el ex diputado y ex presidente de la UDI, Ernesto Silva, cuyos vínculos con el financiamiento ilegal de la política fueron investigados por el Ministerio Público. Silva, cuando era diputado, participó en la discusión de un proyecto de ley que afectaba a las isapres, a pesar de que tenía acciones en Banmédica. Hoy ocupa cargos directivos en la Universidad del Desarrollo.

En la vereda de la oposición, algunos de sus representantes en la comisión técnica han ocupado cargos públicos bajo los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. Es el caso de Pamela Figueroa, Emilio Oñate y Gabriel Osorio. Este último mantiene un nexo indirecto con el mundo de los intereses privados, pues su cónyuge es socia de una empresa de asesoría comunicacional que tiene entre sus clientes a los jesuitas, la empresa Criteria, la Inmobiliaria Activa y la consultora Atisba, además de entidades públicas, como la Municipalidad de Peñalolén y el Consejo Para la Transparencia.

La comisión fue “cuoteada” por los partidos políticos que suscribieron el pacto. Siete integrantes representan a las colectividades oficialistas (UDI, RN y Evópoli) y siete a las opositoras (DC, PPD, PS, PR, RD, PL y Comunes). Un aspecto que no ha pasado inadvertido para los críticos del acuerdo, quienes cuestionan que el proceso constituyente forjado en el Congreso Nacional reproduce los “vicios” de actores políticos deslegitimados ante la opinión pública, sin representar a las organizaciones sociales y a los ciudadanos independientes que han impulsado la demanda de una nueva Carta Fundamental.

La comisión quedó integrada por Gastón Gómez (en representación de RN), David Huina (RN), Sebastián Soto (independiente-Chile Vamos), Ernesto Silva (UDI), Arturo Fermandois (UDI), Isabel Aninat (Evópoli), José Francisco García (Evópoli), Cristina Escudero (DC), Pamela Figueroa (PPD), Emilio Oñate (PR), Gabriel Osorio (PS), Alejandra Zúñiga (PL), Sebastián Aylwin (Comunes) y Claudia Heiss (RD).

FERMANDOIS EN LOS REGISTROS DEL LOBBY

A través de su estudio de abogados Fermandois & Cía, el abogado Arturo Fermandois Vöhringer ha trabajado con numerosas empresas a las que ha prestado asesorías. Por ese motivo es que aparece 28 veces en los registros de la Ley del lobby reuniéndose con autoridades políticas en representación de los intereses de las empresas que lo contratan.

Desde que volvió de Estados Unidos en 2012, luego de haber sido por más de dos años el embajador de Chile en ese país, se ha dedicado a las asesorías al mundo privado y también a su rol como asesor senior en Albright Stonebridge Group, una de las empresas de lobby más poderosas de Estados Unidos.

La página web de esa compañía señala que Fermandois “asesora clientes en toda América Latina” y que “trabaja con clientes en desafíos y oportunidades relacionados con el negocio para ayudarlos con la entrada al mercado, el posicionamiento corporativo y la estrategia”. La web de Albright Stonebridge Group no transparenta los intereses que ha representado Fermandois en el continente. Pero su trabajo como representante de empresas en Chile sí ha dejado huella en los registros de Info Lobby, la plataforma del Consejo Para la Transparencia que publica las reuniones de lobistas y gestores de intereses con autoridades.

El rastreo de CIPER en esa base de datos arrojó que Arturo Fermandois ha asistido a 28 citas con autoridades representando intereses empresariales (vea aquí el detalle). A 13 de esas reuniones fue en nombre de Cencosud, el retailer de Horst Paulmann.  A otras seis asistió para ejercer lobby en favor de la Constructora Riviera, ligada a la familia Amenábar, que buscaba instalar un hotel en las dunas de Ritoque. También registra reuniones en nombre de la Asociación de Bancos, de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, de la Empresa Recicladora Ambiental (RAM), de Generadora Metropolitana y de empresas mexicanas y estadounidenses.

No todas sus asesorías empresariales aparecen en los registros del lobby. CIPER pudo confirmar que ha trabajado para Laureate, el mayor holding de universidades con fines de lucro en el mundo y que en Chile es dueño de las universidades Andrés Bello, De Las Américas, De Viña del Mar y del instituto profesional AIEP, entre otros. Laureate ha sido cuestionado y sancionado en Chile por extraer recursos desde sus universidades, algo que está prohibido en la legislación (vea reportaje de CIPER “La cocina de Laureate: graves infracciones por lucro y millonarios pagos a dirigentes políticos”).

En abril de 2018, cuando CIPER reveló una investigación del Ministerio de Educación que corroboró que las universidades de Laureate lucraban, en el Tribunal Constitucional (TC) se debatía uno de los corazones de la reforma educacional de Michelle Bachelet: la prohibición de que las universidades privadas fueran gobernadas por sociedades con fines de lucro. Ese acápite de la reforma fue objetado por la Corporación de Universidades Privadas, instancia gremial donde Laureate llevaba la batuta a través de Pilar Armanet, ex militante PPD que entonces era rectora de la Universidad de Las Américas. Fermandois asesoró a la corporación en su presentación ante el TC. Finalmente, el tribunal le dio la razón y Laureate pudo seguir administrando sus universidades a través de sociedades comerciales.

Según señaló Fermandois a CIPER, hizo esa asesoría a Laureate a título personal y no a través de Albright Stonebridge Group, que entonces tenía a ese holding educacional como uno de sus clientes. Durante la tramitación de la ley que reformó el sistema de educación superior, Fermandois participó de la Comisión de Educación del Senado como experto constitucional, instancia en la que no transparentó su rol de asesor de las universidades privadas. Tampoco lo hizo cuando el 28 de marzo de 2018 concedió una entrevista a La Tercera, donde defendió el fallo del Tribunal Constitucional:

“El TC cumple su rol, que no es congraciarse con el Congreso ni aprobar todos los artículos de las leyes que llegan para su revisión. El tribunal debe, con independencia y con fundamentos, servir a la Constitución y analizar con objetividad si tal o cual precepto la infringe. Los expertos que estuvimos en la Comisión de Educación del Senado advertimos que este y algunos otros preceptos tenían problemas de constitucionalidad”, señaló en la entrevista.

CIPER se comunicó con Arturo Fermandois: “La relación con Laureate fue a través de consultas que me hicieron desde las universidades respecto de la constitucionalidad o no de algunos aspectos de la ley, o de algunas decisiones que se estaban tomando. En ningún caso llamé o hice alguna gestión ante los ministros del Tribunal Constitucional. Tampoco lo hice ante autoridades políticas”.

El abogado constitucionalista asegura que sí transparentó su relación con la Corporación de Universidades Privadas. Para comprobarlo envió a CIPER una columna de opinión sobre este mismo tema que publicó en El Mercurio (“Una guinda inconstitucional”) el mismo día de la entrevista que publicó La Tercera (28 de marzo de 2018), donde se incluyó una nota de la redacción que aclaraba que el abogado “asesoró en la presentación de la Corporación de Universidades Privadas al Tribunal Constitucional en este caso”.

Señaló, además, que él no es lobista y que si aparece en los registros de lobby es porque la ley no contempla un apartado para consignar la participación de abogados. Dice que solo se dedica a defender legalmente las posturas de las empresas que lo contratan. Se mostró especialmente interesado en que se conociera el trabajo que ha realizado ad honorem para el Estado, como cuando en 2014 participó representando a Chile en una comisión de Unasur que estudió la situación en Paraguay luego de que el presidente Fernando Lugo saliera de su cargo.

Aunque el abogado cree que no hay un conflicto de interés entre su rol como asesor de empresas y su pertenencia al comité técnico que finiquita los detalles del proceso constituyente, señala que “si surgiera algún tema en el que yo tenga un conflicto de interés, me voy a inhabilitar, como corresponde. Pero ahora estamos discutiendo textos sobre la convocatoria al plebiscito, los plazos, la calificación, etc. No veo que haya una incompatibilidad, pero si en algún minuto se desata algún conflicto de interés voy a ser el primero en abandonar la sala y la comisión”.

En enero de este año, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, discutió un proyecto de ley que puede poner fin a la actividad de los tragamonedas que operan en barrios. Ante la comisión se presentó Fermandois para defender los intereses de la FIDEN, entidad que agrupa los dueños del negocio de los tragamonedas, cuestionando la constitucionalidad del proyecto en debate (vea el reportaje de CIPER “Los negocios y redes políticas en Chile del ‘Rey de los tragamonedas’ peruano”).

LAS SOCIEDADES Y EL LOBBY DE GÓMEZ

Gastón Gómez Bernales (ex militante RN) es profesor de Derecho Constitucional de las universidades de Chile y Diego Portales, miembro del Consejo Nacional de Televisión desde 2011 y del directorio del Museo de la Memoria y Derechos Humanos desde hace nueve años. En paralelo a su trabajo en el mundo público ha constituido empresas inmobiliarias y ha ejercido como lobista de algunos proyectos del retail y de las AFP.

Fue recientemente fichado por el gobierno para derribar en el Tribunal Constitucional el proyecto de la jornada laboral de 40 horas. Ya alegó ante el TC en 2016, cuando lideró los reparos de Chile Vamos a la Reforma Laboral.

Desde 2016, Gómez aparece en siete audiencias en los registros del lobby: seis como gestor de intereses y una en calidad de lobista. Esta última ocurrió el 11 de septiembre de este año, cuando se reunió con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, para abordar un proyecto del Grupo Patio, controlado por la familia Jalaff: ampliar el centro comercial La Fábrica, en la comuna de San Joaquín, al que quieren agregar un edificio médico, oficinas, un hotel y 1.155 estacionamientos. El impacto del proyecto continúa bajo evaluación ambiental.

Su última audiencia como gestor, en tanto, la realizó el 4 de octubre pasado. A esa cita se presentó para discutir los intereses de uno de los sectores más cuestionados por la ciudadanía: las AFP. En la ocasión se reunió con el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, para abordar una Presentación al Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo señalado en el registro oficial de Info Lobby. Lo acompañó el gerente general de la Asociación de AFP, Felipe Larraín Aninat, con quien además tiene una relación de parentesco (es sobrino de su esposa, Magdalena Aninat).

En la restantes cuatro audiencias figura representando a la Asociación de Armadores de Chile, a la Compañía Sudamericana de Vapores Austral, a la sociedad Loteo Agrícola, a GPG Abogados (estudio de su propiedad) y representándose a sí mismo ante la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas por “un dictamen de Contraloría”.

Forma parte del estudio Gómez, Pallavicini & García desde 2017 –anteriormente trabajó en Eluchans & Cía. Abogados durante 17 años-, donde comparte con José Francisco García García, otro de los convocados a la mesa técnica constitucional.

Según los registros del Diario Oficial, Gómez ha constituido o participado en un total de ocho sociedades, entre las que destacan dos de giro inmobiliario (Inmobiliaria Doce e Inmobiliaria Seis) y dos de inversiones: Inversiones y Asesorías Legales El Canelo (formada en 2000 junto a su esposa) y Asesorías e Inversiones La Capellanía.

CIPER intentó comunicarse con Gastón Gómez en reiteradas ocasiones, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.

EL REGRESO DE SILVA

Uno de los elegidos por la UDI para representar sus intereses es Ernesto Silva, ex diputado por Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea (2010-2018) y presidente de la colectividad entre mayo de 2014 y marzo de 2015. Silva se vio obligado a dejar el timón de la UDI cuando el Ministerio Público investigó su relación con el financiamiento político ilegal proporcionado por el Grupo Penta a candidatos de su partido (vea los reportajes de CIPER “Jovino Novoa reconoce que recibió $30 millones de Penta y que usó boletas falsas” y “Diputado Silva promovió indicaciones a favor de Penta en la tramitación de la Ley de Isapres”)

En enero de 2015, CIPER reveló que el Ministerio Público investigaba a Silva por su nexo con el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, sindicado como uno de los políticos más comprometidos en el caso Penta –acusado de cohecho– y con quien compartía la sociedad Díaz, Moulian, Silva y Wagner Gestores Limitada (vea reportajes de CIPER “Querella del SII contra ex subsecretario Wagner incluye sociedad de presidente de la UDI” y “Los otros pagos que recibió Wagner cuando era subsecretario de Minería”).

Adicionalmente, en plena discusión por la reforma a la Ley de Isapres (2013) Silva recibió un correo de Carlos Eugenio Lavín, uno de los dueños de Penta. Ese holding tenía el control de Banmédica y a Lavín le inquietaba un proyecto de ley que afectaba el negocio. En el e-mail el empresario le manifestó su preocupación por la “modificación de precios del Plan Garantizado de Salud” que promovía la DC: “Si entendí bien, esto sería de máxima gravedad”, le escribió Lavín. En aquella fecha, Silva tenía acciones en Banmédica a su nombre y a través de la sociedad Inversiones y Asesorías Sydarta, pero no se inhabilitó de la discusión cuando el proyecto fue revisado en la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde intervino en sintonía con la postura de los dueños de Banmédica.

Silva es abogado de la Universidad Católica con máster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago y un doctorado en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. En 2018, después de la tormenta del financiamiento político ilegal, se alejó de la política y partió a Stanford (Estados Unidos) para adentrarse en el mundo de la academia. Actualmente trabaja en la Universidad del Desarrollo como vicerrector de Postgrado, Educación Continua y Extensión, además de ser prorrector. Esta casa de estudio fue fundada en 1990 por su padre, Ernesto Silva Bafalluy, junto a Joaquín Lavín, Cristián Larroulet, Federico Valdés y Alfredo Valdés (vea el reportaje “Las huellas del Grupo Penta en el negocio de la Universidad del Desarrollo”)

CIPER contactó a Ernesto Silva para consultarle por sus vínculos con empresas y entidades públicas y privadas. En su respuesta, el ex diputado indicó que actualmente es “director de la corredora de bolsa de productos Contempora” y “director del Observatorio del Gasto Fiscal”. Según señaló, ninguno de estos cargos es remunerado.

LAZOS FAMILIARES

Hay otro grupo de comisionados que no tienen vínculos, al menos en registros públicos, con grandes empresas, pero que han ocupado puestos de responsabilidad política o cuyos familiares directos desempeñan cargos en el aparato estatal o bien mantienen nexos con el mundo privado. Es lo que sucede con el abogado Gabriel Osorio, quien integra la comisión técnica en el cupo del PS.

Abogado y magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile, Osorio está casado con Ximena Jara, quien fuera jefa de contenidos de la Presidencia durante el segundo mandato de Bachelet. Luego de salir del gobierno, Ximena Jara formó la empresa Factor Crítico, junto a otros ex ocupantes de La Moneda, como Marcela Goic (hermana de la senadora DC) y Enzo Abbagliati.

Factor Crítico se dedica a la asesoría comunicacional y política y tiene entre sus clientes a los jesuitas (Universidad Alberto Hurtado y Vocaciones Jesuitas Chile), la empresa Criteria, la Inmobiliaria Activa, Atisba (consultora de urbanismo, propiedad de Iván Poduje), la Municipalidad de Peñalolén y el Consejo Para la Transparencia, entre otros.

Gabriel Osorio fue asesor de la Secretaría General de la Presidencia en el segundo gobierno de Bachelet e integró el estudio de abogados de Francisco Zúñiga y Jaime Campos (ex ministro de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría). Zúñiga asesoró a la empresa Morpho (ligada a licitaciones investigadas por irregularidades en el Registro Civil) y a la gremial de los laboratorios farmacéuticos. Osorio aseguró a CIPER que dejó ese estudio hace seis años y que no participó en esas asesorías. Agregó que actualmente formó su propio bufete, junto a su hermano, y que es abogado del PS en varias causas judiciales. También confirmó que asesora al senador Alejandro Guillier (los registros de la Cámara Alta indican que recibe $1,9 millón mensual) y que es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Andrés Bello (controlada por Laureate).

La abogada María Isabel Aninat ocupa un puesto en el comité técnico en un cupo de Evópoli. Titulada en la Universidad Católica, posee un máster en Derecho de la Universidad de Columbia. Su trabajo, principalmente, se ha centrado en la investigación académica en materia de derechos humanos y pueblos originarios. No obstante, también ha tenido vínculos con las altas esferas políticas: la actual investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) trabajó entre 2010 y 2012 como asesora del Presidente Sebastián Piñera.

Respecto de su paso por el mundo privado, el registro del Diario Oficial solo consigna una sociedad constituida por la investigadora: Santa Beatriz SpA, creada junto a sus hermanos Matías y María Teresa. Entre 2013 y 2015 formó parte de Asesorías Financieras Tribeca, una sociedad que creó su esposo, Martín Engel Prieto. Este último registra participación en Inversiones y Asesorías Colentañe, Inversiones Docklands, Inversiones Ibiza e Inversiones Caulín. Engel además ha sido gerente de finanzas corporativas y socio de Larraín Vial, al menos hasta 2018. Actualmente es director suplente de Lipigas, entre otros cargos empresariales.

Consultada por CIPER, María Isabel Aninat dijo que en la actualidad su única ocupación remunerada es como investigadora del CEP. Añadió que es directora de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas ad honorem. Respecto de la sociedad Santa Beatriz formada junto a sus hermanos, dijo: “Claramente, no está activa”. Sobre su participación en la sociedad Tribeca, de su marido, no respondió.

Otro de los miembros del comité constituyente es Emilio Oñate Vera (en cupo radical), quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, tiene un magíster en Gerencia y Políticas Públicas (Universidad Adolfo Ibáñez) y otro en Derecho Administrativo (Universidad Católica de Valparaíso), además de un postítulo en Derecho y Política Contemporánea (Universidad de Lleida, España).

En 2014 formó la sociedad Gestiona y Desarrolla, pero según aclaró a CIPER esa empresa no tiene actividad. Lo mismo sucede, indicó, con Emilio Oñate Vera Servicios Legales y con la Sociedad Educacional Valle de Casablanca, constituida por su esposa en 2008. Desde 2000 en adelante, Emilio Oñate ha sido asesor jurídico de diversos ministerios, además de seremi de Transportes y secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset). También ha hecho asesorías sobre seguridad vial en Colombia y Perú.

Su hermano, Ricardo Oñate, registra una trayectoria vistosa en los círculos judiciales de Arica. Entre 2012 y 2013 fue notario suplente en la ciudad, es abogado integrante de la Corte de Apelaciones y desde 1998 se desempeña como abogado de la Conadi regional. Registra en el Diario Oficial una empresa dedicada a la pesca industrial: El Gringo.

David Huina es otro de los miembros del comité técnico. Está allí en un cupo de RN. Actualmente es presidente del Tribunal Supremo de ese partido. Es abogado, diplomado en Probidad y Transparencia en la Función Pública, y Magíster en Derecho Público de la Universidad Finis Terrae. Durante la última administración de Sebastián Piñera fue jefe de la División de Investigaciones en el Ministerio del Interior (2010) cuando la unidad fue traspasada desde Defensa.

Según los registros de Transparencia Activa de la Municipalidad de Ñuñoa, la esposa de Huina, Susana Torres Delmás, ha desempeñado funciones administrativas en el Primer Juzgado de Policía Local desde el 1 de marzo de 2010, cuando el municipio estaba bajo la administración de Pedro Sabat (RN). La primera renta mensual de Susana Torres, que es técnica jurídica y cuyo acuerdo contractual está suscrito bajo el grado 13 en la escala de remuneraciones, fue de $464.406, mientras que la última, registrada en mayo de este año, fue de $1.411.721.

CIPER intentó contactarse con Huina a través de correo electrónico y por vía telefónica. No hubo respuesta para esos mensajes.

ACADÉMICOS, ASESORES Y EX FUNCIONARIOS

José Francisco García García es otro de los abogados constitucionalistas convocado por el oficialismo (Evópoli). Titulado de la PUC y Doctor en Derecho de la Universidad de Chicago, al igual que Gastón Gómez, es fundador de Gómez, Pallavicini & García Abogados.

García, que trabajó en la rama constitucional de Libertad y Desarrollo, el think thank del gremialismo, constituyó en junio de 2010 la única sociedad asociada a su nombre: Asesorías e Inversiones Santa Marcia. El abogado respondió a CIPER que si bien no ha disuelto oficialmente esa sociedad, “cerré su cuenta bancaria y su giro ante el SII en 2014, por lo que quedó solo el papel”. Durante sus cuatro años de actividad, indicó que Santa Marcia prestó “asesorías legales y emisión de facturas a nombre de Morales y Besa, una oficina de abogados en la que trabajé anteriormente”.

La esposa de José Francisco García es Pía Greene Meersohn, actual jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.

El constitucionalista registra dos reuniones en la plataforma Info Lobby, ambas como gestor de intereses: la primera en junio de 2018, cuando se reunió con el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Cristián García-Huidobro, para abordar una denuncia presentada ante la Contraloría por “irregularidades en la Capitanía de Puerto Montt”, y la segunda el 29 de agosto de 2019, ante el Asesor Jurídico de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, en compañía de Gastón Gómez.

La Democracia Cristiana (DC) es representada en la comisión técnica por María Cristina Escudero, quien formó parte del Comité de Sistematización del proceso constituyente de Bachelet. La abogada y académica de la Universidad de Chile, también es magíster y doctora en Ciencia Política, y máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown.

En enero de 2019 constituyó la sociedad Andes Risk Group –junto a Roberto Funk, Sebastián Pavlovic Jeldres y Jaime Baeza Freer–, dedicada a la asesoría jurídica, política y comunicacional para el servicio público y el sector privado. Escudero señaló a CIPER que esa sociedad nunca alcanzó a tener movimientos ni clientes.

Por el Partido Liberal (PL) fue elegida la abogada de la Universidad Diego Portales (UDP) y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Alejandra Zúñiga, quien actualmente realiza clases de Derecho Constitucional y Teoría Política en la Universidad de Valparaíso. En 1997 formó la sociedad Inversiones ZF. Según contestó a CIPER, dicha sociedad  ha “sido usada esencialmente para la venta de cerámica y otros objetos de arte”, confeccionados por su hermana Claudia Zúñiga.

La abogada confirmó a CIPER que trabajó “remuneradamente” para la organización pro-aborto Fundación MILES durante la tramitación del proyecto de ley para la despenalización del aborto en tres causales. “Ahora los sigo apoyando ad honorem”, dijo.

Revolución Democrática eligió a la doctora en Ciencia Política Claudia Heiss Bendersky, quien además es periodista de la Universidad de Chile, Becaria Fulbright 2001-2002 y ex presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política. De acuerdo con los antecedentes revisados por CIPER, no registra sociedades comerciales o de otro tipo.

Pamela Figueroa, ingresó a la comisión en el cupo PPD. La profesora de historia y cientista política –Master of Arts en Estudios Latinoamericanos de la Georgetown University y Doctora en Estudios Americanos de la Usach- fue jefa de la División de Estudios de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en el segundo gobierno de Bachelet y jefa de gobierno interior del Ministerio del Interior durante el mismo mandato. No figura en registros societarios en las bases de datos revisadas para este reportaje.

El último cupo oficialista fue asignado a José Soto Velasco (independiente-Chile Vamos), quien es doctor en Derecho de la Universidad de Chile y consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE) desde julio de este año. Soto trabajó en Libertad y Desarrollo con Cristián Larroulet, actual jefe de asesores del “segundo piso” de La Moneda. Además, fue jefe de asesores de la Segpres durante el primer gobierno de Piñera y actualmente es miembro del consejo directivo del Observatorio Judicial, organismo que fundó junto al ex ministro de Educación, Gerardo Varela.

En 2018 creó la sociedad Servicios e Inversiones San Ignacio (asesorías jurídicas), junto a su esposa María Rosario Willumsen Jigins, licenciada en historia que trabaja como encargada de proyectos en la corporación cultural de Lo Barnechea.

El abogado aseguró a CIPER que no participa en ninguna sociedad comercial que reciba pagos desde el Estado y que desde que ingresó al CDE “ni yo ni la sociedad mencionada hemos tenido relación con empresas privadas ni con organismos del sector público”. Cuando se le preguntó si era posible conocer el listado de empresas con las que trabajó antes de asumir en el CDE, no hubo respuesta.

El abogado Sebastián Aylwin Correa representa al opositor Partido Comunes (Frente Amplio). Nieto de Andrés Aylwin Azócar, patriarca del sector “chascón” de la DC, egresó de la Universidad de Chile y luego cursó un master en Governance of Risk and Resources de la Universität Heidelberg.

Aylwin Correa fue vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile (FECH) y el año pasado representó a la estudiante de Derecho de esa universidad, Sofía Brito, quien denunció al profesor y ex presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona, por acoso sexual.

Actualmente es asesor legislativo de la diputada Camila Rojas (Frente Amplio) y, de acuerdo a la revisión hecha por CIPER, no tiene sociedades registradas a su nombre ni actividades comerciales ajenas a su labor profesional.

Aylwin dijo a CIPER que no tiene vínculos personales “con el aparato público ni en el ámbito privado”, pero que el estudio de abogados donde trabaja, Aylwin, Mendoza, Luksic & Valencia, “participa de licitaciones para conformar estudios de organismos públicos”. Además consignó que en marzo de 2019 dejó de ser asesor parlamentario de la diputada Camila Rojas, que desde entonces no “he realizado ninguna gestión para el Congreso” y que actualmente es “consejero político del partido Comunes ad honorem”.

Este reportaje fue actualizado a las 18:15 del 27 de noviembre de 2019

*Nota de la Redacción: en la versión original de este reportaje se señaló que el abogado José Soto Velasco había sido asesor en la Municipalidad de Lo Barnechea. El abogado se comunicó con CIPER y aseguró nunca haber trabajado en ese municipio.

*Fuente: CiperChile