SQM: Miembro del directorio del Servel vinculado a la UDI querellado por el SII

El abogado está vinculado al pago de 61 facturas por un total de $131 millones, emitidas por la Corporación de Asuntos Públicos, donde es representante legal junto a Andrés Serrano Gutiérrez, miembro del Tribunal Supremo de la UDI desde 1993. Dentro de su directorio estuvo Jovino Novoa.
El consejero directivo del Servicio Electoral (Servel), Gonzalo Juan Molina Ariztía, es parte de los 30 contribuyentes que ayer fueron notificados de que son objeto de querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el marco del caso SQM.
El actual socio del estudio de abogados Infante Valenzuela Molina Abogados SpA está vinculado al pago de 61 facturas por un total de $131 millones emitidas por la Corporación de Asuntos Públicos. Molina es representante legal de la entidad junto a Andrés Serrano Gutiérrez, miembro del Tribunal Supremo de la UDI desde 1993.
Dentro del directorio de Asuntos Públicos estuvo el ex timonel de la UDI, Jovino Novoa.
Tal como lo consigna un reportaje de El Mostrador titulado: «La lógica de ‘cuoteo político’ que también tiñe al Servel«, el Servicio Electoral -a la igual que TVN o el TC- está compuesto por actores que, más allá de sus conocimientos técnicos y trayectoria profesional, están ligados a los grandes partidos: la DC, el PS, la UDI y RN. Situación que no es menor si se toma en cuenta que el organismo, en la práctica, debe tomar decisiones que afectan a los intereses del mundo político.
En enero de 2013, el Senado ratificó la designación de los cinco miembros del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel) realizada por el entonces Presidente Sebastián Piñera.
Fue así como el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, los abogados José Miguel Bulnes, Gonzalo Molina, Patricio Santamaría y el sociólogo Alfredo Joignant llegaron a ocupar el cargo en la institución.
Todos, a excepción de Cheyre, ligados a partidos políticos de los dos grandes conglomerados del país: la entonces Concertación y la Alianza por Chile.
Este consejo directivo del Servel es el que rayó la cancha a la solicitud del Ministerio Público, avalada por la justicia, en torno a la entrega de antecedentes relativos a los polémicos aportes reservados para campañas políticas realizados por varias empresas.
“Vamos a entregar lo que se nos solicite en la medida que se cumplan las disposiciones legales. En este caso, se está investigando una querella de accionistas minoritarios, y se nos solicita, con la autorización del juez de Garantía, acreditar los montos que esas empresas aportaron de manera reservada y eso es lo que vamos a entregar”, afirmó el presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría.
«Los integrantes del servicio estamos afectos hasta a 541 días de presidio si revelamos información sujeta a secreto bancario, por lo que vamos a respetar la resolución judicial tratando de no afectar a funcionarios, para que no enfrenten sanciones de presidio”, dejó en claro.
El secreto bancario entra en el juego porque la normativa a la que recurrió el accionista minoritario Óscar Gajardo junto a sus abogados se encuentra dentro de la Ley General de Bancos. La decisión del Servel podría marcar la pauta a futuras solicitudes judiciales –de hecho, son 10 las grandes compañías involucradas en las querellas por apropiación indebida en contra de accionistas minoritarios– relativas a este tipo de aportes, profundamente cuestionados en medio de los escándalos que han puesto en la mira de diversas investigaciones judiciales a la relación política-dinero.
Según fuentes ligadas al caso, “la resolución del tribunal es clara al ordenar entregar los montos de estos aportes y toda la documentación relacionada (…) es obvio que hay un intento de restringir la información. Es lo que se ha tratado de hacer en todas las instituciones. Y el cuoteo con que se eligen sus miembros genera suspicacias respecto a qué tan independiente puede ser el Servel para entregar información”.
Cuatro de los consejeros del Servel tienen cercanía con partidos políticos.
Patricio Santamaría, es un antiguo militante de la Democracia Cristiana (DC), partido del que fue vicepresidente. Cercano a los “colorines”, aunque según el ex líder de la falange, Ricardo Hormazábal, “después trabajó con independencia, empezó a tomar actitud transversal, no es un tipo de lotes, incluso trabajó en mi directiva. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, fue subsecretario General de Gobierno durante el gobierno de Ricardo Lagos, entre 2003 y 2005, y ha sido asesor legislativo en la tramitación de leyes de los ámbitos económico, de la mujer y educacional. También ha prestado asistencia técnica en materia de Derecho y Política Electoral, asesoría legal ante Tribunales Electorales y el Tribunal Calificador de Elecciones.
El sociólogo Alfredo Joignant, en tanto, está vinculado al Partido Socialista (PS), donde es cercano al lote de la renovación del ex senador Ricardo Núñez. Ex panelista, entre 2006 y 2012, de ‘Estado Nacional’, programa de TVN donde también está instalada la lógica del cuoteo. Fue director ejecutivo del think tank Expansiva, fundado por Andrés Velasco.
Su hermana, Ginette Joignant, es una antigua amiga y actual jefa de comunicaciones del vocero de Gobierno, el también socialista Marcelo Díaz.
Tal como se vio con anterioridad, el abogado Gonzalo Molina tiene sus nexos con la UDI. La Corporación de Asuntos Públicos, donde es su representante legal, es dueña de la “Casa de los Senadores”, una propiedad en calle Lota aledaña al domicilio de la tienda gremialista, donde funciona la sede metropolitana de la UDI.
En tanto, el abogado y socio del estudio Vial y Cía, José Miguel Bulnes, es cercano a RN. El único miembro del consejo directivo que no está ligado a un partido es el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien inicialmente fue nombrado presidente de la instancia, cargo que dejó luego de diversos cuestionamientos relacionados con Derechos Humanos (DDHH). Esta causa, en la que Cheyre ha sido careado e interrogado en varias oportunidades, está siendo investigada por el ministro Vicente Hormazábal, y el abogado que lo representa es Jorge Bofill, que también patrocina a Julio Ponce Lerou en el caso SQM y a ex ejecutivos de Penta.
^Fuente: El Mostrador