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Una magnífica posibilidad 

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Lunes 23 de noviembre 2015
Asombra la resolución de nuestra Corte Suprema de ordenar al Gobierno para que éste requiera a la OEA que concurra a los recintos carcelarios venezolanos para observar e informar sobre la situación en que se encuentran dos opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Un acordado que ciertamente constituye un agravio al Poder Ejecutivo chileno que es la entidad del Estado que tiene por misión de conducir las relaciones internacionales de nuestro país.
Extraña mucho que el más alto tribunal del país pretenda instruir a La Moneda para que cumpla un cometido de esta naturaleza. Sin embargo, nos resulta más insólito, todavía, que este mandato haya sido más bien acogido, que repudiado por algunos voceros del Gobierno cuando, en realidad, es un verdadero atropello a las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la propia Jefa de Estado en materia de asuntos exteriores.
Más allá de resultar agraviante para un país hermano, esta arrogante decisión de nuestros altos jueces de verdad representa un acto de enorme cinismo, cuando se sabe de las deplorables condiciones en que se encuentra nuestras propias cárceles. Hacinadas e infrahumanas para los detenidos y condenados por delitos comunes, pero regiamente instaladas para los que cometieron delitos de lesa humanidad, crímenes atroces que el mundo miró, en su hora, con estupor.
Una decisión impúdica si se considera, además, la forma en que los delincuentes adinerados, y con consabida influencia en los propios tribunales, son recluidos en sus propios hogares y muy difícilmente llegan a ser sentenciados, aunque se trate de sus repugnantes colusiones y abusos en desmedro de la competencia comercial y del conjunto de los consumidores chilenos.
No puede escapársenos, tampoco, que muchos de los jueces que sistemáticamente se negaron a acoger los múltiples recursos de amparo que se les presentaron durante la Dictadura hayan salvado impunes por decisión de los magistrados que han ido sucediéndolos en sus cargos, aunque todavía varios de estos se encuentren en pleno ejercicio de sus lenidades. Miles de detenidos desaparecidos, torturados y ejecutados habrían podido salvar con vida o de sus torturas si los jueces de nuestros máximos tribunales hubieran concurrido a los campos de concentración y de exterminio organizados por los militares, siempre con la complicidad de quienes ahora se muestran tan sensibles por la suerte de dos presos venezolanos.
Dos personajes, como se sabe, que desde sus mismos lugares de reclusión siguen interviniendo activamente en la política e instan constantemente a la rebelión popular contra el régimen constituido. Es decir, en contra de un gobierno elegido democráticamente en comicios electorales que no han merecido reproche alguno de parte de los múltiples observadores internacionales y organismos que les han dado seguimiento.
Sin embargo, bajo el principio de la reciprocidad en las relaciones internacionales, los jueces chilenos nos dejan abierta una magnífica posibilidad de que desde el exterior, y con recursos que se presenten a los tribunales extranjeros, se mandate a la misma OEA u a otros organismos internacionales para que puedan ingresar a Chile observadores que también rindan informes sobre el estado de nuestros recintos carcelarios y de los lugares en que se confina a los líderes mapuches.
Para que adviertan a sus países cómo la policía asola las poblaciones de la Araucanía y de la forma en que nuestro país ejerce soberanía y dominio sobre un territorio tan alejado geográfica y culturalmente de nuestros límites continentales. Para que nos visiten juristas que puedan darle seguimiento a los procesos judiciales que se llevan contra los tenebrosos delincuentes de cuello y corbata, versus los que se incoan a los delincuentes callejeros y ladrones de poca monta. Para que transparenten lo que ocurre en los tenebrosos recintos destinados a los menores de edad que delinquen y se perfeccionan en el delito.
Sería conveniente recurrir, también, a otras destacadas instancias internacionales a objeto de que vinieran a descubrir cómo los parlamentarios confesos de haber recibido sobornos siguen en plena posesión de sus cargos legislativos y, de paso, conversaran con el director del Registro Electoral para que de su boca les contara su imposibilidad de poner límites a los millonarios gastos electorales que sobrepasan lo dispuesto por la Ley , cuanto sancionar aquella gama de despropósitos ocurridos en cada acto electoral y la vida interna de los partidos políticos.
Imaginamos que también un recurso ante un tribunal extranjero pudiera facilitar que vinieran algunos expertos extranjeros que vigilaran de cerca la acción del fiscal que lleva el caso Caval, donde dos tan cercanos parientes de la Presidenta de la República habrían ejercido tráfico de influencia, evasiones tributarias y otros presuntos delitos.
En el mundo globalizado que tanto se propicia, en realidad pudiéramos avenirnos a la idea propiciada por nuestros magistrados de que no existan restricciones que nos impidan conocer la forma en que se gobierna en todo el mundo, descubrir cuán probas o indecentes son las clases dominantes y gobernantes, cuan apegados a derecho o abyectos los jueces y tribunales de justicia.
Se podría alentar, asimismo, que los agentes del orden de cualquier país puedan ingresar a cualquier lugar de la Tierra a fin de supervisar, emitir informes y, por qué no, hasta detener a los que delincan u ejerzan disidencia con el orden establecido. O el llamado “estado de derecho” como le gusta decir a nuestras autoridades políticas y judiciales regidas todavía por la Constitución de Pinochet.
– El autor, Juan Pablo Cárdenas, es Director de la Radio de la U de Chile y Premio Nacional de Periodismo en el año 2005
*Fuente: Radio UdeChile
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1 Comentario

  1. Mario Liebsch Tapia

    Un brillante analisis y de la realuidrad «chilensis»….Don Juan Pablo Cardenas, mis modestas pero siceras felicitaciobes por su articulo, nos interoreta am,pliamente a todos los chioenos; ojala hayan muchas peronas mas compariendo este comebntario….!

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