Rectores se alinean contra el Tribunal Constitucional
por Nicolás Massai D. (Chile)
7 años atrás 3 min lectura

La razón de este encuentro fue la primera cita entre la autoridad y los rectores miembros del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh). Ellos, cada uno por su lado, habían salido este martes a criticar la decisión del Tribunal Constitucional (TC) respecto del artículo 63° de la nueva ley de educación superior, que permitirá a los planteles universitarios contar con participación de instituciones con fines de lucro.
Así lo volvió a manifestar el rector de la Universidad de Chile y presidente del CUECh, Ennio Vivaldi, quien argumentó que en este fallo se lograba visualizar las dos grandes opiniones que existen en este tema, estando la primera representada en aquellos que definen la educación como el lugar donde las personas “maduran como seres humanos” y la segunda son aquellos que la conciben como “una inversión que el joven hace en sí mismo, con una cantidad de considerandos que desvirtúan, a nuestro juicio, lo que es una universidad”.
En ese sentido, Vivaldi agregó que lo que salió desde el TC preocupa en un sentido profundo: “Aparentemente se dice que no habría permiso para lucrar, pero sí podrían participar instituciones con fines de lucro. Qué sentido tiene. Se incorpora a una institución con fines de lucro y la superintendencia o quien sea va a tener que estar cuidando permanentemente que esa institución, cuyo objetivo es lucrar, no esté lucrando. Si me permiten, es como que para para una determinada situación se dice que están prohibido escribir con la mano izquierda, pero se permite contratar zurdos. Es una cosa absurda”.
Otra de las autoridades del CUECh que habló fue Juan Manuel Zolezzi. El rector de la Universidad de Santiago cuestionó la importancia que tendrá la futura superintendencia que estará encargada de fiscalizar que nadie esté sacando ganancias monetarias con la educación.
Por su parte, Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCH), calificó lo que en el TC como un hecho “gravísimo, porque la gratuidad queda abierta a instituciones de educación superior que estén controladas por entidades de carácter lucrativo”.
Además, Valle reflexionó sobre la publicación de Ciper en la que se informó que el Ministerio de Educación detalló, a través de un informe, una eventual forma de triangular dineros por parte del grupo Laurate, para retirar utilidad.
“Me parece que debimos haber conocido antes ese informe, porque hace años que se iniciaron sumarios, investigaciones de carácter administrativo. No se conocían los resultados y eso ha permitido que durante todo este tiempo no hayamos tenido oportunidad de conocer la envergadura de las conclusiones que tiene ese informe. Por lo mismo, que coincida con la decisión del TC todavía es mucho más grave para que ojalá reaccionemos a tiempo y pongamos remedio a esta situación. El fallo no agota las posibilidades del sistema político”, manifestó.
El ministro de Educación, Gerardo Varela, se mantuvo en la declaración que había emitido luego del fallo del TC. “El lucro está prohibido por ley, hay una superintendencia que tiene que fiscalizarlo. Hay prohibiciones a las transacciones relacionadas, de manera que el temor que pudiera haber flujo de platas no existe, porque habrá una superintendencia que lo fiscalizará. Hay responsabilidades personales, de manera que creemos que el tema del lucro quedó zanjado y quedó superado”, dijo.
Pero nadie tiene cerrado el tema, menos desde el CUECh, donde a través de un comunicado oficial se comunicó que exhortarán a las autoridades a “reponer este artículo ante el Congreso Nacional”.
*Fuente: Diario UdeChile
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Hay jueces decentes que cuando intentan investigar la corrupción de los
poderosos, rápidamente son amenazados y destituídos de sus cargos,
pero también hay muchos jueces corruptos que van ascendiendo posiciones
a medida que va aumentando su criminalidad.
La segunda fase de esos jueces es su delincuencia directa para enriquecerse
y la tercera fase es: llegar a ser verdaderos terroristas, manipulando la
justicia al igual que hacían los obispos manipulando la religión durante la
inquisición.
Las Poblaciones de los países con jueces terroristas, deben perseguir a esos
jueces hasta exterminarles. De no hacerlo así, continuarán surgiendo casos
de golpes de estado judiciales, como sucedió en Brasil y en Argentina.