«La ciudadanía tiene derecho a conocer todos los actos que revelan las aptitudes y el carácter de quien conduce el Estado»

Durante esta semana se conoció la existencia de un audio en donde el presidente Sebastián Piñera, que en aquel entonces no era el mandatario del país, compra acciones de LAN usando información privilegiada. Dicha cinta está en manos de Francisco Armanet, quien era entonces gerente de la corredora que hizo la operación.

Dichas grabaciones no se han hecho públicas, a pesar de que la ciudadanía exige que se publiquen. Uno de los que se sumó a ese movimiento fue el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien en su columna habitual del diario El Mercurio presionó para que se saliera a la luz el audio: «¿Es correcto eso?, ¿será verdad que la privacidad presidencial y su prestigio protegen al Presidente Piñera frente a una información que podría revelar cierta debilidad moral suya?».

«Las aptitudes para conducir los asuntos públicos, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que supone la jefatura del Estado, requieren cierto carácter moral, una cierta disposición a cumplir la ley incluso en perjuicio propio, algo que no resulta consistente con el empleo ilegal de información privilegiada. Cicerón, considerando un caso semejante, lo explica con claridad. No se trata de moralizar la presidencia en el sentido de exigirle virtudes excesivas a quien la ejerce, se trata simplemente de repetir lo que el Tribunal Europeo dijo del caso Mitterrand: la ciudadanía tiene derecho a conocer todos los actos que revelan las aptitudes y el carácter de quien conduce el Estado»,

agregó, tras comparar el caso de Piñera con uno de François Mitterrand.

«Si las cintas hasta ahora en custodia revelan una actitud inadecuada del ahora Presidente, si al oírlas se advierte, por ejemplo, que él desoye las advertencias de la corredora que le hacen ver que existía el peligro de estar empleando información privilegiada y así y todo ordena la operación, si se observa en esa cinta que el Presidente actuó desaprensivamente en sus deberes públicos (cumplir la ley es un deber público), es obvio que le conviene a la ciudadanía saberlo, porque de ahí en adelante podrá estar alerta frente a ese tipo de conductas, algo que ayudará al propio ejecutor de ella a que controle la pulsión que le llevó entonces a ejecutarla»,

argumentó.

Aunque también dice que dicho audio puede ayudar a Piñera:

«Y si, en cambio, las cintas son más o menos inocentes y en ellas se escucha al ahora Presidente de la República, esgrimiendo un simple algoritmo, el resultado de un impersonal programa computacional como razón de sus instrucciones, si queda claro que no era la información a la que tenía acceso privilegiado la que lo llevó a comprar esas acciones, entonces la autoridad del Presidente saldrá fortalecida, su carácter moral reafirmado y no habrá motivos para ninguna maledicencia de esas que el cuidado escrupuloso que declaró el custodio de las cintas teme».

«En otras palabras, en el primer caso (si las cintas revelan conducta inadecuada) gana la ciudadanía; en el segundo caso (si las cintas revelan una operación de buena fe) gana el Presidente. En cualquier caso, el interés público sale fortalecido»,

sentenció.

*Fuente: El Mostrador

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