Asombra la resolución de nuestra Corte Suprema de ordenar al Gobierno para que éste requiera a la OEA que concurra a los recintos carcelarios venezolanos para observar e informar sobre la situación en que se encuentran dos opositores al gobierno de Nicolás Maduro.
No puede escapársenos, tampoco, que muchos de los jueces que sistemáticamente se negaron a acoger los múltiples recursos de amparo que se les presentaron durante la Dictadura hayan salvado impunes por decisión de los magistrados que han ido sucediéndolos en sus cargos, aunque todavía varios de estos se encuentren en pleno ejercicio de sus lenidades. Miles de detenidos desaparecidos, torturados y ejecutados habrían podido salvar con vida o de sus torturas si los jueces de nuestros máximos tribunales hubieran concurrido a los campos de concentración y de exterminio organizados por los militares, siempre con la complicidad de quienes ahora se muestran tan sensibles por la suerte de dos presos venezolanos.