Como todos los años, miles de mujeres salimos a las calles en más de treinta localidades del país en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Las distintas acciones realizadas fueron pacíficas, como lo han sido siempre, sin embargo, el Estado desplegó sus aparatos represores con fuerza, con la intención de amedrentarnos, provocarnos y agredirnos.
En Santiago la movilización aún no había terminado y Carabineros ya lanzaba gases lacrimógenos, quedando de manifiesto las intenciones de las autoridades políticas: impedir el derecho a reunión y a manifestarnos libremente, aún cuando la marcha había sido autorizada.
A estos hechos se suma la misógina decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt de condenar por denuncia calumniosa a Francisca Díaz, luego de querella presentada por Willy Fahrenkrog Podlech, en ese entonces fiscal subrogante de Hualaihué, a quien Francisca había denunciado por agresión sexual. El Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt decidió en primera instancia que se trataría de una relación sexual consentida aún cuando la estudiante recurrió a la justicia para denunciar lo ocurrido. Nuevamente la justicia patriarcal pone en duda la palabra de las mujeres y hoy Francisca arriesga entre tres y cinco años de cárcel. En esta misma línea, el día de ayer, jueves 22 de noviembre, una funcionaria de Carabineros intentó suicidarse. Durante el miércoles había recibido una notificación de sanción en su contra, precisamente luego de que ella denunciara a su superior por acoso sexual. La Institución, que en un primer momento negó que hubiera denuncias previas, recién indica que abrirá una investigación.
Además, durante la misma jornada una niña de 13 años recibió el impacto de dos perdigones por parte de Carabineros en una manifestación que se desarrollaba en la Universidad de Concepción, en memoria del comunero mapuche Camilo Catrillanca, asesinado por Carabineros según testimonio de menor que lo acompañaba. Y hoy viernes 23 de noviembre, Eloísa González, ex vocera de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) fue golpeada y desnudada por Carabineros mientras se llevaba a cabo manifestación en contra de la violencia policial ejecutada en Wallmapu. Prontamente la estudiante será formalizada.
¿Qué tipo de investigación esperamos de parte de las Policías, Ministerio Público y Tribunales, cuando varios de sus miembros han cometido abusos y acoso sexuales? No es primera vez que las denuncias de mujeres contra estos hombres con poder se diluyen en la impunidad. ¿Cómo es posible que el Gobierno haga una campaña como #NoLoDejesPasar llamando a denunciar a las mujeres que sufren violencia cuando en promedio, del total de femicidios anuales un 30% ya contaba con denuncias previas?; ¿cómo pedir protección a Carabineros cuando la misma institución golpea, tortura, viola, oculta y asesina?
El Estado no aborda la violencia contra las mujeres con la seriedad que merece: año a año vemos cómo decenas de femicidios y cientos de delitos contra mujeres quedan en total impunidad por falta de voluntad y de recursos, mientras que el Estado destina miles de millones de pesos para investigar delitos contra la propiedad privada y alimentar aparatos represores como lo es el Comando Jungla, asentado en Wallmapu, que hoy arremete contra el pueblo mapuche; o el GOPE, que durante estos días ha cometido constantes actos de violencia contra quienes protestamos justamente contra la violencia. Mientras las calles de las ciudades se observan llenas de personal de fuerzas especiales, y los gases tóxicos se sienten en el día a día, los narcotraficantes y agresores de mujeres siguen actuando impunemente.
Repudiamos duramente la violencia que ejerce el Estado contra todas, todes y todos quienes nos organizamos para transformar la sociedad. Lo que es seguro es que no tenemos miedo y que las mujeres, así como distintos sectores del movimiento social, seguiremos articulándonos y saliendo a la calle para enfrentar al patriarcado, al capitalismo y la violencia estructural.
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