Actores del mundo social, político e intelectual llaman a responder a las demandas del país

En el espíritu de contribuir a una reflexión necesaria y a tender puentes que creemos hacen falta, nos dirigimos a ustedes con el propósito de entregarles algunas apreciaciones acerca de los acuerdos alcanzados en torno al proceso constituyente y su incidencia para los destinos del país.

Antes que todo, valoramos el esfuerzo desplegado por ustedes con el propósito de reaccionar ante la demanda ciudadana contra el abuso sistemático, que en estas semanas ha quedado en evidencia. No dudamos de vuestro genuino y real interés con miras a restablecer el orden público, mediante la firma del documento denominado “Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución”, pero no visualizamos cómo se traduce dicha iniciativa en resolver las urgencias por las que claman los chilenos.

A nuestro juicio, la demanda ha sido clara, y responde a profundos problemas originados en el modelo socio económico neoliberal, soportado durante décadas que hay que empezar a resolver desde ya. En ese sentido, señalamos a continuación algunos de los principales aspectos que debieran ser considerados como respuesta a estas demandas:

1.- Creación de un sistema de protección social que garantice seguridad para todos los chilenos, esto es:

1. Un nuevo sistema de pensiones, que reemplace al fracasado sistema de las AFPs y que garantice una jubilación digna.
2. Un sueldo mínimo líquido equivalente, al menos, al costo de una canasta básica.
3. Garantizar como derechos constitucionales la salud y la educación, contemplando:

— Plan único solidario de salud para todos los chilenos, sobre el que puedan contratarse seguros para otras preferencias.

— Eliminar los créditos que arrastran los estudiantes por educación superior, como  CAE, Corfo y otros.

— Educación pública, gratuita y de calidad, con financiamiento público para los estudiantes de las universidades estatales, y cambiar el sistema de financiamiento a la demanda por el financiamiento por la oferta para la educación superior.

2. Fortalecer la educación pública de calidad en la enseñanza básica y media.

3. Derecho a una vivienda digna.

4. Derecho a la cultura y la recreación.

5. Afianzar el rol regulador del Estado y formular un plan de recuperación para Chile de las carreteras, las aguas, la electricidad y nuestras riquezas minerales metálicas y no metálicas.

6. Establecer derechos amplios de sindicalización que les den garantías a los trabajadores frente a eventuales abusos empresariales.

7. Políticas públicas sustentables y decididas contra el cambio climático mundial.

8. Generar un sistema que garantice la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la comunicación.

En suma, se trata de diseñar un nuevo modelo de desarrollo para el país, basado en la sustentabilidad y no solo en la extracción de nuestras riquezas básicas y que apunte a resguardar la dignidad de las personas y la justicia social.

Sobre la Nueva Constitución

La ciudadanía también ha planteado que para llevar adelante estos cambios es necesaria una nueva Constitución, cuyo proceso exige:

• Una Asamblea Constituyente, ciento por ciento elegida por el pueblo para que los represente.
• Una fase deliberativa con amplia participación ciudadana en cabildos locales y vinculantes.
• Plebiscitos ratificatorios.

Nos llama la atención que la fase ciudadana deliberativa no forme parte del Acuerdo alcanzado. Este aspecto es central y obliga a que el proceso constituyente sea desde abajo hacia arriba y con carácter vinculante, pues solo de esa manera obligaría al órgano constituyente a considerar las propuestas ciudadanas.

Asimismo, reconocemos y valoramos la realización de un plebiscito de entrada; esto es una buena señal en una dirección democrática, pues posibilita que sean los chilenos quienes diriman si quieren una nueva Constitución y decidan a través de qué mecanismo. No obstante, en nuestra opinión sería muy importante que este plebiscito operara también con voto obligatorio, en virtud de su trascendencia.

Sin embargo, la decisión en torno a este plebiscito se relativiza cuando se imponen quórums a una instancia que, por naturaleza, debe ser soberana para autorregularse. Un acuerdo político parlamentario no puede ni debe restringir el funcionamiento del máximo órgano constituyente, elegido por la ciudadanía.

Por otra parte, resulta preocupante el poder que, en la práctica, conforme a los anuncios efectuados hasta ahora, se otorgaría al Parlamento, ya que esta sería la instancia encargada de legislar en caso de que los constituyentes no puedan alcanzar los dos tercios para consagrar determinadas materias en la Constitución. Creemos que existen mejores soluciones cuando tales quórums no se alcanzan; entre otras, encargar su resolución a lo que se conoce como plebiscito ratificatorio, asegurando su rango constitucional. Eso, sin considerar la posibilidad de que a la hora de fijar los quórums de votación al Parlamento, la Constitución establezca que ese tipo de materias requieran los mismos 2/3 ya señalados, lo que repetiría el gran vicio de la Constitución de 1980.

Por último, nos parece conveniente atender el reclamo ciudadano que ha expresado con claridad su rechazo a un sistema de elección de los asambleístas basado en el mismo mecanismo que la elección de los diputados. Si eso es así, se reproduciría en las elecciones de la Asamblea -o Convención- Constituyente- el esquema de representación partidaria por lista. Esto obligará a los chilenos a elegir a representantes de los partidos políticos, cuestión absolutamente reñida con el carácter ciudadano y representativo que debe tener un órgano constituyente. Esta situación es más compleja, al comprobar que hasta ahora nada se dice en torno a la paridad de género ni a la participación proporcional de los pueblos originarios, de tal manera que sean ellos mismos los garantes de que la carta magna de cuenta e incorpore los principios básicos de sus legítimas demandas.

A pesar de las expectativas cifradas en este Acuerdo, en distintas regiones y comunas la gente ha vuelto a mostrar su presencia en las calles desde el mismo día de la firma, manifestando su rechazo. Desgraciadamente, ya tenemos que lamentar una nueva muerte, la del joven de 29 años, Abel Acuña Leal.

No despejar las legítimas dudas que tiene la ciudadanía podría conducirnos a una escalada de violencia, que llevara a intentar legitimar el actuar de carabineros y/o militares, y a desatar una represión incontrolable. No quisiéramos que el Parlamento de la República fuera corresponsable de tal situación. Por el contrario, aspiramos a que contribuya a dar respuestas idóneas ante la gravedad de los acontecimientos.

Asimismo, hemos sido testigos en estas semanas de gravísimos y sistemáticos atropellos a los derechos humanos que merecen no solo nuestra firme condena, sino que se requieren todas las medidas adecuadas y oportunas para evitar se sigan repitiendo y no queden en la impunidad. Evitar que eso ocurra será tarea de la justicia y del Ejecutivo, pero también de ustedes y de todos los que sentimos la obligación de alzar la voz en estos tiempos difíciles.

Por estas razones como ciudadanos, con la mirada desde las distintas áreas en las que nos desempeñamos, hemos querido representarles estas preocupaciones. Y reiteramos que se hace necesario contribuir a despejar la legítima desconfianza de la ciudadanía ante el Acuerdo suscrito y mostrar gestos claros que ayuden a clarificar las dudas e incertidumbres mientras subyace en nuestra sociedad, una severa crisis de sus instituciones.

Firman: