La lenta agonía del PDC

El PDC nació como un intento de transformar profundamente nuestro país -tradicionalmente muy injusto, cla-sista e individualista- de acuerdo a las concepciones del humanismo cristiano, y convertirlo en una nación democrática, solidaria y con justicia social. En este sentido, una de sus mayores fuentes inspiradoras la constituyó la doctrina social elaborada por la Iglesia Católica desde Rerum Novarum en 1891 y que tuvo su maduración con Quadragesimo Anno en 1931.

De hecho, este partido se formó, en cuanto entidad política independiente, como Falange Nacional en 1938; desgajándose del viejo Partido Conservador, en el cual se había constituido como movimiento juvenil semiautónomo en 1935. Es importante destacar que, en sus Veinticuatro Puntos Fundamentales de 1939, la Falange planteó: “Condenamos el régimen capitalista, no el capital, como factor de producción que mantiene a las muchedumbres en la esclavitud moral y económica, y el sistema colectivista, que aniquila al individuo y destruye la iniciativa personal. Proclamamos el sentido humano de la economía”; y “proclamamos el valor humano del trabajo y su sentido moral y no puramente material. Luchamos: a) por el salario justo; b) por la participación en las utilidades; c) por un progresivo acceso a la propiedad de las empresas por quienes trabajan en ellas; d) por todo lo que signifique dar al trabajo una situación de justicia en el proceso económico. Todo chileno tiene el derecho y el deber de trabajar” (George Grayson.- El Partido Demócrata Cristiano Chileno; Edit. Francisco de Aguirre, Buenos Aires, 1968; pp. 474-6).

Y posteriormente, cuando en 1957 se constituyó como Partido Demócrata Cristiano, en su Declaración de Principios agregaba que “es antisocial y anticristiano un régimen que, en nombre del derecho natural de propiedad privada, excluya prácticamente del acceso a ella a una gran parte de los hombres, permitiendo a unos pocos representar, dirigir y dominar a los demás. Un sistema fundado en la concentración de los medios de producción, no es natural, sino abominable” (Ibid.; p. 485).

Derivado de lo anterior, el PDC postuló en la década del 60 una “revolución en libertad” y el Gobierno de Eduardo Frei (1964-70) efectuó una profunda Reforma Agraria; reconoció por primera vez en la historia de Chile el derecho de sindicalización campesina; “chilenizó” el cobre (el Estado chileno adquirió el 51% de la propiedad de las grandes compañías estadounidenses extractoras del metal rojo; proceso que culminó

Salvador Allende con la nacionalización del cobre en 1971); promovió la constitución de miles de organizaciones populares como juntas de vecinos, centros de madres y otras organizaciones comunitarias; y llevó a cabo un proceso de reforma educacional que modernizó el contenido de los estudios escolares y extendió efectivamente la educación básica (ocho años) al conjunto de los niños chilenos.

Lamentablemente, en conjunto con lo anterior el país comenzó a experimentar desde mediados de los 50 un creciente cisma entre el centro (representado cada vez más por el PDC) y la izquierda (PS y PC). Por un lado esta última se radicalizó con la constitución del FRAP (Frente de Acción Popular), que descalificó completamente a los partidos de centro (PR Y PDC) como entidades subordinadas a la derecha; y por el otro el PDC buscó infructuosamente el apoyo del Partido Liberal para la postulación presidencial de Frei en 1958. A tal punto que la centroizquierda dilapidó uno de sus esfuerzos conjuntos más fructíferos de la historia de Chile: el Bloque de Saneamiento Democrático, que logró la democratización efectiva del sistema político a través del establecimiento de la cédula única electoral que eliminó el cohecho y el acarreo de los inquilinos a votar por el candidato del patrón. Y de la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia (“Ley maldita”) de 1948 que había ilegalizado al PC, además de otras severas restricciones de los derechos humanos fundamentales.

Así, en lugar de consolidar aquello para producir transformaciones sociales profundas y sustentables; la centroizquierda se pulverizó en cuatro candidaturas presidenciales, permitiendo la vuelta de la derecha a la Presidencia (Jorge Alessandri) con una de sus votaciones históricas más bajas (31%). Luego, como efecto de la Revolución Cubana, se extremaron aún más las diferencias entre el PDC y el FRAP, pese a la común oposición al gobierno de Alessandri. Esto culminó con la campaña presidencial de 1964 en que terminaron enfrentándose agriamente Frei (apoyado por conservadores y liberales) y Allende, con campaña del terror incluida contra este último.

De este modo, el gobierno de profundas reformas de Frei, no solo no obtuvo el respaldo de la izquierda, sino contó con su dura oposición; pese al apoyo brindado a algunas de sus reformas. Por otro lado, el gobierno de Frei incurrió en varias actitudes represivas contra movimientos sociales ligados a ella; llegando a la ejecución de dos masacres: El Salvador (1966), en que fuerzas militares mataron a ocho personas en dicho mineral al reprimir un movimiento huelguístico. Y Puerto Montt (1969), en que Carabineros mataron a 10 personas en el marco del desalojo de una toma de terrenos para vivienda.

El cisma de la centroizquierda chilena llegó a ser total y antagónico durante el gobierno de Allende. Y puede considerarse el factor de fondo más importante en el fracaso del incipiente sistema efectivamente democrático chileno (1958-1973). Basta constatar en este sentido un resultado electoral que hoy nos parecería inimaginable: Que la centroizquierda logró en 1965, 138 diputados; y la derecha (en ese entonces, liberales y conservadores), 9 (sí, nueve). Ocho años después se produciría el golpe de Estado que permitió que la derecha refundara nuestro país a su entera voluntad, en condiciones de poder solo comparables a las previas a 1925…

Es importante recordar que el PDC -así como el conjunto de la oposición a la dictadura- cuestionó profundamente la Constitución impuesta en 1980 y las diversas “modernizaciones”: La privatización de los servicios públicos; el Plan Laboral; las AFP; las Isapres; la LOCE; las universidades privadas “sin” fines de lucro; la ley minera; el sistema tributario que permite una elusión escandalosa; el virtual desmantelamiento de los sindicatos, juntas de vecinos, cooperativas y colegios profesionales y técnicos; etc.

De este modo, el PDC llegó a desarrollar -a través de comisiones político-técnicas y de dos grandes seminarios- una crítica demoledora del modelo político, económico, social y cultural impuesto en los 80. Este esfuerzo, que se denominó “Proyecto Alternativo”, dio lugar a cuatro tomos publicados en 1984 por la Editorial Aconcagua, en donde se hacía un profundo y detallado diagnóstico crítico de la obra de la dictadura en todos los ámbitos; y correspondientes propuestas de total transformación de la realidad chilena.

Así por ejemplo, respecto del tema previsional que hoy está en el tapete, el Proyecto Alternativo concluía: “En particular, nos parece necesario, en primer lugar, terminar con el actual sistema previsional que permite que los fondos previsionales sean administrados por administradoras privadas (AFP), y pasar a un sistema de reparto, como el que existía en la práctica en el pasado. Las nuevas instituciones previsionales, que se crearán en reemplazo de las actuales, deberían ser administradas de un modo tal que aseguren una participación activa de los trabajadores en la administración de sus instituciones previsionales. El nuevo sistema previsional deberá tener un fuerte énfasis en la solidaridad. Para ello, proponemos que una proporción significativa de las cotizaciones previsionales de los trabajadores se destinen a financiar los aumentos de las pensiones mínimas y los servicios básicos de salud. Este carácter solidario asegurará un componente redistributivo al interior del nuevo sistema previsional” (“Proyecto Alternativo”; Edit. Aconcagua, 1984; p. 284).

Sin embargo, luego de la derrota de Pinochet en el plebiscito de octubre de 1988 se produjo un total viraje en el liderazgo del PDC y del conjunto de la Concertación. Una primera expresión de ello (¡todavía oculta para la generalidad de la población chilena!) fue el inédito regalo de la mayoría parlamentaria efectuada a la futura oposición de derecha, a través de las Reformas Constitucionales concordadas con Pinochet a mediados de 1989. Así, pensando en que Pinochet sería ratificado en 1988 y que -dada la minoría histórica de la derecha- no tendría mayoría en el Congreso que se elegiría luego de su triunfo; la Constitución establecía un sistema hecho a la medida por el que para aprobar la legislación simple se requería de mayoría absoluta en una cámara y solo un tercio en la otra. En efecto, con los senadores designados (9), Pinochet habría obtenido -ilegítima, pero efectivamente- mayoría en el Senado; y con el sistema electoral binominal aseguraba cómodamente un tercio en la Cámara de Diputados.

Pero lo notable es que, luego de la derrota de Pinochet, aquel prospecto también beneficiaría a la Concertación y al inminente presidente Aylwin. Este tendría asegurada la mayoría en la cámara ¡y un tercio del Senado! Recordemos que el número original de éstos era de 35: 26 electos de modo binominal por cada una de las 13 regiones entonces existentes; y 9 designados. Como la Concertación con toda seguridad elegiría al menos uno por región (13), obtendría el tercio del Senado: 12 de 35.

Pero a través de una de las reformas concordadas en 1989, ¡los líderes de la Concertación aceptaron elevar aquel quórum a la mitad más uno de ambas cámaras sin eliminar los senadores designados; con lo cual se desprendieron voluntariamente de su segura mayoría futura!

La explicación racional de esta aparente locura nos la dio Edgardo Boeninger en un libro que escribió en 1997: Democracia en Chile. Lecciones para la Gobernabilidad (Edit. Andrés Bello). Esta es de que a fines de los 80 el liderazgo de la Concertación experimentó una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer”; y que “la incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes” (pp. 369-70).

Por lo anterior, al liderazgo del PDC y de la Concertación, “no le convenía” ya disponer de una mayoría parlamentaria, debido a que habría quedado “desnuda” ante sus bases si teniendo dicha mayoría no procedía a aplicarla para satisfacer sus aspiraciones de transformación social. Ahora, en cambio, podría argüir con toda propiedad que no promovía dichos cambios porque no tenía la mayoría parlamentaria para ello. Es lo que hizo durante todos los años 90, sin por cierto agregar que no disponía de ella porque la había regalado…

Esta misma razón nos permite comprender también otra política inédita -y que también ha permanecido oculta hasta hoy- efectuada por el liderazgo de la Concertación y particularmente del PDC. Esta es la de haber promovido y logrado destruir en la década de los 90 los medios escritos teóricamente afines al conglomerado. De acuerdo a denuncias -nunca desmentidas- de varios de sus directores (y especialmente de Juan Pablo Cárdenas) a través del bloqueo de financiamiento holandés; de la discriminación del avisaje estatal; y de la compra por personeros de la Concertación de algunos de esos medios para luego cerrarlos; desaparecieron completamente todos ellos durante la década de los 90: La Epoca, Fortín Mapocho, Análisis, Apsi y Hoy.

Como los directores y periodistas de estos medios no experimentaron el viraje ideológico del liderazgo, a la corta o a la larga se convertirían en los reales opositores de las políticas neoliberales de los gobiernos concertacionistas. Por ello, les convenía que desapareciesen y contribuyeron decisivamente a ello, pero sin que se notase públicamente. Y confirma lo anterior el hecho de que dicho liderazgo ha quedado perfectamente cómodo políticamente sin poseer, en teoría, ya por muchos años casi ningún medio escrito ni televisivo.

De todas formas, la sociedad chilena ha ido adquiriendo creciente conciencia de este total viraje ideológico del liderazgo de la Concertación, y especialmente del PDC. La mantención fáctica del modelo neoliberal por ya largos 23 años (si descontamos el gobierno de Piñera), pese a que en los 2000 ya adquirieron mayoría parlamentaria -y para qué decir en este segundo gobierno de Bachelet- ha ido socavando crecientemente el apoyo popular al conglomerado. A esto hay que sumar la creciente conciencia de que dicho liderazgo -y particularmente los ex altos cargos DC- ha ido entrando crecientemente en el directorio o en altos cargos ejecutivos de grandes empresas, AFP, asociaciones o fundaciones de grandes empresarios, canales de TV, grandes diarios, universidades privadas con fines de lucro, etc. Y de la creciente evidencia de la financiación irregular y virtualmente corrupta de los grandes grupos económicos a los líderes de la Concertación, incluyendo a los de la Democracia Cristiana.

Lo anterior ha llevado a un gigantesco descrédito de los partidos históricos de la Concertación y particularmente del PDC. De este modo, este último ha perdido más de un millón de votos desde 1989 (1.766.347) hasta hoy (616.668); y ha llegado ¡al 4,28% del total del electorado! Pero lo que es aun peor, desde hace muchos años la DCU ha desaparecido completamente de las universidades chilenas. Esto constituye la triste garantía de una lenta agonía futura.